La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó de manera unánime la demanda por 10 mil millones de dólares que México presentó contra ocho grandes fabricantes de armas, acusándolos de facilitar la violencia relacionada con los cárteles del narcotráfico.

La jueza Elena Kagan redactó la decisión, en la que se establece que la demanda no demuestra de forma convincente que estas empresas hayan participado directamente en la venta ilegal de armas a grupos criminales.

El fallo se basa en una ley estadounidense que protege a los fabricantes de armas de ser responsables por el uso ilícito de sus productos.

El caso, conocido como Smith & Wesson Brands, Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos, fue iniciado en 2021 y originalmente desestimado en una corte de primera instancia.

Sin embargo, en 2024 un tribunal de apelaciones en Boston permitió que continuara bajo una excepción legal que acepta demandas si se acusa a las empresas de violar normas específicas.

México argumentó que los fabricantes incurrieron en prácticas negligentes, como la distribución poco controlada y la promoción de armas de alto poder, que facilitaron su tráfico hacia el país, aumentando la violencia. Entre las compañías demandadas estaba Smith & Wesson.

Finalmente, en una votación de 9-0, la Corte Suprema anuló la decisión del tribunal inferior que había dado paso a la demanda contra Smith & Wesson e Interstate Arms.

La demanda señalaba que las empresas diseñaban y vendían armas con características militares para atraer a los cárteles, relacionando sus productos con el ejército y las fuerzas de seguridad, aunque las compañías defendieron que sus armas son legales.

México sostiene que la mayoría de sus homicidios están vinculados a armas traficadas desde Estados Unidos, con un valor anual estimado en más de 250 millones de dólares.