Miércoles, 23 Septiembre 2020 05:06

Pablo Ojeda también comparecerá ante legisladores

El secretario de Gobierno está citado para mañana en el Congreso del estado, para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, comparecerá, este jueves, ante el Congreso del estado para que informe de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública.


El encargado de la política interna rendirá cuentas ante los diputados locales, al mismo tiempo que comparecerán el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado José Casas González promovió el punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Gobierno ante el aumento de los índices delictivos en el estado.
Señaló que delitos como el secuestro, homicidios dolosos, asaltos y robos han aumentado en los últimos meses.


Por ello, el diputado planteó que Pablo Ojeda Cárdenas, como representante del Poder Ejecutivo se presente ante el Congreso junto con el comisionado estatal de Seguridad y expliquen de las causas del aumento de la violencia en Morelos.
El acuerdo aprobado con ocho votos a favor y cuatro en contra, estableció que en la misma comparecencia, que se llevará a cabo este jueves , también se presente el fiscal general del estado, como Uriel Carmona Gándara.
El encuentro de los diputados locales con los funcionarios estatales se llevará a puerta cerrada.

 

 

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Lunes, 21 Septiembre 2020 05:10

Pierden diputadas recurso electoral

Lo que reclaman es parte del derecho parlamentario y no de la vía reclamada, confirma el TEPJF.

 

Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo fueron desplazadas de sus cargos dentro del Congreso local.

Con cinco votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que rechazó ser competente para conocer de actos legislativos, presuntamente constitutivos de violencia política de género.

En el proyecto resolutivo de los recursos de reconsideración promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo, el magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso ordenar al Congreso de Morelos realizar una nueva distribución de comisiones legislativas con pleno apego al principio constitucional de paridad total, y la reincorporación de la diputada Figueroa Evaristo a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración de Nacional (Morena).

Lo anterior, luego de que la Sala Regional Ciudad de México, determinó que no podía revisar los actos impugnados por ser de naturaleza parlamentaria, como lo establece la jurisprudencia 44/2014 del rubro “Comisiones legislativas. Su integración se regula por el derecho parlamentario”, y la jurisprudencia 34/2013 del rubro “Derecho político electoral de ser votado. Su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario”.

El proyecto planteó interrumpir ambas jurisprudencias, aplicadas por la Sala Regional y el TEEM, por considerar que “la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad, requiere una nueva redefinición de las facultades y las competencias de las autoridades electorales para conocer y resolver sobre la afectación del derecho político electoral a ejercer el cargo en el ámbito legislativo.

Bajo esta perspectiva, el ministro ponente consideró en el proyecto fundados los actos de violencia política de género expuestos por las diputadas agraviadas; que la modificación en la integración inequitativa de las comisiones legislativas vulneró el principio constitucional de paridad; y que la expulsión de una de las diputadas del grupo parlamentario de Morena se realizó sin cumplir con las garantías del debido proceso.

También sostuvo que “es necesario reconocer una realidad inobjetable, no existe ninguna otra autoridad que salvaguarde el derecho de las legisladoras de ejercer su encargo en condiciones libre de violencia política y de género para que nuestra democracia pueda”, y recalcó que la propuesta no era  una carta blanca para que el tribunal pudiese revisar todas los actos parlamentarios, pues la propuesta se limitaba a un recurso real que permitiera desarrollar los derechos políticos de las legisladoras conforme al principio constitucional de paridad total, y favorecieran los principios constitucionales y mandato de representación política, para lograr un balance entre el derecho electoral y derechos parlamentario.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior decidió rechazar el proyecto de su homólogo Rodríguez Mondragón y mantener vigente la jurisprudencia, respecto a que el asunto no es competencia de la autoridad jurisdiccional electoral, por ser un asunto que atañe exclusivamente al derecho parlamentario.

 

 

 

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El Congreso del estado sí prepara los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), del Colegio Morelos y del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), confirmó la diputada Dalila Morales Sandoval.


