Detectan un faltante de 82 millones en el Fondo Auxiliar durante el periodo de la exmagistrada presidenta del TSJ: una parte lo usó para pagar aguinaldos, a pesar de que ese concepto ya estaba presupuestado.

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos detectó un presunto desvío de recursos de casi 85 millones de pesos del Fondo Auxiliar, correspondiente al año 2019, por lo que procedió a dar parte a la Entidad de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Contraloría Interna, para que realicen la investigación y determinen probables responsabilidades.

Durante la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 3 de marzo, el tema fue informado cautelosamente por el magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz, a los integrantes del órgano colegiado y, a petición de algunos magistrados y magistradas, el asunto fue acotado y tratado únicamente para conocimiento del Pleno para evitar inconvenientes a los implicados y a los procedimientos iniciados por las autoridades competentes.

De acuerdo con Jasso Díaz, de los casi 85 millones de pesos presuntamente desviados del Fondo Auxiliar, correspondientes al año 2019 -cuando la otrora magistrada Carmen Cuevas López presidia el TSJ- 60 millones de pesos fueron usados para el pago de aguinaldos de los funcionarios y trabajadores del tribunal, a pesar de que  este rubro estaba incluido en el presupuesto de ese año.  

Esta cantidad, que fue considerada por Jasso Díaz como una “deuda” que ahora carga el Poder Judicial, presuntamente sería saldada con el presupuesto de 2020. Respecto de los casi 25 millones de pesos restantes no hubo precisión de su uso.

“Los integrantes de la Junta consideramos que no se podía hacer un pago así, creíamos que es indebido porque se estaba generando el pago para todos los trabajadores del Poder Judicial de su aguinaldo, que estaba presupuestado.

“Por lo cual la determinación de la Junta es que esos 60 millones que, al final, haciendo un análisis con la administración, terminó siendo por una cantidad de 84 millones 480 mil 450 punto 78 centavos, se quedó como deuda, es una deuda que tiene hoy el Fondo Auxiliar, que tiene el Poder Judicial, decidimos la Junta tomar la mejor decisión en el sentido de que el presupuesto 2020 no se podía tocar para hacer pago de una deuda que, consideramos, no está de una forma bien determinada”, explicó.

Detalló que el faltante o “deuda” se hizo del conocimiento del Poder Ejecutivo, del Congreso, la Contraloría Interna y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), para que inicien los procedimientos correspondientes para determinar si existe o no alguna responsabilidad civil, administrativa y penal. 

En el 2019, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina estaba integrada por la otrora magistrada presidente, Carmen Cuevas López; la magistrada Elda Flores León y el juez Alejandro Becerra Arroyo, quienes habrían autorizado usar casi 85 millones de pesos para fines distintos a los previstos en la Ley que Regula el Fondo Auxiliar.

De acuerdo con el artículo 17 de dicha norma, “los recursos que genere el Fondo Auxiliar no podrán utilizarse para incrementar sueldos, otorgamiento de préstamos o sufragar renglones diversos a los señalados en este capítulo, en beneficio de los servidores públicos cuya plaza se encuentre considerada dentro del Presupuesto de Egresos”.

Bajo esta hipótesis, es que se dio parte a las autoridades fiscalizadoras para que inicien una investigación respecto del porqué los entonces integrantes de la Junta de Administración autorizaron usar 60 millones del Fondo Auxiliar para el pago de aguinaldos, cuando era un rubro contenido en el presupuesto del Poder Judicial del 2019 y se clarifique el destino de 25 millones de pesos más. 

 

 

 

 

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El Congreso del estado no ha sido notificado de ningún recurso de impugnación promovido en contra de los procedimientos iniciados en febrero pasado para la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), aseguró la diputada panista Dalila Morales Sandoval.


La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la próxima semana analizarían el formato que se aplicará para las comparecencias y entonces se conocería si existe un juicio de amparo promovido por algún ciudadano.


Lo anterior, luego de la declaración que hizo el martes pasado el abogado Miguel Ángel Rosete Flores, quien aseguró que impugna las dos convocatorias emitidas por el Congreso del estado para los nombramientos de los magistrados.
"Es un tema que se tendrá que analizar en la Junta Política y también con el área jurídica para específicamente (conocer) cuál es la situación, cual es el reclamo que se está generando el abogado, si es que existe tal juicio, y proceder en lo que sea procedente en el tema de la legalidad", declaró.


