Se manifestaron en la SCJN para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para que emita los nuevos decretos pensionarios.

Un grupo de trabajadores jubilados del Poder Judicial de Morelos realizó una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para, a la brevedad posible, emita los nuevos decretos pensionarios, pues más de una veintena de empleados judiciales en retiro tienen más de un año sin percibir un ingreso.

Con pancartas, los jubilados acudieron a la sede del máximo tribunal del país en la Ciudad de México, como medida de presión para que tanto la Corte como el Congreso, aceleren los procesos legales para que pronto puedan recibir su pensión.

Y es que parte del cúmulo de las controversias constitucionales promovidas por la representante del Poder Judicial de Morelos, Carmen Cuevas López, para reclamar presupuesto para pagar la nómina de nuevos jubilados, fueron resueltas por la Primera Sala de la SCJN que en sus resoluciones, determinó invalidar los decretos pensionarios y ordenó al Congreso local emitirlos de nuevo, con su respectiva partida presupuestal asignada.

De acuerdo con los afectados, el Congreso (cuya legislatura fue renovada apenas hace dos meses) no ha cumplido con su responsabilidad legal de emitir los nuevos decretos para que los trabajadores puedan recibir sus pensiones.

Elsa Gallardo Villagómez, con 26 años de carrera judicial y ex secretaria de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que la protesta tuvo como objetivo llamar la atención de los ministros y pedirle que la SCJN presione al Congreso con apercibimientos, para que emita los nuevos decretos, porque al menos 26 trabajadores tienen varios meses, o hasta más de un año, sin percibir su pensión, debido a que el Poder Judicial suspendió los pagos.

Los trabajadores también lanzaron un exhorto a la actual legislatura para que cumpla con los mandatados de la SCJN y se atienda adecuadamente el tema de los jubilados del Poder Judicial.

 

 

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Desde la administración de Graco Ramírez exigen el pago de prestaciones pendientes.

Maestros jubilados y en activo protestaron en el Congreso del estado y pidieron a los diputados atiendan sus demandas para que se les paguen las prestaciones pendientes desde la. 

Por tercera ocasión en menos de dos meses, desde que inició la LIV Legislatura, los profesores acudieron al Poder Legislativo y pidieron que dentro del Paquete Económico 2019 se incluya una partida presupuestal para el pago de la prima de antigüedad que se les debe a jubilados y pensionados, monto que asciende a 300 millones de pesos, además de otras prestaciones laborales pendientes.

De igual forma, demandaron a los diputados que intervengan ante el gobierno estatal para que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) reinstale a los 25 maestros que fueron cesados por no haber cumplido con el proceso de evaluación.

En sus consignas, los maestros exigieron el cambio de la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, a quien acusaron de trabajar en favor de los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no del magisterio.

Los profesores fueron atendidos por varios diputados locales y en la mesa de trabajo establecieron dentro de sus demandas que se designe a otro diputado en la Comisión de Educación.

 

 

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El Ayuntamiento les debe tres.

Cuautla.- Luego de que en repetidas ocasiones el Ayuntamiento de Cuautla que encabeza Raúl Tadeo Nava precisara que a pesar de que el municipio pasaba por una "crisis económica" el pago de las quincenas a trabajadores jubilados y pensionados estaba garantizado, la realidad es otra.

Alrededor de un centenar de jubilados y pensionados se dieron cita en la oficina de la pagaduría municipal, para exigir el pago de al menos tres quincenas que se les adeudan.

Ante dicho incumplimiento, los inconformes colocaron diversas pancartas afuera de dicha oficina, además de señalar que mantendrán una guardia constante para hacer presión y exigir a las autoridades el cumplimiento de los pagos que se les adeudan, por considerar esto un abuso.

Añadieron que es necesario que se les cumplan con dichos pagos, ya que en la mayoría de los casos solamente dependen de ese dinero para cubrir sus necesidades, situación por la que les es imposible mantenerse a la espera de ver cuándo se les puede cumplir con dicho pago.

Ante esta situación, los afectados refieren que las autoridades municipales "se han lavado las manos" argumentando que no existe el recurso económico suficiente para cubrir dichos adeudos, siendo que en días anteriores se había anunciado que los jubilados y pensionados no sufrirían con la precaria situación por la que atraviesa el Ayuntamiento y sus pagos saldrían en tiempo y forma.

 

 

 

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El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

 

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Martes, 23 Octubre 2018 05:36

Graco también dejó sin dinero al Cobaem

Transfirió el pago de las jubilaciones a la institución pero no entregó recursos; tampoco dejó presupuesto para el pago de la parte de aguinaldo que absorbe el Colegio de Bachilleres.

La administración anterior pasó al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) la responsabilidad de pagar pensiones de los trabajadores jubilados, por lo que la institución requiere con urgencia alrededor de 70 millones de pesos para el pago de ese rubro en este año.

Víctor Raymundo Nájera Medina, director general del subsistema en Morelos, aseveró que al llegar a esta institución se encontró con un delicado problema financiero.

Explicó que “de una manera muy, pero muy irresponsable” el gobierno pasado devolvió al colegio 183 pensionados y jubilados, que anteriormente pagaba directamente el Ejecutivo, pero no entregó la partida económica correspondiente.  

Por lo tanto, el problema de la institución se ha ido agravando desde hace algunos meses y a la fecha se necesitan alrededor de 70 millones de pesos adicionales para cumplir los compromisos que tiene el Cobaem para el pago de prestaciones de pensiones, así como el pago de días por años de servicio cuando se jubilan.

Dijo que al monto anteriormente referido habría que sumar el dinero que corresponde al pago de la parte proporcional para los 90 días de aguinaldo a sus mil 17 trabajadores en activo, porque tampoco se dejó en las cuentas del subsistema ese dinero.