La legisladora explicó que primero se dialogará con los titulares de los organismos públicos autónomos para evitar conflictos legales y posteriormente, se impulsarán los procedimientos legislativos correspondientes.
De acuerdo con la diputada,  es una facultad del Congreso del Congreso local realizar dichos nombramientos, que ya vencieron desde hace varios meses y por ello deben concretarse lo más pronto posible.


"Lo que se está pidiendo es un tema de diálogo con estos organismos autónomos a efecto de que podamos generar un tema de conocimiento sobre todo y que se pueda llegar a grandes procedimientos", señaló.
Morales Sandoval insistió en que los  nuevos nombramientos están apegados a derecho y garantizó que se llevarán a cabo de manera transparente.


"Que quienes sustituyan a estas personas que estaban al frente de los órganos internos sean personas probas, que cuenten con esa característica de ser personas transparentes y que actúen en beneficio de los morelenses", manifestó.

 

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A partir del lunes, el Congreso del estado iniciará el registro de los aspirantes a ocupar los dos cargos de comisionados que se encuentran acéfalos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
El acuerdo emitido por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) establece que se dará continuidad al procedimiento que inició el 24 de junio del 2019, y quedará salvaguardado el derecho de los 20 ciudadanos que se registraron en la convocatoria.


La siguiente etapa de dicho procedimiento serán las entrevistas de los aspirantes, a fin de que se analice su perfil y la JPyG pueda emitir un dictamen de las propuestas finales que votará el Pleno del Congreso para designar a quien ocupará el lugar que dejó el ex comisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez.


Por otro lado, los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron también emitir una segunda convocatoria, que se publicó el 16 de septiembre, y con la que se ocupará el lugar de la ex comisionada Mireya Arteaga Dirzo.


Se prevé que para octubre próximo se concreten los dos nombramientos, de la misma forma que la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), cuyo procedimiento reiniciará también en los próximos días, a pesar que en mayo del 2019 la Comisión Instructora que se instaló entonces determinó reponer el proceso desde su convocatoria.
Sin embargo, en el caso del nombramiento del auditor estatal, los diputados también pretenden que queden salvaguardados los derechos de los aspirantes se registraron en el 2019.

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Viernes, 18 Septiembre 2020 05:13

UAEM, en alerta

Considera que su autonomía está en riesgo por una acción del Congreso.

El Legislativo pretende nombrar al titular del órgano interno de control de la universidad.

La Ley Orgánica expedida por el Congreso del Estado de Morelos define los órganos de gobierno universitarios y en su artículo 22, fracción IV, faculta a la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para designar y remover libremente al titular del órgano interno de control, por lo que si el Congreso del Estado hace una designación en ese sentido violenta la legislación universitaria. 

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, a través de un comunicado establece que la violación a la ley orgánica materializa la transgresión a la autonomía universitaria. 

“La UAEM es un organismo público del Estado de Morelos cuya autonomía deriva de un acto legislativo emitido por el Congreso del Estado de Morelos, en esa virtud tiene la plena libertad de gobernarse a sí misma y en consecuencia asignar los órganos de gobierno necesarios para el cumplimiento de sus fines”. 

En el documento, el rector Urquiza Beltrán señala que la Universidad es y será garante de la fiscalización y el manejo responsable de los recursos públicos con los que opera, de manera que el Consejo Universitario ha dispuesto medidas contundentes, eficaces e inmediatas para revisar, controlar y transparentar el ejercicio del gasto.  

Y es que, en julio del 2015, luego de una manifestación y la toma de la sede del Palacio Legislativo del Estado, la UAEM fue excluida de la reforma respecto del Sistema Estatal Anticorrupción y se reconoció que designar al titular del órgano interno de control constituía una violación a su autonomía. 

En 2015, los alumnos exigieron en su oportunidad que se cancelen las modificaciones al Sistema Estatal Anticorrupción, que, aseguran, viola la autonomía de la Universidad al darle a los legisladores la facultad para nombrar al titular del Órgano Interno de Control. 

