para desactivar los conflictos por el malestar de empresarios.

El Congreso del estado podría entrar a la revisión de la Ley de Videovigilancia que está en vigor desde el pasado 13 de agosto y que fue impugnada por empresarios y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.


Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, aseguró que la nueva legislación se trabajó para beneficio de los ciudadanos y se cuidó que no violentará los derechos humanos.

Sin embargo, dijo que si existe la inconformidad de la iniciativa privada será revisada "y de ser necesario se harán las modificaciones correspondientes".


El legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) recordó que la ley de videovigilancia fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se revisó en la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso. "Desconozco los consensos que se dieron o cómo se dieron, pero insisto, si hay que revisarla lo haremos", añadió.


El jueves pasado los empresarios junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se pronunciaron en contra de la ley de videovigilancia y anunciaron que pugnarán porque no sea aplicable en Morelos. Incluso, anunciaron que trabajarían en una nueva propuesta que no vulnere los derechos de los ciudadanos.

 

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Espera la Secretaría de Administración detalles de recorte presupuestal.

La secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga expresó que, al igual que los demás secretarios, está en la mejor disposición de exponer ante el Congreso los detalles respecto al proyecto de presupuesto de Egresos del 2021, pero hasta la fecha no han sido convocados. La propuesta presentada por el Ejecutivo ya contempla un ajuste por alrededor de 800 mil pesos para esa dependencia.  

La funcionaria estatal dijo que, en la iniciativa, sí hay una disminución, por lo que están a la espera de que el paquete sea discutido por los legisladores. “Cada secretario tendemos que estar priorizando nuestras acciones y determinando bien el gasto corriente y el de inversión que tendrá cada Secretaría”, anotó. 

En entrevista, Zavala Zúñiga expuso que no les han notificado en qué rubro se contempló el referido ajuste con respecto a la solicitud que se hizo a Hacienda, pero comentó que, atendiendo a las instrucciones del mandatario estatal, se va a considerar los rubros menos prioritarios. Dejó en claro que no se van a afectar las prestaciones de los trabajadores ni se pondrá en riesgo su estabilidad. 

La secretaria dijo confiar en que el paquete económico sea aprobado en tiempo y forma por el Poder Legislativo y para ello todos los funcionarios de la dependencia que encabeza están listos para atender el llamado de los diputados en caso de que sean requeridos para brindar la información correspondiente. “Sabemos que no será sencillo porque este tema de la pandemia ha implicado muchos requerimientos y una crisis generalizada y por lo tanto se dará prioridad a salud, educación, desarrollo estatal y seguridad”, concluyó.  

 

 

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La plantearán al Congreso la próxima semana.

La próxima semana, los presidentes municipales formalizarán ante el Congreso del estado su propuesta para que se les asigne el 25 por ciento del Fondo Federal de Participaciones.


Luz Dary Quevedo Maldonado, alcaldesa de Tetecala y actual presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), afirmó que es urgente que los municipios reciban el cinco por ciento -de un total del 25 por ciento- del citado fondo, para atender las necesidades prioritarias de la población, por lo que impulsarán la iniciativa de reforma al artículo sexto de la Ley de Coordinación Hacendaria.


Recordó que ese recorte de las participaciones federales se concretó en la administración de Graco Ramírez, autorizado por los ex alcaldes, pero ahora los actuales ediles demandan que se les devuelva dicho recurso financiero.


"Lamentablemente no vemos apoyo para atender demandas de obra pública en los municipios por parte de la Federación por los recortes que se han tenido, pero tampoco en el estado. Entonces, queremos que los diputados nos escuchen, que podamos tener pláticas y que podamos abonar para que las condiciones en el estado sean mejores", manifestó.


Dijo que presentaron de manera formal una solicitud al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que se instalen mesas de trabajo para que los alcaldes planteen su propuesta y sea revisada, como parte del análisis y la discusión del Paquete Económico 2021.


De acuerdo con la alcaldesa, la reducción del 25 al 20 por ciento del Fondo General de Participaciones se hizo en el 2013 para la creación del Mando Único de Graco Ramírez, pero ahora pretenden invertirlo en obra pública, alumbrado, "además de todas las necesidades que se han originado por el tema de la contingencia" y no para gasto corriente en los ayuntamientos.

 

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Culpan a la pandemia por las fallas en la aprobación de las reformas en materia de violencia política.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, justificó con la pandemia de covid-19 la omisión que cometió el Congreso del estado para aprobar a tiempo la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y de paridad.


"Posiblemente fue falta de comunicación, también la pandemia vino a quitarnos un proceso que ya traíamos en ciertas iniciativas y pues, bueno, hoy tenemos que respetar la decisión de la Corte", señaló la diputada ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar esa reforma.


