Lunes, 28 Septiembre 2020 05:12

Preparan ley de amnistía

Busca una armonización con la ley nacional; se enfoca en “brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables”.

El Congreso del estado analiza la propuesta de "Ley de Amnistía para Morelos", que plantea la extinción de la sanción en los delitos de aborto, contra la salud del fueron común, políticos, robo simple y sin violencia y los cometidos por ciudadanos reconocidos como indígenas.


La iniciativa de ley fue presentada ante el Pleno por la diputada Alejandra Flores Espinoza, durante la sesión ordinaria pasada. La legisladora afirmó que la propuesta es una armonización con la ley federal,  para brindar justicia social a los grupos y personas vulnerables.
En la iniciativa se señala que amnistía se entiende como "la extinción de la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva de la sanción, excepto la de reparación del daño", de acuerdo con lo que establece el Código Penal del estado de Morelos.


"Es decir, un acto del poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban comenzar, o bien las condenas pronunciadas para tales delitos", señaló la legisladora al hablar de su propuesta.


Flores Espinoza aseguró que el proyecto no busca proteger y liberar a asesinos, violadores ni secuestradores, sino garantizar justicia a los grupos más desprotegidos y que en su momento no tuvieron acceso a la jurisdicción de su Estado.
En el caso del aborto, la amnistía será aplicable "siempre y cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a las y los médicos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo".


En los delitos contra la Salud del fuero común "cuando las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta".


En este caso, se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: cuando quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito; cuando quien los haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En delitos de robos simple y sin violencia se aplicará cuando la pena privativa de libertad no rebase los 4 años.


Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, "cuando durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura".


Por delitos políticos, específicamente "el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego".
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictaminación.

 

 

 

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Se postergó la comparecencia de Uriel Carmona ante los diputados.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que hay una tensión natural y favorable en EL Congreso del Estado, derivado la preocupación de la legislatura por lo que ocurre en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Tras postergarse su comparecencia ante los diputados, señaló que acudió al llamado del Congreso para presentar su informe semestral y responder los cuestionamientos respecto al desempeño y resultados de la institución.

Consideró que por la coyuntura en que se encuentra la entidad existe cierta tensión, pero consideró sano que las autoridades sean cuestionadas y rindan cuentas de su actuar.

“Es una tensión natural porque el tema de procuración de justicia y de seguridad pública en el estado no es para menos, pero yo noto a una legislatura interesada en mejorar, noto una legislatura preocupada, y creo que de lo que se trata es de mejorar las condiciones para que la seguridad pública y la procuración de justicia combata la impunidad, combata la corrupción, se mejore en su ejercicio.

“Por supuesto que hay tensión, pero es una tensión favorable porque la crítica y el impulso de las autoridades hace bien. Es importante que nos revisen, es importante que nos cuestionen y nosotros no estamos cerrados a eso, yo creo que es benéfico para la sociedad que las autoridades comparezcan a rendir cuentas, eso es sano”, dijo.

Indicó que no tenía previsto exponer específicamente los avances del caso de la masacre en la colonia Antonio Barona, en la que fallecieron diez personas, pero aseguró que si hay inquietudes de los diputados de conocer los avances de este y otros casos, se  informará en forma privada, para mantener el sigilo de las investigaciones.

Agregó que está listo para comparecer la próxima semana junto con todo su equipo de colaboradores y fiscales.

 

 

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La cita será a puerta cerrada.

El secretario de Gobierno, el comisionado estatal de Seguridad y el fiscal general del estado, Pablo Ojeda Cárdenas, José Antonio Ortiz Guarneros y Uriel Carmona Gándara, respectivamente, comparecerán ante el Congreso del estado este miércoles, para rendir un informe sobre la situación que vive Morelos en materia de seguridad pública.


El encuentro se llevará a cabo a las 12 del día, a puerta cerrada en el salón de Plenos del Congreso del estado.

El presidente de la Mesas Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, explicó que el formato  de las comparecencias se establecido de acuerdo a la importancia y lo delicado del tema, ya que de haberse concretado ante el Pleno, mucha información no habría podido ventilarse.


"No nos interesa que se convierta en un show. Nos interesa mucho saber cuál es el avance de las investigaciones, de las carpetas, de las judicializaciones, no nada más del Congreso, sino en general de los temas, de la ola de violencia que se pudiese haber desatado en el estado", afirmó el diputado.


Sotelo Martínez indicó que al comisionado estatal de Seguridad se le cuestionará también acerca de la estrategia implementada para el combate a la delincuencia, "para poderla corregir o saber cuál es el rumbo que se tiene".
No obstante, admitió que la propuesta de que el secretario Pablo Ojeda Cárdenas compareciera con el comisionado y el fiscal no fue respaldada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social Morelos (PESM), sino por un grupo de diputados para cuestionarlo por la violencia que vive el estado. "No entiendo a qué obedezca la presencia, pero estaremos escuchando qué se le cuestiona", agregó.


