El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla Becerro.

El proceso de destitución que inició el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado en contra de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, perdió validez legal desde diciembre pasado, por desidia de los mismos diputados que lo respaldaron.
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el proceso de remoción caducó en diciembre del año pasado, pues los integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas no le dieron seguimiento "por alguna extraña razón" y, ahora, el Poder Ejecutivo deberá promover uno nuevo, mediante otras causales, si pretende la salida de los dos fiscales.
"Vale la pena que le pregunten al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por qué la detuvo, que le pregunten a los iniciadores de esta situación. Tenían un plazo de 15 días hábiles para resolver y se venció este plazo el 18 de diciembre. De tal manera que la Comisión de Justicia que tanto buscó tener en sus manos una resolución de este dictamen, pues de repente paró el tema, llama la atención. Lo cierto es que legalmente se venció el plazo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) quienes impulsaron el proceso para remover del cargo a los llamados "fiscales carnales".
Zapotitla Becerro informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación continúa la investigación que inició en contra de los fiscales, para sustentar su destitución y evitar que permanezcan en el cargo dos funcionarios que fueron designados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez.

Hay uso indebido de recursos en áreas como seguridad pública, hacienda, desarrollo agropecuario y desarrollo social, confirma la consejería jurídica del gobierno estatal.

El consejero jurídico del gobierno de estado, Samuel Sotelo Salgado, informó ayer miércoles que en próximos días presentarán diez denuncias más en contra de funcionarios de la pasada administración por irregularidades que han sido encontradas en diferentes dependencias.

Comentó que se trata de anomalías que han surgido recientemente en las áreas de seguridad pública, hacienda, desarrollo agropecuario y desarrollo social, que están relacionadas con actos que podían constituir delitos; básicamente, uso o aplicación indebida de recursos.

Dijo que aún se lleva a cabo la revisión de los expedientes para iniciar los procesos con elementos suficientes.

Dijo que algunas carpetas no se han judicializado por que consideran que deben aportar más elementos para que vayan bien sustentadas; pero están en análisis al menos una decena que se suman a las más de 20 que ya fueron formuladas.

Sotelo Salgado apuntó que se debe determinar si las denuncias corresponden al área penal o administrativa o alguna otra área, y refirió que no se puede establecer cuántas personas están implicadas, ni se puede revelar -al momento- el nombre de los funcionarios señalados, para no violentar el debido proceso.

“Son cantidades diversas que se están revisando, algunas serán ante la Contraloría, otras ante la Fiscalía Anticorrupción, pero se sigue revisando el tema, (…) algunos son por contratos que otorgaron, facturas enrarecidas con manejo indebido”, abundó.

“El niño ciego”, una escultura religiosa de madera y marfil adquirida a una colección privada de Puebla y que pertenece al patrimonio del estado de Morelos, está desaparecida.

Así lo dio a conocer María Elena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura estatal.

Explicó que la estatuilla mide aproximadamente 30 centímetros, data del siglo XVII y fue adquirida durante la gestión de Martha Ketchum (2006-2012), pero desapareció durante la administración anterior, cuando Cristina Faesler Bremer fue secretaria de Cultura de Morelos.

María Elena González explicó que la “ausencia” se detectó en noviembre pasado, con el proceso de entrega-recepción, cuando el personal del Centro Cultural Jardín Borda realizó el contraste del inventario.

En ese entonces, el exdirector de Museos y Exposiciones, José Valtierra, argumentó que la escultura fue prestada al museo de Jantetelco, antes del sismo del 19 de septiembre de 2017, pero que con el terremoto “El niño ciego” resultó con severos daños.

“No se rescató siquiera una astilla, lo que a decir de los especialistas que participan en el rescate de las piezas dañadas es prácticamente improbable que ocurra, ya que quienes realizan las labores de restauración ciernen los escombros y rescatan las piezas, cuadros, retablos, murales y columnas, entre otros”, explicó la funcionaria encargada del Jardín Borda.

La sucesora de José Valtierra dijo que al pedir la hoja de salida con los datos precisos de la figurilla, no le fue entregado ningún documento; asimismo, dio a conocer que el personal responsable del museo de Jantetelco negó que hayan pedido y recibido a “El niño ciego”.

