La SCJN dio trámite a la controversia constitucional por la aprobación de jubilaciones de cinco trabajadores más por parte del Congreso estatal.

El Ayuntamiento capitalino impugnó otro bloque de decretos pensionarios de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), aprobados por el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 121/2018 promovida por la comuna de Cuernavaca, en contra de los decretos de jubilación de Irineo Benítez Ramírez, Raymundo Rafael Bruno, Hugo Rojas Iturbide, Joel Monroy Mejía y Edgar Rodríguez Jaime.

En recurso promovido ante el máximo tribunal del país, el Ayuntamiento demandó la invalidez de los decretos de jubilación publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 6 de junio, así como también impugnó la validez de diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Al igual que en la controversia constitucional 99/2018, el Ayuntamiento consideró que el Poder Legislativo se excedió y violentó el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, al aprobar sendos decretos de jubilación y transgredió el artículo 115 constitucional que establece las facultades del municipio para manejar su patrimonio.

La promoción de impugnaciones contra los decretos ha generado en el último mes diversas protestas de los trabajadores afectados, quienes han exigido el pago de pensión por jubilación, con diversos bloqueos a la circulación vehicular sobre avenida Morelos de Cuernavaca, donde se encuentra la sede del SAPAC. 

 

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La prestación se adeuda a por lo menos 68 trabajadores en retiro desde el año 2016, aseguran; la dirección del subsistema argumenta no tener recursos.

Trabajadores en retiro del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) se manifestaron este lunes para exigir el Pago Nacional Único por Jubilación que les adeudan desde el año 2016.

Con pancartas, los jubilados demandaron una audiencia con el titular de la Secretaría de Hacienda, al sostener que ese recurso ya tenía que haber sido entregado porque se trata de una prestación a la que tienen derecho.

Luis Martínez Vázquez, vocero de los inconformes, dijo que hasta el mes de mayo pasado, había en una relación detallada 68 jubilados afectados, pero desde entonces a la fecha, ya sumaron otros trabajadores que se retiraron.

Subrayaron que de acuerdo con el párrafo sexto de la cláusula 76 del Contrato Colectivo de Trabajo, tienen derecho a que se les pague el equivalente a 17 días por año laborado por un sueldo actual; la prestación se debió cubrir un día después de que se publicó el decreto de jubilación.

Refirieron que algunos de los jubilados ya tuvieron que entablar demandas porque les deben desde el 2016 y corrían el riesgo de que se vencieran los plazos.

Comentaron que la Dirección General de Cobaem les ha dicho que ellos no tienen recursos y desde el año pasado se firmó un acuerdo para que la Secretaría de Hacienda les pagara; sin embargo, de manera posterior les dijeron que ese convenio dejó de tener efecto y, por ello, se les tiene que pagar en el subsistema.

“Sólo nos dicen que sí nos deben, que no lo niegan, pero que no tienen y el secretario de hacienda ni siquiera nos quiere atender”, expresó el vocero, al exponer que ya está a punto de terminar la actual administración y no les han cumplido.

Comentaron que buscarán a autoridades electas para tratar de garantizar el pago, pero subrayaron que en este momento, la obligación es de las autoridades que siguen en turno.

 

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Pagar pensiones implicaría dejar de liquidar sueldos a los trabajadores activos, dice regidor.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) planea suspender el pago a proveedores e, incluso, pedir a la tesorería municipal un adelanto de participaciones para pagar a los trabajadores jubilados, informó el regidor de Relaciones Públicas, Jorge Pallares Morales.

Señaló que cumplir con el pago a los jubilados es complicado, ya que en los últimos meses los ingresos del organismo bajaron a 17 millones de pesos, debido a que los usuarios no pagan por el servicio de agua.

Por eso, los integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC buscan otras opciones, como pedir prórroga a los proveedores de químicos para tratar el agua, solicitar un adelanto de participaciones y hasta vender algunos terrenos propiedad del municipio.

También solicitaron a la directora del organismo operador, María Luisa López Sotelo, hacer un esfuerzo y pagar las pensiones, aunque es difícil porque el pago a los jubilados implicaría dejar de pagar a los activos.

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Sin embargo, admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora" en el Congreso del estado.

La diputada perredista Silvia Irra Marín, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, justificó las jubilaciones 'doradas' aprobadas por la vía rápida en el último del periodo ordinario de sesiones y aseguró que estuvieron apegadas a derecho.

La legisladora local, quien en un primer momento se negó a dar declaraciones al argumentar que se encuentra de vacaciones, pidió a los ciudadanos que han criticado el actuar de los diputados, que lean la Ley del Servicio Civil antes de cuestionar.

"La ley dice que mientras los trabajadores tengan 18 años dentro de los poderes del gobierno, tienen derecho a una jubilación, incluso, dice, no importa la edad, y tampoco dice no importa el parentesco y, mientras a mí me ampare la ley, a mí no me importa si son funcionarios de gobierno, si son las esposas de los diputados o de los presidentes, o de quien sea. Mientras la ley los ampare, yo no tengo la capacidad de quitarles un derecho que la ley les da", declaró.

