La Fiscalía de Ecuador ha solicitado que el exvicepresidente Jorge Glas sea declarado culpable por presunto peculado en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en Manabí.
El Ministerio Público ha pedido una pena de 13 años de prisión, así como una multa económica de 70 salarios mínimos unificados (equivalente a 32.900 dólares) tanto para Glas como para Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, quien también enfrenta los mismos cargos.
Además, la Fiscalía exige que ambos acusados paguen una reparación material al Estado ecuatoriano por un monto superior a los 225 millones de dólares, cifra que corresponde al supuesto perjuicio económico causado por el uso indebido de fondos públicos destinados originalmente a atender la emergencia causada por el sismo.
Durante el juicio en la Corte Nacional de Justicia, Jorge Glas se defendió afirmando que no administró ni gestionó dinero directamente, por lo que consideró injusto ser responsabilizado penalmente por peculado. Aseguró que su rol se limitaba a la priorización de proyectos, sin intervenir en la asignación o contratación de los mismos.
"Yo no me he robado un centavo porque yo no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos. Señores magistrados, me estoy jugando la vida, la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo", subrayó Glas.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene que durante el proceso de reconstrucción no se dio prioridad a los requerimientos urgentes de la población afectada por el terremoto.
En cambio, se redirigieron los recursos a obras que no estaban contempladas como prioritarias, tales como parques, accesos a puertos y redondeles, en detrimento de necesidades esenciales en las zonas más afectadas.
Según las investigaciones, el financiamiento de estas obras provino del fondo creado por la Ley de Solidaridad, norma establecida tras el terremoto para recaudar contribuciones obligatorias de todos los trabajadores ecuatorianos. Su objetivo era reconstruir infraestructura pública y privada y reactivar la economía de las zonas damnificadas.
El Ministerio Público sostiene que al menos once proyectos considerados no prioritarios fueron financiados con estos recursos, beneficiando presuntamente a intereses particulares mediante contratos complementarios, fiscalizaciones y pagos adicionales que no correspondían a los fines del fondo.
Una pericia sobre contratación pública reveló procedimientos irregulares, como pagos hechos por horas de uso de maquinaria, en lugar de por volumen de trabajo realizado.
Asimismo, un informe de gestión de riesgos detectó que algunas obras se ejecutaron en terrenos inadecuados o en áreas que no sufrieron daños por el terremoto.
La Corte Nacional de Justicia ha programado el anuncio de su decisión final para el próximo 30 de junio. Mientras tanto, el tribunal de la Sala Penal ya se encuentra en deliberación permanente.
Jorge Glas, quien fue una figura clave del gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, ya cumple una condena por dos casos de corrupción: uno vinculado al escándalo Odebrecht y otro relacionado con el caso Sobornos.
En 2022, fue liberado de forma temporal por una resolución judicial cuestionada, pero a finales de 2023 buscó asilo en la Embajada de México en Quito ante nuevos intentos de la Fiscalía por procesarlo por el caso “Reconstrucción”.
Sin embargo, el 5 de abril de 2024, el presidente Daniel Noboa ordenó su detención dentro de la sede diplomática mexicana, después de que el gobierno de México le concediera asilo político.
Este operativo provocó una crisis diplomática entre ambos países, que actualmente se dirime en la Corte Internacional de Justicia.
México acusa a Ecuador de violar la soberanía de sus instalaciones diplomáticas, mientras que Ecuador sostiene que México incumplió normas internacionales sobre el asilo al proteger a una persona con condenas por corrupción.