María Elena González reveló que en el año 2015 la bodega que contiene la colección del Borda fue abierta y las piezas, entre otras, la figurilla perdida, se trasladaron hasta las oficinas de Valtierra, a una cuadra de distancia del Centro Cultural, para una presunta limpieza.

Gerardo Palma, colaborador de María Elena González, dio a conocer que el proceso de traslado de las piezas estuvo plagado de irregularidades: no se inventariaron las piezas ni al ser recibidas ni entregadas y al personal se obligó a llevar las cajas que contenían piezas de la colección sin abrir, para no constatar su contenido.

María Elena González dijo que una vez que concluya el proceso de entrega-recepción, la Dirección de Museos y Exposiciones iniciará el proceso correspondiente ante la Contraloría para que sea esta instancia la que inicie las denuncias penales correspondientes por la pérdida de “El niño ciego”.

La empresa constructora entregará la totalidad de las instalaciones, luego de retener la mitad por los adeudos que dejó Graco.

La sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca y cuyo costo fue de aproximadamente 500 millones de pesos, será entregada de forma total por la empresa "Ago Operadores S.A. de C.V." en este mes, a casi un año de que fuera inaugurada por el ex gobernador Graco Ramírez.
El secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez-Valdés, informó que, el viernes pasado, se pagaron 25 millones de los 54 millones que heredó la pasada administración por adeudo con la constructora. Con dicho pago, "Ago Operadores" se comprometió a entregar todas las oficinas para que los legisladores las puedan usar y a terminar los pendientes de la obra.
"El tema es más bien administrativo en el contrato, en el cual hay una deuda de 54 millones de pesos del anterior gobierno hacia la empresa, pero ya estamos solventando, pagamos 25 (millones) el viernes pasado", agregó. 
La sede legislativa, cuyo costo fue de aproximadamente 500 millones de pesos, se inauguró el 28 de febrero del 2018 por Graco Ramírez, sin embargo, los diputados de la LIII Legislatura pudieron utilizar sólo la mitad de las instalaciones hasta agosto del mismo año, por el adeudo que aún se tenía con la empresa.
Fidel Giménez-Valdés aseguró que se corregirán todas las fallas que registre el inmueble desde su construcción, a petición de los mismos diputados, que han señalado posibles riesgos.
"Todas las obras tienen detalles, pero todo lo que tenga que ser corregido se va a corregir, es parte del compromiso que se hizo con la empresa, por eso le debemos una cantidad porque vamos a terminar de revisar absolutamente todo e, incluso, las peticiones de las diputadas y diputados... todas esas fallas se van a corregir y solucionar", explicó. 

Para cumplirle una promesa a su esposa, Graco Ramírez inventó un “concierto a beneficio de los niños con capacidades diferentes”

Utilizaron recursos públicos para pagar la contratación de Plácido Domingo y los gastos del concierto, a sabiendas de que no habría ganancia alguna

El gobierno estatal recuperó recursos para el campo en Morelos que la administración pasada había dejado perder el año pasado. A partir de esta semana se comenzarán a ejecutar más de mil 200 proyectos con una inversión superior a 54 millones de pesos.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, informó que la administración del exgobernador Graco Ramírez decidió retirarse de fondos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que esta gestión logró rescatar con la aportación estatal.

“Para darnos una idea, se trata de programas de los que se cerraron ventanilla desde febrero o marzo del año pasado, que calificaron la Federación y el estado, entonces, de tres mil 300 solicitudes, alrededor de mil productores no cumplían los requisitos documentales, otros tenían adeudos”, explicó el secretario, al exponer que se rescataron esos fondos con mucho esfuerzo a finales del 2018, tan solo cuatro días antes de que terminara ese año.

Aunque son recursos del ejercicio fiscal pasado, se acordó -en la sesión más reciente de la Junta de Gobierno- la ejecución de tales programas, y se comprometieron los fondos de tal manera que desde esta semana comenzará la ejecución de los proyectos.

Entre dichos proyectos refirió paquetes ganaderos a pequeños productores de borregos y de porcinos, el programa de jóvenes con arraigo, viveristas, entre otros.

En el caso de aguacateros, mencionó -como ejemplo- que se apoyará la construcción de 144 ollas de agua, una por huerto, que son del tamaño de una alberca con geomembrana; y se estimulará la producción bajo cubierta con la construcción de 167 invernaderos.

