Los procesos son contra ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura por falsificación de documentos.

El Congreso del estado promovió 12 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura, por falsificación de documentos para la autorización de "pensiones doradas".
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, informó que con estas denuncias se combate a fondo las irregularidades cometidas durante la pasada legislatura para beneficiar con abultadas pensiones a ex funcionarios del Congreso local y de la administración que encabezó el ex gobernador perredista Graco Ramírez.
De acuerdo con el legislador, estas 12 denuncias se suman a tres más que se presentaron ante la FECC al inicio de la LIV Legislatura sobre este caso y en las que están involucrados los ex diputados perredistas Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.
"Con estos nuevos expedientes se generan nuevos elementos que difícilmente podrán tener el beneficio de hacer frente estos procesos en libertad", manifestó Casas González.
Además, sostuvo que este supuesto delito cometido en la pasada legislatura para beneficiar a al menos 12 ex funcionarios cuesta al erario público siete millones de pesos al año.
Al inicio de la LIV Legislatura se confirmó la autorización de cerca de 40 "pensiones doradas" para favorecer a ex servidores públicos que son familiares y allegados a los ex diputados y al ex mandatario Graco Ramírez, por lo que fueron canceladas.
Sin embargo, los ex funcionarios se ampararon y en la mayoría de los casos lograron mantener su jubilación, por errores cometidos en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social cuando la presidía la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

José Casas aseguró que se inició una nueva investigación de la que derivaron las 12 denuncias que servirán como elemento ante el juez federal para que se cancelen definitivamente las pensiones. 

 

 

 

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Blanca Nieves Sánchez dijo que promoverá un exhorto al IEBEM para que no se ponga en riesgo a los estudiantes.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano sostuvo que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales el próximo 10 de agosto.
En entrevista, la legisladora local adelantó que promoverá un exhorto a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que no se ponga en riesgo a los estudiantes y a los maestros si se les obliga al regreso a las aulas cuando la incidencia de casos de covid-19 es alta.
Para la diputada, la mayoría de las instalaciones educativas en el estado no son aptas para respetar las medidas sanitaria obligatorias para iniciar clases presenciales, así como tampoco los menores están preparados para acatarlas y evitar contagios.
"En las escuelas no podrías implementar la sana distancia para comenzar, al menos en el sector público, donde tenemos aulas que si bien nos va tenemos 45 niños;  no tenemos el espacio geográfico ni el inmueble necesario. Además los niños, les hablo de preescolar, de primaria, ¿cómo vas a impedir que un niño interactue, juegue y le dé un sorbo a un contenedor de su compañerito o agarre y le dé una mordidita?", manifestó Sánchez Arano.
En este sentido, consideró que las autoridades estatales deben buscar los mecanismos necesarios para que el ciclo escolar 2020-2021 pueda iniciar mediante clases virtuales, sin que se ponga en riesgo la salud de los menores y sus docentes.
La postura de la diputada coincidió con la de integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) que advirtieron que no existen condiciones para que regresen a dar clases presenciales el próximo 10 de agosto.

 

 

 

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En noviembre podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia en Morelos.

En noviembre próximo podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia para Morelos que operará la Comisión Estatal de Seguridad, para lo cual se adquirirán cerca de mil dispositivos de grabación que serán colocados en puntos estratégicos del estado.
El director del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), Juan Diego Pons Díaz, informó que además de las nuevas videocámaras, también se ha proyectado la instalación de tres arcos de seguridad en los accesos y salidas de Morelos, para el combate a la delincuencia.
El funcionario estatal explicó que el proyecto ya fue autorizado por el Fidecomp para disponer de 30 millones de pesos de dicho fondo y se prevé que en cuatro meses ya esté operando, con el fin de fortalecer las labores de prevención y combate del delito.
Pons Díaz indicó que con los arcos detectores de seguridad se podrá escanear con rayos X  a los vehículos que circulen por las carreteras y se tomarán fotografías de las placas.
Mencionó que la CES trabaja en un mapa para la ubicación de las cámaras de seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva, por lo que se ha proyectado la adquisición de más de mil dispositivos.
Este proyecto va de la mano con la nueva Ley de Videovigilancia que se podría votar esta semana en el Congreso del estado y que establece las reglas para la operación de los dispositivos de seguridad, mediante la creación de un sistema estatal que será parte de la CES.

