Considera que la reforma que aprobó el Senado busca descongestionar casos de narcomenudeo.

El uso de la marihuana no incita a cometer delitos, expresó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Rubén Jasso Díaz, quien refirió que habrá que esperar a conocer los alcances de la reforma que fue aprobada en el Senado de la República y que reglamenta el uso del cannabis. 

"La marihuana no es una droga que te incite a cometer un delito", anotó Jasso Díaz, al expresar que en su opinión, y con base en su experiencia como litigante, esta sustancia no se observa como un factor que condiciona la actuación de un delincuente.  

Como representante del Poder Judicial recordó que la tarea es aplicar la ley vigente, como la apruebe el Poder Legislativo, por lo que habrá que esperar a conocer los alcances de la modificación y el resultado final del proceso legislativo federal.  

Este jueves el Senado de la República aprobó el dictamen que legaliza el uso del cáñamo; también se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis y se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. El documento, que será enviado a la Cámara federal de Diputados, contempla que en México una persona podrá llevar consigo hasta 28 gramos de la planta o una cajetilla con 28 cigarrillos y tener de seis a ocho plantas de marihuana en casa. 

Se espera que el asunto sea enviado al Congreso el 15 de diciembre, donde deberá agotar todo el proceso de revisión, discusión y en su caso aprobación, pero hay que señalar que el partido iniciador, Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados que votaron a favor, también cuentan con mayoría. 

A pregunta expresa respecto a dicha aprobación, Jasso Díaz expresó que habrá que conocer “qué tan permisible” será el uso de la mariguana en la ley final.  

Mencionó que dicha reglamentación tiene como fin desahogar el cúmulo de personas detenidas y procesadas por narcomenudeo. “Creo que como sociedad en muchos temas de este tipo no está preparada, pero también el Estado debe buscar alguna forma para descongestionar esta situación y debe (procurar) una situación de educación, sobre todo a los menores, que son los más vulnerables”. 

Respecto a un posible incremento en la delincuencia por dicha reglamentación, el magistrado consideró que “por los estudios que existen entiendo que la mariguana no te afecta para cometer un delito. Hay otras drogas que sí lo hacen. Habrá que ver los estudios”. 

Por otro lado, el presidente del TSJ aseveró que las declaraciones hechas por el líder nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, quien calificó al Poder Judicial como débil y dividido, son producto de las campañas políticas y forman parte del proselitismo. 

Sostuvo que a quien responde el Poder Judicial es a la ciudadanía y lo están demostrando con trabajo. 

Finalmente, informó que durante el mes de diciembre no cerrará el TSJ y que el 30 por ciento del personal se quedará en labores, por lo que no habrá vacaciones generalizadas. 

 

 

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La dinámica es parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el TSJ ante la emergencia sanitaria.

Un juez de control realizó la primera audiencia telemática para expedir una orden de cateo, como parte de las innovaciones digitales aplicadas en los últimos meses por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), forzadas por la pandemia del covid-19 y las medidas preventivas para evitar contagios.

El TSJ informó que esta audiencia fue atendida por la juez de control Gloria Angélica Jaimes Salgado, quien a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autorizó la orden de cateo a un predio ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, por el delito de robo de vehículo.

“Esta la primera audiencia que llevamos en estos términos y con esto iniciamos una nueva era, en la cual vamos poder desahogar determinadas audiencias, con la Fiscalía General del Estado principalmente, sin necesidad de movernos. Son más dinámicas, más rápidas y se puede incluso dictar la resolución en ese momento y no perderíamos el tiempo en trasladarnos”, detalló el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz.

Aseguró que la utilización de estos recursos electrónicos tiene sustento legal en el Artículo 51 del Código Nacional Mexicano de Procedimientos Penales, por lo que a través de un medio tecnológico en tiempo real se desahogarán asuntos judiciales, logrando una tutela judicial efectiva, procurando que el principio de legalidad de cada uno de los pasos estuviera cumplido.