Admitió que se trata de un retroceso para el estado, pero aseguró que no se debió a las diferencias políticas entre las fuerzas políticas por impulsar una reforma político electoral.
La legisladora morenista apeló a la voluntad de los partidos políticos para que atiendan el llamado de las organizaciones civiles y firmen un pacto de civilidad que garantice una contienda electoral en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, y se implementen acciones para prevenir la violencia política.


De igual forma, señaló que tendrá que ser la próxima legislatura la que apruebe las reformas en la materia y garantice que en las elecciones del 2024 se encuentre establecido  el marco normativo  para garantizar los derechos de las mujeres.

 

 

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Miércoles, 07 Octubre 2020 05:12

Alcaldías presentaron a tiempo leyes de ingresos

Buscan obtener más recursos federales.

Ante la crisis financiera que enfrenta el estado por la emergencia sanitaria, los 36 municipios del estado presentaron ante el Congreso del estado sus iniciativas de leyes de ingresos para el 2021, en las que no se descartan aumentos en el cobro de derechos e impuestos.


El pasado primero de octubre fue la fecha fatal para que los ayuntamientos presentaran sus propuestas sobre las tarifas que habrán de establecerse en el cobro de los servicios y derechos municipales el próximo año, las cuales empezarán a ser revisadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la próxima semana.


Al respecto, Adrián Cázarez González, alcalde de Zacualpan de Amilpas, afirmó que si los 36 municipios presentaron en tiempo sus leyes de ingresos fue por obligación, pero descartó que se pretendan fijar aumentos en perjuicio de los ciudadanos.


De hecho, aseguró que en la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) los ediles acordaron no aumentar impuestos ni derechos para el 2021, ante la situación financiera que enfrentan las familias morelenses.


No obstante, confirmó que insistirán en la propuesta para que se aumente de un 20 a un 25 por ciento el Fondo de Participaciones Federales para los municipios.


Adelantó que en los próximos días presentarán la propuesta formal ante el Congreso del estado y buscarán mesas de trabajo con los legisladores, pues adelantó que se prevé una crisis económica más severa, derivado de los recortes aplicados por la Federación.

 

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Inició el juicio de procedencia en el Congreso.

El Congreso del estado inició juicio de procedencia para suspender de su encargo al diputado Marcos Zapotitla Becerro, a fin de que enfrente sin fuero la denuncia en su contra por el delito de violación, presuntamente cometido en contra de una mujer.


La tarde de este lunes, por mayoría, los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarios que integran la JPyG determinaron que existen elementos para que el diputado Zapotitla Becerro sea sujeto de formación de causa, tal y como lo solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE).


En tal razón, el caso fue turnado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que lleve a cabo el juicio de procedencia, en los términos que señala el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
De acuerdo con la citada ley, una vez radicada la solicitud por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado -que fungirá como Comisión Instructora- el diputado Marcos Zapotitla será notificado para que transcurran los términos legales y se analice si existen los elementos suficientes, presentados por la FGE, para suspenderlo de su encargo.


Si el legislador logra demostrar ante la Comisión Instructora que no existen elementos para que sea llevado ante la justicia por el delito de violación, la FGE no podrá proceder en su contra, "sin perjuicio de su continuación una vez que el probable responsable haya concluido su encargo", señala la ley.


La determinación de la Junta Política y de Gobierno se dio horas después de que Marcos Zapotitla Becerro acudió a la FGE a presentar una denuncia por la supuesta "fabricación del delito" de violación en su contra.
En entrevista, el legislador afirmó que tiene las pruebas suficientes para demostrar que el caso fue “armado”.
Diversos ciudadanos acompañaron al diputado a presentar su denuncia, pues afirmaron que “es inocente”.

 

VÍCTIMA Y SU ABOGADO DENUNCIAN IRREGULARIDADES Y AMENAZAS

Después de una serie de videos y descalificaciones iniciadas por supuestos seguidores del diputado local Marco Zapotitla en contra de una mujer que denunció haber sido víctima de violación, ella y su abogado denunciaron amenazas con la intención de disuadirla de continuar con la querella, y que fue sustraído del Congreso el expediente de la solicitud de juicio de procedencia, presentada con el propósito de que el legislador pueda enfrentar el proceso penal por la presunta agresión sexual cometida.

En un video difundido a los medios de comunicación, la víctima –cuya identidad se resguarda- señaló que el lema feminista contra los abusos sexuales “Yo si te creo”, fue lo que le dio fuerza para atreverse a hacer la denuncia y rechazó la descalificaciones en su contra, respecto sus supuestas motivaciones políticas y económicas para señalar como presunto responsable al diputado Marco Zapotitla.