 

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Analizan diputados y expertos iniciativa que crea la Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil.

Al participar de la reunión de trabajo para el análisis del Dictamen de la iniciativa que crea la Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió a los participantes de la mesa de trabajo realizar el mejor de los esfuerzos para dar a los ciudadanos de Morelos una Ley con los instrumentos que permitan prevenir desastres y evitar la pérdida de vidas.

Ante los integrantes del equipo de trabajo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezados por Enrique Clement Gallardo, Alfonso Sotelo explicó que el proyecto que presentó ante el Pleno del Congreso tiene como finalidad expedir una ley “que se apegue a la realidad de los que habitamos el estado de Morelos, fortaleciendo la protección de las personas y sus bienes, considerando a la Protección Civil como un derecho humano en el marco de la Gestión Integral de Riesgos, e involucrando activamente a la sociedad, para evitar la pérdida de la vida de las personas y sus bienes”.

Destacó que la iniciativa prevé la creación de la Escuela de Protección Civil y el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, este último como un órgano de apoyo técnico científico para la Coordinación Estatal, las Coordinaciones Municipales y la sociedad en general.

Y contiene el andamiaje jurídico necesario para disminuir los efectos de un desastre o fenómeno perturbador, así como fortalecer las acciones de emergencia ya existentes para dar apoyo a la sociedad, tanto en el rescate de personas como en la evaluación de las condiciones estructurales de inmuebles que pudieran resultar un riesgo para la población.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía en general a que, una vez aprobada la mejor Ley de Protección Civil con el acompañamiento y análisis de los expertos en la materia, sean los morelenses quienes se involucren y la hagan suya.

“Como Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de crear leyes socialmente justas, pero para alcanzar la aplicación eficiente de la gestión de riesgos y de una verdadera protección de las personas y sus bienes, requerimos de voluntades, decisiones y la puesta en práctica de acciones políticas, económicas, científicas y educativas, que nos involucren a todos", subrayó.

De su parte, el coordinador estatal de PC, Enrique Clement, refrendó su compromiso para aportar todas las observaciones necesarias al proyecto y entregó al cuerpo técnico de la Comisión de Seguridad Publica y Protección Civil del Congreso, un primer análisis por escrito, con el que habrá de enriquecerse el dictamen de la iniciativa.

 

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En los próximos días el Congreso del estado podría emitir también la convocatoria para designar titular de la ESAF.

El Congreso del estado podría emitir en los próximos días las convocatorias para nombrar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza,  explicó que primero se deberá definir con el resto de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias si estos nombramientos se concretarán en un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto. De lo contrario, agregó, estas designaciones tendrían que postergarse para septiembre, cuando inicie el primer periodo de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura.
Flores Espinoza informó que esta semana habrá sesión de la Junta Política y de Gobierno para definir si se abre un período extraordinario de sesiones después del 15 de julio.
"De esta manera definiremos si emitimos la convocatoria en los próximos días, para que en un período extraordinario de sesiones nombremos a los dos comisionados del IMIPE y al auditor", agregó.
Recordó que el año pasado el Congreso del estado llevó a cabo dos procedimientos, para designar a un comisionado del IMIPE y al titular de la ESAF, pero por la falta de acuerdos entre los legisladores no se concretaron los nombramientos.
Flores Espinoza refirió que la Junta Política y de Gobierno revisa si se reponen los dos procedimientos o se concretan los nombramientos con base en las dos listas de aspirante que se registraron en el 2019.
No obstante, adelantó que por los vicios que se cometieron en ambos casos, la mayoría de los acuerdos entre los diputados avanzan a favor de emitir nuevas convocatorias, para evitar que las designaciones puedan ser impugnadas.
Así mismo, indicó que  para suplir el espacio que dejó la ex comisionada del IMIPE Mireya Arteaga Dirzo en abril de este año, el Congreso sí tendrá que abrir una convocatoria.
"Hay dos temas en el IMIPE, una renuncia de una comisionada, de Mireya Arteaga (para cuya sustitución) se debe emitir una convocatoria, y está el tema pasado, que se analiza si se emite una nueva convocatoria o se sigue con el procedimiento que ya estaba. De la misma forma revisaremos el tema del auditor", añadió.

 

 

  

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Miércoles, 08 Julio 2020 05:00

En riesgo, la reactivación del ferrocarril

Discrepancias entre diputados impiden la aprobación del convenio necesario para reactivar los trabajos.

