Pagar pensiones implicaría dejar de liquidar sueldos a los trabajadores activos, dice regidor.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) planea suspender el pago a proveedores e, incluso, pedir a la tesorería municipal un adelanto de participaciones para pagar a los trabajadores jubilados, informó el regidor de Relaciones Públicas, Jorge Pallares Morales.

Señaló que cumplir con el pago a los jubilados es complicado, ya que en los últimos meses los ingresos del organismo bajaron a 17 millones de pesos, debido a que los usuarios no pagan por el servicio de agua.

Por eso, los integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC buscan otras opciones, como pedir prórroga a los proveedores de químicos para tratar el agua, solicitar un adelanto de participaciones y hasta vender algunos terrenos propiedad del municipio.

También solicitaron a la directora del organismo operador, María Luisa López Sotelo, hacer un esfuerzo y pagar las pensiones, aunque es difícil porque el pago a los jubilados implicaría dejar de pagar a los activos.

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Sin embargo, admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora" en el Congreso del estado.

La diputada perredista Silvia Irra Marín, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, justificó las jubilaciones 'doradas' aprobadas por la vía rápida en el último del periodo ordinario de sesiones y aseguró que estuvieron apegadas a derecho.

La legisladora local, quien en un primer momento se negó a dar declaraciones al argumentar que se encuentra de vacaciones, pidió a los ciudadanos que han criticado el actuar de los diputados, que lean la Ley del Servicio Civil antes de cuestionar.

"La ley dice que mientras los trabajadores tengan 18 años dentro de los poderes del gobierno, tienen derecho a una jubilación, incluso, dice, no importa la edad, y tampoco dice no importa el parentesco y, mientras a mí me ampare la ley, a mí no me importa si son funcionarios de gobierno, si son las esposas de los diputados o de los presidentes, o de quien sea. Mientras la ley los ampare, yo no tengo la capacidad de quitarles un derecho que la ley les da", declaró.

Irra Marín admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora", pues siguen en revisión en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Es que de acuerdo a la legisladora, en todos los dictámenes aprobados, previamente se realiza una investigación en los lugares de servicio de cada trabajador, y dicho procedimiento se aplicó en todos los casos. Sin embargo, las jubilaciones de las esposas de los diputados Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, Denya Flores Sánchez y Helena Marín, se hicieron con cargo al Congreso, aunque nunca se les vio trabajar en alguna área de dicho Poder. 

Entre los integrantes de la lista de los nuevos jubilados con pensiones "doradas" están la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez; el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Velázquez Adán; Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, y Karina Arteaga Gutiérrez, directora de Recursos Humanos del Congreso.

También Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales; además de Bertha Rodríguez Báez, directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.

 

 

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Anuncian que en cuanto la institución reactive sus actividades, se reinstalarán en plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta.

Trabajadores en retiro del Poder Judicial exigieron el pago de sus pensiones, luego que supuestamente el Poder Ejecutivo autorizó una reasignación presupuestal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de jubilaciones.

Martha Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Maestro Jesús Bello Espíritu”, explicó que la semana pasada fueron publicados los decretos pensionatorios de María Guadalupe Cervantes González, Argelia Leana Fierros, Rosalba Juárez Camacho y Alejandra Rojas Porcayo, quienes acudieron este lunes a la Dirección de Administración del TSJ a cobrar su pensión del último mes y el dinero que se les adeuda desde su retiro, hace más de diez meses.

Pero la respuesta del director de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez, fue que no tenía ni presupuesto ni información de que debía hacerles el pago.

Arroyo Moreno dijo que esto fue devastador para sus compañeras jubiladas, algunas de ellas provenientes de la región oriente del estado, quienes tuvieron que pedir prestado para costear su traslado a Cuernavaca y regresaron a casa con las manos vacías y con la abrumadora preocupación sobre qué harán para conseguir sustento.