En su comunicado de ayer, la UAEM conceptualiza su autonomía como una garantía institucional que le permite la libre discusión de las ideas y el cumplimiento del servicio público educativo sin injerencias externas. 

En ese contexto, y ante el análisis legislativo anunciado en el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Política de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, el rector Gustavo Urquiza, solicita “respetuosamente a los diputados integrantes de la LIV Legislatura, para que en el ámbito de su competencia, reconsideren el punto 7 Análisis de las propuestas de designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos y establecer el diálogo con la comunidad universitaria como hasta la fecha ha venido sucediendo”. 

Cabe señalar que el Artículo 72 del Estatuto Universitario establece que la designación del titular del órgano interno de control y del auditor externo. “La Junta de Gobierno designará y removerá libremente al Titular del Órgano Interno de Control y al Auditor Externo en términos del artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del presente ordenamiento estatutario”.  

En el contexto nacional, el pasado 20 de febrero por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) aprobaron la postura para defender la autonomía universitaria y el exhorto al Congreso del Estado para que se abstenga de intervenir en la vida de la institución con la creación de un Órgano Interno de Control. En la postura que fue aprobada durante la sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la institución poblana, se pide que se respete el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana y se garantice el respeto a la autonomía.  

Antes, el 18 de octubre de 2017 la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) rechazó públicamente el ingreso de órganos internos de control contemplados en el Sistema Estatal Anti Corrupción, al considerar que vulnerarían la autonomía de la institución. En ese entonces se ordenó la colocación de mantas en institutos y preparatorias dependientes de la institución universitario, donde se fijó la postura de la universidad. 

En abril de 2019 se dio a conocer que las universidades autónomas de los Estados de México, Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz rechazaron las diversas iniciativas que sus congresos estatales presentaron para modificar las leyes orgánicas de sus correspondientes casas de estudio sin el consentimiento de sus respectivas autoridades y comunidades, quienes aseguran que estos proyectos vulneran su autonomía.  

 

 

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La Junta Política y de Gobierno del Congreso local pretendió iniciar los procedimientos para el nombramiento de los titulares de los órganos de control interno de la UAEM, CDHEM, Idefomm, IMEM y Colegio Morelos; fracciones se oponen.

De manera sorpresiva y por la vía rápida, desde la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado se pretendió iniciar los procedimientos para la designación de los titulares de los órganos de control interno de cinco organismos autónomos, entre los que se encuentran el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).


La reunión de la JPyG que se desarrolló este jueves y en la que se enlistaron las propuestas para concretar dichos nombramientos, causó la reacción inmediata de las autoridades de la UAEM que, mediante un escrito, defendieron su autonomía como organismo público y su facultad para designar al titular del órgano de control interno.


La propuesta de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, que encabeza la diputada Ariadna Barrera Vázquez fue impulsar también los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) y del Colegio Morelos, sin argumento legal.


La mayoría de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra de iniciar los procedimientos y acordaron dialogar primero con los representantes de los organismos autónomos citados.
La propuesta de la JPyG se sustenta en la reforma constitucional que en materia de combate a la corrupción se publicó el 11 de agosto del 2015 en el periódico oficial "Tierra y Libertad" y que faculta al Congreso del estado a realizar dichos nombramientos para revisar el trabajo de los organismos autónomos en lo administrativo y financiero.


En lo que sí avanzaron los coordinadores de las distintas fuerzas políticas fue en el acuerdo para instalar la Comisión Calificadora para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y continuar con el procedimiento que se inició en mayo del 2019 y que se detuvo por falta de acuerdos entre los diputados.


Aunque en ese periodo los integrantes de la comisión citada -que encabezó la petista Tania Valentina Rodríguez Ruíz- determinaron reponer todo el procedimiento, este jueves, los legisladores acordaron continuar con el mismo y garantizar el derecho a los 29 aspirantes que se registraron para competir por el cargo de auditor estatal en el procedimiento del 2019.

 

 

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Jueves, 17 Septiembre 2020 05:13

Plantea diputado regular medicina estética

Presenta José Luis Galindo iniciativa para garantizar que sólo profesionales puedan practicar estos procedimientos.