El secretario mencionó que están a la espera del presupuesto estatal, pero consideró que trabajando de manera directa, sin intermediarios, “sin moches, sin coyotes”, el dinero rendirá mucho mejor.

Dijo ser respetuoso de las organizaciones sociales que sirven a los productores para defender sus intereses, pero insistió en que los apoyos se entregarán de manera directa.

Se comprometieron a abrogar las "pensiones doradas" concedidas a exfuncionarios, así como a cancelar beneficios a fiscales y notarios públicos otorgados por la anterior legislatura, entre otras promesas.

A cuatro meses de que inició la LIV Legislatura, la abrogación de las "pensiones doradas" a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y la cancelación de beneficios a favor de los fiscales y a notarios públicos otorgados por la pasada legislatura, son algunos de los compromisos pendientes de los diputados locales.
Aunque los legisladores garantizaron que darían marcha atrás a los abusos cometidos por sus antecesores y se les castigaría por el mal uso que cometieron en el ejercicio de los recursos financieros del Congreso local, hasta el momento sólo han sido compromisos mediáticos.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aún estaban bajo investigación las jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de alto nivel de la administración pasada, la mayoría cuestionadas por los altos montos autorizados y, sobre todo, por su legalidad.
Los integrantes de la LIV Legislatura tampoco concretaron la contrarreforma que comprometieron a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para eliminar los beneficios otorgados por los exlegisladores a favor de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente, quienes al finalizar su encargo recibirán una pensión y seguridad personal de por vida.
La creación de una nueva Ley del Notariado Público para eliminar la que aprobó la LIII Legislatura y que garantiza la inamovilidad de los notarios públicos, también se pospuso para su revisión en el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará en febrero próximo, a pesar que fue una de las primeras iniciativas impulsadas por los diputados en septiembre pasado y, posteriormente, secundada por una propuesta que presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.
Los legisladores tampoco han informado de los avances en las investigaciones que iniciaron por el presunto mal uso de los recursos del Congreso del estado, cometido por la LIII Legislatura. Sólo han señalado el déficit financiero que recibieron, cuya cantidad va de los 50 millones a los 90 millones de pesos, según versiones de diferentes diputados.

El gobierno estatal iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada.

El gobierno estatal actual iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada. Ahora se trata de recursos que estaban destinados al Morebús, por un monto aproximado de 20 millones de pesos.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que sigue la conformación de expedientes y se estructuran las denuncias, que serán formuladas ante las instancias competentes hoy y en los próximos días.

Apuntó que entre ellas se encuentran algunas derivadas de la revisión que ha hecho la Secretaría de Movilidad y Transportes, “en algunos temas relacionados con el otorgamiento de algunas concesiones” de forma irregular.

Otra de éstas está vinculada al proyecto Morebús, cuyo programa quedó a medias, “porque se invirtieron algunas cantidades de dinero y por motivo del sismo se tuvo que suspender ese proyecto, pero se está revisando porque se advierten algunas anomalías con relación a la aplicación de recursos”. Justamente, el proceso legal tendría como fin establecer a qué se destinaron algunos de esos fondos por alrededor de 20 millones de pesos.

Explicó que algunas de las denuncias se entregaron ante la Secretaría de la Contraloría, pero eso no implica que no se continuará el procedimiento por la vía de la fiscalía anticorrupción y, en un momento dado, se podría convertir en asunto penal. Entre ellas, las que inició el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado por la asignación de un crédito para la compra de un vehículo por 600 mil pesos, al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

“Se ha trabajado en los dos aspectos, administrativo y en el área penal; hay dos denuncias, una en la contraloría y otra en la fiscalía”, expresó al exponer que la instrucción del gobernador es que se aplique la ley.

Por otra parte, el consejero dijo que no han sido notificados de la decisión del Congreso local respecto a la solicitud que entregó el Poder Ejecutivo para la remoción de los fiscales anticorrupción y general del estado. Comentó que hasta donde se ha enterado, los legisladores han expuesto que hay una suspensión de un juzgado federal que les impide sesionar para deliberar sobre el asunto.