 

 

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El TSJ revoca sentencia absolutoria a favor de Jesús González Otero.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la sentencia absolutoria a favor del ex presidente municipal de Cuautla, Jesús González Otero, y ordenó reponer el procedimiento penal desde la apertura del juicio oral.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), los magistrados de la Sala del Tercer Circuito Judicial de Cuautla del TSJ, determinaron por mayoría la reposición del procedimiento de juicio oral contra del ex alcalde, a quien se le imputa el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El ex edil está relacionado con la carpeta de investigación FEIHC / 002/2016-09, referente a una denuncia interpuesta por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado de Morelos.

El ex alcalde, desde que fue imputado, reiteradamente rechazó los cargos en su contra y aseguró que se trató de un acto de represalia política. Incluso, solicitó asilo a España, luego de haber obtenido su libertad tras casi un año preso.

 

 

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Cuando la violencia es una conducta sistemática y persistente, hay consecuencias legales dentro de los juicios relacionados con la patria potestad de los menores.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez aseguró que los padres o madres que sean generadores de violencia pueden llegar a perder la guarda y custodia de sus hijos.

Explicó que cuando la violencia se convierte de una conducta sistemática y persistente, hay consecuencias legales dentro de los juicios relacionados con la patria potestad de los menores, porque un generador de violencia no puede estar dentro del seno familiar.

Refirió que en el momento en que los jueces o juezas analizan un caso en particular y detectan que existe un conflicto de violencia al interior de la familia, emiten una resolución, una sentencia, mediante la cual remiten a la persona generadora de violencia a integrarse al programa Convive Mujeres y Hombres (CONVIVEMH) con duración de 25 sesiones, con la finalidad de atender la violencia y promover la reeducación de personas.

“El CONVIVEMH es un convenio celebrado entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Secretaría de Salud, de esta manera el TSJ a través de sus juzgadores y juzgadoras atiende el tema de la violencia pero además es un precursor de la cultura de la paz.

“La finalidad es que a la par de que se resuelve el conflicto legal, a través de una sentencia jurisdiccional, también las familias o las personas que son generadores de violencia y quienes sufren esa violencia pueden tener una resolución de su conflicto de menara integral”, detalló.

Indicó que el personal de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del TSJ, responsable del programa CONVIVEMH, informa permanentemente el seguimiento de este programa al juez o jueza.

En caso de que esta persona haya incumplido con sus terapias, el juzgador va a tomar nota para que el agresor o generador de la violencia regrese a estos grupos de convivencia para recibir la ayuda profesional que requiere y su actuar será tomado en cuanta en la resolución final que emitan los impartidores de justicia.

“Lo que pretendemos a través de este tipo de herramientas como es el CONVIVEMH, no solamente es resolver el problema legal sino generar un ambiente de paz para todos los integrantes de la familia, que pudieron haber estado viviendo en una situación de violencia”, aseveró Lara Chávez.

 

 

 

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El Poder Judicial no es de consigna: Jasso Díaz.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, aseguró que el Poder Judicial no es de consigna y que cada juez tiene que hacerse responsable de sus determinaciones, tras las protestas de familiares de cuatro estudiantes de la preparatoria de la UAEM asesinados hace cuatro años para denunciar presuntas irregularidades en el proceso penal en contra los supuestos homicidas.

Dijo que las familias de las víctimas están en su derecho de expresarse y, si consideran que existe alguna irregularidad en el proceso judicial, iniciar alguna denuncia o queja administrativa ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina contra el juez.

Señaló que todos los casos son relevantes y el proceso relacionado con el homicidio de los cuatro estudiantes sigue su curso, sin que la balanza este inclinada hacia una u otra parte.

“Como se ha dicho a muchas personas que han venido y mencionado sus asuntos: no es un poder (Judicial) de consigna, ni a favor ni en contra de nadie. Los jueces son responsables de sus determinaciones, sí se les dice que pongan la responsabilidad y la atención que deben de poner a cada uno de sus asuntos y ellos son responsables de sus resoluciones, pero no es un poder que dice como se debe resolver uno u otro caso, todo se resuelve con base en las pruebas”, dijo.    

Durante la vista presidencial al estado de Morelos, los familiares de los cuatro estudiantes asesinados interceptaron al mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, ante quien denunciaron supuestas irregularidades en el proceso penal por parte del juez, Daniel Rodríguez Apac, para beneficiar a los presuntos homicidas.

