Maciel Calvo

Maciel Calvo

Jueves, 15 Octubre 2020 05:14

Imputan a Jaime Álvarez Cisneros

Al exsecretario de Turismo le señalan el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por haber pagado el doble del costo real de un concierto realizado en la Arena Teques en 2014.

El ex diputado por Movimiento Ciudadano y ex secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, fue imputado ante un juez por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por haber pagado el doble del costo real un concierto de los cantantes Emmanuel y Mijares realizado en la Arena Teques en mayo de 2014.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), presentó ante el juez más de 20 indicios de la probable responsabilidad del ex funcionario graquista, quien presuntamente, de manera irregular, autorizó un pago de más de 12 millones de pesos para del concierto “Tour Amigos”.

Una de las pruebas aportadas en la audiencia de formulación de imputación fue el testimonio del representante de los cantantes, quien aseguró que el costo por concierto, incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.

Sin embargo, en el caso de Morelos, donde sólo fue contratado el espectáculo, la empresa intermediaria únicamente pagó un millón 740 mil pesos, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Además, el ex secretario de Turismo presuntamente también aprobó un pago millonario a tres empresas de las denominadas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas con un sobreprecio, ya que en otros estados el mismo espectáculo ofrecido en la Arena Teques tuvo un costo cuatro veces menor (2.4 millones aproximadamente).

La juez de control fijó como medidas cautelares a Álvarez Cisneros la prohibición de salir del país y de acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto transcurren las 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La FECC mantiene abiertas otras indagatorias que implican a Jaime Álvarez Cisneros por daño a la hacienda estatal e irregularidades en la realización de los conciertos de música electrónica “Vaivén” y del cantante británico Sting.

De acuerdo con las denuncias del Gobierno de Morelos, mientras el cantante británico cobró 700 mil dólares por su participación en 2011 en el festival Viña del Mar, en Chile, para su concierto en tierra morelense, en octubre de 2015, cobró 3.2 millones de dólares, casi cinco veces más.

Además, la empresa Diageo, importadora de una marca de whisky, dio 600 mil dólares en efectivo para la realización de concierto de Sting, pero nada de este recurso fue ingresado al presupuesto estatal, porque todo se habría operado a través de la empresa “fachada” de nombre Magnos Comercialización, representada por una joven empresaria identificada como Mayne Salayandía Jiménez, y la cual actualmente ya no opera.

Los conciertos de música electrónica “Vaivén”, también fueron organizados a través de la empresa Magnos Comercialización, a la cual se le habrían dado 350 millones de pesos del erario morelense por contratos de “cultura”.

 

 

 

El Ayuntamiento de Tochimilco impugna el decreto emitido por el Congreso local para establecer los límites territoriales entre Tetela del Volcán y el recién creado municipio indígena de Hueyapan.

El conflicto limítrofe en la región oriente sigue creciendo, luego de que el municipio poblano de Tochimilco acusó al estado de Morelos de despojarlo de parte de su territorio, tras el decreto emitido por el Congreso local para establecer los límites territoriales entre Tetela del Volcán y el recién creado municipio indígena de Hueyapan.

El municipio poblano, que colinda con ambos municipio morelenses, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) la controversia constitucional 143/2020, para impugnar el decreto número 693, aprobado por el Congreso de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 8 de julio.

El Ayuntamiento de Tochimilco alegó la ilegalidad de tal decreto, ya que fue aprobado por el Congreso de Morelos, “sin previa notificación al Municipio de Tochimilco, Puebla, y mucho menos al Congreso Local del Estado de Puebla”,  “a pesar de existir una obligación jurídica de notificarla, pues colinda de forma directa con los municipios delimitados en territorio como Hueyapan y Tetela del Volcán del estado de Morelos, violando nuestra garantía de audiencia y debido proceso, que se consagra en el artículo 14, 16 y 17 de nuestra Constitución general”.

Además, atizó el municipio poblano, “el congreso local (de Morelos) despoja un aproximado de 1600 hectáreas del municipio de Tochimilco, Puebla”.

