Reconoce la directora general para la Gestión de Riesgos Federal, Brisna Michelle Beltrán, trabajo del Congreso del Estado de Morelos.

Fue a través de una conferencia virtual como se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaria de Gobernación Federal a cargo de Brisna Michelle Beltrán y el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, con sus respectivos equipos de trabajo y expertos en la materia de protección civil, como se intercambiaron ideas y propuestas que vendrán a enriquecer este ambicioso proyecto.

Y esto se refiere a la creación del Sistema de Alerta Temprana para Sismos en el Estado de Morelos, que forma parte de la Ley Estatal Morelos para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, iniciativa del diputado jojutlense.

La funcionaria federal, mostró gran interés en este proyecto, reconociendo el trabajo del legislador, porque en el sistema va implícito la protección a la vida, al tiempo que manifestó su apoyo con personal a su cargo para que en breve se concrete el proyecto ejecutivo y esto sea una realidad en beneficio de todos los morelenses.

Por su parte, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso Morelense, Alfonso Sotelo, manifestó que se lograron presupuestar 12 millones de pesos, en su primera etapa para la construcción de todo el sistema y que están buscando más recursos para que quede al 100 por ciento, ya que el proyecto general requiere un total de 50 millones de pesos.

Del total de los recursos, el 50% se invertirán en infraestructura, es decir en la adquisición e instalación de dos antenas, ya que detalló, que actualmente se cuenta con una, ubicada en Huitzilac en el corredor del Chichinautzin, y a decir de los directivos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico Asociación Civil (CIRES) se deben establecer dos transmisores más para su efectividad; una, de acuerdo a los estudios de los expertos debe ubicarse en Tepalcingo y otra más en la zona sur.

En tanto el 50% restante se aplicaría en la adquisición y colocación de parlantes y con ello hacer eficiente el funcionamiento de este sistema, que pondrá en alerta a la población en caso de sismo fuerte, con ello se lograría que las personas tengan tiempo de ponerse en un lugar seguro y salvaguardar su integridad física.

Finalmente, ambos funcionarios, acordaron seguir trabajando en coordinación para obtener el mejor proyecto ejecutivo y en breve Morelos cuente con este sistema muy similar al de la ciudad de México, pero adaptado a la realidad y condiciones de Morelos.

Se pronuncian por que se respete el derecho de la población transexual a decidir sobre su identidad jurídica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortaron al Congreso de Morelos a aprobar a la brevedad posible la iniciativa de ley que permita a las personas de la comunidad trans modificar su identidad legal.

En rueda de prensa convocada por el colectivo Transformando Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, representantes de ambos instituciones se pronunciaron por que se respete el derecho de la población transexual a decidir sobre su identidad jurídica, luego de que el dictamen de la iniciativa de "Ley de Identidad de Género" fue retirado de los asuntos para sus análisis y votación en la sesión de Pleno del  Congreso el pasado 1 de julio.

Julio César Cervantes, subdirector del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la CNDH, recordó que el orden jurídico mexicano y normas internacionales protegen el derecho al cambio de identidad, porque la reasignación sexual forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, al derecho a la imagen, identidad personal y sexual.

Consideró que los legisladores morelenses deben atender los criterios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para que finalmente pueda ser aprobada la iniciativa de ley y la comunidad trans pueda ejercer plenamente sus derechos, como ocurre ya en otros estados que han legislado sobre el tema.

“Esperamos que en Morelos se cumpla esta tendencia legislativa actual, porque si nos hemos dado cuenta, estas luchas de reclamo de las poblaciones trans han avanzado en otras entidad federativas como en la Ciudad  México, como Michoacán, como Colima, como Oaxaca.

“Tenemos plena confianza de que los legisladores en su actuar van a respetar los derechos  de las y los compañeros que ocupen de estos procesos administrativos para adecuar su identidad legal, y asimismo van a cumplir con su obligación de promover, respetar los derechos humanos, una obligación constitucional importantísima para el desarrollo y pleno goce de los derechos a la igualdad sustantiva”, señaló.

En el mismo sentido se pronunció Dania Ramírez, encargada de despacho del Conapred, quien envió un mensaje de apoyo institucional a la comunidad que impulsa esta iniciativa de ley que.

De acuerdo con el mensaje difundido, la funcionaria federal afirmó que conforme a los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la identidad de género es parte del libre desarrollo de la personalidad y los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a reconocer la identidad de género de las personas trans.

“Desde Conapred hacemos a un llamado a este y otros estados a que se reconozca esa obligación y a que se promueva, respeten, protejan y garanticen los derechos de todas, todos y todes (sic)”, dijo en apoyo a los colectivos que han impulsado la iniciativa de ley para que la población trans en la entidad pueda realizar sur reasignación legal de sexo, conforme a su apariencia y pueda gozar de sus plenos derechos como el resto de la población.