Incluso, las familias denunciaron ante el presidente de la República que el juez a cargo del caso atropelló en presunto estado de ebriedad a un motociclista y lo privó de la vida en diciembre de 2017, pero sigue impartiendo justicia y protegido por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

Este martes, las familias acudieron a la ofrenda dedicada a las víctimas, en el acceso principal del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, para reiterar su protesta en víspera de la apertura de juicio oral para determinar la responsabilidad de los implicados en el crimen.

De acuerdo con la versión sostenida por la fiscalía estatal, los estudiantes de la preparatoria de la UAEM en Jojutla, Alejandro Medina Juárez, Melesio Piñaza Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín habían acudido a una fiesta el pasado 2 de noviembre de 2016, y posteriormente tuvieron un altercado de tránsito con sus verdugos.

Horas después, sus cuerpos fueron localizados en un paraje de la colonia de la colonia La Nopalera del Municipio de Yautepec.

Las acusaciones de la fiscalía contra los cuatro presuntos multihomicidas se basaron en evidencias como huellas, líquido hemático, la identificación y localización del vehículo implicado en el incidente de tránsito y la identificación de los imputados con base en un video obtenido por la Policía de Investigación Criminal. 

 

 

 

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Es la pena máxima porque era menor de edad.

Una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó aplicar la condena máxima de internamiento al menor implicado en el feminicidio de Mariana Leticia, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) brutalmente asesinada en mayo de 2019.

Al resolver la apelación promovida por la Fiscalía General del Estado contra la sentencia de dos años y dos días de internamiento dictada por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) a L.A.B.B, entonces de 17 años,  por el feminicidio de Mariana, el Tribunal de Alzada determinó revocar la condena y emitir una nueva, en la que aplicó la sentencia máxima de cinco años de internamiento que permite la legislación penal para menores en conflicto con la ley, debido a la gravedad de la conducta antisocial cometida.  

La noche del 9 de mayo del año 2019, cuando Mariana Leticia “N”, de 21 años de edad, salió de un bar ubicado en las inmediaciones de la avenida Universidad, en compañía de L.A.B.B. de 17 años y de Enrique “N” de 18 años de edad, quienes la trasladaron a bordo de un vehículo tipo Tsuru de color blanco hasta el Circuito Santa Fe, ubicado en el poblado de Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec.

En el lugar, ambos feminicidas la violentaron sexualmente, la golpearon y asesinaron, dejando su cuerpo semidesnudo expuesto en la vía pública.

 

 

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En medio de un fuerte dispositivo de seguridad arrancó la audiencia de vinculación a proceso de 57 de las 78 personas detenidas el pasado 20 de octubre, por la toma de la caseta de Alpuyeca, el secuestro de tres choferes y el robo de tres unidades del transporte de pasajeros.

En tanto, 19 menores de edad quedaron sujetos a proceso penal e internamiento preventivo por los presuntos delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Custodiados por patrullas y el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad, los 57 adultos fueron trasladados del penal de Atlacholoaya (debido a que estaban bajo la medida cautelar de prisión preventiva) hasta la sede en Cuernavaca del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para realizar la audiencia en el Salón de Plenos.

Los imputados fueron acusados de los delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa y la audiencia de vinculación a proceso fue presidida por el juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, David Ricardo Ponce González. Al cierre de edición, la audiencia continuaba.

Por otra parte, a través de videoconferencia, se realizó a la audiencia de vinculación a proceso de 19 menores, también detenidos el pasado 20 de octubre. El juez especializado en justicia para adolescentes consideró que había elementos suficientes sobre la presunta responsabilidad de los menores en conductas antisociales y determinó sujetarlos a proceso penal.

Los menores permanecerán en internamiento en el Centro de Medicadas Cautelares para Adolescentes (CEMPLA) hasta la conclusión del proceso legal.

Dos menores más, de 14 años y considerados inimputables, se encuentran bajo el resguardo y protección de las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Morelos.

 

 

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En noviembre se cumplirán cuatro años de su asesinato.