La controversia constitucional 143/2020 fue acumulada con el recurso de control constitucional 105/2020, promovido por el Ayuntamiento de Tetela del Volcán. En ambos casos, la SCJN otorgó las respectivas suspensiones, lo que impide la aplicación del decreto cuestionado.

Aun cuando los ayuntamientos recurrieron a la vía legal para dirimir el conflicto,  existe una fuerte pugna territorial no sólo por tierras sino por el agua y el conflicto ya escaló al grado de que existe discriminación entre los pobladores de uno y otro municipio.

 

 

 

 

 

Miércoles, 14 Octubre 2020 05:14

Alerta FGE sobre sitio web fraudulento

El espacio ofrece a los ciudadanos la expedición de “certificados” de no antecedentes penales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó sobre un sitio web fraudulento que ofrece a los ciudadanos la expedición de “certificados” de no antecedentes penales.

Detalló que por diversas cuentas de redes sociales se detectó  que personas ajenas a la institución ofrecen la emisión de “Certificado de Antecedentes No Penales en México” y promueven la página web https://www.antecedentesmx.com/#/intro, la cual es apócrifa y no cuenta con los mecanismos de consulta y seguridad para emitir ningún tipo de documento.

Pidió a los ciudadanos estar alertas para no ser engañados y recordó que este tipo de trámites se realizan de manera presencial en la FGE y son estrictamente personales, es decir, no se permiten gestores o que sean realizados por terceras personas.

“Se invita a quienes requieren hacer el trámite para la obtención de la “Constancia de No Antecedentes Penales”, que acudan directamente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

“Las personas interesadas en obtener este documento pueden consultar los requisitos,  pasos a seguir y generar la cita correspondiente a través de la página web https://fiscaliamorelos.gob.mx/constancia-antecedentes/ en la que pueden obtener toda la información relacionada con este servicio”, precisó.

También invitó a las empresas que solicitan este trámite para la contratación de personal, a que realicen la validación del documento a través del portal de la FGE o directamente en la liga https://fiscaliamorelos.gob.mx/validar

 

 

 

 

Miércoles, 14 Octubre 2020 05:18

FGE se deslinda de conflicto ESAF-FECC

Las tres instituciones implicadas en el conflicto mantienen en completo sigilo el origen de la investigación que las mantiene enfrentadas.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, se deslindó del conflicto entre la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Sin embargo, todas las instituciones implicadas en el brete mantienen en completo sigilo el origen de la investigación que las mantiene enfrentadas.  

A través de un comunicado, la FGE aclaró que la fiscalía anticorrupción “es un órgano constitucionalmente autónomo, que cuenta con gestión, administración y operación propia y que no está sujeta a las disposiciones, instrucciones o línea de operación” del fiscal estatal.

Tras el cateo autorizado por un juez y realizado por personal de la fiscalía anticorrupción en las instalaciones de la ESAF para confiscar algunos documentos, que presuntamente le fueron negados a la FECC, la FGE rechazó las afirmaciones de funcionarios del ente fiscalizador, que acusaron al fiscal estatal de estar detrás de los supuestos actos de intimidación.

Aclaró que la FGE no promovió ninguna denuncia contra la ESAF, pero en su comunicado explicó que fue su Órgano Interno de Control, “organismo igualmente autónomo y cuya función primordial es la de verificar y auditar el uso y manejo de los recursos asignados” a la fiscalía estatal, quien promovió una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ésta a su vez, integró una investigación que derivó en el cateo a las instalaciones del órgano fiscalizador.

“Resultado de dicha denuncia por el Ejercicio Ilícito del Servicio Público e Incumplimiento de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción inició la carpeta de investigación con causa penal JC/1051/2020 y ante la autoridad judicial solicitó y obtuvo de la Jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos, con sede en el Municipio de Xochitepec, una orden de cateo”.

La fiscalía estatal reiteró que “no tiene injerencia en las investigaciones realizadas por un organismo autónomo diverso y es cada Institución, organismo y funcionario que desempeñe un cargo al servicio de la sociedad, que está obligado a cumplir con los lineamientos y leyes que rigen su función, haciendo valer el estado de derecho y con el límite que la propia ley establece para cada uno de los funcionarios, por lo que se niega categóricamente que exista de parte de la Fiscalía General del Estado, una persecución de índole política” hacia funcionarios de la ESAF.