Sharon González Ontiveros, vicepresidenta de Transformando Morelos, hizo también un llamado a los legisladores. “Le pedimos hoy al Congreso de Morelos, a los diputados que dan voto en contra, que reconozcan el derecho a la identidad de género no solo de mujeres sino también de hombres trans, que buscamos el acceso a la educación, a la salud y a una vida digna y libre de violencia”.   

Los procesos son contra ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura por falsificación de documentos.

El Congreso del estado promovió 12 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura, por falsificación de documentos para la autorización de "pensiones doradas".
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, informó que con estas denuncias se combate a fondo las irregularidades cometidas durante la pasada legislatura para beneficiar con abultadas pensiones a ex funcionarios del Congreso local y de la administración que encabezó el ex gobernador perredista Graco Ramírez.
De acuerdo con el legislador, estas 12 denuncias se suman a tres más que se presentaron ante la FECC al inicio de la LIV Legislatura sobre este caso y en las que están involucrados los ex diputados perredistas Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.
"Con estos nuevos expedientes se generan nuevos elementos que difícilmente podrán tener el beneficio de hacer frente estos procesos en libertad", manifestó Casas González.
Además, sostuvo que este supuesto delito cometido en la pasada legislatura para beneficiar a al menos 12 ex funcionarios cuesta al erario público siete millones de pesos al año.
Al inicio de la LIV Legislatura se confirmó la autorización de cerca de 40 "pensiones doradas" para favorecer a ex servidores públicos que son familiares y allegados a los ex diputados y al ex mandatario Graco Ramírez, por lo que fueron canceladas.
Sin embargo, los ex funcionarios se ampararon y en la mayoría de los casos lograron mantener su jubilación, por errores cometidos en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social cuando la presidía la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

José Casas aseguró que se inició una nueva investigación de la que derivaron las 12 denuncias que servirán como elemento ante el juez federal para que se cancelen definitivamente las pensiones. 

Blanca Nieves Sánchez dijo que promoverá un exhorto al IEBEM para que no se ponga en riesgo a los estudiantes.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano sostuvo que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales el próximo 10 de agosto.
En entrevista, la legisladora local adelantó que promoverá un exhorto a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que no se ponga en riesgo a los estudiantes y a los maestros si se les obliga al regreso a las aulas cuando la incidencia de casos de covid-19 es alta.
Para la diputada, la mayoría de las instalaciones educativas en el estado no son aptas para respetar las medidas sanitaria obligatorias para iniciar clases presenciales, así como tampoco los menores están preparados para acatarlas y evitar contagios.
"En las escuelas no podrías implementar la sana distancia para comenzar, al menos en el sector público, donde tenemos aulas que si bien nos va tenemos 45 niños;  no tenemos el espacio geográfico ni el inmueble necesario. Además los niños, les hablo de preescolar, de primaria, ¿cómo vas a impedir que un niño interactue, juegue y le dé un sorbo a un contenedor de su compañerito o agarre y le dé una mordidita?", manifestó Sánchez Arano.
En este sentido, consideró que las autoridades estatales deben buscar los mecanismos necesarios para que el ciclo escolar 2020-2021 pueda iniciar mediante clases virtuales, sin que se ponga en riesgo la salud de los menores y sus docentes.
La postura de la diputada coincidió con la de integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) que advirtieron que no existen condiciones para que regresen a dar clases presenciales el próximo 10 de agosto.

En noviembre podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia en Morelos.

En noviembre próximo podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia para Morelos que operará la Comisión Estatal de Seguridad, para lo cual se adquirirán cerca de mil dispositivos de grabación que serán colocados en puntos estratégicos del estado.
El director del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), Juan Diego Pons Díaz, informó que además de las nuevas videocámaras, también se ha proyectado la instalación de tres arcos de seguridad en los accesos y salidas de Morelos, para el combate a la delincuencia.
El funcionario estatal explicó que el proyecto ya fue autorizado por el Fidecomp para disponer de 30 millones de pesos de dicho fondo y se prevé que en cuatro meses ya esté operando, con el fin de fortalecer las labores de prevención y combate del delito.
Pons Díaz indicó que con los arcos detectores de seguridad se podrá escanear con rayos X  a los vehículos que circulen por las carreteras y se tomarán fotografías de las placas.
Mencionó que la CES trabaja en un mapa para la ubicación de las cámaras de seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva, por lo que se ha proyectado la adquisición de más de mil dispositivos.
Este proyecto va de la mano con la nueva Ley de Videovigilancia que se podría votar esta semana en el Congreso del estado y que establece las reglas para la operación de los dispositivos de seguridad, mediante la creación de un sistema estatal que será parte de la CES.

