Falla Fiscalía del Estado en investigación del delito y prevalece impunidad, plantean en firma de convenio.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y el Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad llamaron a las autoridades a implementar estrategias para contener la violencia y combatir la impunidad.

Luego de que ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para establecer los mecanismos de participación para el establecimiento de un estado de derecho respetuoso de la seguridad, la cultura de la legalidad, la justicia y los derechos humanos, el representante de la CDHEM expresó su preocupación por el aumento del delito de homicidio doloso y feminicidio.

“La prevención es importante, pero también es importante la investigación del delito. La procuración de la justicia es una tarea todavía desatendida en los diferentes estados; en el caso de Morelos, no es diferente”.

“Vemos día a día que se incrementan las estadísticas de las personas que mueren de manera violenta, lastimosamente muchas mujeres en estados como el nuestro, pero también nos percatamos que poco se hace por investigar y por llevar ante la autoridad competente a los autores de ese delito en el caso de feminicidio”, dijo.

Cristina Rumbo Bonfil, representante del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad, también expresó su preocupación por el aumento de los delitos de secuestro y violación, así como pronosticó que Morelos -al cierre del 2018- permanecerá en los primeros lugares del ranking nacional en la incidencia de estos delitos. 

Asegura delegada de la Procuraduría de la Defensa del Niño y la Familia que los índices se han incrementado en colonias que se ubican alrededor de la cabecera municipal.

Cuautla.- Derivado de los altos índices de violencia que se han presentado en este municipio durante días reciente, Gisela Casasanero Rey, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Niño, la Niña, el Adolescente, el Adulto Mayor y la Familia, del DIF Cuautla, refirió que desde abril –cuando asumió la responsabilidad de dicha procuraduría– se han realizado alrededor de 48 comparecencias que se han levantado por violencia en contra de mujeres y menores de edad, así como 71 convenios relativos a violencia intrafamiliar, los cuales se han presentado en diversas colonias de la ciudad.

Resaltó que los datos mencionados son alarmantes y han encendido las alarmas debido a que los casos de violencia en la ciudad han aumentado de manera considerable.

Por ello, se envió una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para que a la brevedad designe un psicólogo o abogado con el fin de impartir pláticas a estudiantes de instituciones educativas y concientizarlos acerca del tema. Asimismo, para que conozcan las aristas que presentan la violencia y el maltrato infantil.

Casasanero Rey añadió que en Cuautla, las colonias que presentan mayores índices de vulnerabilidad en cuanto a violencia son Revolución, Narciso Mendoza, Algodonal, 19 de Febrero y 12 de Diciembre, así como el poblado de Tetelcingo, entre otras, las cuales se encuentran alrededor de la cabecera municipal.

Por otra parte, dijo que la falta de educación y la precaria situación económica que se viven en algunas familias son dos factores importantes que fomentan en gran porcentaje que se presenten casos de violencia entre la población.

“Las personas que han venido son personas de muy bajos recursos, que inclusive no tienen para un abogado para que les lleven los trámites de guardia y custodia o pensión alimenticia y recurren a nosotros”, refirió la delegada.

Por último, la funcionaria señaló que de los casos que se han presentado, en su mayoría son por violencia física y psicológica, pero los porcentajes de violencia física contra las mujeres en específico son los que mayormente se presentan y por ende incrementan.

La CES niega el uso excesivo de la fuerza pública en los hechos.

Mientras la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) abrió una queja por probable abuso policíaco en contra de un chofer de la Ruta 10, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) aseguró que existen más videos que ofrecen otra versión de los hechos y que permitirán esclarecer si los policías actuaron o no conforme a los protocolos de uso racional y proporcional de la fuerza pública.

A través de un comunicado, el organismo informó que al conocer el caso por medio de redes sociales, de oficio inició la investigación con el número de queja 232/2018-3, a cargo de la tercera visitaduría, y solicitó informes a las autoridades correspondientes para conocer el fondo del asunto y resolver atendiendo a la máxima protección de los derechos humanos.

