El presidente de Daniel Noboa decretó nuevamente un estado de excepción en Ecuador por un periodo de 60 días, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado. La medida abarca nueve de las 24 provincias del país, además de cuatro municipios ubicados en otras tres provincias.

Entre las zonas incluidas se encuentran Quito y Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país, que en conjunto concentran aproximadamente 7 millones de habitantes de una población nacional cercana a los 18 millones.

Durante la vigencia del decreto, se suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá que la policía y las Fuerzas Armadas puedan ingresar a viviendas sin orden judicial previa e interceptar comunicaciones. Además, los militares se desplegarán en coordinación con la policía para ejecutar operaciones contra organizaciones criminales.

La decisión se emitió justo antes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, cuando millones de ciudadanos se movilizan dentro del país.

Las provincias afectadas se ubican principalmente en la costa, donde operan grupos delictivos vinculados al narcotráfico, enfocados en el envío de cocaína —producida en gran parte en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos.

Entre estas provincias están Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. También se incluyen Pichincha y Sucumbíos, esta última en la región amazónica y fronteriza con Colombia.

En Sucumbíos, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han realizado recientemente operaciones militares con apoyo de Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Desde 2024, cuando el gobierno declaró una “guerra” contra el crimen organizado, se han implementado varios estados de excepción con diferentes alcances, llegando incluso a cubrir todo el territorio nacional. Uno de los más recientes incluyó toque de queda nocturno durante 15 días en cuatro provincias.

Estas medidas buscan frenar la creciente violencia criminal en el país; sin embargo, los índices han continuado en aumento, alcanzando en 2025 más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las cifras más altas de América Latina.