Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

 

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El próximo lunes, el rector Gustavo Urquiza sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la que será acompañado por los secretarios de Gobierno y Educación del estado.

La insolvencia financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no es resultado de una mala administración, sino de un déficit presupuestal derivado de la falta de reconocimiento a diversas prestaciones a los trabajadores, jubilaciones, pensiones e incremento a la infraestructura y la matrícula estudiantil de los últimos años, aseveró Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la máxima casa de estudios del estado de Morelos.

“El objetivo principal es que se levante la huelga lo más pronto posible, que los trabajadores reciban su salario y los estudiantes regresen a las aulas para que no pierdan el semestre. Además de regresar a las actividades cotidianas, para cumplir con nuestro compromiso social que es dar educación a los jóvenes universitarios”.

Álvarez Velasco informó que las gestiones continúan por parte del rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien el próximo lunes sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación. “El rector acudirá en compañía de los secretarios de Gobierno y Educación estatal para ver lo del convenio que ya estaba programado, además, esperamos el avance de gestiones con los diputados y senadores”.

La secretaria general de la UAEM expresó que el llamado a los universitarios es a que estén atentos a las vías de comunicación oficiales para estar al tanto de los avances de las gestiones, al referir que la manifestación del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) en la Ciudad de México es una muestra de esta exigencia por resolver la situación financiera de la institución, que afecta a todos los trabajadores y a varios sectores del estado en la parte económica.

Álvarez Velasco dijo: “Estamos muy agradecidos por la solidaridad que ha mostrado la sociedad hacia los universitarios, pero estamos conscientes que nuestra situación económica y la exigencia por resolverla debe ser con la suma de voluntades del gobierno estatal y federal, las cuales ya han expresado su voluntad política de apoyarnos. Este es un tema que la propia UAEM debe solucionar en conjunto con las autoridades estatales y federales. Lo que no queremos, es que se tome como una cuestión política”, dijo.

 

 

 

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Solicitudes de trabajadores jubilados son ignoradas por ese organismo, denuncian profesoras en retiro.

Maestras jubiladas protestaron este lunes dentro de las instalaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSGEM), al calificar como “injusto” el préstamo que se autorizó al gobernador actual Graco Ramírez por más de 600 mil pesos (735 mil, exactamente) para la compra de un automóvil de lujo, en tanto que muchos servidores públicos llevan décadas de servicio y no les han autorizado préstamos por montos mucho menores y para conceptos prioritarios.

Por más de tres horas, las profesoras estuvieron apostadas en las oficinas de la institución, pidiendo hablar con la directora, Paula Trade Hidalgo, quien permanecía “escondida sin dar la cara”. Exigieron una audiencia para conocer si las reglas de operación de los créditos cambiaron y demandar que se revisen y autoricen muchas de las solicitudes que han hecho profesores en retiro.

Y es que aseguraron que habitualmente el Instituto sólo otorga préstamos para vehículos con un tope máximo de 200 mil pesos, y se solicitan una serie de requisitos que implican largo tiempo.

Además, expusieron su inconformidad porque consideran que conforme a la ley, el gobernador “es patrón” y, por lo tanto, no tiene derecho a dicha prestación.

Cansadas de esperar, las más de cuarenta maestras jubiladas se colocaron en las puertas para evitar que la funcionaria estatal saliera del inmueble sin explicar si ese crédito otorgado a Graco Ramírez Garrido Abreu había sido aprobado con la modificación correspondiente, autorizada por el consejo del instituto.

Ante la falta de respuesta, irrumpieron en la sala de juntas y exigieron una audiencia. “Tenemos derecho, después de cotizar por más de treinta años, a que nos reciban, que nos atiendan y hagan la recepción formal de un documento que trajimos”.

Denunciaron que -por el contrario- “un chamaco” identificado como Salvador López Morales, presunto secretario particular de la directora del instituto, salió de una de las oficinas a “regañar” y “menospreciar” a las maestras, a las que señaló como “señoras groseras” y trató de sacarlas de las oficinas.

Por más de una hora intentaron evitar que la directora Paula Trade saliera, cubriendo la salida de vehículos “por el temor fundado de que sacaran a la directora Paula en la cajuela de un coche con tal de no dar la cara”.