Analizan diputados y expertos iniciativa que crea la Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil.

Al participar de la reunión de trabajo para el análisis del Dictamen de la iniciativa que crea la Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió a los participantes de la mesa de trabajo realizar el mejor de los esfuerzos para dar a los ciudadanos de Morelos una Ley con los instrumentos que permitan prevenir desastres y evitar la pérdida de vidas.

Ante los integrantes del equipo de trabajo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezados por Enrique Clement Gallardo, Alfonso Sotelo explicó que el proyecto que presentó ante el Pleno del Congreso tiene como finalidad expedir una ley “que se apegue a la realidad de los que habitamos el estado de Morelos, fortaleciendo la protección de las personas y sus bienes, considerando a la Protección Civil como un derecho humano en el marco de la Gestión Integral de Riesgos, e involucrando activamente a la sociedad, para evitar la pérdida de la vida de las personas y sus bienes”.

Destacó que la iniciativa prevé la creación de la Escuela de Protección Civil y el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, este último como un órgano de apoyo técnico científico para la Coordinación Estatal, las Coordinaciones Municipales y la sociedad en general.

Y contiene el andamiaje jurídico necesario para disminuir los efectos de un desastre o fenómeno perturbador, así como fortalecer las acciones de emergencia ya existentes para dar apoyo a la sociedad, tanto en el rescate de personas como en la evaluación de las condiciones estructurales de inmuebles que pudieran resultar un riesgo para la población.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía en general a que, una vez aprobada la mejor Ley de Protección Civil con el acompañamiento y análisis de los expertos en la materia, sean los morelenses quienes se involucren y la hagan suya.

“Como Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de crear leyes socialmente justas, pero para alcanzar la aplicación eficiente de la gestión de riesgos y de una verdadera protección de las personas y sus bienes, requerimos de voluntades, decisiones y la puesta en práctica de acciones políticas, económicas, científicas y educativas, que nos involucren a todos", subrayó.

De su parte, el coordinador estatal de PC, Enrique Clement, refrendó su compromiso para aportar todas las observaciones necesarias al proyecto y entregó al cuerpo técnico de la Comisión de Seguridad Publica y Protección Civil del Congreso, un primer análisis por escrito, con el que habrá de enriquecerse el dictamen de la iniciativa.

En los próximos días el Congreso del estado podría emitir también la convocatoria para designar titular de la ESAF.

El Congreso del estado podría emitir en los próximos días las convocatorias para nombrar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza,  explicó que primero se deberá definir con el resto de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias si estos nombramientos se concretarán en un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto. De lo contrario, agregó, estas designaciones tendrían que postergarse para septiembre, cuando inicie el primer periodo de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura.
Flores Espinoza informó que esta semana habrá sesión de la Junta Política y de Gobierno para definir si se abre un período extraordinario de sesiones después del 15 de julio.
"De esta manera definiremos si emitimos la convocatoria en los próximos días, para que en un período extraordinario de sesiones nombremos a los dos comisionados del IMIPE y al auditor", agregó.
Recordó que el año pasado el Congreso del estado llevó a cabo dos procedimientos, para designar a un comisionado del IMIPE y al titular de la ESAF, pero por la falta de acuerdos entre los legisladores no se concretaron los nombramientos.
Flores Espinoza refirió que la Junta Política y de Gobierno revisa si se reponen los dos procedimientos o se concretan los nombramientos con base en las dos listas de aspirante que se registraron en el 2019.
No obstante, adelantó que por los vicios que se cometieron en ambos casos, la mayoría de los acuerdos entre los diputados avanzan a favor de emitir nuevas convocatorias, para evitar que las designaciones puedan ser impugnadas.
Así mismo, indicó que  para suplir el espacio que dejó la ex comisionada del IMIPE Mireya Arteaga Dirzo en abril de este año, el Congreso sí tendrá que abrir una convocatoria.
"Hay dos temas en el IMIPE, una renuncia de una comisionada, de Mireya Arteaga (para cuya sustitución) se debe emitir una convocatoria, y está el tema pasado, que se analiza si se emite una nueva convocatoria o se sigue con el procedimiento que ya estaba. De la misma forma revisaremos el tema del auditor", añadió.

Discrepancias entre diputados impiden la aprobación del convenio necesario para reactivar los trabajos.