Incluso, recalcó que la FGE  “ha enviado siempre oportunamente la Cuenta Pública a la ESAF y a pesar de lo anterior, en ningún momento se ha negado la entrega de la información para dar cumplimiento a la auditoría especial iniciada que contempla los últimos tres años.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos ha remitido la documentación e información que le ha sido solicitada sin que medie ningún obstáculo o negativa”.

Hasta el momento, funcionarios tanto de las fiscalías como del ente fiscalizador han mantenido en total hermetismo los nombres de los servidores públicos bajo investigación, los detalles de la denuncia iniciada por el Órgano Interno de Control de la FGE y las indagatorias desarrolladas, que permitan detallar la ruta crítica que las llevó al enfrentamiento judicial y político.

 

 

 

La aeronave podría ser confiscada a favor del Estado.

La Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil busca al propietario de una aeronave presuntamente abandonada en el aeropuerto “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, con la advertencia de que podría ser confiscada a favor del Estado.

El aviso fue emitido tras una serie de revisiones e investigaciones iniciadas por autoridades federales en el aeropuerto local, luego de que el pasado 22 de septiembre tres personas ingresaron a un hangar privado y, literalmente,  robaron la aeronave marca British Aerospace, modelo BAE125-800 A, número de serie 258018, matrícula XB-PYZ.

El avión salió de territorio mexicano, presuntamente aterrizó en Venezuela, retornó y se estrelló en Guatemala. Entre los restos del fuselaje fueron encontrados dos cuerpos, armas y droga. La Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil y la Fiscalía General de la República iniciaron una investigación.

Tras hacer una serie de inspecciones e indagatorias en el aeropuerto “Mariano Matamoros”, la autoridad detectó una aeronave que desde hace meses permanece estacionada en un hangar, sin que se tenga certeza de la ubicación del propietario.

De acuerdo con el “Aviso de declaratoria de abandono de una aeronave”, expedido por la Dirección General de la Agencia Federal de Aviación Civil, organismo dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), se busca al propietario de la aeronave marca BOEING727- 200,  modelo BOEING 727-222CF, con número de serie19913 y matrícula XA-UII, la cual tiene más 90 días en un hangar del Aeropuerto de Cuernavaca sin que nadie le dé mantenimiento o se haga responsable del artefacto.

El aviso detalla que, conforme a la normatividad en materia de aviación civil, “las aeronaves que permanezcan en aeropuertos, aeródromos o helipuertos por noventa días naturales o más, sin estar al cuidado directo o indirecto de su propietario o poseedor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá hacer la declaratoria de abandono de la aeronave.

“Que las aeronaves declaradas como abandonadas pasarán a propiedad de la Nación y se procederá a su enajenación en subasta pública con la participación de las autoridades correspondientes y ante fedatario público”.

Las personas que tengan interés jurídico para presentar las objeciones legales respecto del procedimiento de declaratoria de abandono de la aeronave, tendrán un plazo de hasta cuarenta días, bajo el apercibimiento de declarar el abandono de la aeronave en beneficio de la nación.

 

 

El Congreso local no destinó recursos para el pago de nuevas jubilaciones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) retomó la estrategia legal para impugnar las pensiones de los trabajadores judiciales, porque el Congreso local no destinó una partida presupuestal para el pago de nuevas jubilaciones.

Recientemente, el Poder Judicial del Estado promovió la controversia constitucional 144/2020, la primera bajo la gestión del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, por la cual fue impugnado el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González, quien prestó sus servicios en el TSJ durante 23 años y cuyo último cargo fue como Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en Yautepec.

En el recurso constitucional promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del artículo 3º del decreto número setenta y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5793 de fecha once de marzo de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio”.

Esta estrategia fue aplicada por primera vez por la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas López, quién durante su gestión promovió más de 150 controversias constitucionales contra los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales aprobados por el Congreso entre 2016 y 2019.

