Martes, 17 Noviembre 2020 05:18

Peña Nieto sigue en la mira de la FGR

Sus colaboradores más cercanos están bajo proceso o cerca de ser detenidos.

Los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en México son la base de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de la que derivará una acusación contra el expresidente Peña Nieto por traición a la patria, de cohecho y delito electoral, por financiar con recursos de procedencia ilícita la actuación de su partido, el Revolucionario Institucional y construir una red de propaganda y otra de apropiación de recursos públicos a través de esquema como el llamado La Estafa Maestra, en la que cientos de millones de pesos se transfirieron a empresas fantasmas

Según reveló el periódico Reforma la semana pasada, las acusaciones que prepara la Fiscalía contra el primer mandatario durante el sexenio 2012 2018 tienen su origen en el caso Odebrecht, el nombre de la empresa brasileña que pagó sobornos a mandatarios de toda América Latina para conseguir contratos. En el caso de México el propio dueño de la constructora trasnacional declaró que en México el receptor del dinero fue Emilio Lozoya, posterior director de Pemex, quien destino las enromes sumas a la campaña presidencial del priista que entonces gobernaba el estado de México.

Aunque se desconocen los tiempos en que la FGR pudiera presentar una acusación formal contra Peña Nieto, las personas más cercanas a él ya se encuentran bajo jurisdicción de la Fiscalía excepto Luis Videgaray, exiliado en Estados Unidos.

La prensa internacional ha señalado que los procesos contra los actos de corrupción que se le atribuyen han sido sobre todo el enjuiciamiento del periodo presidencia de Peña Nieto y del propio partido que lo llevó al poder y que en la pasada elección vio notablemente reducida su presencia electoral por el masivo rechazo de la población.

 

 

 

 

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Sábado, 14 Noviembre 2020 04:35

La ESAF tiene rezagos que datan del 2010

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) enfrenta un rezago de más de 100 expedientes de auditorías no aplicadas desde el 2010 a la fecha.


De acuerdo con la encargada de despacho de la ESAF, América López Rodríguez, de octubre del 2019 a la fecha, cuando asumió el cargo, ha logrado resolver cerca de 93 expedientes e iniciado procedimientos jurídicos para el deslinde de responsabilidades.


Sin embargo, admitió que muchos de los casos ya prescribieron,  es decir, que aunque se hayan resuelto las auditorías no se pudo actuar en contra de quienes fueron autoridades municipales o estatales aunque se hayan detectado irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.


"Estamos iniciando procedimientos de sanciones, averiguaciones y obviamente en algunos casos ya son procedimientos muy muy viejos y que definitivamente ya prescribieron", refirió.
López Rodríguez aseguró que este trabajo tuvo que realizarlo  a pesar de que no se llevó a cabo un proceso de entrega recepción cuando llegó al cargo, derivado de los conflictos políticos que entonces existían entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado.


Finalmente, indicó que ya se prepara para la entrega-recepción que deberá realizar, una vez que el Congreso del estado designe al auditor general de la ESAF, proceso en el que participa para tratar de ser ratificada en el cargo.

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El recurso es aplicable ante cualquier orden de aprehensión.

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, promovió un nuevo juicio de amparo y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión, a unas horas de que se realice la audiencia de formulación de imputación a la cual fue citado en calidad de acusado.

De acuerdo con el expediente 1014/2020, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, el alcalde solicitó la medida cautelar, ante el temor de que pudiera ser privado de su libertad por parte de elementos de la Policía de Investigación Criminal, como consecuencia de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El juez de distrito otorgó la suspensión previsional, condicionada al depósito de una garantía económica de cinco mil pesos, en caso de que exista una orden de aprehensión por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional.

En caso de que exista orden privativa de la libertad por delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional federal estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.

Según confirmó la FECC, el alcalde Villalobos Adán, junto con el subsecretario de Protección Civil Municipal, Gonzalo Barquín Granados, fueron emplazados como indiciados a la audiencia de formulación de imputación este 11 noviembre a las 8:00 horas, que se realizara en la Ciudad Judicial, contigua al penal de Atlacholoaya.

La audiencia de formulación de imputación se deriva de una investigación iniciada por una denuncia promovida por un empresario, que acusó que personal del ayuntamiento, presuntamente por orden el edil, le exigió 200 mil pesos para evitar la clausura del autocinema instalado en la avenida San Diego de Cuernavaca.