El presidente de la Mesa Directiva garantizó que del encuentro de este día sí habrá resultados, "estaremos haciendo una evaluación y las recomendaciones que sean necesarias en beneficio de los morelenses".

 

 

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El Congreso requirió a la autoridad estatal explicar la situación de los fondos asignados en el presupuesto 2020 para la erradicación de cuotas escolares.

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El Congreso estatal no podrá emitir sentencia hasta que se resuelva de fondo el recurso.

El exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión definitiva contra el juicio político en curso en su contra  en el Congreso de Morelos, lo que impide al Poder Legislativo emitir una sentencia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex mandatario.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro de la demanda de garantías 673/2020, resolvió mantener la medida cautelar contra los actos reclamados al Congreso local, únicamente para efecto de que no se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia.

Esto significa que el Congreso podrá continuar con la sustanciación del procedimiento de juicio político, pero no se podrá emitir una determinación.

Graco Ramírez, quien ejerció el cargo de gobernador en el periodo 2012-2018, impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017;  la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.

Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020, y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.

 

 

 

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Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:18

Pide Congreso apoyar con tecnología a maestros

Requiere el Legislativo informe al gobierno estatal sobre el estatus del presupuesto etiquetado para la erradicación de cuotas escolares.

La diputada Alejandra Flores Espinoza planteó que dicho monto se destine a la compra de equipo tecnológico para que los maestros de Morelos puedan impartir clases virtuales.

Por unanimidad, el Pleno del Congreso del estado exhortó a los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Educación, Mónica Boggio Tomasaz Merino y Luis Arturo Cornejo Alatorre, respectivamente, a que rindan un informe detallado del estatus que guardan los 20 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2020 para la erradicación de las cuotas escolares en las escuelas de Morelos. 

La propuesta fue impulsada por la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, quien señaló que a nueve meses transcurridos del año se desconoce en qué se han aplicado los recursos para evitar el cobro de cuotas escolares a los padres de familia.

Mientras tanto, dijo, son muchas las necesidades en el sector educativo, como las carencias que enfrentan los maestros del estado para impartir las clases virtuales en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. 

"Hemos sido testigos de admirables mujeres y hombres dedicados a la docencia, que sobreponen el bienestar de los alumnos y el interés superior de los mismos antes que cualquier otra cosa; hemos visto por las redes sociales múltiples videos y fotografías de maestros que no cuentan con las herramientas necesarias para esta nueva modalidad virtual y que tienen que sufragar con recursos propios el pago de internet, de las plataformas, de la compra de equipo que les permiten cumplir con su labor", manifestó. 

La legisladora expresó que lamentablemente los profesores más que tener el apoyo de las instituciones educativas y de todos los ciudadanos, han sido víctimas de algún tipo de burla o violencia por no saber utilizar las plataformas tecnológicas.

Ante tal situación, indicó, ha propuesto en diversas ocasiones al gobierno del estado la reasignación de los 20 millones de pesos, etiquetados para la erradicación de las cuotas escolares, a la compra de las herramientas tecnológicas que requieren los docentes en la actualidad. 

"Hasta este momento, el Congreso del Estado no ha recibido ninguna propuesta de modificación al Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, en relación al uso o destino del recurso etiquetado, por tanto, el monto de los 20 millones de pesos, debe estar disponible, para que esta Soberanía pueda hacer las adecuaciones presupuestales y se cambie el destino del recurso para apoyar a nuestros maestros en estos momento difíciles que vive la docencia en nuestro estado", afirmó. 

En tal razón, los diputados locales aprobaron el punto de acuerdo por el que se requirió un informe del estado que guarda el monto de los 20 millones de pesos, a fin de que el Poder Legislativo pueda hacer las adecuaciones necesarias al Presupuesto de Egresos.

 

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Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:06

Pablo Ojeda también comparecerá ante legisladores

El secretario de Gobierno está citado para mañana en el Congreso del estado, para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, comparecerá, este jueves, ante el Congreso del estado para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.


El encargado de la política interna rendirá cuentas ante los diputados locales, al mismo tiempo que comparecerán el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado José Casas González promovió el punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Gobierno ante el aumento de los índices delictivos en el estado.
Señaló que delitos como el secuestro, homicidios dolosos, asaltos y robos han aumentado en los últimos meses.


Por ello, el diputado planteó que Pablo Ojeda Cárdenas, como representante del Poder Ejecutivo se presente ante el Congreso junto con el comisionado estatal de Seguridad y expliquen de las causas del aumento de la violencia en Morelos.
El acuerdo aprobado con ocho votos a favor y cuatro en contra, estableció que en la misma comparecencia, que se llevará a cabo este jueves , también se presente el fiscal general del estado, como Uriel Carmona Gándara.
El encuentro de los diputados locales con los funcionarios estatales se llevará a puerta cerrada.

