El Sábado Santo, también conocido popularmente como Sábado de Gloria, se conmemora este 4 de abril de 2026 como el séptimo y penúltimo día de la Semana Santa. Esta fecha forma parte del Triduo Pascual y recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, además del dolor de la Virgen María, sin perder de vista la esperanza en la resurrección.

Aunque muchas personas continúan llamándolo Sábado de Gloria, su nombre oficial es Sábado Santo. El término anterior surgió antes de 1953, cuando la Vigilia Pascual se realizaba por la mañana debido a que no se permitían misas en la tarde. Esto daba lugar al repique de campanas, lo que generó la asociación con un día de “gloria”.

Sin embargo, durante la Reforma Litúrgica impulsada por Pío XII, se autorizó celebrar la Vigilia Pascual por la noche. Posteriormente, Juan Pablo II promovió el uso del nombre Sábado Santo para resaltar el carácter solemne de la jornada, centrado en el silencio, el luto y la reflexión.

Este día representa el periodo entre la muerte y la resurrección de Jesús, marcando su permanencia en el sepulcro. Por ello, las iglesias no celebran misas durante el día, no se tocan campanas y no se administran sacramentos, salvo la confesión y la unción de los enfermos. Es una jornada dedicada a la introspección y al recogimiento espiritual.

En cuanto a la tradición de mojarse en Sábado de Gloria, su origen se remonta a la Edad Media. En ese entonces, la Iglesia Católica prohibía bañarse durante la Semana Santa como señal de luto. Al llegar el sábado, previo a la resurrección, las personas se arrojaban agua como símbolo de purificación, limpieza de pecados y renovación, en relación con los bautismos celebrados durante la Vigilia Pascual.

Con el paso del tiempo, esta práctica se convirtió en una costumbre popular, incluso entre quienes no profesan la religión. No obstante, en años recientes autoridades en México han comenzado a restringirla debido a la escasez de agua. En lugares como la Ciudad de México, las multas por desperdiciar agua en esta fecha pueden alcanzar hasta 35 mil pesos.

Ante estas medidas, muchas personas han optado por alternativas como acudir a balnearios o playas, manteniendo viva la tradición sin afectar el uso responsable del agua.

El presidente de Daniel Noboa decretó nuevamente un estado de excepción en Ecuador por un periodo de 60 días, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado. La medida abarca nueve de las 24 provincias del país, además de cuatro municipios ubicados en otras tres provincias.

Entre las zonas incluidas se encuentran Quito y Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país, que en conjunto concentran aproximadamente 7 millones de habitantes de una población nacional cercana a los 18 millones.

Durante la vigencia del decreto, se suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá que la policía y las Fuerzas Armadas puedan ingresar a viviendas sin orden judicial previa e interceptar comunicaciones. Además, los militares se desplegarán en coordinación con la policía para ejecutar operaciones contra organizaciones criminales.

La decisión se emitió justo antes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, cuando millones de ciudadanos se movilizan dentro del país.

Las provincias afectadas se ubican principalmente en la costa, donde operan grupos delictivos vinculados al narcotráfico, enfocados en el envío de cocaína —producida en gran parte en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos.

Entre estas provincias están Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. También se incluyen Pichincha y Sucumbíos, esta última en la región amazónica y fronteriza con Colombia.

En Sucumbíos, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han realizado recientemente operaciones militares con apoyo de Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Desde 2024, cuando el gobierno declaró una “guerra” contra el crimen organizado, se han implementado varios estados de excepción con diferentes alcances, llegando incluso a cubrir todo el territorio nacional. Uno de los más recientes incluyó toque de queda nocturno durante 15 días en cuatro provincias.

Estas medidas buscan frenar la creciente violencia criminal en el país; sin embargo, los índices han continuado en aumento, alcanzando en 2025 más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las cifras más altas de América Latina.

El gobierno de Haití anunció nuevas medidas de austeridad ante el impacto global provocado por el conflicto en Irán, que ha afectado el suministro de petróleo y elevado los precios a nivel mundial.