El presidente de la Comisión de Salud plantea reformas que eviten daños a la integridad de las personas que recurran a estos métodos.

Para proteger la salud de la población al garantizar que sólo profesionales y en establecimientos adecuados puedan realizar estos procedimientos, el diputado José Luis Galindo Cortez presentó iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos, en materia de la práctica médica estética.

El documento del diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que se hizo del conocimiento del pleno durante la sesión ordinaria de este martes, destaca que la medicina estética y la cirugía estética están en creciente demanda, mientras la normatividad estatal carece de regulación para ellas.

Por ello, para proteger la salud como un derecho primordial consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proponen disposiciones normativas que disminuirán de manera efectiva casos de mala praxis que pueda derivar en afectaciones a la salud, integridad e incluso a la pérdida de la vida de personas que recurran a este tipo de procedimientos.

“Muchos de estos servicios son llevados a cabo por personas que no cuentan la preparación necesaria y carecen de los conocimientos para realizarlos, lo que genera un riesgo para la población”, indica. 

En ese contexto, la iniciativa tiene por objeto proteger a las personas que se someten a tratamientos de medicina o cirugía estética, estableciendo con claridad en la Ley de Salud del Estado de Morelos, que quienes ofrezcan los servicios deberán contar con una especialidad médica, garantizando el libre ejercicio profesional de los médicos facultados para ejercer la medicina y cirugía estética.

Las peluquerías, salones de belleza y masajes, estéticas, spas, gimnasios y establecimientos similares deberán tener y cumplir con la obligación de velar por que su negocio se encuentre en las mejores condiciones para prestar un servicio con comodidad y excelencia, con personal altamente calificado, que sepa hacer bien las cosas, con conocimiento, ética, higiene y en un ambiente adecuado.

Con la reforma, no podrán realizar tratamientos o procedimientos de medicina estética o de cirugía estética personas que no cuenten con títulos y cédulas profesionales que los faculten para tal efecto, ni en establecimientos como peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas o similares.  

La iniciativa propone reformar los artículos 90 y 257; adicionar al título décimo quinto el Capítulo VIII bis “Establecimientos donde se realicen procedimientos médicos para mejorar el aspecto estético”, integrado por los artículos 259 bis y 259 bis 1, todos de la ley citada.

 

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El comisionado estatal de Seguridad y el fiscal general están citados la próxima semana para rendir cuentas sobre la situación de inseguridad en el estado.

La próxima semana, el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara comparecerán ante el Congreso local, para rendir cuentas por el incremento de la violencia en el estado.


El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que este jueves, en reunión de la Junta Política y de Gobierno, se fijará el formato de los encuentros para evitar que se conviertan en un "circo".


"No se trata de darle a la gente, a las víctimas, atole con el dedo, se trata de dar cifras, resultados"  manifestó el legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM).
Lo anterior, luego de que el Pleno del Congreso aprobara, el martes pasado, un punto de acuerdo impulsado por la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza para citar a comparecer al comisionado estatal de Seguridad y al secretario de Seguridad en Cuernavaca Armando Nava Sánchez.


Sotelo Martínez coincidió con la legisladora en que se requiere de un cambio de estrategia en el combate a la delincuencia, "y esas comparecencias para eso deben servir, para conocer si las estrategias están funcionando o debe haber cambios", añadió.


No obstante, sostuvo que algunos de sus homólogos pretenden aprovecharse política y electoralmente de la situación de seguridad que vive el estado.
"Quienes quieran colgarse de reflectores o quieran aprovechar las tragedias, quienes quieran aprovechar de estos hechos lamentables, no se vale querer colgarse y abanderar un tema con tintes políticos o, peor, con tintes electorales", manifestó.


Durante la discusión del punto de acuerdo citado, los diputados Sotelo Martínez y José Casas González, se confrontaron por la supuesta intención de este último de intentar politizar el tema.