Y es que de acuerdo con el video viralizado a través de Facebook, tras un incidente de tránsito en el que presuntamente una unidad de la Ruta 10 impactó ligeramente la parte trasera de una patrulla, se observó que uno de los policías que tripulaba el vehículo oficial abrió la puerta del copiloto de la ruta y subió a golpear o empujar al operador, quien finalmente descendió del vehículo para ser jaloneado y golpeado por un segundo policía, y luego sometido con una llave en el cuello y con la colocación de esposas.

Para la CDHEM, “resulta de justa mención, que el actuar de estos elementos contrasta enormemente con el desempeño de policías que cumplen a cabalidad su tarea de hacer cumplir la ley”.

“Contrasta con los esfuerzos del policía Lázaro Barona Bueno, caído recientemente en el cumplimiento de su deber. Por lo que lamentamos que elementos como los hoy señalados como responsables de un abuso a la ciudadanía, empañen el buen desempeño de muchos otros elementos, estigmatizando así la labor de las fuerzas policiacas y acrecentando la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía”.

Por ello, señaló, “consideramos necesario visibilizar, condenar y castigar toda práctica que vulnere el estado de derecho y las prerrogativas de las y los ciudadanos”, y “el asunto policiaco será investigado, como en otros casos, de manera exhaustiva para visibilizar el estado incompleto de formación y capacitación en derechos humanos de elementos policiacos”.

Para el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, el video difundido en Facebook ofrece sólo una versión de los hechos ocurridos la tarde del martes sobre la avenida Río Mayo de Cuernavaca.

Explicó que el caso ya está bajo la jurisdicción de la Comisión de Honor y Justicia de la CES, que analiza otros videos que no se han hecho públicos y que fueron aportados por otro particular, que pidió mantener su identidad en reserva.

El comisionado consideró que “no hubo uso excesivo de la fuerza pública” y que el elemento policíaco “aplicó adecuadamente” la técnica de sometimiento al chofer de la ruta.

“El protocolo del uso de la fuerza (pública) así lo marca, que uno debe de hacer uso razonable de la fuerza y en la proporción, él (el policía) nunca sacó un arma; él usó una técnica de sometimiento que es un uso adecuado.

“El chofer no se quiso bajar voluntariamente. Les repito: hay dos videos que no quiero decir más (de su contenido) porque los está analizando asuntos internos. Esos videos ustedes no los han visto, los proporcionó un particular y el particular no quiere que su nombre salga a la opinión pública”, dijo.

Insistió en que será la Comisión de Honor y Justicia la que determinará si los elementos implicados en el caso actuaron o no debidamente, conforme a los videos, los testimonios y demás pruebas que se aporten para evaluar la actuación policial.

Respecto al caso de otro presunto abuso perpetrado por tres elementos, el pasado 21 de octubre, el titular de la CES indicó que los agentes implicados también comparecerán ante la Comisión de Honor y Justicia por la agresión de un joven comerciante y su perro, además de los cargos penales que enfrentarán, debido a que la CES pidió a la víctima que promoviera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la agresión.

En dos escuelas de Xoxocotla trabaja en garantizar el respeto de los derechos de los niños.

Zona sur poniente.- La Visitaduría de la zona sur poniente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), con sede en el municipio de Jojutla, mantiene acciones de difusión de información en los 10  municipios de la región, aseguró Cuauhtémoc Magdaleno González, visitador del organismo, tras señalar que a partir del 2019 serán 12 los municipios en los que trabajarán debido a la municipalización de los pueblos indígenas, Coatetelco y Xoxocotla.
El visitador dio a conocer que actualmente brindan información sobre los derechos humanos en Amacuzac, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Miacatlán Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Zacatepec; sin embargo, el próximo año abarcarán dos más, Coatetelco y Xoxocotla, ambos decretados municipios indígenas. 
Comentó que en Xoxocotla trabajan en dos escuelas donde se han presentado algunas inconformidades. “En el caso de Xoxocotla hay el tema de dos escuelas que se han estado atendiendo; ahí vamos a seguir trabajando eso para lograr garantizar el respeto a los derechos de los niños”, dijo.
Agregó que la Visitaduría también da asesorías de manera gratuita en el ámbito civil, penal, administrativo, penitenciario o cualquier asunto de carácter personal.
Aseguró que en los municipios de la región llevan a cabo talleres de información sobre los derechos humanos y los servicios de esta oficina, cuya principal función es iniciar quejas en contra de servidores públicos; en algunas hay conciliación; sin embargo, existen casos donde no se acreditan los elementos para sancionar a la autoridad.

