El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerarlo “tendencioso” y señalar que no refleja la situación actual del país. El caso fue llevado ante la Asamblea General de la ONU.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación afirmaron que el documento omite avances recientes en el combate a la desaparición forzada. Además, sostuvieron que las conclusiones del comité no coinciden con su propia definición del delito ni con los progresos institucionales alcanzados en los últimos años.

El gobierno federal también argumentó que el mecanismo activado por el comité está diseñado para contextos donde el Estado comete desapariciones de manera generalizada, lo cual —aseguró— no corresponde a la realidad actual de México.

Añadió que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como en casos específicos de algunas entidades, por lo que considera que su alcance es limitado.

En el documento oficial, las autoridades mexicanas también cuestionaron la metodología del comité, señalando falta de rigor jurídico y criticando su interpretación sobre posibles vínculos con crímenes de lesa humanidad. Reiteraron que el Estado no tolera ni promueve desapariciones forzadas.

Asimismo, el Ejecutivo federal destacó que en años recientes se han impulsado cambios institucionales importantes, los cuales —indicó— no fueron considerados adecuadamente por el organismo internacional. Entre ellos, mencionó reformas aprobadas en 2025 como la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte.

El comunicado también subrayó la implementación de mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales, así como nuevas plataformas para el registro e identificación de personas.

Finalmente, México reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales, aunque advirtió que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos que reflejen la realidad actual del país.