Recordó que recientemente fue autorizada una reasignación presupuestal al TSJ para el pago de varios decretos jubilatorios, con base en lo ordenado por la Suprema Corte sobre la resolución de diversas controversias constitucionales en las que, esencialmente, se ordenó etiquetar recursos para que el TSJ pague las pensiones de los trabajadores en retiro.

“Se siguen violentando los derechos de los trabajadores. Es lamentable que mis compañeras hayan venido desde Cuautla para que les dijeran que no hay ni autorización ni presupuesto para pagarles la pensión que se les adeuda desde hace más de 10 meses”, señaló.

Dijo que además de los jubilados que han protestado e instalado un plantón en la explanada del TSJ, hay 18 trabajadores más en espera de que se publiquen de nuevo sus decretos, ya con el presupuesto etiquetado, y otros 21 en están en espera de que se resuelva su situación.

Sin embargo, el número de jubilados afectados por el no pago de su pensión es mayor, porque el TSJ promovió más de 130 controversias constitucionales contra los decretos de pensión argumentando falta de presupuesto.

La representante de los jubilados expresó que una vez que el TSJ reactive sus actividades, reinstalarán el plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos y el pago inmediato de sus pensiones.

 

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Ayer volvieron a cerrar la avenida Morelos en reclamo del pago de pensiones.

Jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bloquearon de nueva cuenta -este lunes- la avenida Morelos, afuera de las instalaciones del organismo operador, para exigir el pago de sus pensiones, las cuales les adeudan desde abril pasado.

Alrededor de las 11 de la mañana, los trabajadores del SAPAC colocaron sus pancartas bloqueando la avenida Morelos para exigir ser atendidos por las autoridades municipales, a pesar de que Juan Juárez Rivas, representante jurídico, había acordado con José Manuel Sanz Rivera que tendrían una reunión este martes.

Los trabajadores argumentaron que es necesario que las autoridades respondan a sus peticiones pues de sus ingresos dependen sus familias, además de que la mayor parte de los trabajadores jubilados son personas de la tercera edad, quienes requieren el recurso no sólo para su sustento, sino también para atender padecimientos físicos.

Entrevistados sobre las movilizaciones, coincidieron en reconocer que son acciones muy desgastantes y que, además, les generan gastos, sin embargo, ven en la protesta la única forma de ser escuchados por las autoridades.

Confiaron en que el presidente municipal y gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo escuchará sus peticiones y analizará su situación, considerando que son personas humildes que trabajaron muchos años para el SAPAC y lo único que exigen es que se les retribuya a través de un pago.

 

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El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos.

La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmán, remotamente podría prosperar una querella penal en contra de los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura por la aprobación de las pensiones a secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios estatales, porque no se configura ningún delito y, en todo caso, los legisladores ejercieron sus facultades previstas en la ley al autorizar los decretos pensionarios.

Hace unos días, el Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 29, de los 30 diputados, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte.

Pero para el abogado Salgado Guzmán, la querella penal no es la vía para refutar los decretos pensionarios, sino el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual puede ser promovido por el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, para demandar bajo la figura del juicio de lesividad los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

También pueden explorar esta vía los próximos diputados, las organizaciones civiles y ciudadanos inconformes y hasta los próximos alcaldes y Cabildos, ante las cascadas de “jubilaciones doradas” que se avecinan en los ayuntamientos antes del cambio de las administraciones municipales.

Consideró que promover el juicio de nulidad contra los decretos pensionarios, permitiría no sólo conocer si el proceso legislativo para su aprobación se llevó adecuadamente, sino esclarecer si hubo o no actos de corrupción.

Señaló que a través del juicio se podría verificar si los funcionarios pensionados cumplieron con los años de trabajo, si cumplieron con los requisitos y la edad previstos en la ley, pero sobre todo determinar sobre si la documentación integrada a los expedientes es auténtica o apócrifa, si hubo hechos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.  