Expresaron su rabia al sostener que no es justo que se autorice un crédito al titular del Ejecutivo en tan poco tiempo, y por tanto dinero, habiendo muchos trabajadores que no son beneficiarios por la gran cantidad de requisitos que les imponen.

Llamaron a las autoridades entrantes a aplicar auditorías sobre el manejo de recursos, pues consideran que podría haber otros créditos autorizados en circunstancias irregulares o injustas, como el caso ya referido.

 

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Los salarios asignados a nuevos sindicalizados del Congreso –familiares y amigos de exdiputados- son superiores a tabulador.

A una semana de que se llevó a cabo la entrega-recepción del Congreso local, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen elementos suficientes para proceder legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura por diversas irregularidades durante su representación.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) se negó a hablar sobre las irregularidades detectadas, para no prevenir a los exdiputados, aunque "hay muchas que son evidentes y están a la vista de todos", dijo. 
Señaló que en los próximos días se presentarán las denuncias correspondientes para que haya un deslinde de responsabilidades, ante los abusos que cometieron los exlegisladores.
"Ya hemos encontrado algunas irregularidades. El litigio se tiene que dar bien en los juzgados, o bien, ante la Fiscalía, las denuncias correspondientes, más que en los medios de comunicación. Hacer una declaración irresponsable hoy ante los medios, a lo mejor hasta puede alertar a quienes ya no quieran estar en Morelos o quieran sustraerse de la justicia", asentó.
Además, comentó que ya se inició la revisión de las "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura, así como las plazas sindicales que se asignaron a sus familiares y amigos.
Reiteró que la posible revocación de decretos pensionarios se hará apegada a derecho y sin violentar los derechos de los trabajadores que fueron beneficiados, muchos de ellos actuales funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
Con respecto a las plazas sindicales, señaló que su revisión se dio con el acuerdo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que los salarios asignados a los trabajadores ahora de base, son superiores al tabulador del Congreso local, de acuerdo al cargo que desempeñan.

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La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

 

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Jueves, 13 Septiembre 2018 05:28

El Congreso, sin dinero para pagar su nómina

El Congreso del estado no cuenta con presupuesto para el pago de la nómina a trabajadores sindicalizados y jubilados, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Informó que solicitaron al Poder Ejecutivo siete millones de pesos para el pago de la primera quincena de septiembre.

Con dos semanas de retraso, ayer la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, presentó toda la documentación del Congreso local en materia administrativa y financiera, como parte del proceso de entrega-recepción.

En dicho encuentro, que inició con dos horas de retraso a causa de la exdiputada perredista, Sotelo Martínez dijo que se les confirmó que sólo tendrán un presupuesto de 50 millones de pesos para ejercer de septiembre a diciembre. "Por eso hemos solicitado que de manera urgente se nos deposite para poder pagar a trabajadores", agregó.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) explicó que ante la crisis financiera que enfrenta el Congreso del estado, se implementará un reajuste administrativo que contemplará una reducción en el número de trabajadores, pues aún laboran empleados de la pasada legislatura "que yo los veo todos los días paseando y caminando, y que no sé si son trabajadores, y que de alguna manera ya hemos establecido que puede ser gente que sólo acostumbraba a venir los 15 y los 30".

Sostuvo que revisarán la documentación recibida ayer y, si se confirma que no está completa, y no se cumplió con la ley, el Congreso del estado procederá legalmente en contra de los exlegisladores.

Mientras tanto, el diputado mencionó que aún revisan la legalidad de las jubilaciones y nombramientos aprobados por la LIII Legislatura, para anularlos si no se cumplió con los requisitos. "Necesitamos darle resultados a la gente de manera inmediata", agregó.

 

 

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Miércoles, 12 Septiembre 2018 05:23

El SAPAC, emplazado para pagar a jubilados: abogado

Juez federal da un plazo de 24 horas para que se acaten dos decretos jubilatorios.

El representante legal de los trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Juan Juárez Rivas, dio a conocer que un juez federal declaró procedente el incidente de incumplimiento y dio al Ayuntamiento un plazo de 24 horas para que pague a sus representados.

