Mientras en los discursos se celebra un México gobernado por mujeres en todos los niveles, cinco regidoras y una síndica denuncian que en su municipio son amenazadas, descontadas, ignoradas y, sobre todo, desprotegidas. No es solo un conflicto administrativo; es la radiografía de cómo opera la violencia política en los márgenes, allí donde la institucionalidad se diluye entre el autoritarismo y la costumbre patriarcal.

Ayer, regidoras y regidores del municipio indígena de Xoxocotla denunciaron públicamente un patrón de violencia política, amenazas directas y violaciones a sus derechos laborales y de representación, presuntamente cometidos por el presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano. Aseguran que, pese a haber presentado denuncias formales desde septiembre, ninguna autoridad estatal ni fiscal les ha otorgado medidas de protección efectivas.

Que un presidente municipal pueda congelar salarios, excluir de funciones, ordenar descuentos arbitrarios y negarse durante meses a sesionar el cabildo sin que ninguna institución reaccione, habla menos de él y más de un sistema que permite —cuando no respalda— estos abusos.

El caso de la regidora Juliana Pablo Ángel es quizás el más alarmante. Que un integrante del propio cabildo llegue a su casa para advertirle que “el presidente la iba a alinear” no es solo una amenaza personal; es una expresión brutal de cómo algunos funcionarios conciben el poder: como una potestad para someter, disciplinar y doblegar, especialmente a las mujeres que no obedecen. Y que esta amenaza, formalmente denunciada, no haya producido ni una medida de protección real, deja claro que la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía estatal y las corporaciones policiacas han decidido mirar hacia otro lado.

Lo que ocurre en Xoxocotla no es un pleito político menor. Es un recordatorio de que la violencia contra las mujeres en el ejercicio público no se limita a campañas mediáticas ni a discursos misóginos, sino que se manifiesta en decisiones concretas: negar salarios, excluir de funciones, bloquear recursos, cancelar sesiones, desacatar medidas cautelares, ignorar denuncias. No hace falta golpear para ejercer violencia; basta con que el aparato del Estado deje de cumplir su función.

Si el gobierno estatal permite que un presidente municipal actúe sin contrapesos, ¿qué mensaje envía al resto de funcionarios en Morelos? ¿Qué esperanza puede tener una mujer en un cargo comunitario, en una delegación, en un ayuntamiento, si ni siquiera quienes ya ganaron en las urnas reciben protección elemental?

Xoxocotla expone una grieta profunda: la distancia entre el discurso de igualdad y la práctica cotidiana del poder. Una distancia que se vuelve abismo cuando quienes deberían garantizar justicia y seguridad optan por proteger la comodidad política antes que los derechos de las mujeres. Mientras no se cierre esa brecha, la paridad seguirá siendo un logro estadístico y no una transformación real. Y las mujeres, aun con cargos públicos, seguirán enfrentando la violencia de autoridades que confunden gobierno con dominio y que, en el peor de los casos, usan el silencio institucional como su mejor aliado.

Y ya que hablamos del género femenino, nos llama la atención un artículo redactado por la abogada morelense Perla Pedroza, en el que expone una terrible realidad: las acciones que se presentan como soluciones para la violencia de género terminan siendo ejercicios superficiales sin impacto real.

“El gobierno sostiene que capacitar a los operadores del transporte reducirá el acoso, pero cuando se revisan los detalles del programa se revela una política débil, sin fuerza institucional ni rigor técnico”, apunta la litigante.

Explica que el primer punto crítico es la falta de obligatoriedad. La propia Secretaría reconoce que los cursos serán voluntarios, enviando en los hechos un mensaje contundente: el respeto hacia las mujeres depende de la voluntad individual de cada conductor. Esa postura convierte la seguridad en una opción y no en una obligación, debilitando cualquier posibilidad de transformación. Sin sanciones, sin supervisión y sin mecanismos de exigibilidad, la capacitación se convierte en un acto simbólico sin consecuencias para quienes ejercen hostigamiento o agresiones.

A esto se suma la ausencia de un diagnóstico sólido. La autoridad admite no contar con cifras oficiales de denuncias en el transporte público, aunque afirma que más de la mitad de las usuarias no se sienten seguras. Sin datos claros, sin metodología y sin transparencia, cualquier estrategia carece de sustento. La violencia no puede combatirse desde intuiciones: necesita información verificable para diseñar medidas efectivas.