A la llegada de Carmen Cuevas López como titular del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Morelos en mayo de 2016, inició la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial pero sin asignar presupuesto para su pago.

En 2018, las salas de la SCJN ya habían resuelto más de una centena de controversia en las que, básicamente, se ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo etiquetar y suministrar al TSJ de los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Ante la reiterada omisión de dar cumplimiento a las sentencias, el 3 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puso literalmente contra la pared a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Morelos por su contumaz desacato judicial, y no sólo les dio lineamientos y tiempos para cumplir las sentencias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados del TSJ, sino hasta amenazó con aplicar la destitución y consignación ante un juez federal por abuso de autoridad.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido ningún acuerdo por el que dé por cumplidas el total de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales.

Sin embargo, todo indica que Jasso Díaz, quien relevó a Cuevas López el pasado 18 de mayo, retomará la estrategia de su antecesora para presionar al Congreso para que etiquete una partida presupuestal exprofeso para cada uno de los decretos jubilatorios aprobados de trabajadores judiciales.

Incluso, también, en los últimos meses de gestión de Cuevas López fue promovida la controversia constitucional para que el Poder Judicial reciba un presupuesto superior a los 800 millones de pesos y se cumpla con lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantiza la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado, y le concede el 4.7% del gasto programable estatal.

 

 

 

Sala Regional determina que la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos incurrió en omisión al no realizar los actos necesarios para actualizar los datos de la credencial para votar de personas que residen en el recién creado municipio indígena

El pasado miércoles murió un interno que padecía tuberculosis.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, informó que en lo que va del año se han registrado casi 30 decesos de internos en las cárceles estatales.

Luego de que el pasado miércoles ocurrió la muerte de una persona privada de su libertad por un paro cardiorrespiratorio, tras una agonía por tuberculosis, el ombudsman estatal señaló que la situación que priva en los centros estatales de reinserción social es preocupante y la propia Comisión Nacional Derechos Humanos “inició una queja de oficio por la gravedad de la situación que hay en los penales, y no es solo una cosa de la Comisión de Derechos Humanos que yo presido”.

Indicó que la preocupación es por la escasa gobernabilidad que existe, particularmente, en el penal de Atlacholoaya, por una serie de conflictos, riñas y enfermedades que han cobrado la vida de internos.

Detalló que, tan sólo en el periodo del 1 de enero al 7 de octubre, el organismo tiene registrada la muerte de al menos 27 internos por enfermedades, supuestos suicidios y riñas entre la población penitenciaria.

Incluso, dijo, existen abiertas varias quejas por estos casos y el organismo continuará con su integración hasta su conclusión.

Por lo pronto, informó que, debido a la última muerte de un interno que padecía tuberculosis, la comisión inició una queja de oficio y solicitó a la Comisión Estatal de Seguridad, institución de la que depende la Coordinación Estatal de Reinserción Social, la implementación de medidas cautelares para evitar un brote de esta enfermedad, para proteger la salud de los internos y del personal penitenciario.  

 

 

 

Agustín Villalobos Salgado fue nombrado juez por la expresidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables.

El Juez Tercero de Distrito negó la suspensión definitiva a Agustín Villalobos Salgado, quien fue nombrado juez por la ex magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, en circunstancias cuestionables y fue recientemente cesado de sus funciones.

De acuerdo con el juicio de amparo 737/2020, promovido por el ex juez, al ser un acto consumado su remoción, no procedía conceder la medida cautelar, además de que el acto reclamado forma parte del fondo del asunto que se resolverá en el momento procesal oportuno.

El ex juez alegó en su demanda de garantías que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de la Juez adscrita a la Visitaduría, ejecutó su “remoción, destitución o privación del derecho a seguir fungiendo como juez” sin fundar ni motivar.

En enero de 2019, en circunstancias cuestionables y con total opacidad, la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas destituyó sorpresivamente a los jueces Javier Hernando Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes Salgado para dar sus lugares a Agustín Villalobos Salgado y Gabriela Chang Marroquín, con el pretexto de que los cambios obedecían al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, derivada de las impugnaciones que promovieron ante la justicia federal siete participantes en el  concurso de oposición para la designación de 13 Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, realizado en el año 2011.