 

A PROCESO PENAL REGIDOR DE TEMIXCO

El regidor de Temixco Salvador Vargas Cabrera y cinco personas más fueron vinculadas a proceso por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público y el juez concedió dos meses de plazo para el cierre de la investigación.

El concejal fue acusado por la FECC como la persona que presuntamente autorizó la contratación de cinco personas en los meses de enero y marzo del 2019, las cuales nunca se presentaron a trabajar pero sí cobraron un sueldo como trabajadoras del ayuntamiento.

El regidor y las coacusadas enfrentarán su proceso en libertad, bajo las medidas cautelares fijada por el juez.  

 

 

 

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Un regidor y el Oficial Mayor son señalados por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó ante una juez de control a un regidor y al Oficial Mayor del Ayuntamiento de Temixco por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, al haber contratado al menos cinco “aviadores”.

La fiscalía dio a conocer que el regidor Salvador Solano Díaz,  y el Oficial Mayor -identificado como Ruperto “N”- en enero y marzo de 2019, autorizaron la contratación de Daniela Jafet “N” como auxiliar administrativo “C”; de Janet “N”, como auxiliar administrativo especializado “B”; de María Cristina “N”, como auxiliar especializado “B”; de Daniela “N”, como auxiliar administrativo “C”; y de América “N”, como auxiliar administrativo “C”.

Detalló que, de acuerdo con los datos de prueba reunidos, ninguna de las mujeres contratadas se presentaba a laborar, pero sí cobraban sus sueldos como trabajadoras del ayuntamiento, razón por la que también fueron imputadas como autoras materiales del delito doloso.

Precisó que la investigación FECC/351/2019 se inició a partir de la denuncia realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Temixco, por la presunta contratación de “aviadores”, autorizada por ambos servidores públicos en funciones.

A solicitud de la agente del Ministerio Público, la jueza impuso como medida cautelar a los imputados, la firma periódica bimestral ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en tanto, otorgó a la defensa 144 horas para la próxima audiencia.

 

 

 

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Miércoles, 28 Octubre 2020 05:19

Urgente, nombramiento en ESAF: diputada

La figura de encargado de despacho es limitada en facultades: señala Ariadna Barrera.

Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, admitió que es urgente que el Congreso del estado designe a un auditor general, después de casi dos años de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ha estado bajo el mando de un encargado de despacho.


La legisladora morenista afirmó que la actual encargada de despacho de la ESAF, América López Rodríguez, no está facultada para realizar auditorías a las instituciones que ejercen recursos públicos y existe el riesgo que todo su trabajo quede sin efectos.


"La ley es muy clara, un encargado despacho no tiene todas las facultades, tiene que estar ratificado en el Pleno como auditor. Por eso nos vimos en la urgencia de emitir una convocatoria para el nombramiento de auditor y darle legalidad a este instituto para que tenga todas las facultades", manifestó.


Barrera Vázquez informó que este viernes la Comisión Instructora (encargada del procedimiento de designación del auditor general) emitirá un dictamen para que sea votado en la sesión ordinaria de la próxima semana y se concrete el nombramiento.


En octubre del año pasado López Rodríguez recibió su nombramiento como encargada de despacho, al igual que los encargados de la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal, Lenin Gómez Saldaña; Anahí Coral Castillo Martínez en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “A”; Uriel Estrada Jaime en la Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; y Olivia Georgina Bobadilla Miranda en el Consejo de Vigilancia.
Lo anterior, después de que una mayoría de legisladores determinó remover a Uriel González Sotelo, que como titular de la Auditoría Especial de la Hacienda Estatal suplió a Vicente Loredo Méndez cuando éste renunció al cargo de auditor general, en noviembre del 2018.

 

 

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Miércoles, 21 Octubre 2020 05:10

A proceso penal Jaime Álvarez Cisneros

Al ex secretario de Turismo se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, por un daño millonario a la hacienda estatal.

Una juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra el ex diputado y ex secretario de Turismo Jaime Álvarez Cisneros, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público por un daño millonario a la hacienda estatal.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) presentó ante el juez indicios sobre la probable implicación del ex funcionario en un hecho ilícito, por haber autorizado el pago de 12 millones de pesos del presupuesto estatal para la realización del concierto de Emmanuel y Mijares como parte de su gira “Tour Amigos”, en la Arena Teques el 17 de Mayo de 2014, trascurridos apenas dos años de la administración del otrora gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu. 

De acuerdo con el agente del Ministerio Público de la FECC, el ex secretario de Turismo habría aprobado el pago millonario a tres empresas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas.

