El magistrado Norberto Calderón Ocampo es nuevo integrante del órgano.

El magistrado Norberto Calderón Ocampo fue designado como nuevo integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, tras la renuncia por motivos de salud de la magistrada Elda Flores León, y en medio de un debate impulsado por el magistrado, Carlos Iván Arenas, sobre que la vacante debía ser ocupada por una mujer, para cumplir con el principio constitucional de paridad de género.

En sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz anunció la renuncia de Flores León y, para hacer la inmediata sustitución, presentó la propuesta de terna integrada por los magistrados Berta Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde y Norberto Calderón.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles consideró apresurada la presentación de la terna y propuso aplazar la designación, por dos consideraciones: la primera, para reformular la terna únicamente con mujeres para cumplir con el principio constitucional de paridad de género, de lo contrario, el órgano colegiado podría ser integrado únicamente por varones y se violentaría una disposición constitucional; y, la segunda, para generar un diálogo y que los aspirantes presentaran un plan de trabajo.

El magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, declinó a su postulación, agradeció la consideración para formar parte de la terna, pero reiteró su oposición histórica a la existencia del extinto Consejo de la Judicatura y hoy Junta de Administración, como órgano intermediario que ha causado conflictos y enfrentamientos en el Poder Judicial y permitido actos deleznables.

Dijo que aceptar la postulación sería incongruente con su postura e insistió en su propuesta de la desaparición de dicho órgano, lo cual permitiría un gran ahorro económico para el TSJ.

También difirió con su homólogo Arenas Ángeles sobre el tema de paridad de género, porque la integración de los órganos de gobierno no debe estar supeditada a la condición de género sino a la capacidad de cada persona para ejercer un cargo.

“El hecho de que se haga una cuestión discriminatoria, pues podríamos decir que así como se está haciendo una cuestión discriminatoria en término al género de la mujer, pues podría decir lo propio en términos de lo que es ser hombre. Creo yo que el ejercicio, insisto, del gobierno, de las responsabilidades públicas, deben estar supeditadas a capacidades y no solamente a guardar una condición de sexo”, explicó el magistrado Elizalde, quien fue sustituido en la terna por la magistrada Carmen Aquino Celis.

El magistrado presidente Rubén Jasso Díaz coincidió con la postura de Elizalde Figueroa sobre el tema de paridad de género y expresó que la designación de un integrante de la Junta de Administración “son decisiones democráticas y creo que se debe tomar la mejor decisión”.

“Yo también estoy en desacuerdo en esta situación de equidad, (el tribunal) está en un 80 por ciento (integrado) de damas y yo no creo que tenga que ser por decreto. Las damas nos han demostrado su capacidad, sobre todo en esta institución, en este Poder”.

Recalcó que “yo no estoy de acuerdo de que tengan que llegar por decreto, es mi punto muy particular de vista, espero no meterme en problemas, es que las mujeres no necesitan llegar por decreto, llegan por capacidad y seguiré insistiendo, la mayor demostración es este Poder Judicial donde en su mayoría son mujeres, son las que mejor trabajan, son con las que se puede trabajar muy bien y día a día han demostrado su capacidad”.

Agregó que si se tuviese que aplicar el criterio de paridad de género, el Poder Judicial tendría que disminuir el número de puestos ocupados por mujeres.

El magistrado Carlos Iván Arenas fue insistente en el debate de que debía de cumplirse con la paridad de género en la integración de la Junta de Administración, pero nadie lo secundó e, incluso, magistradas disintieron sobre el tema de la paridad.

“Yo sí lamento mucho, y perdón por incomodar, es mi punto de vista, me parece que no se está observando el principio de paridad de género, porque estamos proponiendo, con el riesgo de que vamos a conformar una Junta de Administración integrada con puros varones.

“No estamos discutiendo un tema de capacidades, nadie pone en duda eso, no significa que la mujer sea más capaz o que el hombre. Pero eso no es la paridad, la paridad significa que le demos la oportunidad de que los órganos del gobierno estén integrados al mismo tiempo con hombres y con mujeres.

“Lamento mucho que no se esté observando esa situación y que estemos conscientes de las consecuencias que van a implicar, que después nos venga a señalar que tenemos un órgano de gobierno de este Poder Judicial que no respetó la paridad de género. Simplemente yo estoy cuidando el respeto a lo que marca el principio constitucional”, remarcó.   

Finalmente, por mayoría, los magistrados desecharon la propuesta de Arenas Ángeles para reformular la terna y postergar la designación, y por una mayoría de 11 votos el magistrado Norberto Calderón Ocampo fue nombrado como nuevo miembro de la Junta de Administración, que también está integrada por el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso,  y el representante de los jueces, Alejandro Becerra Arroyo.