El defensor de los derechos humanos determinó que el joven perdió la vida a manos de la corporación y sus familiares deben ser indemnizados.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) otorgó el reconocimiento de víctimas a la familia del joven Erwin Altamirano Delgado, quien tras ser detenido por elementos del Mando Único en Cuernavaca, falleció en los separos policíacos, tras presuntamente haber sido golpeado.

Tras el deceso de Erwin, ocurrido la tarde del 28 de febrero de 2017, su familia inició una queja ante el organismo, ante la certeza de que su muerte fue producto de una severa golpiza que le propinaron los elementos policiacos, debido a los moretones que presentaba el cuerpo.

En contraste, la fiscalía, en versiones contradictorias, aseguró que el deceso fue causado por una úlcera, o por un infarto al miocardio, asociado al consumo de marihuana, pese a que las pruebas toxicológicas practicadas al cuerpo resultaron negativas.

Incluso, el pasado mes de junio un juez de control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reabrir la investigación sobre la causa de muerte del joven Erwin Itzael Altamirano Delgado, ya que la actuación de la fiscalía fue deficiente y no había seguridad sobre qué originó la muerte del joven de 28 años.

En su investigación e integración del expediente de queja, la CDHEM detectó más anomalías, ya que en los informes oficiales fueron contradichos con otras informaciones que presumen que Erwin no falleció en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, sino que fue trasladado a las instalaciones policíacas ya sin vida.

Los cinco elementos involucrados directamente en los hechos, se encuentran en libertad, debido a las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, además de que sigue en duda la causa de la muerte, pues en la necropsia sólo se señaló un infarto al miocardio. 

Ante ello, la CDHEM, con base en las facultades que le otorga la Ley Estatal de Víctimas, emitió la recomendación dirigida al gobierno estatal, la Comisión Estatal de Seguridad, el alcalde de Cuernavaca y a la Fiscalía General del Estado, para que otorgue la reparación integral del daño a las víctimas indirectas; se otorgue una disculpa pública, mediante la cual se reconozca su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de Erwin Altamirano y su familia; se impartan cursos de capacitación en derechos humanos; se integren debidamente los procesos penales y administrativos para fincar responsabilidades; se garantice el buen funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y se proporcione atención médica a las personas privadas de su libertad.

Pero también fijó las cantidades que cada uno de los deudos de Erwin deberán, como mínimo recibir, para la reparación del daño: a su hija menor se le deberá indemnizar por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos, a su concubina por un monto de 2 millones 94 mil 920 pesos, a la madre de Erwin por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos y a la abuela de Erwin por un monto de  1 millón 309 mil 345 pesos

Además, a la menor se le deberá proporcionar la atención médica que requiera con carácter vitalicio; y acceso a servicios de educación acordes a sus necesidades particulares, debiendo otorgarle a la menor una beca para continuar sus estudios, así como preparación para el trabajo y formación profesional. 

Las autoridades implicadas en la recomendación cuentan con plazo de 10 días, a partir de su notificación, para responder por cuanto a la aceptación o no de la presente recomendación y un plazo similar para iniciar con la presentación de pruebas de cumplimiento. 

Denuncian presuntos malos tratos y el suministro de alimentos en mal estado.

Un grupo de internos de la cárcel distrital de Jonacatepec se cosieron los labios en protesta por presuntos malos tratos y restricciones que las autoridades penitenciarias impusieron para obtener la certificación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) del centro de reclusión.

Las autoridades penitenciarias no hicieron pronunciamiento alguno sobre la protesta, sin embargo, a través de familiares de internos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se confirmó que al menos ocho reos decidieron coser sus labios como medida de presión para cambiar las reglas que les fueron impuestas y denunciar presuntos malos tratos de custodios y el suministro de alimentos en mal estado.

Tras la intervención del personal del organismo, los internos se quejaron de que a partir de la certificación de la ACA, se prohibió a los familiares ingresar alimentos y herramientas de trabajo, así como acusaron que se les sirven alimentos en mal estado.