Entre las acciones adoptadas se encuentra la prohibición de comprar vehículos nuevos, la reducción del gasto en combustible en instituciones públicas y la limitación de viajes al extranjero únicamente a misiones esenciales autorizadas por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

También se estableció que las escoltas de seguridad deberán reducirse a un solo vehículo, en un contexto donde las pandillas controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe y extensas zonas rurales del país.

En un comunicado oficial, el primer ministro señaló que estas medidas buscan preparar al gobierno ante posibles consecuencias graves en el ya frágil equilibrio macroeconómico, especialmente en las finanzas públicas. Asimismo, reconoció que no hay alternativa distinta a reducir aún más el gasto estatal.

La situación económica y social del país se ha deteriorado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, mientras las pandillas continúan expandiendo su control territorial.

En paralelo, otros países también han comenzado a implementar medidas ante el contexto internacional, como la adopción de semanas laborales de cuatro días.

El presidente de Emmanuel Macron y su homólogo surcoreano Lee Jae-myung acordaron este viernes colaborar para impulsar la reapertura del estrecho de Ormuz y reducir la incertidumbre económica global derivada del conflicto en Medio Oriente.

El encuentro tuvo lugar en Seúl, en medio de tensiones internacionales, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticaba a sus aliados por no respaldar la ofensiva de Washington y Tel Aviv contra Irán.

La visita de Macron forma parte de su gira por Asia, que también incluyó Japón, siendo esta su primera visita oficial a Corea del Sur desde que asumió el cargo en 2017.

Durante la reunión, Macron destacó que ambos países pueden contribuir a estabilizar la situación en Medio Oriente, especialmente ante el control ejercido por Irán sobre el estrecho, una ruta clave para el comercio energético mundial.

Posteriormente, en una declaración conjunta televisada, ambos líderes reafirmaron su intención de cooperar para garantizar la seguridad marítima y reducir la escalada del conflicto.

Sin embargo, no se ofrecieron detalles concretos sobre cómo se lograría la reapertura de esta vía, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Macron insistió en la necesidad de definir condiciones claras a nivel internacional para aliviar la crisis, mientras Lee subrayó el compromiso conjunto para asegurar el paso seguro de embarcaciones.

Además, ambos países acordaron ampliar su cooperación en áreas como tecnología, energía y minerales críticos. Funcionarios firmaron acuerdos para trabajar en cadenas de suministro de combustible nuclear, así como en un proyecto de energía eólica marina al sur de Seúl.

Corea del Sur busca aumentar la producción de energía nuclear y acelerar su transición hacia fuentes renovables, en respuesta a la vulnerabilidad que ha evidenciado su dependencia de combustibles fósiles importados.

En paralelo, Trump ha presionado a países asiáticos y a China para que asuman un papel más activo en la reapertura del estrecho, señalando que son los principales beneficiarios de esta ruta.

También mencionó la presencia militar estadounidense en Corea del Sur, aunque cifras oficiales sitúan el número de tropas en unos 28 mil, desplegadas como medida disuasoria ante Corea del Norte.

Macron, por su parte, consideró poco viable una reapertura del estrecho mediante una operación militar. Autoridades surcoreanas indicaron que mantienen comunicación con Washington sobre el tema y descartaron pagar tarifas a Irán para asegurar el tránsito de combustible.

La NASA dio a conocer imágenes de alta resolución de la Tierra captadas desde la nave Orion por los astronautas de la misión Artemis II, que actualmente se dirige hacia la Luna.

Una de las fotografías muestra el planeta enmarcado desde el interior de la cápsula a través de una de sus ventanas, mientras que otra ofrece una vista completa de la Tierra, donde se aprecian con claridad los océanos, las formaciones de nubes y una aurora iluminando parte de la atmósfera.

La agencia acompañó la publicación con el mensaje “Good morning, world!” (“¡Buenos días, mundo!”), resaltando la idea del planeta como un hogar compartido visto desde el espacio.

La misión Artemis II representa el regreso de los vuelos tripulados alrededor de la Luna y forma parte de una nueva etapa del programa espacial de Estados Unidos, cuyo objetivo es preparar futuras exploraciones más allá de la órbita terrestre.