El abogado refirió que fue el juez quinto de distrito el que declaró procedente el incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva y ordenó que en un plazo de 24 horas, la titular del SAPAC, María Luisa López Sotelo, cumpla el decreto jubilatorio emitido por diputados de la LIII legislatura que ordena el pago a dos extrabajadores.

Juárez Rivas puntualizó que en caso de incumplimiento, estaría dando vista al Ministerio Público Federal y procedería la destitución de la titular del SAPAC.

“Ayer, el juez quinto declaró procedente nuestro incidente y ordena dar un plazo de 24 horas al SAPAC para que pague el salario del trabajador, so pena de darle vista al Ministerio Público si hay incumplimiento y, en ese caso, se procedería a la destitución de la directora”, dijo el representante legal.

Finalmente, manifestó que hay todavía dos amparos que fueron admitidos y están a la espera de que haya una resolución favorable para los trabajadores jubilados.

 

 

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En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

 

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La Secretaria del ramo anuncia que alertó a la próxima administración del riesgo de que grandes grupos de trabajadores de diversos subsistemas cumplan simultáneamente con la antigüedad necesaria para pedir ese derecho.

La próxima administración deberá tomar en cuenta el impacto que tiene en el presupuesto el rubro de jubilaciones en los diferentes subsistemas, señaló la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, al indicar que en varias de las instituciones educativas están próximos a cumplir períodos de antigüedad para muchos trabajadores que estarán en su derecho de tramitar su retiro.

Este martes se llevó a cabo una reunión más de las comisiones de entrega-recepción, en el rubro de educación. En esta ocasión se abordó el nivel de formación superior, con la presencia de rectores de las Universidades Tecnológicas y la Politécnica. La universidad del estado, al ser autónoma, no forma parte de dicho procedimiento y habrá de tener otro tratamiento.

En entrevista previa, la secretaria explicó que se acordó con Samuel Sotelo Salgado, representante del equipo del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, llevar a cabo una serie de reuniones para agilizar la dinámica de trabajo con todo el sector educativo. Recordó que incluye diversas instituciones y organismos descentralizados de niveles superior, medio superior y básico, además del área de infraestructura y alfabetización.

La funcionaria estatal mencionó que -en general- el objetivo es que cada uno de los organismos den información en aspectos tales como infraestructura, matrícula, plantilla orgánica, lo relativo a presupuesto –en lo que resta específicamente este año-, qué asuntos quedan por atender en lo que queda del 2018 y cuáles son los focos amarillos o rojos. Los directivos o titulares podrán en este esquema de entrega-recepción plantear cuáles son sus preocupaciones o solicitudes.

En lo personal, consideró que de forma general se tendrá que considerar el tema de pensiones, que en todo el país, no sólo en Morelos, es un asunto que debe ser tomado en cuenta. Recordó que en el estado hay organismos -especialmente de educación media superior- que fueron creados en una etapa similar y, por lo tanto, están por cumplir alrededor de 30 años de antigüedad. Eso significa que habrá grupos importantes de trabajadores, la mayoría de ellos docentes, que estarán en condiciones de jubilación.

“Creemos que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, sin ser en este momento un foco rojo, pero que debe ser tomado en cuenta porque -sin duda- eso impactará en sus presupuestos del año que entra y quizá de los siguientes”, abundó.

La secretaria comentó que otro de los aspectos que le preocupa al equipo del gobierno entrante es el de los pagos del aguinaldo. Al respecto, dijo que el gobierno estatal cada año tiene que pagar ese concepto a trabajadores de los diferentes niveles, por lo que en todos los casos (todas las instituciones) se consideró el tema en la planeación presupuestal. Pero comentó que el aspecto de la suficiencia presupuestal corresponde al área de Hacienda.

Por su parte, Samuel Sotelo Salgado, enlace del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo al término de la reunión que los funcionarios actuales les informaron que están en el presupuesto del 2018 todos los pagos de prestaciones a trabajadores, entre ellas los aguinaldos. Por lo tanto, están garantizados -cuando menos- presupuestalmente.

Comentó que se solicitaron datos específicos para algunos de los organismos, que serán presentados a lo largo de los diversos encuentros programados, como pasivos, recursos por ejercer y problemas de carácter laboral, por ejemplo.