“Esto no es un tema político, nadie me dio dinero, no es mentira de la fiscalía, sino al contrario, tengo miedo a ser callada, desaparecida o las amenazas a mi familia. Es por ello que le pido a la sociedad su apoyo, que si me reconoce o en algún momento se filtra alguna foto mía, no me revictimicen. Ayúdenme a sentirme segura. Por lo anterior es que pido que se desafuere al señor Marcos, para que enfrente la justicia que estoy exigiendo”, dijo al agradecer a todas las personas que han creído en sus declaraciones, que constan ante el agente del Ministerio Público.  

El abogado Gibrán Haro, uno de los representantes legales de la víctima, denunció que en el Congreso desapareció el expediente de la solicitud de juicio de procedencia, que fue presentada a finales del mes de septiembre, con la finalidad de que el legislador sea presentado ante un juez e imputado por el delito de violación.

Exigió a las y los diputados iniciar una investigación al respecto, ya que quizá existe la intención de proteger al presunto responsable de un delito sexual.

“Probablemente (despareció el expediente) para retrasar el procedimiento para darle una semana más, dos semanas más, o tratar de controlar este tema y hacerlo un poco más mediático que, como hemos visto, se ha tornado hostil por diversos videos que han salido y donde han iniciado una guerra sucia en contra de la víctima”, dijo.

Señaló que es lamentable que pase esto en el Congreso y llamó a los diputados no solo a investigar qué pasó con el expediente e iniciar las denuncias correspondientes, para que todo se esclarezca y que se atienda debidamente el asunto.

Insistió en que el caso no es un asunto político y que se tiene que atender por la vía legal, que es justamente el camino que ha seguido la víctima y su defensa.

 

 

 

 

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Su aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente: diputado.

El Congreso del estado acumula cerca de mil solicitudes de jubilación, cuya aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente, aseguró el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.


El legislador refirió que se trata de un derecho que no se le puede negar a los trabajadores al servicio del gobierno del estado, sobre todo porque algunos casos han permanecido congelados por más de siete años.


Señaló que se pretende que en este mismo año se desahogue el rezago de mil expedientes y, finalmente, los trabajadores del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo puedan retirarse con la pensión que señale la ley.


"Son personas enfermas y en algunos casos los trabajadores ya murieron y (la pensión) se tendrá que entregar a sus familiares", explicó el diputado, quien admitió que desde el Congreso no se ha actuado de manera equitativa, pues han sido autorizadas "pensiones doradas" por la vía rápida y fuera de la ley, mientras que otros expedientes no avanzan.


No obstante, afirmó que el problema que más preocupa es el costo que implican las jubilaciones, pues tan sólo los mil expedientes que serán autorizados costarán al gobierno del estado 250 millones de pesos anuales.


"Es necesario una reforma. En algunos casos lo toman como una carga, pero la plaza (del trabajador que se va a jubilar) está cubierta y está pagada. En el momento es que se ocupa es donde se duplica el gasto, entonces tienen que prever en que se puedan congelar y no vuelvan a ocuparlas a través del sindicato para ayudar a un familiar o a un amigo", manifestó.

 

  

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Se dicen dispuestos a contribuir para dar resultados a la ciudadanía, durante la comparecencia del fiscal general, el secretario de gobierno y el comisionado de seguridad.

* Se desahogaron temas en materia de seguridad inherentes a sus responsabilidades; las y los legisladores contaron con seis rondas de preguntas con sus respectivas réplicas y contrarréplicas.

De acuerdo con el protocolo aprobado por las coordinadoras y coordinadores de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, además de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, este viernes se llevaron a cabo las comparecencias del fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara; del comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros y del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, ante los integrantes de la LIV Legislatura. 

Los legisladores coincidieron en manifestar a los funcionarios involucrados la urgencia de cambiar la estrategia de seguridad y dar resultados a los ciudadanos que lo exigen -con justa razón- como un tema prioritario; para ello dijeron que el Poder Legislativo está en la mejor disposición de coadyuvar para que esto se haga posible.

Señalaron que es un tema que debe involucrar a todos, de ahí que ayer mismo se anunció que en el Proyecto del Paquete Económico, la seguridad es uno de los ejes importantes que serán reforzados.

En primera instancia, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo concedió el uso de la palabra al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para que procediera a la presentación de su quinto informe semestral de gestión, quien contó con 30 minutos, ello con el objetivo de dar estricto cumplimiento a lo establecido por el Artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Al concluir la intervención del fiscal, se dio el uso de la palabra a José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado Estatal de Seguridad Pública, quien de igual forma contó con 30 minutos para informar sobre las acciones implementadas en materia de prevención del delito y seguridad pública, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 77 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado.