La legisladora aseguró que el Congreso del estado ha cuidado los procedimientos desde que se emitieron las convocatorias y con base en ello descartó que pudiera registrarse algún problema que obligue a detener los nombramientos en el TSJ y en el TJA.


El jueves, la Junta Política y de Gobierno dio a conocer los nombres de los 39 aspirantes a las dos magistraturas del TJA y 102 para las del TSJ, a una semana del cierre de registro.

 

 

 

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Viernes, 05 Marzo 2021 05:10

Ordenan reinstalar a magistrado del TJA

Juez de distrito otorga suspensión definitiva a Jorge Alberto Estrada Cuevas.

Un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva a Jorge Alberto Estrada Cuevas para ser reinstalado como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y evitar que el Congreso designe a su sucesor.

De acuerdo con el juicio de amparo 1102/2020, promovido por Estrada Cuevas, el Juzgado Sexto de Distrito concedió la medida cautelar para efecto de que no se ejecute el acuerdo del Pleno del TJA PTJA/013/2020, emitido el 26 de noviembre de 2020, por el cual se realizó su separación del cargo y se dio su baja como integrante del tribunal por la terminación de su periodo.

En consecuencia, ordenó su reincorporación al cargo de magistrado y titular de la Tercera Sala del TJA, con efectos al 26 de noviembre pasado, que incluyó la reintegración de sus prestaciones y emolumentos correspondientes a los últimos tres meses.

Además, ordenó al Congreso local que, “sin suspender el procedimiento que derive de la convocatoria que, en su caso, se haya expedido para la designación de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sustitución del quejoso, se abstenga de determinar a la persona que deba ocupar dicho cargo, es decir, prescinda de designar al magistrado respectivo”.

La medida cautelar prevalecerá hasta el juez de distrito emita la sentencia respectiva sobre el juicio de amparo promovido por Estrada Cuevas, quien en su demanda de garantías  argumentó que fungió como magistrado suplente hasta que, de acuerdo con el decreto 1447 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el 14 de diciembre de 2011, fue designado magistrado propietario del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, luego de que Carlos Iván Arenas Ángeles presentó su licencia definitiva como magistrado propietario del TCA, para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Alegó que, conforme a las reformas a diversos artículos de la Constitución local y, particularmente al artículo 109 Bis, se estableció que los magistrados integrantes del ahora del TJA durarían en su cargo 14 años, contados a partir de su protesta constitucional.

Por lo tanto, refirió el quejoso, al haber rendido protesta como magistrado propietario el 14 de enero de 2011, su periodo constitucional de 14 años en el cargo concluye de manera definitiva hasta el 14 de diciembre de 2025.

 

 

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Aspira a una diputación local.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Nadia Luz Lara Chávez solicitó licencia temporal a su cargo, para buscar ser candidata a una diputación local.

En sesión de Pleno del TSJ se atendió la solicitud de licencia temporal sin goce de sueldo de la magistrada, quien no estuvo presente en la sesión, debido a que se encuentra de luto por fallecimiento de su madre, el pasado martes.

Con fundamento en el artículo 29, fracciones XIV y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que faculta al Pleno del TSJ para conceder licencia al presidente, a los magistrados y a los funcionarios judiciales, así como determinar adscripciones, se dio cuenta de la solicitud de licencia de Lara Chávez, la cual fue aprobada por unanimidad por sus homólogos.

La magistrada Lara Chávez, quien fue presidente del TSJ y candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de Morelos (PVEM) en el proceso electoral de 2018 -en el que finalmente declinó en favor del otrora candidato a gobernador por el PRD, Rodrigo Gayosso- aspira a competir por un escaño en el Congreso de Morelos por el partido Fuerza por México.

Inicialmente la solicitud de licencia fue por 30 días, con la posibilidad de renovarla hasta completar 90 días, sin embargo, por conducto del magistrado, Jorge Gamboa Olea, la magistrada pidió modificar su escrito inicial para solicitar licencia sin goce de sueldo solo por un mes.

 

 

 

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Ya transcurrieron dos meses desde que formuló la petición la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Después de dos meses, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia remitió a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos la solicitud de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, que el 22 de diciembre formalizó la petición de suspender del cargo e investigar al juez de control Daniel Rodríguez Apac, quien enfrenta un proceso penal por homicidio culposo.

Fue hasta ayer que en sesión de Pleno del TSJ, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz informó del escrito del 22 de diciembre de 2020 presentado por la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, para que “se dé intervención a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, para que inicie la investigación sobre la conducta del juez de primera instancia, de control y juicio oral, licenciado Daniel Rodríguez Apac”, para que se acuerde lo conducente.