En este contexto, la misión también llevará de manera simbólica los nombres de 52 personas desaparecidas en el estado de Nuevo León. Esta iniciativa fue impulsada por madres buscadoras, quienes aprovecharon una convocatoria de la NASA que permite la participación simbólica de la humanidad en el viaje, con el fin de mantener visible la exigencia de encontrar a sus familiares.

Además, la agencia diseñó una dieta especial para la tripulación, integrada por 189 platillos y más de 10 tipos de bebidas. Según informó la NASA, los alimentos fueron seleccionados junto con especialistas en nutrición espacial y los propios astronautas, buscando asegurar el equilibrio calórico, la hidratación y el aporte adecuado de nutrientes durante el recorrido alrededor de la Luna.

El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerarlo “tendencioso” y señalar que no refleja la situación actual del país. El caso fue llevado ante la Asamblea General de la ONU.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación afirmaron que el documento omite avances recientes en el combate a la desaparición forzada. Además, sostuvieron que las conclusiones del comité no coinciden con su propia definición del delito ni con los progresos institucionales alcanzados en los últimos años.

El gobierno federal también argumentó que el mecanismo activado por el comité está diseñado para contextos donde el Estado comete desapariciones de manera generalizada, lo cual —aseguró— no corresponde a la realidad actual de México.

Añadió que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como en casos específicos de algunas entidades, por lo que considera que su alcance es limitado.

En el documento oficial, las autoridades mexicanas también cuestionaron la metodología del comité, señalando falta de rigor jurídico y criticando su interpretación sobre posibles vínculos con crímenes de lesa humanidad. Reiteraron que el Estado no tolera ni promueve desapariciones forzadas.

Asimismo, el Ejecutivo federal destacó que en años recientes se han impulsado cambios institucionales importantes, los cuales —indicó— no fueron considerados adecuadamente por el organismo internacional. Entre ellos, mencionó reformas aprobadas en 2025 como la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte.

El comunicado también subrayó la implementación de mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales, así como nuevas plataformas para el registro e identificación de personas.

Finalmente, México reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales, aunque advirtió que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos que reflejen la realidad actual del país.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó este viernes que realizó una supervisión a empresas de globos aerostáticos que operan en Teotihuacán, Estado de México, donde detectó diversas irregularidades.

De acuerdo con el boletín oficial, se inspeccionaron 46 globos en funcionamiento cuyos propietarios presentaron documentación para operar. Sin embargo, 23 de estas aeronaves, que ofrecen servicio a turistas, mostraron distintas anomalías durante la revisión.

El operativo, llevado a cabo el pasado miércoles, contó con la participación de autoridades estatales y municipales, incluyendo personal del gobierno del Estado de México, del Instituto de Verificación Administrativa (INVEAMEX) y de Protección Civil de los municipios de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, así como elementos de seguridad pública.

Como resultado de estas acciones, Protección Civil colocó sellos de suspensión a los establecimientos Volar en Globo, Sky Ballons y Nuevo Ciclo.

Por otra parte, en días recientes, trabajadores del sector turístico en la zona denunciaron que la Secretaría de Turismo (Sectur) llevaba casi tres meses sin emitir credenciales oficiales para guías debido a la falta de impresoras. Los afectados señalaron que, tras iniciar su trámite de renovación hace más de un mes, no han recibido el documento, lo que les ha impedido trabajar.

Posteriormente, la Sectur informó que ya adquirió las impresoras necesarias para reanudar la emisión de credenciales y permitir que los guías turísticos continúen con sus actividades.

Cinco turistas originarios del Estado de México perdieron la vida este viernes santo tras la volcadura de una camioneta en la autopista de Metlapil, en la zona Diamante de Acapulco, al sur del país. En el vehículo viajaban 13 personas y una mascota, incluyendo un menor de edad.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana, cuando una camioneta blanca que circulaba por la Autopista del Sol con dirección al bulevar de Las Naciones sufrió la ponchadura de una llanta. Esto provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

Testigos indicaron que el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad, lo que derivó en que terminara volcado sobre el separador central.

En el lugar murieron cuatro personas: dos hombres, una mujer y una niña de aproximadamente 10 años, además del perro que los acompañaba. La escena quedó con pertenencias esparcidas sobre la autopista, como maletas, mochilas, ropa y cobijas, algunas de las cuales fueron utilizadas por policías para cubrir los cuerpos.