 

 

 

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El juzgador atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) que presuntamente protegió a un juez de control y juicio oral que, en estado de ebriedad, atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La sala, integrada por los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto, resolvió un recurso de apelación promovida por la defensa de la agente del Ministerio Público, Martina “N”, quien fue vinculada a proceso por el presunto delito cometido por un servidor público, por no haber ejercido acción penal contra el juez Daniel Rodríguez Apac, como presunto responsable del atropellamiento y muerte del ciudadano Pedro Portilla.

Los magistrados consideraron que este tipo de conductas coarta el derecho de la víctima a la procuración e impartición de justicia y que la FECC presentó los datos de prueba necesarios para confirmar el auto de vinculación a proceso dictado por un juez contra la agente del Ministerio Público Martina “N”,  por el delito cometido por servidor Público, previsto y sancionado en el artículo 297 fracción IX del Código Penal de Morelos.

La mañana del 16 de diciembre de 2017, la víctima se dirigía a su trabajo en su motocicleta y el juez conducía su auto en aparente estado de ebriedad –luego del convivio de fin de año del Tribunal Superior de Justicia- sobre la carretera La Pera-Cuautla.

A la altura de Tepoztlán, el juez habría invadido el carril contrario y atropellado a Pedro Portilla. El juzgador se habría dado a la fuga sin prestarle auxilio a la víctima. Kilómetros más adelante fue detenido como presunto responsable del accidente de tránsito y la muerte del motociclista.

De acuerdo con la familia de la víctima, el juez fue liberado de inmediato, ni siquiera pisó los separos y en todo momento se le dio trato especial por parte del personal la Fiscalía General de Estado.

En consecuencia, inició una denuncia ante la FECC contra la agente del Ministerio Público, por no ejercer acción penal contra el funcionario judicial, pese a los indicios de su implicación como responsable en el fatal accidente.  

 

 

 

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Anahí Bahena López es imputada por la supuesta tramitación ilegal de una “pensión dorada”.

La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por un juez de control en contra de la ex funcionaria graquista Anahí Bahena López, por la supuesta tramitación ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en apelación, los magistrados determinaron confirmar la vinculación a proceso de la ex funcionaria por la presunta comisión del delito de fraude procesal, y sumaron la imputación por presunto abuso de autoridad, por las probables irregularidades en que incurrió al tramitar su pensión por jubilación.

La ex funcionaria, quien al momento de realizar el trámite de jubilación también era esposa del entonces secretario de Gobierno Ángel Colín López, habría realizado en diez días el trámite para obtener su jubilación y presentó una constancia supuestamente expedida por el Ayuntamiento de Yautepec para justificar que desempeñó el cargo de contralora municipal entre 2010 y 2013, pero el documento no fue encontrado en los archivos municipales.

Según la FECC, existen más de 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, quien presuntamente no reunió los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60% de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

 

 

 

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Familiares y docentes se manifestaron a favor de la docente y en contra de la sentencia que emitió un juez; solicitan que el caso sea revisado nuevamente.

Cuautla.- La mañana de este jueves, familiares y compañeros de la profesora Harlem “S” se manifestaron en caravana vehicular a fin de mostrar su desaprobación a la determinación de un juez de señalar como culpable a la docente del delito de discriminación cometido en contra de una estudiante de la Escuela Secundaria “Cuitláhuac” de este municipio.

Hay que recordar que la maestra fue condenada a tres años de prisión y el pago de la reparación del daño causado a la estudiante.

La caravana partió de la entrada norte de la ciudad de Cuautla hacia el Tribunal Superior de Justicia del municipio para exigir a las autoridades que se revise el caso nuevamente y se haga justicia, al considerar que la determinación tomada por el juez no fue la correcta.

Al respecto, Ofelia Ortega, allegada a la profesora, señaló que la decisión tomada por el juez “es una injusticia”. Por ello considera que es urgente que se retome el caso para que se pueda determinar la situación legal de la profesora de la manera adecuada.

Es así que para llamar la atención de las autoridades, realizaron una caravana por las principales calles de la ciudad, hasta llegar a las instalaciones del TSJ de Cuautla, donde permanecieron escasos minutos para posteriormente retirarse.

Por su parte, la profesora Harlem “S” señaló que la resolución emitida por el juez “fue injusta”, al detallar que “sin tener pruebas se condenó, ya que si una madre necesita dinero, nada más necesita demandar y con eso el juez le otorga dinero y aparte una condena. Debemos tener mucho cuidado y los ojos muy abiertos porque estamos expuestos a todo y a una mala decisión de los jueces y ya estamos condenados”.