 

 

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Lunes, 21 Septiembre 2020 05:10

Pierden diputadas recurso electoral

Lo que reclaman es parte del derecho parlamentario y no de la vía reclamada, confirma el TEPJF.

 

Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo fueron desplazadas de sus cargos dentro del Congreso local.

Con cinco votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que rechazó ser competente para conocer de actos legislativos, presuntamente constitutivos de violencia política de género.

En el proyecto resolutivo de los recursos de reconsideración promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo, el magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso ordenar al Congreso de Morelos realizar una nueva distribución de comisiones legislativas con pleno apego al principio constitucional de paridad total, y la reincorporación de la diputada Figueroa Evaristo a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración de Nacional (Morena).

Lo anterior, luego de que la Sala Regional Ciudad de México, determinó que no podía revisar los actos impugnados por ser de naturaleza parlamentaria, como lo establece la jurisprudencia 44/2014 del rubro “Comisiones legislativas. Su integración se regula por el derecho parlamentario”, y la jurisprudencia 34/2013 del rubro “Derecho político electoral de ser votado. Su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario”.

El proyecto planteó interrumpir ambas jurisprudencias, aplicadas por la Sala Regional y el TEEM, por considerar que “la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad, requiere una nueva redefinición de las facultades y las competencias de las autoridades electorales para conocer y resolver sobre la afectación del derecho político electoral a ejercer el cargo en el ámbito legislativo.

Bajo esta perspectiva, el ministro ponente consideró en el proyecto fundados los actos de violencia política de género expuestos por las diputadas agraviadas; que la modificación en la integración inequitativa de las comisiones legislativas vulneró el principio constitucional de paridad; y que la expulsión de una de las diputadas del grupo parlamentario de Morena se realizó sin cumplir con las garantías del debido proceso.

También sostuvo que “es necesario reconocer una realidad inobjetable, no existe ninguna otra autoridad que salvaguarde el derecho de las legisladoras de ejercer su encargo en condiciones libre de violencia política y de género para que nuestra democracia pueda”, y recalcó que la propuesta no era  una carta blanca para que el tribunal pudiese revisar todas los actos parlamentarios, pues la propuesta se limitaba a un recurso real que permitiera desarrollar los derechos políticos de las legisladoras conforme al principio constitucional de paridad total, y favorecieran los principios constitucionales y mandato de representación política, para lograr un balance entre el derecho electoral y derechos parlamentario.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior decidió rechazar el proyecto de su homólogo Rodríguez Mondragón y mantener vigente la jurisprudencia, respecto a que el asunto no es competencia de la autoridad jurisdiccional electoral, por ser un asunto que atañe exclusivamente al derecho parlamentario.

 

 

 

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El Congreso del estado sí prepara los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), del Colegio Morelos y del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), confirmó la diputada Dalila Morales Sandoval.


La legisladora explicó que primero se dialogará con los titulares de los organismos públicos autónomos para evitar conflictos legales y posteriormente, se impulsarán los procedimientos legislativos correspondientes.
De acuerdo con la diputada,  es una facultad del Congreso del Congreso local realizar dichos nombramientos, que ya vencieron desde hace varios meses y por ello deben concretarse lo más pronto posible.


"Lo que se está pidiendo es un tema de diálogo con estos organismos autónomos a efecto de que podamos generar un tema de conocimiento sobre todo y que se pueda llegar a grandes procedimientos", señaló.
Morales Sandoval insistió en que los  nuevos nombramientos están apegados a derecho y garantizó que se llevarán a cabo de manera transparente.


"Que quienes sustituyan a estas personas que estaban al frente de los órganos internos sean personas probas, que cuenten con esa característica de ser personas transparentes y que actúen en beneficio de los morelenses", manifestó.

 

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A partir del lunes, el Congreso del estado iniciará el registro de los aspirantes a ocupar los dos cargos de comisionados que se encuentran acéfalos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
El acuerdo emitido por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) establece que se dará continuidad al procedimiento que inició el 24 de junio del 2019, y quedará salvaguardado el derecho de los 20 ciudadanos que se registraron en la convocatoria.


La siguiente etapa de dicho procedimiento serán las entrevistas de los aspirantes, a fin de que se analice su perfil y la JPyG pueda emitir un dictamen de las propuestas finales que votará el Pleno del Congreso para designar a quien ocupará el lugar que dejó el ex comisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez.


Por otro lado, los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron también emitir una segunda convocatoria, que se publicó el 16 de septiembre, y con la que se ocupará el lugar de la ex comisionada Mireya Arteaga Dirzo.


Se prevé que para octubre próximo se concreten los dos nombramientos, de la misma forma que la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), cuyo procedimiento reiniciará también en los próximos días, a pesar que en mayo del 2019 la Comisión Instructora que se instaló entonces determinó reponer el proceso desde su convocatoria.
Sin embargo, en el caso del nombramiento del auditor estatal, los diputados también pretenden que queden salvaguardados los derechos de los aspirantes se registraron en el 2019.

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