La falta de acuerdos entre los partidos políticos con representación en el Congreso del estado podría impedir la aprobación del proyecto ferroviario que impulsó el gobierno estatal mediante la firma de un segundo convenio con la empresa "Ferrosur" y de la Ley de Asociaciones Público Privadas para Morelos.
Ambos proyectos fueron incluidos como prioritarios por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dentro del Plan para la Reapertura y Reactivación Económica del Estado que presentó este martes. Sin embargo, siguen detenidos en comisiones por la falta de consensos entre los legisladores.
Este lunes, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron para aprobar el dictamen del proyectos ferroviario, pero por segunda ocasión no se logró el quórum necesario para su votación.
De la misma forma, el dictamen de la Ley de Asociaciones Público Privadas, propuesta que presentó desde julio del 2019  el Poder Ejecutivo, se encuentra detenida en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por la falta de acuerdos para su aprobación y presentación ante el Pleno.
Este martes, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que solicitó reuniones con los secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico y del Trabajo, Pablo Ojeda Cárdenas y Ana Cecilia Rodríguez González, a fin de que expliquen a los legisladores de la prioridad de estos proyectos para la reactivación económica del estado.
La intención del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) es que ambos proyectos se aprueben antes del 15 de julio, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones, pues de lo contrario, tendrían que revisarse en un periodo extraordinario, lo que sería hasta agosto próximo.
El proyecto entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur permitirá conectar a Morelos con la red ferroviaria nacional, mientras que la Ley de Asociaciones Público Privadas sentará las bases legales para que el estado pueda firmar convenios con la iniciativa privada e impulsar proyectos de desarrollo.

Las actividades administrativas están suspendidas desde hace más de tres meses.

El Congreso del estado se prepara para una reactivación escalonada de las labores administrativas, luego de más de tres meses de que fueron suspendidas por la emergencia sanitaria.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, refirió que la reapertura del Congreso local a la ciudadanía podría ocurrir la próxima semana y bajo medidas estrictas de seguridad sanitaria,  para evitar riesgos de contagio de covid-19.
Explicó que el acuerdo establecido entre los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias fue que se establecerán guardias para evitar que haya  más de dos o tres trabajadores en las oficinas.
Para ello informó que se reunieron con autoridades de la Secretaría de Salud estatal, las que explicaron los protocolos a seguir para garantizar la seguridad  de los empleados y de los ciudadanos asistentes.
Expuso que además de la colocación de tapetes sanitizantes en los accesos al recinto legislativo y el uso de gel antibacterial y cubrebocas, también se tomará la temperatura a los ciudadanos que visiten el Congreso. "No podrán entrar más de dos personas por grupo y también se nos dijo del uso del aire acondicionado, que puede ser un riesgo", añadió.
Con base en el último acuerdo anunciado por la Mesa Directiva el pasado 30 de junio, se expuso que el periodo de aislamiento para el Congreso se extendería hasta el 15 de julio. Sin embargo, la diputada Alejandra Flores Espinoza dijo que podrían reanudarse las actividades administrativas antes de esa fecha, tanto para los trabajadores de confianza como sindicalizados, con base al cambio de semáforo -de rojo a naranja- en Morelos.

Alejandra Flores Espinoza, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, expuso que este plan emergente evitará el cierre de miles de empresas en el estado.

El Congreso del estado exhortó al Poder Ejecutivo para que impulse, de manera inmediata, un "plan emergente para la reactivación económica de Morelos" y apoyar a las micro, pequeñas y  medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria. 

Durante la sesión ordinaria del viernes pasado, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado por la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien lamentó que hasta la fecha no se haya impulsado un programa estatal de ayuda para evitar el cierre de miles de negocios. 

La legisladora expuso ante tribuna que el programa emergente que se cree desde el Poder Ejecutivo del estado "debe ser distinto a los programas de gobierno ya existentes y que cuenten con las reglas específicas para poder acceder a ellos", sin trámites engorrosos y de forma extraordinaria para que los apoyos financieros ayuden a los pequeños empresarios a llevar el sustento diario a sus familias.

"Sólo necesitan el impulso solidario de un proyecto económico para afianzar la reactivación de su negocio, ya sea para el pago de una renta, compra de mercancía, pago de servicios, etcétera", manifestó la legisladora ante sus homólogos. 

Alejandra Flores Espinoza sostuvo que su compromiso como legisladora es impulsar estrategias que ayuden a la población y, en este caso, a las empresas que en la actualidad están en riesgo de cerrar de manera definitiva por las afectaciones que causó la pandemia covid-19. 

Por tal razón, convocó a las autoridades del gobierno estatal a atender su llamado y a emprender, de manera inmediata, un plan emergente que permita reactivar la economía del estado.