La falta de acuerdos entre los partidos políticos con representación en el Congreso del estado podría impedir la aprobación del proyecto ferroviario que impulsó el gobierno estatal mediante la firma de un segundo convenio con la empresa "Ferrosur" y de la Ley de Asociaciones Público Privadas para Morelos.
Ambos proyectos fueron incluidos como prioritarios por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dentro del Plan para la Reapertura y Reactivación Económica del Estado que presentó este martes. Sin embargo, siguen detenidos en comisiones por la falta de consensos entre los legisladores.
Este lunes, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron para aprobar el dictamen del proyectos ferroviario, pero por segunda ocasión no se logró el quórum necesario para su votación.
De la misma forma, el dictamen de la Ley de Asociaciones Público Privadas, propuesta que presentó desde julio del 2019  el Poder Ejecutivo, se encuentra detenida en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por la falta de acuerdos para su aprobación y presentación ante el Pleno.
Este martes, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que solicitó reuniones con los secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico y del Trabajo, Pablo Ojeda Cárdenas y Ana Cecilia Rodríguez González, a fin de que expliquen a los legisladores de la prioridad de estos proyectos para la reactivación económica del estado.
La intención del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) es que ambos proyectos se aprueben antes del 15 de julio, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones, pues de lo contrario, tendrían que revisarse en un periodo extraordinario, lo que sería hasta agosto próximo.
El proyecto entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur permitirá conectar a Morelos con la red ferroviaria nacional, mientras que la Ley de Asociaciones Público Privadas sentará las bases legales para que el estado pueda firmar convenios con la iniciativa privada e impulsar proyectos de desarrollo.

 

 

 

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Las actividades administrativas están suspendidas desde hace más de tres meses.

El Congreso del estado se prepara para una reactivación escalonada de las labores administrativas, luego de más de tres meses de que fueron suspendidas por la emergencia sanitaria.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, refirió que la reapertura del Congreso local a la ciudadanía podría ocurrir la próxima semana y bajo medidas estrictas de seguridad sanitaria,  para evitar riesgos de contagio de covid-19.
Explicó que el acuerdo establecido entre los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias fue que se establecerán guardias para evitar que haya  más de dos o tres trabajadores en las oficinas.
Para ello informó que se reunieron con autoridades de la Secretaría de Salud estatal, las que explicaron los protocolos a seguir para garantizar la seguridad  de los empleados y de los ciudadanos asistentes.
Expuso que además de la colocación de tapetes sanitizantes en los accesos al recinto legislativo y el uso de gel antibacterial y cubrebocas, también se tomará la temperatura a los ciudadanos que visiten el Congreso. "No podrán entrar más de dos personas por grupo y también se nos dijo del uso del aire acondicionado, que puede ser un riesgo", añadió.
Con base en el último acuerdo anunciado por la Mesa Directiva el pasado 30 de junio, se expuso que el periodo de aislamiento para el Congreso se extendería hasta el 15 de julio. Sin embargo, la diputada Alejandra Flores Espinoza dijo que podrían reanudarse las actividades administrativas antes de esa fecha, tanto para los trabajadores de confianza como sindicalizados, con base al cambio de semáforo -de rojo a naranja- en Morelos.

 

 

 

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Alejandra Flores Espinoza, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, expuso que este plan emergente evitará el cierre de miles de empresas en el estado.

El Congreso del estado exhortó al Poder Ejecutivo para que impulse, de manera inmediata, un "plan emergente para la reactivación económica de Morelos" y apoyar a las micro, pequeñas y  medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria. 

Durante la sesión ordinaria del viernes pasado, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado por la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien lamentó que hasta la fecha no se haya impulsado un programa estatal de ayuda para evitar el cierre de miles de negocios. 

La legisladora expuso ante tribuna que el programa emergente que se cree desde el Poder Ejecutivo del estado "debe ser distinto a los programas de gobierno ya existentes y que cuenten con las reglas específicas para poder acceder a ellos", sin trámites engorrosos y de forma extraordinaria para que los apoyos financieros ayuden a los pequeños empresarios a llevar el sustento diario a sus familias.

"Sólo necesitan el impulso solidario de un proyecto económico para afianzar la reactivación de su negocio, ya sea para el pago de una renta, compra de mercancía, pago de servicios, etcétera", manifestó la legisladora ante sus homólogos. 