Posteriormente, las y los diputados tuvieron la oportunidad de intervenir en seis rondas de preguntas, una por cada grupo o fracción parlamentaria, cuestionamiento que estuvo a cargo de los coordinadores de los mismos. Cabe mencionar que cada ronda de preguntas implicó el derecho de réplica y contrarréplica con un tiempo máximo de cinco minutos cada una.

Cabe mencionar que se tocaron temas como los feminicidios, la falta de elementos policiacos, lo cual argumentaron no se ha podido incrementar debido a que la academia no está en activo a consecuencia de la pandemia provocada por el covid-19, y la falta de interés de las personas por enlistarse en esta corporación.

Cabe destacar que fueron varios los temas tratados, pero debido a que son temas delicados se mantiene la secrecía de la información. 

 

 

 

 

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Ya inició pláticas con movimiento ciudadano.

La dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Balderas Aragón, afirmó que su partido no buscará alianzas con otro instituto político, pero sí impulsará candidaturas comunes para las elecciones del 2021.
En entrevista, adelantó que la próxima semana estarían definiendo con cuáles partidos políticos y en qué municipios se concretarían las candidaturas comunes.
En este sentido, señaló que ya inició pláticas con otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano (MC).


Explicó que la definición de las candidaturas comunes se tomará en el Consejo Estatal del Sol Azteca, donde se habrá de votar los municipios y diputaciones por las que contenderán mediante  candidatura común.
"Las propuestas de las candidaturas tendrían que ser presentadas por los comités municipales y la dirección estatal valorará cuáles serían las circunstancias y las condiciones... nos sumaremos con la sociedad, con las agrupaciones y con los partidos que sean de centro izquierda", manifestó la líder partidista.


Por otro lado, Cristina Balderas Aragón  consideró que el Congreso del estado debe aprobar un presupuesto más austero y social, enfocado a la salud y a la seguridad.
Lo anterior, luego de que este jueves el Poder Ejecutivo entregó el Paquete Económico 2021 por un monto de 27 mil 100 millones de pesos.

 

 

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Sábado, 03 Octubre 2020 07:52

Ortiz Guarneros pidió más presupuesto

A puerta cerrada e incomunicados, comparecieron ante los diputados locales el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.


De acuerdo con lo informado por el Congreso del estado, los integrantes del gabinete de Seguridad del estado y el fiscal rindieron cuentas de la situación que enfrenta Morelos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Sin embargo, no se revelaron mayores datos de los resultados obtenidos en la comparecencia, que se desarrolló de manera privada en el Salón de Comisiones y que duró ocho  horas, pues empezó cerca las 11 de la mañana y concluyó a las 6:30 de la tarde.


Incluso, los legisladores y los funcionarios públicos al entrar al Salón de Comisiones dejaron sus teléfonos celulares, para evitar que cualquier información se pudiera filtrar.
Sólo se conoció de manera extraoficial que el comisionado estatal de Seguridad insistió en la necesidad de un aumento presupuestal mayor a los 700 millones de pesos el próximo año para la dependencia, pues la carencia de recursos humanos y materiales limita las acciones de prevención y combate del delito.


Además de la problemática en materia de seguridad, también se abordó el problema que existe entre algunos personajes políticos, diputados y el fiscal Uriel Carmona, según se informó también de forma extraoficial.
Carmona Gándara también presentó su informe semestral, en el que dio a conocer cifras sobre los resultados de su trabajo de febrero a julio.


No obstante, en su mensaje también hizo un llamado a los diputados y aseveró  que "es momento de dejar de lado cualquier interés personal, público, político o de grupo que vulnere la paz, la tranquilidad y que no abone a la paz, desarrollo y estabilidad en la entidad", según la información que dio a conocer  el área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado (FGE).


El formato de la comparecencia contemplaba su desarrollo en seis rondas, cada una con derecho a una pregunta por diputado, réplica del funcionario y contrarréplica.
Sin embargo, los legisladores sólo alcanzaron a desarrollar tres rondas, en las ocho horas del encuentro.

Protestas durante la comparecencia

Mientras la comparecencia se desarrollaba, en el exterior del recinto legislativo, diversos ciudadanos protestaron desde las nueve de la mañana  y hasta pasada las 14:00 horas.
La protesta estuvo dirigida al fiscal general, por la investigación que se inició en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro por el delito de violación.
Entre los inconformes estuvieron familiares del legislador, como su madre Yolanda Becerro, quien rechazó las acusaciones en contra de su hijo y aseguró que se trata de una "injusticia".

 

 

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