El programa además ignora un punto esencial: la responsabilidad de los concesionarios del transporte. Mientras no exista obligación de documentar, reportar y colaborar con investigaciones sobre operadores que acumulen señalamientos, ningún curso tendrá efecto duradero. Las palabras que se escuchan en una sala de capacitación se borran rápidamente cuando no existe una estructura que genere consecuencias. Sin protocolos, sin reportes sistemáticos y sin órdenes claras para separar temporalmente a los agresores, el riesgo permanece intacto.

“La debilidad institucional de la recién creada Secretaría también pesa. Sin autonomía, sin experiencia operativa y sin articulación con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, las acciones quedan desligadas del sistema que debería transformarse. Morelos continúa entre los estados con mayor violencia contra las mujeres, y el transporte público es uno de los espacios donde comienza la cadena de agresiones que puede escalar hasta delitos de alto impacto”, dice su artículo.

Por eso preocupa —asegura— que la respuesta sea únicamente un conjunto de talleres voluntarios. No hay metas, no hay presupuesto claro, no hay indicadores y no existe articulación con la autoridad de movilidad. Lo que se anuncia como estrategia termina siendo un gesto que busca aparentar acción, sin modificar las condiciones que permiten el acoso cotidiano.

“Y mientras la simulación siga ocupando el lugar de la política pública, las mujeres continuaremos enfrentando la misma inseguridad en un transporte que debería ser seguro para todas”, concluye Perla Pedroza.

HASTA MAÑANA.

El gran avance de la tecnología en México ha llegado hasta el mundo económico y financiero. Gracias a la tecnología y las comunicaciones, se pueden realizar operaciones bancarias, comerciales, financieras, pagos, etc. de manera segura, a través de la internet. Las instituciones financieras han aprovechado estas tecnologías para facilitar las operaciones y dar mejor atención a sus clientes.

A esta combinación entre finanzas y tecnología se le denomina Fintech, que significa tecnología financiera. La Condusef define las empresas Fintech como empresas innovadoras (startups en inglés) que brindan servicios financieros a través de la tecnología, buscando agilizar y simplificar su proceso de atención.

Surgen con el desarrollo de Internet a principios de los 90, cuando aparecen las primeras empresas estrictamente Fintech, de alcance global, ofreciendo nuevos servicios en línea, como PayPal, en 1999. Sin embargo, el boom Fintech comenzó realmente después de 2010, con la expansión masiva de los teléfonos inteligentes entre los mexicanos.

El objetivo de las Fintech es proporcionar mayor accesibilidad a los usuarios y ofrecer nuevas e innovadoras soluciones a las exigencias de la vida moderna, abaratando costos e incrementando la eficiencia de los servicios, y hacer operaciones más sencillas y rápidas, con un control personal y cómodo. Las opciones digitales se han convertido en parte de nuestra cotidianidad.

En México existe una “Ley Fintech”, que surgió en 2018, la cual se denomina “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera”, la cual reformó y adicionó diversas disposiciones financieras, buscando impulsar, regular y proteger la inclusión e innovación financiera; promover la competencia; proteger al consumidor y usuarios; preservar la estabilidad financiera; prevenir operaciones ilícitas y aplicar la neutralidad tecnológica. Es el marco normativo que nos garantiza protección y seguridad al usar los servicios digitales de estas empresas.

Este nuevo mundo digital requiere un marco normativo sólido, pues la digitalización implica muchas ventajas y beneficios, pero también conlleva riesgos y posibles fraudes. Mención especial merecen los activos digitales, como son las criptomonedas. Ambos son temas que trataremos en nuestra siguiente entrega.

Los diputados del Congreso de Morelos se comprometieron a no incrementar de forma significativa los presupuestos de las diferentes instituciones del gobierno del estado, aun cuando afirmaron que algunas hicieron peticiones de incrementos hasta de un 40 por ciento.

Estas dependencias, que seguramente aplicaron la lógica del refrán: “pedir no empobrece”, deberán tener un plan B, pues los legisladores ya les advirtieron que el monto máximo de aumento será apegado a la inflación, es decir, un 4.5 por ciento.

En la discusión del paquete económico para 2026, la propuesta de nuevos impuestos será la que mayores resistencias genere entre los diferentes grupos y fracciones parlamentarias, por lo que —sin duda— el bloque oficialista deberá echar mano de su habilidad negociadora.