La CDHEM entrevistó al personal médico, jurídico y administrativo del centro penitenciario, así como supervisó la preparación de alimentos y no encontró ninguna anomalía, pero los reos insistieron en que no siempre es así.

Los internos desistieron de la protesta y fueron atendidos por el personal médico. El acuerdo final fue mejorar la calidad de alimentos, además de que las visitas ingresen alimentos y herramientas.

Además fue relevado el director de la cárcel, Miguel Ángel Calvo Barragán, y en su lugar quedó Hugo Silva Solórzano.

Los padres de familia presentaron una queja ante la CDHEM.

Jojutla.- Los padres de familia de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de Xoxocotla presentaron una queja ante la Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos en contra de los maestros del plantel, por el trato que reciben, y ayer se realizó la primera audiencia de conciliación.

El visitador  regional sur poniente de dicha comisión regional, cuya sede está en esta ciudad, Cuauhtémoc Magdaleno, explicó que un grupo de padres de familia de ese plantel,  del turno matutino, inició una queja en contra de los profesores.

“Realizamos una mesa de trabajo y escuchamos las peticiones de parte de los padres de familia y de los representantes del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Dentro de las diversas peticiones que hacen los padres de familia, está el respeto con los profesores, y a su vez, que no exista ningún tipo de represalia con los alumnos”.

Reconoció que en particular la queja recaía en la maestra Citlalli Molina, directora del plantel, quien no acudió a la audiencia de conciliación, solamente asistieron padres de familia y directivos del Instituto de Educación Básica.

“Al radicar el expediente, le hemos dado vista al Instituto de Educación Básica y a los mismos supervisores, y también a la maestra, con la finalidad de que tenga el mismo derecho de audiencia. Este es un trabajo que se tiene que hacer, sensibilizando con pláticas a los padres de familia; por un lado, hacia los mismos profesores y hacia los alumnos, para que se garantice su mismo respeto y un derecho a la educación”.

Resaltó que los padres de familia piden una sana convivencia escolar hacía los alumnos, que haya rendición de cuentas de parte de la directora y una guardia a la salida de la escuela.

El visitador dijo que realizarán una mesa de trabajo con los padres de familia, directivos, profesores y alumnos para limar asperezas.

En conferencia de prensa, los actuales legisladores informaron de la magnitud del saqueo; dejaron la nueva sede sin mobiliario y se llevaron los autos de uso oficial.

Aseguran que sus antecesores se repartieron en los últimos días 46 millones de pesos.

Los integrantes de la LIII Legislatura aprovecharon hasta el último día de su gestión para saquear al Congreso del estado. El viernes 31 de agosto se repartieron 46 millones de pesos, se llevaron los vehículos y dejaron el recinto legislativo sin muebles.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en las cuentas bancarias del Congreso del estado sólo encontraron dos mil pesos y deudas que ascienden a 65 millones de pesos.

Asimismo, refirió que no tienen muebles para ocupar las oficinas, ni tampoco vehículos para realizar las labores legislativas.

Al respecto, dijo que lo que sí encontraron fue un contrato de compraventa firmado por la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de vicepresidenta de la Mesa Directiva, por el que vendió un vehículo tipo Jetta, modelo 2013, propiedad del Congreso, a su compañero de bancada Javier Montes Rosales, por un monto de 50 mil pesos. Sotelo Martínez mencionó que se presume que hay más contratos de ese tipo.

Aseguró que dicha información la obtuvieron de una investigación que han hecho por cuenta propia, ya que los exdiputados se han negado a entregar la documentación correspondiente a la situación administrativa y financiera del Poder Legislativo.

Refirió que ayer sostuvieron un encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que les informó que no tenía la documentación requerida y que será hasta el 12 de septiembre cuando estará en condiciones de cumplir.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que se presume la intención de los exlegisladores de retrasar el proceso de entrega-recepción, para que la LIV Legislatura no pueda actuar legalmente en su contra ante la comisión de un posible delito o falta administrativa.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo subrayó que procederán penal y administrativamente en contra de los exdiputados, de confirmarse que cometieron delitos por el presunto mal uso de los recursos públicos. 