Nájera Medina explicó que no se ha contabilizado el monto global que se necesita para concluir el 2018 y atender los derechos de su plantilla laboral tanto en activo como jubilados, y tampoco se ha encontrado el dinero que corresponde a ese rubro, si es que la administración estatal los etiquetó y estaban presupuestados, dónde quedó el dinero, o si se dejó sin respaldo efectivo tales obligaciones.

Comentó que junto con la Secretaría de Hacienda de la administración actual ya se analiza este asunto, con el propósito de atender el cumplimiento a los trabajadores que, sin duda, no tienen la culpa del erróneo manejo financiero de la administración gubernamental pasada.

 

 

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Diputados locales también determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de sus antecesores, por los excesos cometidos durante la LIII Legislatura.

Diputados locales aprobaron un acuerdo más para investigar las jubilaciones y pensiones aprobadas por la LIII Legislatura durante los últimos tres años en los tres Poderes del Estado y en los ayuntamientos.

En sesión de la Junta Política y en la Conferencia para la Dirección de Programación de los Trabajos Legislativos, las coordinadoras parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acordaron crear otra comisión especial que investigue todos los expedientes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos municipales. 

También determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de los exdiputados por los excesos cometidos.

Sin embargo, no determinaron el día en que acudirán a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, y tampoco se especificó qué tipo de acciones administrativas llevarán a cabo, tal y como lo adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

Ayer se cumplió un mes y medio de que inició la LIV Legislatura y, a la fecha, los diputados no han hecho observaciones al proceso de entrega-recepción del Congreso del estado.

 

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El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

 

Integran nueva asociación de jubilados 

 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

 

 

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La parálisis financiera de universidades públicas es un llamado de atención a los gobiernos para proveer las herramientas para mejorar el servicio educativo mexicano, señala el abogado general de la UAEM.

Las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron reconocidas en la primera ley orgánica de la institución, por lo que de ser contractual se convirtió en una situación legal, explicó Ulises Flores Peña, abogado general de la máxima casa de estudios, quien señaló que “hoy no se puede hablar de una prestación que la universidad haya dado al margen de la ley”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que las jubilaciones y pensiones son un principio de solidaridad que deben ser respetadas por el Estado y son del orden nacional e internacional, tal como lo indica la Organización Internacional del Trabajo”.

Ante el contexto de crisis, Ulises Flores señaló que "es el momento más oportuno para replantear las políticas públicas relacionadas con la educación. Es un llamado de atención a las instancias gubernamentales federales y estatales, que deben garantizar y planear las decisiones que ayudarán a mejorar el servicio educativo mexicano".

El abogado general de la UAEM dijo que es una obligación del Estado, de acuerdo a la Constitución Política mexicana, garantizar el respeto a los derechos humanos y que, sucesivamente, no sólo se mantengan, sino que mejoren, “y uno de estos derechos, la educación pública, es fundamental. Necesitamos de los recursos necesarios para desarrollar la labor de docencia e investigación”.

Explicó que son diversas prestaciones contractuales que se ofrecen a los trabajadores universitarios, pero la jubilación se estableció desde el surgimiento de la Ley Orgánica, y se estableció que el Consejo Universitario era el encargado de resolver las solicitudes de jubilaciones. “Si por mandato de ley se reconoció la jubilación, eso implicó que dejó de ser contractual para ser legal”.

La Ley Orgánica enmarca la prestación social, dijo, por lo que hoy no se puede decir que sea una canonjía o algo que haya reconocido la UAEM al margen de la norma, “se siguió con esa lógica y ya no se pudo retraer esa prestación”.

“Ahora se propone crear fideicomiso para aminorar el pasivo que esperemos que no siga creciendo. Es un tema estructural, que se puede resolver y encontrar las articulaciones necesarias y encontrar una mejor garantía en el cumplimiento de la prestación”, dijo.

 

 

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Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

 

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El próximo lunes, el rector Gustavo Urquiza sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la que será acompañado por los secretarios de Gobierno y Educación del estado.

La insolvencia financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no es resultado de una mala administración, sino de un déficit presupuestal derivado de la falta de reconocimiento a diversas prestaciones a los trabajadores, jubilaciones, pensiones e incremento a la infraestructura y la matrícula estudiantil de los últimos años, aseveró Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la máxima casa de estudios del estado de Morelos.

“El objetivo principal es que se levante la huelga lo más pronto posible, que los trabajadores reciban su salario y los estudiantes regresen a las aulas para que no pierdan el semestre. Además de regresar a las actividades cotidianas, para cumplir con nuestro compromiso social que es dar educación a los jóvenes universitarios”.

Álvarez Velasco informó que las gestiones continúan por parte del rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien el próximo lunes sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación. “El rector acudirá en compañía de los secretarios de Gobierno y Educación estatal para ver lo del convenio que ya estaba programado, además, esperamos el avance de gestiones con los diputados y senadores”.

La secretaria general de la UAEM expresó que el llamado a los universitarios es a que estén atentos a las vías de comunicación oficiales para estar al tanto de los avances de las gestiones, al referir que la manifestación del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) en la Ciudad de México es una muestra de esta exigencia por resolver la situación financiera de la institución, que afecta a todos los trabajadores y a varios sectores del estado en la parte económica.

Álvarez Velasco dijo: “Estamos muy agradecidos por la solidaridad que ha mostrado la sociedad hacia los universitarios, pero estamos conscientes que nuestra situación económica y la exigencia por resolverla debe ser con la suma de voluntades del gobierno estatal y federal, las cuales ya han expresado su voluntad política de apoyarnos. Este es un tema que la propia UAEM debe solucionar en conjunto con las autoridades estatales y federales. Lo que no queremos, es que se tome como una cuestión política”, dijo.

 

 

 

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