El Legislativo aspira a aprobar un presupuesto con enfoque social, lo que iría muy en línea con lo que sucedió en la Federación, donde —de entrada— avalaron aumentos en rubros trascendentales como educación y salud.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que no se descarta que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo pueda tener un trasfondo político.

En entrevista con medios locales informó que hay más personas bajo investigación y que las indagatorias continúan.

“No se descarga nada, seguimos investigando y trabajando”, comentó al ser cuestionado sobre el posible móvil político.

Reiteró que los avances compartidos en la conferencia conjunta con el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, son los únicos oficiales hasta ahora.

Torres Piña indicó que se realizan cateos y otras acciones de investigación, pero para evitar filtraciones se mantiene únicamente la información presentada en la conferencia matutina con García Harfuch.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre con seis disparos mientras asistía al Festival de las Velas en la plaza del municipio, acompañado de su esposa.

El atacante fue abatido por el equipo de seguridad del alcalde y posteriormente identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, Michoacán.

El 14 de noviembre, en la carretera que conecta Uruapan y Paracho, fueron encontrados dos cuerpos, uno de ellos con características de un cómplice de Ubaldo Vidales, identificado como Fernando Josué “N”, de 16 años.

De acuerdo con García Harfuch, los cuerpos correspondían a Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quien contaba con antecedentes por uso de armas de fuego.

El joven Edson Andrade informó que dejará el país por motivos de seguridad luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, difundiera un contrato con sus datos personales.

En un video publicado en sus redes sociales, Andrade acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de intentar generar “una falsa narrativa” sobre supuestos millones en su cuenta, lo que lo convertiría en objetivo de la delincuencia. También señaló que, además de sus datos financieros, se expuso su domicilio.

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.

Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc

— Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

El joven indicó que la intención es “criminalizarlo por trabajar”, ya que el contrato divulgado corresponde a la producción de contenido institucional y no está relacionado con sus opiniones políticas.

Andrade añadió que nunca ha recibido pago por expresarse y criticó a funcionarios que, según él, acumulan riquezas de manera cuestionable.

El contrato difundido por Alcalde detalla que Andrade, identificado como promotor de la marcha de la “Generación Z” y vinculado al Partido Acción Nacional, recibiría 2 millones 106 mil pesos al año, distribuidos en 12 pagos, por servicios de gestión de redes sociales y estrategia digital para el PAN en la Ciudad de México.

—Fotonota—

La Secretaría de Educación informó que con motivo del desfile conmemorativo al 115° aniversario de la Revolución Mexicana, diversas vialidades del centro de Cuernavaca estarán cerradas a partir de las 06:00 horas de este jueves, por lo que se recomienda prever los tiempos de traslado y considerar el uso de vías alternas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su tradicional conferencia matutina de este jueves 20 de noviembre no se transmitirá desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum informó que a las 10:00 horas encabezará el desfile cívico-militar con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

"Este jueves 20 de noviembre no habrá #MañaneraDelPueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo", compartió en sus redes sociales.

Este jueves 20 de noviembre no habrá #MañaneraDelPueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo. pic.twitter.com/VVBvYCqR1t

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 20, 2025

Además, por la tarde se prevé que se reúna con legisladores de Morena y sus aliados para agradecer la aprobación del Paquete Económico.

*En coordinación con el Ayuntamiento de Tepoztlán se llevó a cabo la clausura de un evento ilegal, con base en la normatividad municipal y de protección civil*

*Fueron presentadas ante el Juez Cívico nueve personas, cuatro de ellas extranjeras, a quienes les fueron aseguradas diversas cantidades de consumo personal de sustancias similares a la cocaína y marihuana*

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, acompañado del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos e integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, informó sobre la implementación de un operativo interinstitucional “Máxima Presencia”, derivado de una fiesta clandestina que se promocionó como Festival Electrónico en el municipio de Tepoztlán.

Urrutia Lozano señaló que derivado de actos de análisis e inteligencia y mediante el intercambio de información con el Ayuntamiento de Tepoztlán, se detectó que en redes sociales se convocaba a un supuesto Festival Electrónico denominado “Kaay Festival”, que se realizaría en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, en el municipio de Tepoztlán, del siete al nueve de noviembre.