Finalmente, los familiares y docentes que se unieron a la caravana en apoyo a la profesora manifestaron su confianza en que los jueces retomarán el caso y será atendido a la brevedad, pues señalaron que no hay pruebas que incriminen directamente un abuso cometido en contra de la estudiante.

 

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Incluso, el Impepac y el Tribunal Estatal Electoral recibirán menos dinero del que solicitaron.

Los Poderes públicos, así como dependencias estatales y organismos públicos autónomos deberán esperar hasta el 2022 para obtener un aumento presupuestal, debido a la crisis económica nacional y al plan de austeridad al que se ajustará el gobierno del estado para el próximo año, ante la emergencia sanitaria.


Dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso local se establece la imposibilidad de autorizar el presupuesto que varias dependencias requirieron para el próximo año, ante la disminución en la recaudación de recursos federales y estatales.


Es el caso del Poder Judicial, que a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requirió un monto presupuestal de mil 438 millones 891 mil pesos, pero el Poder Ejecutivo sólo planteó una suma de 524 millones 34 mil pesos, que estará sujeta a la aprobación del Congreso del estado.


Es el mismo caso del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) que pidió 41 millones 159 mil pesos cuando la propuesta del Ejecutivo es de 25 millones.


El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) requirió 51 millones 807 mil pesos, por tratarse el 2021 de año electoral, pero solo le asignaron 28 millones 25 mil pesos.


De la misma forma, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) pidió, de acuerdo a sus necesidades presupuestales para el próximo año solicitó 422 millones 865 mil pesos, pero en la propuesta del Paquete Económico sólo se le asignaron 282 millones 352 mil pesos.


En la misma situación se encuentran la mayoría de las dependencias y organismos públicos. 

El Poder Ejecutivo señaló en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 la necesidad de mantener un "balance sostenible y austero", con base en lo que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a los criterios generales de la política económica nacional.


El Congreso del estado revisará el Paquete Económico y determinará posibles ajustes para disminuir o aumentar el presupuesto de algunas dependencias y organismos.

 

 

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El Congreso local no destinó recursos para el pago de nuevas jubilaciones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) retomó la estrategia legal para impugnar las pensiones de los trabajadores judiciales, porque el Congreso local no destinó una partida presupuestal para el pago de nuevas jubilaciones.

Recientemente, el Poder Judicial del Estado promovió la controversia constitucional 144/2020, la primera bajo la gestión del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, por la cual fue impugnado el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González, quien prestó sus servicios en el TSJ durante 23 años y cuyo último cargo fue como Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en Yautepec.

En el recurso constitucional promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del artículo 3º del decreto número setenta y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5793 de fecha once de marzo de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio”.

Esta estrategia fue aplicada por primera vez por la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas López, quién durante su gestión promovió más de 150 controversias constitucionales contra los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales aprobados por el Congreso entre 2016 y 2019.

A la llegada de Carmen Cuevas López como titular del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Morelos en mayo de 2016, inició la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial pero sin asignar presupuesto para su pago.

En 2018, las salas de la SCJN ya habían resuelto más de una centena de controversia en las que, básicamente, se ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo etiquetar y suministrar al TSJ de los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Ante la reiterada omisión de dar cumplimiento a las sentencias, el 3 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puso literalmente contra la pared a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Morelos por su contumaz desacato judicial, y no sólo les dio lineamientos y tiempos para cumplir las sentencias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados del TSJ, sino hasta amenazó con aplicar la destitución y consignación ante un juez federal por abuso de autoridad.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido ningún acuerdo por el que dé por cumplidas el total de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales.

Sin embargo, todo indica que Jasso Díaz, quien relevó a Cuevas López el pasado 18 de mayo, retomará la estrategia de su antecesora para presionar al Congreso para que etiquete una partida presupuestal exprofeso para cada uno de los decretos jubilatorios aprobados de trabajadores judiciales.

Incluso, también, en los últimos meses de gestión de Cuevas López fue promovida la controversia constitucional para que el Poder Judicial reciba un presupuesto superior a los 800 millones de pesos y se cumpla con lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantiza la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado, y le concede el 4.7% del gasto programable estatal.

 

 

 

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Agustín Villalobos Salgado fue nombrado juez por la expresidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables.

El Juez Tercero de Distrito negó la suspensión definitiva a Agustín Villalobos Salgado, quien fue nombrado juez por la ex magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables y fue recientemente cesado de sus funciones.