Cuautla.- Cuando faltan seis días para que se cumplan cuatro años del asesinato de los cuatro jóvenes estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 4 de Jojutla, se volvió a aplazar la audiencia de inicio de juicio oral de los seis detenidos por el miltihomicidio.

Durante la mañana de este lunes, familiares, amigos y excompañeros de los ahora finados se manifestaron en la Ciudad Judicial de Cuautla, donde se llevaría a cabo la audiencia de inicio de juicio oral por el asesinato de Melesio, Emiliano, Francisco y Alejandro, quienes fueron privados de su libertad por ocho individuos cuando acudían a un festejo en el poblado de Ticumán de Tlaltizapán, para después trasladarlos al poblado de La Nopalera del municipio de Yautepec, donde fueron localizados sin vida.

Los manifestantes señalaron que el 2 de noviembre se cumplirán cuatro años de que fueron privados de la vida, por lo que urgieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a condenar a los culpables, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) a detener a un cómplice que se encuentra prófugo.

Por su parte, Alberto López Laguardia, asesor jurídico de las víctimas, señaló que por diversos motivos se ha ido aplazando el proceso.

“Llegamos hasta este año… Se ha retrasado el proceso por derechos que le asisten a los acusados; han interpuesto apelaciones, amparos en contra del avance de las diferentes etapas del proceso. Sin embargo, la ley ha sido clara, se ha llevado un proceso justo en que realmente merecen ser procesados porque hay pruebas indubitables”, señaló.

Dijo que el pasado 17 de septiembre, la audiencia se aplazó debido a que dos de los acusados permanecían en un penal de Sinaloa, a donde fueron trasladados debido a los problemas en el Cereso de Atlacholohaya. Sin embargo, este lunes se volvió a diferir debido a que uno de los acusados revocó a su defensor.

 

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El Congreso espera que la SCJN entregue el expediente completo del caso para iniciar el proceso.

El Congreso del estado sigue sin tener fecha para iniciar el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial.


De acuerdo con el diputado morenista Javier García Chávez, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) está a la espera del engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la resolución de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y que invalidó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.


El legislador local refirió que el órgano de gobierno del Congreso determinó esperar el engrose, pues los alcances de dicha resolución podrían ser mayores.


"Existe la especulación de que esa determinación no alcanzaría sólo a seis magistrados, sino a 11, pero son sólo especulaciones y por eso se determinó esperar a la resolución", añadió.


La determinación que emitió la Corte en julio pasado obligó a que seis magistrados dejaran su cargo de forma inmediata; cuatro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).


La semana pasada, el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, informó de la intención de algunos legisladores de impulsar una reforma constitucional para otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de proponer a los magistrados del Poder Judicial.


Al respecto, el diputado morenista dijo que hasta el momento se desconoce esa la propuesta y cuál fuerza política pretende impulsarla.

 

 

 

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El requerimiento para el 2021 alcanza los mil 400 millones de pesos: Jasso Díaz.

El Poder Judicial del Estado le apuesta al cabildeo y al diálogo político en el Congreso del estado para obtener un mejor presupuesto para el 2021, luego de dos años de no recibir aumento.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, detalló que el proyecto presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal propone mil 400 millones para el Poder Judicial (casi tres veces lo etiquetado este año) y que incluye una partida para la justicia laboral.

Dijo que estará al pendiente de lo que ocurre en el Congreso local en el marco del análisis del paquete presupuestal del gobierno del estado de Morelos y adelantó que “empezaremos a hablar con los integrantes de todas las fracciones parlamentaria, para empezar a cabildear lo que es nuestro presupuesto, pero sobre todo para hacerles del conocimiento de esta situación importante que hoy atravesamos, de falta de presupuesto”.

Señaló que el Poder Judicial de Morelos está consciente de la difícil situación económica que atraviesa el país y el estado, pero el objetivo es lograr el diálogo y acuerdos con los diputados para que la administración de justicia pueda hacer frente a su carga de trabajo, máxime que el próximo año la entidad deberá crear los juzgados especializados en materia de justicia laboral, conforme a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor en mayo de 2019.

Cabe destacar que también se encuentra en curso la controversia constitucional 42/2020 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovida por la ex magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, quien reclamó al Congreso de Morelos  la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

 

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