En el supuesto de comprobarse irregularidades, dijo, entonces sí se podría dar parte a la Fiscalía Estatal Anticorrupción y proceder en consecuencia para sancionar a quienes engañaron al Estado con documentación alterada o apócrifa, y a la cadena de funcionarios implicados.  

La aprobación de los decretos de jubilación de secretarios de despacho, esposas, familiares e incondicionales de altos funcionarios del gobierno saliente causaron indignación en diversos sectores de la sociedad.

Agrupaciones de abogados, profesionistas y ciudadanos organizados analizan los diversos caminos legales para impugnar los decretos, que han considerado no sólo inmorales, sino un daño patrimonial a las finanzas estatales.

 

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Ofrecen trabajo coordinado con los legisladores electos para echar atrás reformas y jubilaciones “doradas”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño, informó que como iniciativa privada y con los diputados electos, buscarán revertir las reformas y jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura antes de concluir su último periodo ordinario de sesiones.

Explicó que desde la semana pasada han entablado reuniones con los legisladores electos para que se tomen decisiones respecto a las acciones legales que promoverán y evitar que se cause más daño al estado con reformas como la hacendaria, con la que los diputados desaparecieron el Fondo de Turismo y el de Competitividad.

"Durante 34 años hemos estado vigilando todas las legislaturas y para nuestro punto de vista ha sido la peor y, luego, con este problema que dejaron para el estado de Morelos, quitar los fideicomisos, quitar los fondos para turismo y otras cosas más, qué lamentable. Ya estamos en pláticas para resolver esto con los diputados electos", subrayó. 

Aseveró que la próxima legislatura tiene que tomar medidas urgentes respecto a los asuntos aprobados en los últimos días del periodo ordinario, pues depende de ello el desarrollo económico del estado.

Por otro lado, dijo que también se trabajará con la próxima legislatura en la revisión de las leyes de ingresos municipales, para evitar excesos en el cobro de derechos y servicios municipales por las próximas autoridades, que presentarán sus iniciativas a más tardar en el mes de febrero del 2018.

 

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Hay controversia constitucional ante la SCJN por invasión de competencias y violación a la autonomía municipal.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) informó que no pueden pagar las jubilaciones a trabajadores de este organismo porque fueron los diputados del Congreso del estado quienes violaron la autonomía municipal al aprobarlas.

La controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el municipio de Cuernavaca, reclama que el Congreso invadió la competencia y violentó la autonomía municipal, toda vez que es el municipio el que determina quiénes se pensionan y a cuánto ascienden los montos equivalentes. 

Manifestó el SAPAC que los diputados saben que invaden atribuciones, pues –incluso- otras instituciones, como el Tribunal Superior de Justicia, han presentado controversias contra el Congreso, por ver una franca violación a la autonomía del Poder Judicial.

El SAPAC aclaró que los derechos de los trabajadores están resguardados por las leyes y la Constitución, y que el recurso presentado sólo pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimite el poder que de manera indebida ejerció el Congreso sobre el municipio.

 

 

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Cerraron la avenida Morelos al menos dos horas, pero sus reclamos no fueron atendidos por ninguna autoridad.

Trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Cuernavaca y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizaron la mañana de ayer un bloqueo en la avenida Morelos, a la altura del organismo operador de agua.

El cierre motivó severos congestionamientos viales en las calles aledañas a la zona de la protesta, no obstante, los manifestantes explicaron que tuvieron que realizar esa medida para obligar a las autoridades municipales a recibirlos.

Juan Juárez Rivas, representante legal de los trabajadores, explicó que la semana pasada estuvieron en plantón permanente en la Plaza de Armas de Cuernavaca, incluso, algunos trabajadores decidieron ponerse en huelga de hambre, pero físicamente (por su edad) estaban impedidos para realizar esas acciones y ahora realizan bloqueos. Pese a todas esas acciones y de tener la razón legal para exigir el pago de sus pensiones y jubilaciones, las autoridades municipales no han respondido.