De acuerdo con el juicio de amparo 737/2020, promovido por el ex juez, al ser un acto consumado su remoción, no procedía conceder la medida cautelar, además de que el acto reclamado forma parte del fondo del asunto que se resolverá en el momento procesal oportuno.

El ex juez alegó en su demanda de garantías que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de la Juez adscrita a la Visitaduría, ejecutó su “remoción, destitución o privación del derecho a seguir fungiendo como juez” sin fundar ni motivar.

En enero de 2019, en circunstancias cuestionables y con total opacidad, la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas destituyó sorpresivamente a los jueces Javier Hernando Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado para dar sus lugares a Agustín Villalobos Salgado y Gabriela Chang Marroquín, con el pretexto de que los cambios obedecían al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, derivada de las impugnaciones que promovieron ante la justicia federal siete participantes en el  concurso de oposición para la designación de 13 Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, realizado en el año 2011.

Romero Ulloa y Jaimes Salgado iniciaron sendos juicios de amparo contra su destitución y finalmente obtuvieron la protección de la justicia federal y su reinstalación en septiembre pasado, ya que la “ejecutoria de amparo” alegada por Cuevas López no implicaba el cese y designación de nuevos jueces, sino únicamente ordenaba que se dieran a conocer las calificaciones de los aspirantes quejosos y los motivos por los cuales no obtuvieron una de las plazas concursadas.  En consecuencia, Villalobos Salgado y Chang Marroquín fueron relevados de sus cargos de jueces.

Sin embargo, el ex juez Villalobos Salgado, inconforme, promovió un juicio de amparo, en el que alegó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina dejó insubsistente su nombramiento como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones adscrito a la Tercera Sede Judicial, con sede en Cuautla, porque en el concurso de oposición no alcanzó el puntaje para obtener una plaza de juez.

“Me dio a conocer las calificaciones obtenida en los concursos de oposición en que participé para la obtención del nombramiento de Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos” y “declaró que, de las calificaciones dadas a conocer, no alcancé el puntaje para ser vencedor dentro del concurso de oposición en el que participé y que por esa razón no me designaron Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Finalmente, el juez de distrito procedió a negarle la suspensión definitiva contra el acto reclamado, “máxime que, como lo manifiesta el quejoso, ya se dejó sin efectos su nombramiento, por lo que ya no fue designado como Juez de Primera Instancia, por lo que, no es dable otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios como lo solicita, ya que no es propio de un pronunciamiento relativo al incidente de suspensión, sino materia del fondo del juicio principal del que deriva la presente incidencia”.

 

 

 

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Jueves, 08 Octubre 2020 05:15

Analiza TSJ usar videoconferencias

La alternativa no sólo disminuye la probabilidad de contagios, sino que permite atender asuntos de manera pronta y expedita: magistrado.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) discutió la posibilidad de usar el método de videoconferencia en el desahogo de audiencias de apelación en el sistema acusatorio adversarial, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva ante las circunstancias excepcionales que provocó la pandemia del covid-19.

El magistrado Jorge Gambo Olea, propuso al Pleno el acuerdo para que  órganos de segunda instancia utilicen la videoconferencia como método alterno para desarrollar audiencias de apelación y explicó que la Primera Sala –de la que forma parte- celebró ya 22 audiencias con el apoyo de la telemática, es decir, con las tecnología de la información que permiten la comunicación a distancia y transmisión datos.

Explicó que con esta alternativa, no solo disminuyó la probabilidad de contagios, sino que permitió a las partes implicadas y a los magistrados atender los asuntos de manera pronta y expedita.   

Indicó que, salvo algunas dificultades técnicas menores, las audiencias por videoconferencia se desarrollaron sin inconvenientes, con la conformidad de las partes y, hasta ahora, la justicia federal no ha tenido ningún reparo respecto al desahogo de estas audiencias por videoconferencia celebradas por la Primera Sala del TSJ.

Indicó que la crisis sanitaria obligó a empresas e instituciones gubernamentales en todo el mundo a modificar sus sistemas de trabajo y uno de las soluciones fue el uso de la telemática, que es la ciencia del uso de las tecnologías de la información y desarrollo de aplicaciones que ayudan a procesar y aplicar datos multimedia.

Gamboa Olea insistió en la necesidad de invertir en la tecnología y específicamente en la justicia digital, para hacer frente no solo a la crisis actual sino a los problemas que pudieran presentarse en un futuro.

La propuesta fue secundada por sus homólogos de sala, incluso el magistrado Andrés Hipólito Prieto reconoció que en un principio fue difícil adaptarse al uso de este método tecnológico. Sin embargo, a la postre representó un beneficio para los juzgadores y los justiciables, con el desahogo oportuno de las audiencias.