El magistrado presidente detalló a los miembros del Pleno que, por el momento, Rodríguez Apac dejó de ser juez de control  para ser cambiado de adscripción como juzgador del sistema tradicional civil, en virtud de que enfrenta varias recusaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.  

Por unanimidad, los integrantes del Pleno, aprobaron el acuerdo por el cual se remitió el escrito de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, para que analice el caso.

El magistrado Juan Emilio Elizalde exhortó a los integrantes de la Junta de Vigilancia a atender este tipo de asuntos con mayor prontitud

“Esperemos que no sobrevengan casos similares como en el que lamentablemente se ve inmiscuido un integrante de este tribunal. Obviamente (es necesario) tener un poquito de mejor capacidad de respuesta, para efecto de no tener que llegar a este punto de que de otras instancias nos están solicitando, porque creo yo que se debió atender con prontitud y con efectos que lastimen lo menos a la sociedad y a la institución”, exhortó.

También el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles solicitó que la Junta de Administración informe al Pleno sobre las acciones que realice en torno al tema.

El magistrado presidente Rubén Jasso Díaz recordó que el caso data desde hace tres años, pero se comprometió a informar oportunamente los que se resuelva sobre el caso.  

 

 

 

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Jueves, 04 Marzo 2021 05:18

Magistrado refuta cuestionamientos

Carlos Iván Arenas advierte posible conflicto en la Barra de Abogados.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, lamentó las declaraciones de Miguel Ángel Rosete Flores, líder de una de las facciones de la Barra de Abogados, e insistió en que los nombramientos y periodos de los magistrados son totalmente legales.

Indicó que efectivamente los magistrados ya no fueron evaluados y ratificados por el Congreso, en virtud de que este proceso fue eliminado de la norma constitucional y se estableció un periodo único de 14 años, que fue validado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los actuales magistrados ya no fueron evaluados porque así lo dispone la Constitución desde el año 2017. Las aseveraciones del licenciado Miguel Ángel Rosete son contrarias a lo que establece el derecho vigente. Por lo tanto, lo podemos calificar como de un profundo desconocimiento de lo que marca la propia Constitución”, señaló.

Recalcó que no hay ninguna polémica y el asunto de los nombramientos y el periodo de los magistrados quedó totalmente resuelto por parte de la SCJN, pero “esta distorsión que él está dando no tiene ningún fundamento y ningún sustento, yo no sé quién le vendió la idea a él de dar una opinión contraria a lo que establece el texto de la Constitución, desconozco si tiene un interés político o de qué naturaleza sea su posicionamiento”.

Incluso, el magistrado, quien también pertenece a la Barra de Abogados, señaló que Rosete Flores tendrá que aclarar si su postura fue a título personal o como representante de la Barra, porque hay inconformidad entre los barristas por sus declaraciones.

“Yo me comuniqué con varios integrantes, porque yo formo parte de la Barra de Abogados, y no consultó a la Barra de Abogados, tengo entendido y lo tengo expreso en un whastapp, donde se reunieron los ex presidentes de la Barra de Abogados y le piden que se disculpe públicamente Miguel Ángel Rosete porque no tiene ningún sustento legal lo que hizo”, explicó.

Indicó que será el litigante quien tenga que hacer aclaraciones y enfrentar las consecuencias, en virtud de que podría generarse en la organización barrista un conflicto, del cual, dijo, se mantendrá al margen.

 

 

 

 

 

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Miércoles, 03 Marzo 2021 05:19

Cuestionan permanencia de magistrados del TSJ

Rosete Flores asegura que nueve superaron el tiempo para el que fueron nombrados; también ataca con un amparo indirecto la convocatoria para elegir a seis juzgadores.

Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las facciones en que se ha dividido la Barra de Abogados del Estado de Morelos, exigió una revisión jurídica integral a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que al menos nueve de los 14 magistrados en funciones no habrían sido ratificados por el Congreso local y sus periodos habrían fenecido. En respuesta, algunos magistrados aludidos refutaron el planteamiento del líder barrista.

En rueda de prensa, Rosete Flores informó que envió un oficio al Congreso para la revisión de los nombramientos de los magistrados y promovió un juicio de amparo indirecto donde, además de cuestionar la permanencia de los juzgadores de segunda instancia, impugnó la convocatoria para la designación de cuatro magistrados del TSJ y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Aseguró que, si bien en julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en la acción de inconstitucionalidad 20/2017 para validar el periodo único de 14 años en el cargo de los magistrados y que eliminó el proceso de evaluación y ratificación, el Congreso local no emitió ningún acuerdo o decreto modificatorio para dar sustento legal a las designaciones de los magistrados, en virtud de la sentencia del tribunal constitucional.