Nueve personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital del Quemado por ambulancias de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos. Posteriormente, uno de los heridos falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con testigos, algunos de los pasajeros viajaban en la parte trasera de la camioneta, la cual contaba con un camper que quedó destruido tras el impacto, aplastando a varios ocupantes y provocándoles múltiples fracturas y golpes.

La zona fue asegurada por distintas corporaciones de seguridad, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para su identificación y los trámites legales.

El gobierno de México informó que, a más de un mes del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, continúan las labores de limpieza en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Hasta ahora, se han recolectado 889.4 toneladas de hidrocarburo mediante trabajos de contención y limpieza tanto manual como mecánica. De acuerdo con el reporte oficial, estos residuos han sido manejados bajo protocolos ambientales adecuados. Gracias a estas acciones, 32 playas ya no presentan arribazón, ubicadas en siete localidades de Tabasco y 25 de Veracruz.

Para estas tareas se han desplegado 3 mil 145 elementos de distintas instituciones, con apoyo de 25 buques, 48 vehículos, nueve aeronaves y seis drones (tres aéreos y tres submarinos). Además, se han instalado dos mil metros de barreras de contención y realizado 475 recorridos en más de 630 kilómetros de litoral.

Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que ha sido necesario contratar a 958 personas de manera temporal y rotativa para las labores de limpieza, incluyendo pescadores y habitantes de municipios como Agua Dulce, Coatzacoalcos y Paraíso. También destinó 30 millones de pesos para entregar equipos de pesca y apoyos de combustible a cooperativas afectadas.

En materia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) mantienen vigilancia en nueve Áreas Naturales Protegidas. Ocho de ellas registraron presencia mínima de hidrocarburo, pero al 31 de marzo seis ya no presentan residuos. El monitoreo abarca 300 mil hectáreas de manglares y zonas de anidación de tortugas.

En apoyo al sector pesquero, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) anunció que, a partir del 6 de abril, se otorgarán 15 mil pesos a 3 mil 379 pescadores de Tabasco y Veracruz mediante el programa Bienpesca, con una inversión total de 50.6 millones de pesos.

Por otro lado, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación coordina a 50 especialistas de instituciones como la UNAM, el IPN y el TecNM, quienes analizan el impacto en la fauna marina utilizando sensores remotos, imágenes satelitales y muestreos, con el fin de definir acciones de remediación.

Las autoridades continúan la vigilancia en puntos específicos como Punta San Juan, Laguna del Ostión y el malecón de Coatzacoalcos.

Un comité de la Organización de las Naciones Unidas solicitó investigar la situación de las desapariciones forzadas en México, al considerar que existen indicios preocupantes sobre este delito en el país.

A través de un comunicado, el Comité contra la Desaparición Forzada señaló la necesidad de implementar acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de crímenes.

Según el organismo, la información recibida sugiere que en México se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El gobierno mexicano ha sostenido que estos casos no deben clasificarse como desapariciones forzadas, argumentando que son cometidos por grupos criminales y no por autoridades. No obstante, el comité indicó que ha recibido reportes con evidencia que apunta a la posible participación directa de funcionarios públicos o a su consentimiento, apoyo o tolerancia.

El presidente del comité, Juan Albán-Alencastro, explicó que el derecho internacional no exige que estos delitos ocurran en todo el país ni que sean ordenados desde los niveles más altos del gobierno. Lo relevante, señaló, es la magnitud de los hechos, su repetición y que estén dirigidos contra la población civil.

El organismo aclaró que esta acción busca atraer la atención y el respaldo internacional, sin que implique señalar responsabilidades penales individuales. Además, podría abrir la puerta a cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación.

Finalmente, el comité advirtió que las autoridades mexicanas continúan rebasadas por la dimensión del problema y subrayó la urgencia de realizar cambios estructurales para prevenir estos delitos y asegurar que haya rendición de cuentas.

También destacó que, desde su visita en 2021, no se han observado avances significativos, en un contexto donde se han localizado más de 4,500 fosas clandestinas con alrededor de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.