“Pero eso está en manos del Congreso del estado. El gobernador cumplió con su responsabilidad de proceder, al tener conocimiento de una conducta grave, tal y como lo señala la ley general de responsabilidades de los servidores públicos y haber designado a funcionarios que no cumplían con los requisitos para ocupar un  cargo de esa naturaleza por no contar con los exámenes de control y confianza”, argumentó, al insistir en que esperarán a conocer la respuesta del Legislativo para definir lo conducente.

El Instituto de Crédito inició dos denuncias por irregularidades en la asignación de préstamos a exfuncionarios, entre ellos el exgobernador.

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) inició dos denuncias por irregularidades en la asignación de préstamos para exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien le asignaron 600 mil pesos para la compra de una camioneta de lujo.

Como se había adelantado, la titular del organismo, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, confirmó ayer miércoles el inicio formal del proceso legal administrativo contra quienes resulten responsables de las anomalías detectadas y que, en su momento, se hicieron de dominio público.

La funcionaria detalló que la primera fue presentada ante la Secretaría de la Contraloría, “derivado de las irregularidades detectadas en el otorgamiento del denominado ‘Crédito 02’ para la adquisición de vehículo del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu”.

Apuntó que el 21 de septiembre pasado, a unos cuantos días que terminara la administración pasada, “se autorizó un crédito al entonces gobernador Graco Ramírez para la adquisición de una camioneta marca Chevrolet, modelo Traverse, por un monto de 600 mil pesos, bajo el argumento de ejercer su derecho como trabajador al servicio del Estado”.

La denuncia incluye a varios ex servidores públicos y contra quien resulte responsable una vez que se deslinden responsabilidades, porque a decir de la funcionaria estatal, “quien se desempeñaba como secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, autorizó el préstamo y firmó como aval para el otorgamiento del crédito en mención, contrario a las disposiciones que rigen al organismo”.

Dicha acción podría configurarse como una falta a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, añadió.
De acuerdo con la versión oficial, se inicia un proceso administrativo ante la Contraloría, institución que deberá analizar el caso y, de encontrar que hubo otro tipo de responsabilidades, deberá dar parte a las instancias legales, que podrían ser en un momento dado de tipo penal, como detrimento patrimonial de la institución pública, por ejemplo.

Se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó; también hay procesos por irregularidades en el Instituto de Crédito y en la Sedagro.

La actual administración detectó que en el gobierno pasado se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó, por lo que iniciará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al tratarse de fondos federales. Por otra parte, iniciarán los procesos correspondientes por anomalías en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

El consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que suman alrededor de 30 las denuncias que ya fueron iniciadas por el actual gobierno ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, y hay varios expedientes en proceso de integración, además de la denuncia que se presentará ante la PGR.

En entrevista, la mañana de ayer miércoles, informó que ayer mismo se iniciarían entre tres y cuatro por parte del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado, por disposiciones indebidas de recursos económicos. Cuestionado al respecto, no descartó que entre ellas se encuentre la que corresponde al préstamo que se le otorgó al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a unos cuantos días de su salida. “No puedo dar nombres ni detalles… sí podría ser”, respondió ante la pregunta expresa.

El funcionario habló también sobre la postura del fiscal anticorrupción, quien sostiene que no ha emprendido acciones porque el actual gobierno no le ha aportado pruebas de los supuestos delitos cometidos por funcionarios de la administración graquista.

“Todo lleva su proceso, hay alguna diferencia en puntos de vista con el fiscal, pero creo que debe quedar claro que la investigación y persecución de los delitos corre a cargo de la institución del ministerio público y no de los particulares”, expresó, al exponer que el gobierno del estado pidió constituirse como coadyuvante y poder robustecer la investigación con algunos elementos, pero insistió en que todos los actos y la responsabilidad es exclusiva de la Fiscalía y habrá de esperar si decide la judicialización de las carpetas.

Reiteró que será la Fiscalía la que determine el monto del daño patrimonial, en caso de que lo hubiera.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, vicealmirante José Ortiz Guarneros, informó que se detectó que se erogaron 27 millones de pesos para la capacitación de 400 elementos policíacos, pero que no se realizó. Los recursos que se destinaron para esa supuesta capacitación corresponden a fondos federales y, por ende, la denuncia será presentada ante la PGR.