 

 

   

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El presidente de la Comisión de Salud del Congreso estatal, José Luis Galindo, adelantó que en la confección del Presupuesto 2021 promoverá recursos para programas y financiamientos que atiendan la pandemia.

Al adelantar que en la confección del Presupuesto 2021 promoverá la asignación de recursos a programas y financiamientos que atiendan la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, José Luis Galindo Cortez, hizo un llamado a los morelenses a no confiarse y mantener medidas sanitarias estrictas, pese al cambio de semáforo epidemiológico a amarillo.

“Hay un cambio de semáforo obedeciendo a ciertas necesidades, pero esto no se ha terminado, debemos seguir con las prácticas de sana distancia, lavado frecuente de manos, uso obligatorio de cubrebocas, evitar reuniones masivas por cualquier motivo, y todo lo que sabemos, como el uso de gel-alcohol”, precisó.

El también vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso consideró que cambiar de semáforo fue una obligación que obedeció también a que por cuestiones económicas mucha gente ya no podía quedarse en casa.

Sin embargo, la decisión se toma apelando a la propia responsabilidad de los morelenses para que sigan aplicando medidas preventivas, pues pasar de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico “no cambia nada: mientras no se tenga la vacuna, todos estamos expuestos”.

En entrevista, el diputado José Luis Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, estimó que de cara a la próxima elaboración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para 2021, es preciso hacer un análisis responsable y minucioso de la situación que prevalece en el estado, particularmente en áreas como salud y seguridad, “esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos nosotros”.

Dijo que su bancada promoverá programas y financiamientos específicos para atender la pandemia, por ejemplo etiquetando recursos para la distribución del medicamento, en el caso de que se pueda adquirir una vacuna para el Covid-19, y convirtiendo en permanente un programa de ayuda alimentaria que a través de la Secretaría de Desarrollo Social ahora es emergente.

También, destinar recursos para apoyar la reactivación económica de personas físicas y de pequeñas empresas, a base de un fondo de garantías para poder adquirir financiamiento o a base de programas especiales, pero como financiamiento porque “programas a fondo perdido se me hace imposible porque no hay dinero que alcance”.

 

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El procedimiento promovido por la FECC es innecesario y fuera de la ley: Sotelo Martínez.

El Congreso del estado rechazó la solicitud de declaración de procedencia en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por considerar a ese procedimiento innecesario y fuera de la ley.


Este martes, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso hará pública la respuesta hecha a la FECC, que buscaba involucrar al Poder Legislativo en un asunto judicial, según lo aseguró el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva advirtió que el fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez intentó politizar el caso Cuernavaca, relacionado con una investigación en contra del alcalde Antonio Villalobos Adán por los presuntos delitos de peculado y cohecho, al pedir una declaración de procedencia para enjuiciarlo, cuando la Constitución Política del Estado señala claramente que los alcaldes no tienen fuero.


"Yo espero que no se trate de poner en jaque a una institución como es el Congreso del estado, como es una caja de resonancia política, pero que también hay instituciones que tienen su autonomía y que han alardeado tanto de tener esa autonomía, ese presupuesto propio, esa capacidad de poder decidir en esos asuntos y que no quieran meter al Congreso en un jaque", aseveró el diputado pesedista.


La respuesta dirigida a la Fiscalía Anticorrupción señala que no es necesario iniciar un proceso legislativo para declarar la procedencia de llevar a juicio al alcalde de Cuernavaca, en este caso, ya que la Constitución señala que los presidentes municipales no cuentan con fuero.

Además, el Congreso explica a la FECC que cuando se aprobó, en el 2013, la reforma constitucional para eliminar el fuero a los ediles, se aplicó un transitorio que establece que cualquier otro ordenamiento contrario a dicha norma sería abrogado, como lo es en este caso la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.


El diputado Sotelo Martínez pidió una vez más al fiscal Juan Salazar Núñez que haga su trabajo y dé resultados en casos como las investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción que promovió el Congreso en contra de algunos integrantes de la LIII Legislatura.

 

 

 

 

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