La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción conmina al Congreso del estado a llevar a cabo los nombramientos de los integrantes del Sistema.

La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, hizo un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado para resarcir el Sistema Estatal Anticorrupción, que fue desmantelado por la pasada administración.

“Hay estados como Morelos donde tenemos mucha preocupación, donde el sistema no opera; lo dejaron inoperante desde la administración pasada. Fue una pena, porque antes de que terminara esa gestión se hizo una recomendación por parte del Sistema Nacional Anticorrupción a este gobierno y a su Congreso, y no se ha hecho nada al respecto”, alertó.

Señaló que es un tema preocupante, pues a pesar de que Morelos no lidera la lista de los estados con mayor corrupción, sí es uno de los que más preocupa porque no se tiene nada y se dejó inoperante.

Advirtió que las consecuencias de este desmantelamiento incluyen la falta de vigilancia, sobre todo en las compras públicas, ya que no hay contrapesos ni una voz ciudadana.

Confió en la disposición de la actual administración estatal y del Congreso local para resarcir el sistema.

“Sabemos que durante este gobierno hay la oportunidad, y dicen que ahora sí vamos a echar a andar este tema. Yo esperaría eso. El día de hoy vengo a Morelos a hacer un llamado contundente para que no solamente la gobernadora, sino también el Congreso del estado se pongan las pilas para sacar los nombramientos pendientes”, aseveró.

Recordó que los diputados tienen la obligación de crear una Comisión de Selección, la cual —a su vez— deberá nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que encabezarían el Sistema Estatal Anticorrupción.

De acuerdo con datos del gobierno federal, el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Su máximo órgano es el Comité Coordinador, y cada entidad federativa debería contar con su sistema local anticorrupción.