De acuerdo con el análisis del líder barrista, Juan Emilio Elizalde, Elda Flores León, Carmen Aquino Celis, Jorge Gamboa Olea, Bertha Rendón Montealegre y Manuel Díaz Carvajal ya concluyeron su primer periodo de seis años y, conforme a las condiciones legales de su designación original, debieron ser sujetos de evaluación y ratificación o, en su caso, el Poder Legislativo debió emitir un nuevo decreto basado en la resolución de la SCJN de  julio del año pasado, para dar respaldo jurídico a las y los magistrados, pero eso no ocurrió.

También refutó la permanencia en el cargo del magistrado, Andrés Hipólito Prieto, quien ejerce jurisdicción desde mayo del año 2000, en virtud de que en 2009 ganó un amparo, cuya ejecutoria quedó firme y no le fue aplicable la reforma constitucional de julio de 2008 relativa al Poder Judicial, por lo que conservó la inamovilidad en el cargo hasta cumplir los 70 años de edad.

Sin embargo, Rosete Flores alegó que el magistrado lleva más de 20 años en el cargo, y no sólo la inamovilidad ya no existe sino que excedió el periodo único de 14 años validado por la SCJN.

También objetó la permanencia en el cargo de Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, quienes antes de ser magistrados del TSJ ocuparon magistraturas en el extinto Tribunal Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Justicias Administrativa) y Tribunal Estatal Electoral. El primero, ejerció como magistrado administrativo tres años y, el segundo ocho años como magistrado electoral.

El litigante barrista consideró que no es dable mantenerse en el ejercicio jurisdiccional por encima de los periodos legales, con el argumento de pertenecer a uno y luego a otros tribunales. En el caso de Norberto Calderón Ocampo, señaló que también su cargo estaría por fenecer, ya que también su nombramiento original como magistrado supernumerario tampoco ha sido modificado.

Por ello, dijo que envió un oficio al Congreso local y promovió un juicio de amparo para impugnar la permanencia de los funcionarios judiciales y la convocatoria para designar a seis nuevos magistrados.

“Esta es una afectación grave a los morelenses, porque está en riesgo la seguridad y la certeza jurídica. Los actos pudieran estar llenos de nulidad por esta cuestión de nulidad”, por ello, “el día de ayer presentamos al Congreso un escrito informándoles, por si lo desconocían, la situación que prevalece en el TSJ y, de la misma forma, de manera responsable, presentamos un amparo indirecto contra la presentación de la convocatoria por estar plagada de ilegalidad y de nulidad. Creo que hoy es momento para renovar el TSJ en beneficio de las y los morelenses”.

 

MAGISTRADOS RESPONDEN

Para los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Jorge Gamboa Olea la postura del líder de la Barra de Abogados es cuestionable, infundada y sin sustento jurídico, ya que existen criterios legales que sustentan sus cargos.

Arenas Ángeles, recordó que ha sido un férreo defensor de que se respete la Constitución y estuvo en contra de la ampliación del periodo de los magistrados, además de que no existe disposición normativa que prohíba ser magistrado del TSJ por haber ejercido el mismo cargo en otro tribunal.

“Si aplicáramos el criterio del abogado Rosete equivaldría a aseverar que ninguna diputada o diputado local puede ser para el siguiente periodo diputado federal, porque ya fue diputado local. Es incorrecta su aseveración”, dijo.

Incluso, recordó que específicamente su caso ya fue revisado en tribunales federales y la resolución fue que, el tiempo ejercido en otro tribunal, no se computa con el periodo del cargo que actualmente ostenta en el TSJ.

Consideró que las afirmaciones de Rosete Flores están fuera de contexto y plagadas de desconocimiento, ya que existen resoluciones judiciales federales y hasta en la SCJN que validan sus nombramientos y los periodos de sus encargos.

También el magistrado aludido, Jorge Gamboa Olea,  lamentó que se pretenda desestabilizar al Poder Judicial y consideró que la declaración del litigante está plagada de desconocimiento legal, pues sus cargos no solo se sustentan en criterios emitidos por la Corte, sino que es aplicable la “afirmativa ficta”, que significa que al no haber sido sujetos a evaluación y ratificación –cuyo proceso fue eliminado del marco legal y validado por la SCJN- su encargo sigue vigente, y no existe ningún riesgo tanto para el ejercicio de sus funciones como para la resoluciones emitidas.