Con ello, se ofertaba el servicio de transporte desde la Terminal Sur Taxqueña de la Ciudad de México con destino al domicilio particular, donde también se ofrecía el servicio de campamento, ya que el evento tendría una duración de 72 horas continuas.

“Derivado de la información obtenida el siete de noviembre, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en conjunto con el Ayuntamiento de Tepoztlán, se realizó un operativo para clausurar dicho evento ilegal con base a la normatividad municipal y de protección civil”, abundó el titular de SSPC.

En el lugar se encontraba un aproximado de 100 personas de diferentes nacionalidades; asimismo, al exterior de la propiedad fueron detenidas cinco personas, tres de ellas de nacionalidad extranjera, quienes fueron presentadas por falta administrativa ante al Juez Cívico.

A dichas personas les fueron aseguradas diversas cantidades de consumo personal de sustancias similares a la cocaína, una bolsa con contiene vegetal verde similar al hachis, que es una resina derivada del cannabis que contiene THC, una bolsa con vegetal verde similar a la marihuana y seis cigarrillos que contienen vegetal verde similar a la marihuana.

En un segundo operativo realizado el nueve de noviembre, se verificó mediante vuelos de drones que en el domicilio particular continuaba el presunto evento, por lo que fueron detenidos cuatro hombres, uno de ellos extranjero, y se aseguraron bolsas con vegetal verde similar a la marihuana y cigarrillos que contienen vegetal verde similar a la marihuana.

Finalmente, los detenidos extranjeros acreditaron ante personal del Instituto Nacional de Migración su estancia legal en el país, por lo que al cumplir con las sanciones administrativos impuestas por el Juez Cívico, obtuvieron su libertad.

Con estas acciones el gobierno estatal, a través de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, seguirá implementado operativos que garanticen la paz y tranquilidad de las familias morelenses en las siete regiones de la entidad.

*En sesión ordinaria, el Pleno aprobó 57 dictámenes inherentes pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez y orfandad*

En sesión ordinaria celebrada este miércoles, las y los diputados del Congreso de Morelos conocieron en primera lectura los dictámenes relativos al Paquete Económico 2026 del Gobierno del Estado de Morelos, que incluye la llamada Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

De la misma manera, conocieron en primera lectura los dictámenes en sentido positivo inherentes a la Ley de Ingresos de cada uno de los 36 municipios de que integran el estado de Morelos y emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Asimismo, los diputados aprobaron 57 dictámenes por parte de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. Estos decretos comprenden pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad, y benefician a trabajadores al servicio de los distintos poderes y organismos del gobierno estatal, así como a sus familias.

Este trabajo se enmarca dentro de un proceso legislativo intenso para que los municipios cuenten con sus instrumentos de recaudación vigentes desde el inicio del ejercicio fiscal 2026.

Los diputados señalaron que el Paquete Económico y las Leyes de Ingresos municipales tienen la garantía de que su aprobación no tendrá un “impacto negativo para el bolsillo de la ciudadanía”.

Los diputados realizaron ayer la primera lectura del Paquete Económico 2026; el dictamen podría ser aprobado hoy.

El Congreso de Morelos avanzó en la revisión del Paquete Económico 2026, enviado por el Poder Ejecutivo, que contempla recursos por poco más de 41 mil 362 millones de pesos.

Tras un receso de poco más de siete horas en la sesión de ayer, y luego de aprobarse la modificación al orden del día, el Congreso cumplió con el trámite de primera lectura de la propuesta presupuestal, que podría ser aprobada hoy mismo, según lo adelantó el coordinador de los diputados de Morena, Rafael Reyes Reyes.

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública incluye diversas reformas al Código Fiscal para el Estado de Morelos; la Ley General de Hacienda; la Ley de Coordinación Hacendaria; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; la Ley General de Bienes, y la Ley del Servicio Civil, todas del estado de Morelos.

Además, expide la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal que comprende del primero de enero al 31 de diciembre de 2026.

En la sesión de este miércoles, los diputados locales también cumplieron con la publicidad de primera lectura de las Leyes de Ingresos de los 36 municipios, para 2026.

Asimismo, avanzaron en primera y segunda lectura diversos dictámenes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social sobre jubilaciones y pensiones. Y finalmente conocieron diversas comunicaciones, entre ellas la solicitud de una ampliación presupuestal por el orden de un millón 878 mil pesos por parte del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, para el pago de sentencias laborales.