Una de las pruebas aportadas para llevar a proceso penal a Álvarez Cisneros fue el testimonio del representante de los cantantes, quien aseguró que el costo por concierto, incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.

Sin embargo, en el caso de Morelos, donde sólo fue contratado el espectáculo, la empresa intermediaria únicamente pagó un millón 740 mil pesos, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Además del sobreprecio, otro de los indicios contra el ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano fue que al parecer autorizó el pago de millones de pesos para realizar el concierto antes de que la contratación fuese aprobada por el Comité Técnico de Adquisiciones.

La jueza de control otorgó dos meses de plazo para el cierre de la investigación y mantuvo las medidas cautelares fijadas al ex funcionario imputado, como el impedimento para salir del país y la prohibición de acercarse a la Secretaría de Turismo.

 

 

 

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Reconoce diputada incertidumbre jurídica en el nombramiento de América López Rodríguez.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, admitió que  "preocupa y ocupa" a los legisladores la investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en contra de la encargada de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, ante la incertidumbre jurídica sobre su nombramiento.


En entrevista, la diputada admitió que existe incertidumbre sobre la legalidad de los actos que ha llevado a cabo López Rodríguez como encargada de despacho, cuando el cargo señalado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas es el de auditor general de la ESAF.


No obstante, sostuvo que la investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) estuvo motivada por una revisión que inició la ESAF en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE).
"Habría que revisar el tema y evitar que se trate de generar un contexto fuera del tema y que se convierta en un tema de perseguidos, porque tal pareciera que se ve así, un tema de perseguidos, consecuencia de una revisión", manifestó.
Para la legisladora panista el asunto se ha politizado y por ello, se ha buscado cualquier vía jurídica para impedir que la ESAF realice su trabajo.


Ante ello, Morales Sandoval dijo que es urgente que el Congreso del estado concrete el nombramiento del titular de la ESAF y dar certeza jurídica al trabajo de órgano, pues incluso las cuatro Auditorías especiales de la Hacienda Pública Estatal, la Municipal y las de Organismos Públicos "A" y "B", están representadas por encargados de despacho y no por titulares.

 

 

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Jueves, 15 Octubre 2020 05:14

Imputan a Jaime Álvarez Cisneros

Al exsecretario de Turismo le señalan el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por haber pagado el doble del costo real de un concierto realizado en la Arena Teques en 2014.

El ex diputado por Movimiento Ciudadano y ex secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, fue imputado ante un juez por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, por haber pagado el doble del costo real un concierto de los cantantes Emmanuel y Mijares realizado en la Arena Teques en mayo de 2014.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), presentó ante el juez más de 20 indicios de la probable responsabilidad del ex funcionario graquista, quien presuntamente, de manera irregular, autorizó un pago de más de 12 millones de pesos para del concierto “Tour Amigos”.

Una de las pruebas aportadas en la audiencia de formulación de imputación fue el testimonio del representante de los cantantes, quien aseguró que el costo por concierto, incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos.

Sin embargo, en el caso de Morelos, donde sólo fue contratado el espectáculo, la empresa intermediaria únicamente pagó un millón 740 mil pesos, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Además, el ex secretario de Turismo presuntamente también aprobó un pago millonario a tres empresas de las denominadas "fachada" por la organización, contratación y presentación de los artistas con un sobreprecio, ya que en otros estados el mismo espectáculo ofrecido en la Arena Teques tuvo un costo cuatro veces menor (2.4 millones aproximadamente).

La juez de control fijó como medidas cautelares a Álvarez Cisneros la prohibición de salir del país y de acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto transcurren las 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

La FECC mantiene abiertas otras indagatorias que implican a Jaime Álvarez Cisneros por daño a la hacienda estatal e irregularidades en la realización de los conciertos de música electrónica “Vaivén” y del cantante británico Sting.

De acuerdo con las denuncias del Gobierno de Morelos, mientras el cantante británico cobró 700 mil dólares por su participación en 2011 en el festival Viña del Mar, en Chile, para su concierto en tierra morelense, en octubre de 2015, cobró 3.2 millones de dólares, casi cinco veces más.

Además, la empresa Diageo, importadora de una marca de whisky, dio 600 mil dólares en efectivo para la realización de concierto de Sting, pero nada de este recurso fue ingresado al presupuesto estatal, porque todo se habría operado a través de la empresa “fachada” de nombre Magnos Comercialización, representada por una joven empresaria identificada como Mayne Salayandía Jiménez, y la cual actualmente ya no opera.