 

 

 

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Hay 52 detenidos.

Un juez de control concedió la ampliación del plazo para el cierre de investigación del caso de 52 personas, que fueron aprehendidas tras realizar una violenta manifestación a las afueras de Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) para exigir la liberación de un grupo de los llamados “tomacasetas”.

De acuerdo con información oficial, el Ministerio Público adscrito la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión solicitó más tiempo para concluir con la investigación complementaria, en virtud de que todavía falta extraer la información de 21 equipos celulares que fueron asegurados a los imputados durante su detención el pasado mes de octubre.

El juez de control otorgó a la fiscalía dos meses más para el cierre de investigación, dentro de la causa penal JC/1216/2020 que se sigue en contra de 54 personas, que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por el presunto delito de secuestro agravado y asociación delictuosa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, de forma extraordinaria y por el número de imputados, esta diligencia se desahogó en el Salón de Plenos del TSJ, con las medidas de seguridad e higiene necesarias para salvaguardar la salud de todos los intervinientes en la audiencia.

La noche del miércoles 21 de octubre, un grupo de personas se manifestó afuera de las instalaciones de la UECS, bloqueó el acceso al inmueble y a la autopista Cuernavaca-México, agredió a policías y dañó varias patrullas de la policía estatal, para exigir la liberación de las 78 personas detenidas la tarde del 20 de octubre, que mantenían tomada la caseta de peaje de Alpuyeca, exigían dinero a los automovilistas y tenían secuestrados a tres choferes y varios autobuses de transporte de pasajeros.

 

 

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Martes, 02 Marzo 2021 05:19

Nombran a nueva juez menor en TSJ

Eréndira Jaime Jiménez toma el lugar que deja Katia Vargas Robles, separada de su cargo hace unos días.

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos designó a una nueva juez, en sustitución de Katia Vargas Robles, quien fue separada del cargo luego de ser descubierta paseando en un destino de playa en horario laboral.

De manera temporal e interina le fue tomada la protesta a Eréndira Jaime Jiménez como juez primero menor civil y mercantil de la Primera Demarcación (Cuernavaca), quien de inmediato inició sus funciones.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, reconoció la carrera judicial y trayectoria de la nueva juez, a quien exhortó a ejercer su labor jurisdiccional con total probidad, honorabilidad y apego a la legalidad.

Derivado de que el TSJ reactivó sus actividades administrativas y en juzgados solo con el 30 por ciento de su personal de manera presencial, y el 70 por ciento restante en la modalidad home office (en sus domicilios), la Junta de Administración implementó, a través de la Visitaduría, un monitoreo de las actividades de los funcionarios y empleados, con la finalidad de verificar que realicen sus funciones conforme a su horario laboral.

 

 

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El 30 por ciento del personal labora en modalidad presencial.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina mantiene bajo observación a funcionarios y empleados judiciales, para constatar que  cumplan con sus jornadas laborales en la modalidad de  “home office” o presencial.

Luego de que una juez menor civil y mercantil del Primer Distrito Judicial, que debía estar en funciones, fue sorprendida vacacionando en un destino de playa, señaló que corrieron falsos rumores de que presuntamente otros miembros del personal judicial se habrían ausentado de sus laborales, “pero afortunadamente con algunos tenemos la posibilidad de llamarles al momento y comparecen para demostrar lo que están diciendo (sobre abandono laboral)”.

Indicó que la juez presentó su renuncia al cargo y la Junta de Administración dio por cerrado el caso, pero a través de la Visitaduría se implementaron acciones para constatar que todos los funcionarios judiciales y trabajadores cumplan con su horario laboral, ya sea en home office (en sus domicilios) o en las oficinas administrativas y juzgados.

“Estamos al pendiente de esta situación, incluso nuestra Visitaduría acude a los lugares para saber quién está en juzgado, quién está en casa trabajando”, dijo al señalar que se ha corroborado que todo el personal realiza sus labores desde los lugares asignados y el asunto de la ahora ex juez es el único caso.

El pasado 15 de febrero, al cambiar el color del semáforo epidemiológico de rojo naranja, el TSJ reactivó actividades con el 30 por ciento de su personal en modalidad presencial y el 70 por ciento con labores desde sus domicilios, como lo marcan los protocolos sanitarios.

 

 

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