Se mantuvieron en bloqueo por al menos dos horas y pese haber provocado problemas viales, no fueron atendidos por ninguna autoridad, por lo que aseguraron que seguirán en lucha hasta tener una respuesta positiva, pues a pesar de ser, en su mayoría, personas de la tercera edad, tienen familia que aún depende de sus salarios.

 

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El edil electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición.

Los alcaldes electos de Jiutepec y Cuernavaca Rafael Reyes Reyes y Francisco Antonio Villalobos Adán, respectivamente, demandaron este jueves a las administraciones en turno, se agilicen los procesos de entrega recepción para lograr una transición estable, conforme a derecho.

Personalmente Rafael Reyes se presentó la mañana de este jueves en la alcaldía de Jiutepec, donde entregó formalmente un oficio dirigido al edil en funciones Manuel Agüero Tovar, en el que expone que tras la jornada electoral en la que fue electo como presidente municipal con rotunda mayoría, ha observado junto con la sociedad una “suerte de vendeta producida por la derrota”.

“Tal pareciera que el juego democrático y la decisión de los jiutepequenses, lo único que provocó fue una serie de acciones en contra del municipio y de los recursos públicos que deben ser utilizados para el bien de la población”, expresa el documento, al sostener que esas acciones no lastiman a Reyes Reyes, pues Agüero es el responsable de lo que ocurra en la administración municipal hasta el 31 de diciembre de este año.

Le recuerda que el cobro de la basura fue un compromiso que el actual presidente municipal hizo con la población y el escudarse en una aprobación del cabildo, implica “una excusa falaz para aventar la piedra y esconder la mano. Desafortunadamente para usted fue la presión social quien le obligó a devolver a la sociedad un derecho ganado y no una generosidad que posteriormente quiso mostrar”.

Por otro lado, dijo que ya advierte que pretenden llevar a cabo diversas acciones en las próximas semanas con el fin de afectar a la comunidad, como la creación de otro sindicato que encabezará uno de los “incondicionales” trabajadores de confianza del alcalde en turno.

“Espero que tenga la capacidad de entender que seguir generando la obesidad burocrática, lo único que provoca es que los recursos públicos que debieran destinarse a obras y acciones sociales, se queden en un pequeño grupo que es el que a final de cuentas ha gobernado el trienio que usted encabeza”, sostiene el oficio dirigido al aspirante perdedor.

Además, Rafael Reyes hizo directa la acusación en el sentido de que está presionando a trabajadores a jubilarse sin cumplir con lo que establece la ley e incluso “se presume con documentos apócrifos”, lo que afectaría las finanzas de la demarcación.

Reyes Reyes, alcalde electo por la coalición Juntos Haremos Historia, asevera en el citado escrito que de forma “irresponsable y dolosa” Agüero Tovar encabezó una serie de despidos, con lo que pretende dejar una enorme cantidad de laudos y convenios de pago de elevadas cifras, lo que de nueva cuenta lastimará las arcas municipales.

Les señala por sostener una “actitud irresponsable” y le advierte que habrá de iniciar las acciones legales pertinentes. Y le advierte, que al igual que en el tema de la basura, él debió haber previsto y proyectado el gasto de la adquisición de útiles escolares para ser entregados como un apoyo a los padres de familia este año.

El futuro alcalde de Jiutepec denunció e hizo notar en el multicitado escrito que, con la misma actitud de escudarse detrás del cabildo, que no le ha puesto un alto en los excesos, decidió cancelar ese apoyo para la población, a pesar de que lo prometió a cambio del voto en el proceso electoral del 2015 y que refrendó en las pasadas campañas.