El acuerdo fue acogido por el resto de los magistrados, quienes consideraron hacer algunos ajustes técnicos y varias aportaciones y reservar su aprobación para la siguiente sesión de Pleno.

 

 

 

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El Poder Judicial opera con el 60 por ciento del personal de manera presencial.

En las últimas dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) registró un aumento en el aforo en su principal sede judicial, por lo que acondicionó un área en el sótano de los juzgados de Cuernavaca para el personal de la Oficialía de Partes Común, que permitió recibir un mayor número de demandas al mismo tiempo, y no a través del buzón judicial con una sola persona, como se venía haciendo desde el inicio de la pandemia por covid-19.

La Oficial Mayor del TSJ del Estado de Morelos, Carmen Paulina Toscano Vera, detalló que ahora se ingresa al sistema aleatorio y se genera inmediatamente su papeleta de turno al juzgado correspondiente.

Indicó que desde que el Pleno del TSJ aprobó por unanimidad de votos el incremento al 60 por ciento del personal para laborar de manera presencial, se comenzó con la habilitación de tres oficiales de Partes Común.

“Estamos atendiendo a tres personas al mismo tiempo en lugar de una sola, como se venía haciendo a través del buzón judicial. Dichos usuarios tendrán el conocimiento inmediatamente a qué juzgado corresponde conocer su demanda”, señaló Toscano Vera.

Manifestó que el usuario que presentó su demanda a través del buzón judicial y que no tuvo la posibilidad de obtener su papeleta de asignación de juzgado, puede comunicarse al teléfono 777 3621000, extensión 1006, donde le pueden informar el juzgado al cual le correspondió conocer su demanda.

“Únicamente les pedimos una serie de datos que están consignados en el acuse que se les entregó cuando presentaron su documento ante este Tribunal. En el último mes se han recibido un promedio de 50 demandas diarias, incluidos los exhortos”, precisó.

Recordó a los abogados y usuarios del TSJ que las demandas familiares se presentan sin la necesidad de generar una cita a través del Portal Digital, por tratarse de un tema de primera prioridad, e igualmente los exhortos pueden presentarse de manera directa.

 

 

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Familiares de las cuatro víctimas se manifestaron afuera de la sede del TSJ en Cuautla para exigir justicia, a casi cuatro años de los hechos.

Cuautla.- Tras diferir en 12 ocasiones las audiencias en un año para atender el juicio de los cuatro estudiantes de la Preparatoria 4 de Jojutla que fueron asesinados hace casi cuatro años y localizados en los límites de los municipios de Yautepec y Tlaltizapán, este jueves, padres de familia de las víctimas se manifestaron afuera del Tribunal Superior de Justicia de este municipio para exigir justicia y cese a la impunidad que impera en los juzgados.

Previo al inicio del juicio oral en contra de seis personas que se encuentran detenidas por este hecho, aseguraron que a casi cuatro años de haberse registrado ese caso, no ha habido avances en las investigaciones pertinentes, precisó Manuel Carmona, familiar de uno de los estudiantes.

“Venimos a decirle a las autoridades que lo más peligroso para el país es la impunidad. Hoy estamos aquí porque han pasado muchos días, muchos años de la ausencia de nuestros hijos; hoy somos la voz de aquellos que están sufriendo igual que nosotros a causa de la impunidad que impera en el país y en este estado. A Morelos le urge paz; no queremos más jueces corruptos y vendidos que condenan a la libertad y al estado a un daño de fracaso y soledad. Estamos exigiendo justicia para nuestras víctimas. A ellos les decimos que nuestros ojos están bien puestos y no vamos a permitir que haya un caso más de impunidad”, señaló.

Por su parte, el abogado Alberto Laguardia precisó que a casi cuatro años del multihomicidio (ocurrió entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de noviembre de 2016), la corrupción que ha imperado en el manejo del caso ha permitido que de las siete personas que habían sido detenidas en un principio, se haya dejado en libertad a una, por lo que actualmente hay seis presuntos responsables arrestados por ese delito.

“Hoy (ayer) empieza el juicio oral, todo nuestro luchar empieza a rendir frutos; el Ministerio Público tiene todas las pruebas necesarias y todos los elementos para acreditar ante los jueces la responsabilidad de las personas que están acusadas. Ahora la responsabilidad queda en el Tribunal y es por eso que les hacemos un llamado para que apliquen la ley y la norma en estricto apego a derecho”, subrayó.

Finalmente, cabe destacar que los padres de familia y otros familiares de los cuatro estudiantes que fueron privados de la vida exigieron a las autoridades competentes que el caso sea atendido de manera transparente y en donde se busque la justicia.

 

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