Romero Ulloa y Jaimes Salgado iniciaron sendos juicios de amparo contra su destitución y finalmente obtuvieron la protección de la justicia federal y su reinstalación en septiembre pasado, ya que la “ejecutoria de amparo” alegada por Cuevas López no implicaba el cese y designación de nuevos jueces, sino únicamente ordenaba que se dieran a conocer las calificaciones de los aspirantes quejosos y los motivos por los cuales no obtuvieron una de las plazas concursadas.  En consecuencia, Villalobos Salgado y Chang Marroquín fueron relevados de sus cargos de jueces.

Sin embargo, el ex juez Villalobos Salgado, inconforme, promovió un juicio de amparo, en el que alegó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina dejó insubsistente su nombramiento como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones adscrito a la Tercera Sede Judicial, con sede en Cuautla, porque en el concurso de oposición no alcanzó el puntaje para obtener una plaza de juez.

“Me dio a conocer las calificaciones obtenida en los concursos de oposición en que participé para la obtención del nombramiento de Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos” y “declaró que, de las calificaciones dadas a conocer, no alcancé el puntaje para ser vencedor dentro del concurso de oposición en el que participé y que por esa razón no me designaron Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Finalmente, el juez de distrito procedió a negarle la suspensión definitiva contra el acto reclamado, “máxime que, como lo manifiesta el quejoso, ya se dejó sin efectos su nombramiento, por lo que ya no fue designado como Juez de Primera Instancia, por lo que, no es dable otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios como lo solicita, ya que no es propio de un pronunciamiento relativo al incidente de suspensión, sino materia del fondo del juicio principal del que deriva la presente incidencia”.

 

 

 

Jueves, 08 Octubre 2020 05:15

Analiza TSJ usar videoconferencias

La alternativa no sólo disminuye la probabilidad de contagios, sino que permite atender asuntos de manera pronta y expedita: magistrado.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) discutió la posibilidad de usar el método de videoconferencia en el desahogo de audiencias de apelación en el sistema acusatorio adversarial, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva ante las circunstancias excepcionales que provocó la pandemia del covid-19.

El magistrado Jorge Gambo Olea, propuso al Pleno el acuerdo para que  órganos de segunda instancia utilicen la videoconferencia como método alterno para desarrollar audiencias de apelación y explicó que la Primera Sala –de la que forma parte- celebró ya 22 audiencias con el apoyo de la telemática, es decir, con las tecnología de la información que permiten la comunicación a distancia y transmisión datos.

Explicó que con esta alternativa, no solo disminuyó la probabilidad de contagios, sino que permitió a las partes implicadas y a los magistrados atender los asuntos de manera pronta y expedita.   

Indicó que, salvo algunas dificultades técnicas menores, las audiencias por videoconferencia se desarrollaron sin inconvenientes, con la conformidad de las partes y, hasta ahora, la justicia federal no ha tenido ningún reparo respecto al desahogo de estas audiencias por videoconferencia celebradas por la Primera Sala del TSJ.

Indicó que la crisis sanitaria obligó a empresas e instituciones gubernamentales en todo el mundo a modificar sus sistemas de trabajo y uno de las soluciones fue el uso de la telemática, que es la ciencia del uso de las tecnologías de la información y desarrollo de aplicaciones que ayudan a procesar y aplicar datos multimedia.

Gamboa Olea insistió en la necesidad de invertir en la tecnología y específicamente en la justicia digital, para hacer frente no solo a la crisis actual sino a los problemas que pudieran presentarse en un futuro.

La propuesta fue secundada por sus homólogos de sala, incluso el magistrado Andrés Hipólito Prieto reconoció que en un principio fue difícil adaptarse al uso de este método tecnológico. Sin embargo, a la postre representó un beneficio para los juzgadores y los justiciables, con el desahogo oportuno de las audiencias.

El acuerdo fue acogido por el resto de los magistrados, quienes consideraron hacer algunos ajustes técnicos y varias aportaciones y reservar su aprobación para la siguiente sesión de Pleno.

 

 

 

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