Los conciertos de música electrónica “Vaivén”, también fueron organizados a través de la empresa Magnos Comercialización, a la cual se le habrían dado 350 millones de pesos del erario morelense por contratos de “cultura”.

 

 

 

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De la acusación de acoso contra regidor, su partido lo deberá resolver.

Zona sur.- El tesorero de Tlaltizapán, Germán “N”, a quien se le sigue un proceso por violencia familiar, se mantendrá en el cargo hasta que una sentencia lo determine culpable o inocente, señaló el secretario municipal de ese ayuntamiento, Leobardo Guzmán Gutiérrez, mientras que en el caso de un regidor que fue denunciado por acoso, su partido se deberá encargar de él, consideró.

“La cuestión del tesorero está en manos de la fiscalía, en donde se determinará si sucedieron o no sucedieron los hechos, y tendrá que haber una sanción. De acuerdo con esa sanción, la presidencia tendrá que tomar la decisión de si continúa el tesorero o no continúa, pero primero deberá deslindar la responsabilidad que tuvo él en este caso, para que el ayuntamiento no caiga en una situación de mover a una persona… esa fue una situación extraordinaria fuera del ayuntamiento, que a nosotros nos impacta, pero hasta que la autoridad diga si fue culpable, entonces se tomarán cartas sobre el asunto”, explicó el funcionario.

El tesorero fue denunciado penalmente a finales de agosto de este año y continúa el procedimiento, tras ser vinculado a proceso.

Sobre el caso de la exdirectora de recursos humanos, que renunció al cargo al sentirse acosada por el regidor Félix Bahena Ríos, a quien denunció penalmente, el secretario aclaró que ese no es asunto del ayuntamiento, sino del partido del concejal, Movimiento Ciudadano.

“El regidor trabaja dentro del ayuntamiento, pero no es del grupo que llevó al poder al presidente municipal; él es del partido Movimiento Ciudadano,  entonces, ese partido debe tomar nota de esto y definir sobre su regidor. “Sí nos pega, porque es trabajador del ayuntamiento, pero no depende del grupo del presidente, sino de Movimiento Ciudadano, que tendrá que resolver”.

Interrogado acerca de la presión que ha recibido el gobierno para tomar decisiones sobre estos casos, el secretario respondió que primero tendrá que resolverse si estos asuntos son verdad o mentira, porque a veces las cosas son “un poquito engañosas”.

Dijo que en el caso de la ex directora de recursos humanos no le avisó primero a la autoridad, sino que hizo la denuncia de manera directa.

“Son infundios que fueron o no fueron, y la autoridad deberá resolverlos”.

 

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Dicha instancia adelanta que volverá a imputar ante un juez al exalcalde de Jiutepec.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) advirtió que volverá a imputar ante un juez al ex presidente municipal de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, quien presumió en redes sociales su “absolución” de los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público.

A través de su cuenta de Facebook, Agüero Tovar difundió de manera parcial el documento de la notificación del falló de la Sala del Circuito Judicial Único en materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el pasado 14 de febrero por un juez de control dentro de la causa penal JC/1596/2019.

De acuerdo con el ex alcalde, la sala declaró infundados los argumentos expuestos por la fiscalía anticorrupción y la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Jiutepec, que acusaron a Agüero Tovar de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

Posteriormente, la FECC emitió un comunicado en el que rechazó que el polémico ex edil esté absuelto y adelantó que la fiscalía volverá a formularle imputación.

“La fiscalía anticorrupción volverá a imputar a José Manuel “N” ex presidente municipal de Jiutepec, por peculado y enriquecimiento ilícito, ya que no está absuelto de estos delitos.

“Debido a que se han realizado más actos de investigación que fortalecen la teoría del caso, la Fiscalía Anticorrupción volverá a imputarlo por la presunta distracción del dinero recaudado del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019”, explicó al señalar que “el próximo primero de septiembre, la fiscalía anticorrupción imputará de nueva cuenta al ex edil, en tanto, se siguen varias investigaciones en su contra”.

Recordó que Agüero Tovar enfrenta otro proceso penal, por el presunto delito de ejercicio abusivo de la función pública, por haber beneficiado a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio, ubicado en la en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec, para utilizarlo como corralón municipal.

De acuerdo con la fiscalía, durante todo su trienio (2016-2018) mantuvo el arrendamiento del inmueble que era propiedad de su familia por un monto aproximado de 58 mil pesos mensuales, pese a la evidente existencia de un conflicto de intereses.

 

 

 

 

 

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