Irra Marín admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora", pues siguen en revisión en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Es que de acuerdo a la legisladora, en todos los dictámenes aprobados, previamente se realiza una investigación en los lugares de servicio de cada trabajador, y dicho procedimiento se aplicó en todos los casos. Sin embargo, las jubilaciones de las esposas de los diputados Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, Denya Flores Sánchez y Helena Marín, se hicieron con cargo al Congreso, aunque nunca se les vio trabajar en alguna área de dicho Poder. 

Entre los integrantes de la lista de los nuevos jubilados con pensiones "doradas" están la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez; el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Velázquez Adán; Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, y Karina Arteaga Gutiérrez, directora de Recursos Humanos del Congreso.

También Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales; además de Bertha Rodríguez Báez, directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.

 

 

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Anuncian que en cuanto la institución reactive sus actividades, se reinstalarán en plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta.

Trabajadores en retiro del Poder Judicial exigieron el pago de sus pensiones, luego que supuestamente el Poder Ejecutivo autorizó una reasignación presupuestal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de jubilaciones.

Martha Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Maestro Jesús Bello Espíritu”, explicó que la semana pasada fueron publicados los decretos pensionatorios de María Guadalupe Cervantes González, Argelia Leana Fierros, Rosalba Juárez Camacho y Alejandra Rojas Porcayo, quienes acudieron este lunes a la Dirección de Administración del TSJ a cobrar su pensión del último mes y el dinero que se les adeuda desde su retiro, hace más de diez meses.

Pero la respuesta del director de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez, fue que no tenía ni presupuesto ni información de que debía hacerles el pago.

Arroyo Moreno dijo que esto fue devastador para sus compañeras jubiladas, algunas de ellas provenientes de la región oriente del estado, quienes tuvieron que pedir prestado para costear su traslado a Cuernavaca y regresaron a casa con las manos vacías y con la abrumadora preocupación sobre qué harán para conseguir sustento.

Recordó que recientemente fue autorizada una reasignación presupuestal al TSJ para el pago de varios decretos jubilatorios, con base en lo ordenado por la Suprema Corte sobre la resolución de diversas controversias constitucionales en las que, esencialmente, se ordenó etiquetar recursos para que el TSJ pague las pensiones de los trabajadores en retiro.

“Se siguen violentando los derechos de los trabajadores. Es lamentable que mis compañeras hayan venido desde Cuautla para que les dijeran que no hay ni autorización ni presupuesto para pagarles la pensión que se les adeuda desde hace más de 10 meses”, señaló.

Dijo que además de los jubilados que han protestado e instalado un plantón en la explanada del TSJ, hay 18 trabajadores más en espera de que se publiquen de nuevo sus decretos, ya con el presupuesto etiquetado, y otros 21 en están en espera de que se resuelva su situación.

Sin embargo, el número de jubilados afectados por el no pago de su pensión es mayor, porque el TSJ promovió más de 130 controversias constitucionales contra los decretos de pensión argumentando falta de presupuesto.

La representante de los jubilados expresó que una vez que el TSJ reactive sus actividades, reinstalarán el plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos y el pago inmediato de sus pensiones.

 

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Ayer volvieron a cerrar la avenida Morelos en reclamo del pago de pensiones.

Jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bloquearon de nueva cuenta -este lunes- la avenida Morelos, afuera de las instalaciones del organismo operador, para exigir el pago de sus pensiones, las cuales les adeudan desde abril pasado.

Alrededor de las 11 de la mañana, los trabajadores del SAPAC colocaron sus pancartas bloqueando la avenida Morelos para exigir ser atendidos por las autoridades municipales, a pesar de que Juan Juárez Rivas, representante jurídico, había acordado con José Manuel Sanz Rivera que tendrían una reunión este martes.

Los trabajadores argumentaron que es necesario que las autoridades respondan a sus peticiones pues de sus ingresos dependen sus familias, además de que la mayor parte de los trabajadores jubilados son personas de la tercera edad, quienes requieren el recurso no sólo para su sustento, sino también para atender padecimientos físicos.

Entrevistados sobre las movilizaciones, coincidieron en reconocer que son acciones muy desgastantes y que, además, les generan gastos, sin embargo, ven en la protesta la única forma de ser escuchados por las autoridades.

Confiaron en que el presidente municipal y gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo escuchará sus peticiones y analizará su situación, considerando que son personas humildes que trabajaron muchos años para el SAPAC y lo único que exigen es que se les retribuya a través de un pago.

 

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El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos.

La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmán, remotamente podría prosperar una querella penal en contra de los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura por la aprobación de las pensiones a secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios estatales, porque no se configura ningún delito y, en todo caso, los legisladores ejercieron sus facultades previstas en la ley al autorizar los decretos pensionarios.

Hace unos días, el Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 29, de los 30 diputados, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte.