Otro de los puntos que toca Reyes Reyes, es el de los centros de salud. Aseveró que es lamentable que por “coraje y cerrazón” de Agüero Tovar, tras haber sido castigado por el voto ciudadano, haya mandado cerrar las unidades de atención médica con el pretexto de que el mobiliario era prestado y de su propiedad, “lo cual lo hace una historia increíble no sólo ante mis ojos sino ante los ojos de miles de ciudadanos que habitan este municipio”.

El próximo presidente municipal expuso a la luz pública que desde el pasado 5 de julio pidió a la actual administración (anexando una constancia de mayoría que le acredita como alcalde electo), la conformación de comisiones para iniciar el proceso formal de transición, pero este jueves recibió la respuesta, negándose a tal proceso legal. Dijo que el único argumento que dio Agüero Tovar es que “aún no son fechas”. “Sólo le digo que tome en cuenta que este tipo de acciones de cara a la sociedad, lo único que refleja es un fuerte temor por mostrar lo que las entrañas de un gobierno se está llevando y se ha llevado a cabo. Ante la transparencia y la claridad no hay argumento válido para no mostrar lo que en estricto sentido de razón debiera ser del dominio público”.

Expuso en la carta –hecha pública por el propio edil electo- que tanto el síndico, como el hasta ahora alcalde, deberán rendir cuentas: por “…escondidos que estén los malos manejos, siempre serán localizados y posterior al primero de enero habremos de dar cuenta del porqué de una actitud de negación para ver las entrañas de la administración pública municipal”.

 

Alcalde electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición

Francisco Antonio Villalobos Adán, quien recibió la constancia como alcalde electo de Cuernavaca, informó este jueves que ya solicitó de manera formal a la actual administración se nombre la comisión de entrega-recepción.

Dijo que confía en que este proceso se lleve a cabo con cordialidad y respeto, pues la norma así lo contempla: “El día de ayer nosotros presentamos el documento, en donde le pedimos con tranquilidad y mesura que nos informe quién será el representante del ayuntamiento actual, que sea el titular de la transición, de la entrega recepción”.

Dijo que su postura es de cordialidad y comentó que comprenden que el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador electo del estado, “está cargado de trabajo” y habrá de llevar a cabo los dos procesos: “lo entendemos y comprendemos y lo que queremos es trabajar bien en Cuernavaca y para eso necesitamos la conciliación y las voluntades entre ambas partes”.

 

 

 

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Nacida en 1976, la exfuncionaria supuestamente acreditó 24 años y cuatro meses de servicio en la burocracia, básicamente en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la pensión por jubilación de la Secretaria de Administración del Congreso local, Martha Patricia Bandera Flores, y se publicó el nombramiento de su relevo.

De acuerdo con el decreto pensionario, la ahora exfuncionaria legislativa acreditó 24 años, cuatro meses y días de servicio ininterrumpido en la administración pública local, al desempeñar varios cargos en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Según datos tomados de su Clave Única de Registro de Población (CURP) que están disponibles en la página de la Secretaría de Educación Pública, bajo el rubro “Personal con licencia”, la ahora jubilada nació el 22 de enero de 1976, por lo que tiene 42 años de edad, lo que significa que comenzó su carrera en la burocracia a los 18 años.

El último salario de Bandera Flores fue de 68 mil 555 pesos con 36 centavos y la pensión fue fijada al 80% del tope de 600 salarios mínimos, es decir, en 42 mil 412 pesos, incrementándose la cuantía de acuerdo con el incremento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.

Al entrar en vigor el decreto pensionario, se publicó simultáneamente el acuerdo legislativo por el cual se designó como sustituta de Bandera Flores a Aleyda Castro Díaz, quien tiene experiencia como auditora de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y hasta hace unas horas era la responsable de la dirección de Contabilidad del Congreso.

Esta es una de varias jubilaciones aprobadas por el Congreso en el ocaso de la LIII Legislatura, severamente criticada por conceder pensiones doradas a secretarios de despacho y familiares de funcionarios de alto nivel del gobierno de Morelos.

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