Dentro de la autodenominada “Cuarta Transformación”, se han propuesto reformas profundas en la sociedad mexicana. La realizada el pasado domingo es, sin duda, una de las más ambiciosas e importantes, al buscar democratizar diversos cargos del Poder Judicial, es decir, del aparato encargado de impartir justicia y garantizar una sociedad segura y estable.
La idea de partida era convincente: el sistema judicial en México es percibido por la ciudadanía como uno de los más corruptos del país. Se habla de plazas que se compran o heredan, de jueces que responden a intereses ajenos y de una imagen pública deteriorada. En muchos sentidos, se ha convertido en una especie de aristocracia alejada del pueblo.
Parecía, entonces, una buena idea reformar desde sus cimientos al Poder Judicial, y qué mejor forma que hacerlo mediante el voto democrático. Sin embargo, esto derivó en una competencia centrada en la popularidad mediática de los candidatos, más que en su preparación o compromiso. Así, entre personajes extravagantes como el “mejor preparado que un chicharrón preparado” y “Dora la Transformadora”, el rigor y la seriedad que exigía este proceso se fueron diluyendo.
Esta campaña se llevó a cabo bajo las reglas del INE, que si bien limitaron el gasto de campaña, no asignaron fondos públicos a los candidatos. Esto obligó a que financiaran sus propias campañas o, peor aún, que pudieran recurrir a un financiamiento externo, abriendo la puerta a que intereses privados —incluidos el crimen organizado o empresarios con antecedentes irregulares— influyeran en el proceso. En otras palabras, la justicia podría terminar siendo entregada al mejor postor.
Todo esto fue objeto de una larga discusión mediática que, lejos de contribuir al proceso, terminó por opacar las propuestas reales durante los dos meses de campaña (de marzo a mayo). En estados como Morelos, la cobertura mediática fue escasa, y el interés ciudadano, aún menor.
Conforme se acercaba el día de la elección, la atención pública seguía dispersa. En los días previos, y como síntoma claro de desinformación, comenzaron a circular “acordeones” con recomendaciones de voto. Aunque su origen no era del todo claro, su intención sí lo era: influir en el electorado y omitir el ejercicio democrático de emitir un voto libre, informado y consciente.
La situación es comprensible si consideramos que cada ciudadano debía revisar más de 185 perfiles para elegir, a su juicio y voluntad, a las personas más aptas. Esto solo sumó una nueva controversia al ya complicado proceso.
Así llegamos al día de la elección, marcado a nivel estatal por una escasa participación ciudadana, protestas en la capital y testimonios de personas que votaron influenciadas por los acordeones, que anularon su voto o que simplemente decidieron no participar.
Como puede observarse, las razones del rechazo generalizado a este proceso democrático responden a múltiples factores que van más allá de las ideologías o partidos políticos. El proceso resultó deficiente desde su concepción y planificación.
Esta reforma buscaba erradicar malas prácticas, pero en el intento cayó en otras nuevas. Si este modelo llegara a instaurarse como norma para elegir integrantes del Poder Judicial, debemos tener presente que gran parte de la sociedad dejó pasar la oportunidad de incidir realmente, y ese desinterés nos pasará factura.
Es indispensable mantener una actitud crítica y abierta, dar seguimiento a quienes resultaron electos y evitar que legitimen cualquier acción bajo el cliché de que “eso eligió el pueblo”. Además, debemos fomentar el debate público y participar activamente en los asuntos que como mexicanos nos competen, más allá de los discursos polarizantes que hoy dominan el escenario político y social.
Manuel Alejandro Juárez Parra
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