Pero para el abogado Salgado Guzmán, la querella penal no es la vía para refutar los decretos pensionarios, sino el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual puede ser promovido por el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, para demandar bajo la figura del juicio de lesividad los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

También pueden explorar esta vía los próximos diputados, las organizaciones civiles y ciudadanos inconformes y hasta los próximos alcaldes y Cabildos, ante las cascadas de “jubilaciones doradas” que se avecinan en los ayuntamientos antes del cambio de las administraciones municipales.

Consideró que promover el juicio de nulidad contra los decretos pensionarios, permitiría no sólo conocer si el proceso legislativo para su aprobación se llevó adecuadamente, sino esclarecer si hubo o no actos de corrupción.

Señaló que a través del juicio se podría verificar si los funcionarios pensionados cumplieron con los años de trabajo, si cumplieron con los requisitos y la edad previstos en la ley, pero sobre todo determinar sobre si la documentación integrada a los expedientes es auténtica o apócrifa, si hubo hechos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.  

En el supuesto de comprobarse irregularidades, dijo, entonces sí se podría dar parte a la Fiscalía Estatal Anticorrupción y proceder en consecuencia para sancionar a quienes engañaron al Estado con documentación alterada o apócrifa, y a la cadena de funcionarios implicados.  

La aprobación de los decretos de jubilación de secretarios de despacho, esposas, familiares e incondicionales de altos funcionarios del gobierno saliente causaron indignación en diversos sectores de la sociedad.

Agrupaciones de abogados, profesionistas y ciudadanos organizados analizan los diversos caminos legales para impugnar los decretos, que han considerado no sólo inmorales, sino un daño patrimonial a las finanzas estatales.

 

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Ofrecen trabajo coordinado con los legisladores electos para echar atrás reformas y jubilaciones “doradas”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño, informó que como iniciativa privada y con los diputados electos, buscarán revertir las reformas y jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura antes de concluir su último periodo ordinario de sesiones.

Explicó que desde la semana pasada han entablado reuniones con los legisladores electos para que se tomen decisiones respecto a las acciones legales que promoverán y evitar que se cause más daño al estado con reformas como la hacendaria, con la que los diputados desaparecieron el Fondo de Turismo y el de Competitividad.

"Durante 34 años hemos estado vigilando todas las legislaturas y para nuestro punto de vista ha sido la peor y, luego, con este problema que dejaron para el estado de Morelos, quitar los fideicomisos, quitar los fondos para turismo y otras cosas más, qué lamentable. Ya estamos en pláticas para resolver esto con los diputados electos", subrayó. 

Aseveró que la próxima legislatura tiene que tomar medidas urgentes respecto a los asuntos aprobados en los últimos días del periodo ordinario, pues depende de ello el desarrollo económico del estado.

Por otro lado, dijo que también se trabajará con la próxima legislatura en la revisión de las leyes de ingresos municipales, para evitar excesos en el cobro de derechos y servicios municipales por las próximas autoridades, que presentarán sus iniciativas a más tardar en el mes de febrero del 2018.

 

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Hay controversia constitucional ante la SCJN por invasión de competencias y violación a la autonomía municipal.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) informó que no pueden pagar las jubilaciones a trabajadores de este organismo porque fueron los diputados del Congreso del estado quienes violaron la autonomía municipal al aprobarlas.

La controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el municipio de Cuernavaca, reclama que el Congreso invadió la competencia y violentó la autonomía municipal, toda vez que es el municipio el que determina quiénes se pensionan y a cuánto ascienden los montos equivalentes. 

Manifestó el SAPAC que los diputados saben que invaden atribuciones, pues –incluso- otras instituciones, como el Tribunal Superior de Justicia, han presentado controversias contra el Congreso, por ver una franca violación a la autonomía del Poder Judicial.

El SAPAC aclaró que los derechos de los trabajadores están resguardados por las leyes y la Constitución, y que el recurso presentado sólo pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimite el poder que de manera indebida ejerció el Congreso sobre el municipio.

 

 

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Cerraron la avenida Morelos al menos dos horas, pero sus reclamos no fueron atendidos por ninguna autoridad.

Trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Cuernavaca y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizaron la mañana de ayer un bloqueo en la avenida Morelos, a la altura del organismo operador de agua.

El cierre motivó severos congestionamientos viales en las calles aledañas a la zona de la protesta, no obstante, los manifestantes explicaron que tuvieron que realizar esa medida para obligar a las autoridades municipales a recibirlos.

Juan Juárez Rivas, representante legal de los trabajadores, explicó que la semana pasada estuvieron en plantón permanente en la Plaza de Armas de Cuernavaca, incluso, algunos trabajadores decidieron ponerse en huelga de hambre, pero físicamente (por su edad) estaban impedidos para realizar esas acciones y ahora realizan bloqueos. Pese a todas esas acciones y de tener la razón legal para exigir el pago de sus pensiones y jubilaciones, las autoridades municipales no han respondido.

Se mantuvieron en bloqueo por al menos dos horas y pese haber provocado problemas viales, no fueron atendidos por ninguna autoridad, por lo que aseguraron que seguirán en lucha hasta tener una respuesta positiva, pues a pesar de ser, en su mayoría, personas de la tercera edad, tienen familia que aún depende de sus salarios.

 

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