Dijo que saben que hay problemas latentes como el de la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el proceso de reconstrucción de escuelas que sufrieron daños por el sismo del 2017, que según la administración actual, lleva un 90 por ciento de avance, entre otros.

 

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El historial laboral de Ana Cristina Guevara Ramírez no coincide con los años contabilizados al servicio del Estado para alcanzar la jubilación con el 50% de su último salario como servidora pública.

Ana Cristina Guevara Ramírez en unas semanas tomará protesta como diputada plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), pero -al igual que en el caso de la exdirectora de recursos humanos del Poder Legislativo, Karina Arteaga Gutiérrez- hay dudas sobre cómo la futura legisladora consiguió que el Congreso la jubilara con el 50% de su último salario como servidora pública, cuando su historial laboral no empata con los años computados al servicio del estado para alcanzar el beneficio y pone en juicio la documentación aportada para conseguir la pensión.

El 14 de septiembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto de jubilación de Guevara Ramírez, quien presentó ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso varias constancias que acreditaban que comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el 15 de enero de 1995, justo el día que cumplió sus 15 años.

A esa edad, inexplicablemente, Ana Cristina simultáneamente laboraba en el ayuntamiento de la región sur y cursaba la preparatoria en el centro educativo Loyola de Cuernavaca (generación 1995-1998).

Supuestamente comenzó como auxiliar administrativo en el área de recursos de la comuna ixtleca y luego como auxiliar del área de servicios generales del ayuntamiento.  Al concluir la prepa, también de manera simultánea, trabajaba en el ayuntamiento mientras estudiaba la licenciatura de derecho en el Centro de Estudios Superiores de Morelos (generación 1998-2003).

Según los documentos, la futura legisladora trabajó en Puente Ixtla del 15 de enero de 1995 al 31 agosto de 2003, es decir 9 años con 8 meses y 16 días, pero en su historial laboral oficial presentado tanto en el Congreso local como en el Gobierno de Morelos, nunca mencionó que fue empleada de ese ayuntamiento.

Pero  al  contrastar su currículum vitae (que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y los datos del decreto de jubilación, resulta extraordinario que en este periodo Ana Cristina no sólo trabajaba en el ayuntamiento ixtleco y estudiaba al mismo tiempo, sino que también realizaba pasantías en los despachos jurídicos Despacho Jurídico Bahena & Maxinez Asociados (1998-2002), Despacho Jurídico Villanueva y Asociados, Pasante en Materia Mercantil (2000-2001) y Despacho Jurídico Martha Alquicira (2001).

Pero otro dato que literalmente no cuadra, es que la cuasi legisladora aseguró en su historial laboral, disponible en página web del Gobierno de Morelos, que entre el 2002 y el 2003 laboró en el área jurídica del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Morelense del Sistema Estatal DIF. Es decir, que en este periodo trabajó simultáneamente en Puente de Ixtla y la dependencia estatal.

De manera intermitente, entre 2003 y 2016 colaboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca como asistente de la Regiduría de Derechos Humanos; fue asesora de control de información y coordinadora de gestión de la Secretaría de Gobierno, y coordinadora de planeación para el Desarrollo de la Secretaría de Finanzas; además fungió como secretaria particular del ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, así como auxiliar y asesora de la fracción parlamentaria de Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Su último cargo fue como auxiliar adscrita a la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, el cual ocupó del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.

Según el decreto de jubilación de Ana Cristina acreditó haber laborado al servicio del Estado 18 años, 5 meses y 28 días, de los cuales la mitad los habría laborado en el Ayuntamiento de Ixtla en circunstancias inverosímiles.

De acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que un trabajador pueda jubilarse, debió al menos haber laborado al servicio del estado por lo menos 18 años y obtener una pensión al 50% de su último salario.

En las últimas semanas, tras la aprobación por los diputados de varios decretos de “jubilaciones doradas” de secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios del gobierno de Morelos, organizaciones civiles y empresariales han reprochado la actuación de los legisladores y la carga que tendrá el erario.

Incluso, organizaciones como el Foro Morelense de Abogados han puesto en duda la autenticidad de la documentación presentada por algunas personas al Congreso para alcanzar la jubilación, pues como en el caso de Ana Cristina, no hay evidencias de que hayan laborado el tiempo necesario para obtener una pensión.  

 

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