Alejandra Flores Espinoza sostuvo que su compromiso como legisladora es impulsar estrategias que ayuden a la población y, en este caso, a las empresas que en la actualidad están en riesgo de cerrar de manera definitiva por las afectaciones que causó la pandemia covid-19. 

Por tal razón, convocó a las autoridades del gobierno estatal a atender su llamado y a emprender, de manera inmediata, un plan emergente que permita reactivar la economía del estado.

 

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La renovación de la Mesa Directiva podría concretarse antes del 1 de septiembre.

Por tercer año consecutivo en la LIV Legislatura, el Partido Encuentro Social (PES) buscará permanecer al frente de la Mesa Directiva del Congreso del estado.
A 10 días de que concluya el segundo período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura, la lucha por el control de la Mesa Directiva se concentra entre los diputados del PES y los de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El coordinador del grupo parlamentario de Encuentro Social, Marcos Zapotitla Becerro, admitió que como fuerza política se pretende que Alfonso de Jesús Sotelo Martínez  permanezca, por tercer año, al frente de la presidencia del Congreso.
Aunque, refirió que "no hay prisa" para concretar la renovación de la Mesa Directiva, pues esa acción podría darse antes del 1 de septiembre, cuando iniciará el  primer periodo del tercer año de la Legislatura.
"El diputado está debidamente nombrado, constitucionalmente, opera en la Mesa, incluso si él tuviera que seguir al frente de la Mesa no habría ningún inconveniente. Es un diputado que le ha dado certeza a la legislatura, que mantiene una buena comunicación con todos los diputados integrantes, de tal manera que yo no descartaría que él pudiera seguir al frente de la Mesa Directiva", expresó Zapotitla Becerro.
Sin embargo,  no sólo la bancada de Morena busca representar dicho órgano de gobierno y que sea una diputada, también el legislador pesedista José Luis Galindo Cortés pretende dicho cargo y trabaja para generar los consensos necesarios con sus homólogos.
De acuerdo con información extraoficial, los diputados de Morena buscan generar consensos para presidir el Congreso del estado durante el último año de la LIV Legislatura y que el PES se quede al frente de la Junta Política y de Gobierno.
En estas negociaciones, el Partido del Trabajo (PT) con la coordinadora Tania Valentina Rodríguez Ruiz,  trabaja en las negociaciones para presidir uno de los dos órganos de gobierno, pero no cuenta con el respaldo suficiente de sus homólogos.

 

 

 

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El Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo solicitar a la Federación un adelanto de participaciones por mil 200 millones de pesos, a fin de evitar un colapso financiero para Morelos y sus municipios, ante las afectaciones que causó la emergencia sanitaria.
Por la vía rápida, los legisladores dictaminaron y aprobaron el decreto por el cual avalaron que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pueda participar en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ante la reducción de las participaciones para el estado y los municipios, así como el daño económico que causó la pandemia de covid-19 en este 2020.
Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo la tarde de este viernes, se explicó que el Poder Ejecutivo podrá llevar a cabo el proceso jurídico para crear un fideicomiso no público, que administrará las participaciones federales, a las que se accederá a recursos como adelanto por un monto de mil 200 millones de pesos, de los cuales 250 millones corresponderán a los municipios.
Para el pago del adelanto de recursos federales, el estado podrá disponer del cuatro por ciento de sus participaciones federales futuras.
La legisladora priista Rosalina Mazari Espín admitió ante tribuna que la participación de Morelos en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) "viene un poco tarde", sin embargo, aseguró que ayudará a evitar un impacto económico grave para el estado.
Aclaró que no se trata de un nuevo financiamiento, sino de "un esquema de potenciación" a la economía de Morelos. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo de hacer un uso adecuado de dichos recursos.
Por su lado, la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz expuso ante sus homólogos que el mecanismo que estableció la Federación con el FEIEF evitará un colapso en las finanzas municipales y estatales.
En la misma sesión ordinaria, el Pleno del Congreso designó a Tania Valentina Rodríguez Ruiz como quinta integrante de la Diputación Permanente que se instalará después del 15 de julio,  cuando concluirá el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura. Como suplentes fueron nombrados las diputadas Alejandra Flores Espinoza, Erika García Zaragoza y José Luis Galindo Cortés.

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