Para ello, indicó que convocarán a las asociaciones de abogados y contadores para que apoyen al Congreso del estado en una investigación a fondo de la gestión de la LIII Legislatura y que haya un deslinde de responsabilidades.

Anularán diputados nombramientos hechos fuera de la ley

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva informó que en la próxima sesión ordinaria procederán a la anulación de los nombramientos que aprobó la LIII Legislatura sin estar apegados a derecho.

Para ello, refirió que cuentan con el apoyo de asociaciones de abogados que han pedido a la LIV Legislatura ayudar en contra de los abusos cometidos por sus antecesores.

A dos días de irse, los exdiputados nombraron a dos comisionados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y a los titulares de los órganos de control en la Fiscalía General (FGE) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Los diputados volvieron a sesionar y aprobaron nombramientos y reformas que dañan al próximo gobierno.

Los integrantes de la LIII Legislatura cerraron con "broche de oro", y se repartieron los últimos espacios que abrieron para colocar a sus amigos y familiares. Escondidos y en penumbras porque se quedaron sin luz, los diputados concretaron nombramientos en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y en los órganos de control interno de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La noche de ayer, los diputados continuaron la sesión extraordinaria que iniciaron el martes pasado. Literalmente en lo oscurito tomaron protesta a Roberto Yáñez Vázquez, padre del diputado del Partido Social Demócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno,  y a Marco Antonio Alvear Sánchez, asesor del legislador ex priista Mario Chávez Ortega.

También designaron como titular el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a Flor Desiré León Hernández por tres años, con posibilidad de ser ratificada por un periodo igual. En el órgano de control interno de la Fiscalía General del estado nombraron a Ever Felipe Velarde Corrales, un perredista que trabajaba en el comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También designaron al titular del órgano de control de la CDHEM, Edgar Chacón Gallardo.

Justo en el análisis de este punto, los diputados se quedaron sin luz, pues se le acabó la gasolina a la planta que suministraba la energía al salón de Plenos donde se desarrolló la sesión y siguieron sesionando con la luz de los celulares. Así, liquidaron al Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Al inicio de la sesión, los integrantes de la LIII Legislatura, que mañana terminan su representación, reformaron la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, y establecieron que dicho órgano se integrará por siete magistrados.

Por la tarde, los diputados tomaron protesta a Guillermo Arroyo como magistrado del TJA, por orden judicial, después de tres años de haber sido designado en el cargo.

Al cierre de la edición se esperaba que los diputados concretaran los nombramientos de dos nuevos magistrados en el mismo Tribunal, pese a que existe una suspensión definitiva de un juez federal en contra de dicho proceso.

También aprobaron la Ley de Notariado, a propuesta del PRD, y reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para que se integre el Consejo de Honor y Justicia.

Congreso concluye convenios con elementos de seguridad

A unas semanas que concluya el gobierno actual, los diputados pusieron fin a los convenios de los elementos de seguridad pública, aunque no se conocieron los términos en que concluyeron y el número de los policías.

Designan alcalde interino de Amacuzac

Los diputados nombraron como alcalde interino de Amacuzac a Juan Carlos Millán Hernández, ya que Alfonso Miranda Gallegos, edil electo, se encuentra preso por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Finalmente no se eligieron nuevos magistrados y poco antes de las dos de la mañana se realizó la clausura de la sesión.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, entre otras cosas, facultan al titular de la institución para nombrar al fiscal anticorrupción.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se admitió el recurso de control constitucional 65/2018, por el cual se impugnaron los artículos 32, párrafo primero 100 y 101 de la Ley Orgánica de la FGE publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5611, de fecha 11 de julio de 2018, a través del decreto 3248.

El organismo argumentó la ilegalidad de la reforma realizada por los diputados a dichos artículos, que facultan al fiscal general para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade  competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, en la SCJN ya se dirimen cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas con anterioridad por el organismo en contra de las reformas del Congreso local que otorgaron facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

Previo a la admisión del recurso, el fiscal general se apresuró a ratificar como fiscal anticorrupción por un periodo más de siete años a Juan Salazar Núñez, quien ejercía el cargo desde hace tres años y su detractores criticaron su desempeño y eficiencia.