Propone además sancionar a funcionarios que incumplan con medidas sanitarias establecidas por Salud, y ampliar facultades de municipios para actuar ante una emergencia sanitaria.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de ley y dos iniciativas con proyecto de decreto para normar el uso obligatorio del cubrebocas en el estado de Morelos, para sancionar a funcionarios que incumplan con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud, así como para ampliar las facultades de los municipios para actuar ante una emergencia sanitaria.

En su intervención, el legislador presentó en primera instancia la iniciativa con proyecto de ley para prevenir la propagación de alguna enfermedad que origine una pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria, como la ocasionada por el virus Covid-19, así como la regulación del uso obligatorio de cubrebocas, en el estado de Morelos.

Sotelo Martínez precisó que “la presente propuesta de ley busca fortalecer la prevención y evitar en lo posible la propagación del virus Covid-19, atendiendo a los diversos escenarios que prevén el aumento de casos y en consecuencia de muertes”.

Por eso hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Salud, Rosalina Mazari Espín, para que la iniciativa, la cual consta de 17 artículos divididos en tres capítulos, se dictamine “a la brevedad posible”, pues refirió que tras sostener una reunión con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Salud del Estado, advirtió la inminencia de un alza en el número de contagios tras el último fin de semana largo.       

Cabe mencionar que a esta propuesta se adhirieron todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, además de la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Por otra parte, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo informó de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción LXXI al artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad que los municipios actúen en el marco de su competencia ante alguna emergencia sanitaria originada por una pandemia.

En este sentido, el legislador argumentó su propuesta al destacar que “de conformidad con el artículo 4 Fracción IV, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, son autoridades sanitarias del Estado”.

Precisó que la adición a dicho artículo establece que entre las facultades del municipio están “implementar de acuerdo a su competencia y en coordinación con las autoridades estatales y federales, que correspondan, medidas sanitarias recomendadas por estas autoridades y vigilar su cumplimiento, para la conservación de la salud individual y colectiva, ante una pandemia que genere la declaratoria de emergencia sanitaria, decretada por la autoridad competente”.

Finalmente, el legislador presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción XXIII al artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer responsabilidad administrativa a los servidores públicos que no atiendan medidas establecidas por la autoridad de salud, en caso de emergencia sanitaria.

En este contexto, recordó que las medidas más importantes, establecidas por las autoridades correspondientes a considerarse para evitar contagios son: lavarse las manos con frecuencia; usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol; guardar al menos un metro de distancia entre una y otra persona; convertir el uso de la mascarilla en una parte normal de la interacción con otras personas; no tocarse los ojos, la nariz ni la boca y en caso de presentar fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica.

Refirió que la adición de la fracción XXIII del artículo 51 de la citada ley, establece la obligación de los funcionarios de “cumplir con todas y cada una de las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos, establecidas por la autoridad de salud competente, en caso de emergencia sanitaria declarada con motivo de una pandemia”.

 

 

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Sábado, 21 Noviembre 2020 05:11

Contemplan rescatar finanzas de los municipios

El Congreso del estado inició el análisis jurídico para impulsar un posible rescate financiero a favor de los 36 municipios, ante la crisis que enfrentan derivado de la emergencia sanitaria.


El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que este jueves tuvieron un primer acercamiento con los alcaldes que integran la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), para revisar su propuesta sobre la viabilidad de que se les asigne el 25 por ciento del Fondo General de Aportaciones.


Sin embargo, dijo que se revisará la viabilidad de la  propuesta u otra vía jurídica para que el Congreso del estado pueda apoyar financieramente a los municipios.


"Nosotros vamos a valorar cada una de las necesidades, tanto del Ejecutivo estatal, que genere la proyección, como la de las y los presidentes municipales, porque lo que queremos es que haya fluidez. Sabemos que hay un recorte desde la Federación que viene para el estado y tenemos que buscar mecanismos para no dejar desprotegidos a los ayuntamientos", afirmó el legislador local.

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Jueves, 19 Noviembre 2020 05:13

Cercano, el acuerdo para renegociar deuda

Diputados se reunirán mañana con la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que este viernes podría concretarse el acuerdo entre las fuerzas políticas para autorizar el refinanciamiento de la deuda pública del gobierno del estado.


En entrevista, el diputado dijo que este viernes se reunirán con la secretaria de Hacienda del estado, Mónica Boggio Tomasaz Merino y con funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) para revisar el proyecto de reestructuración de la deuda por más de seis mil millones de pesos que presentó el Poder Ejecutivo.


El legislador del Partido Encuentro Social (PES) aseguró que  existen acuerdos de mayoría para aprobar la solicitud del Poder Ejecutivo y para que puedan hacerse los ajustes necesarios en el Paquete Económico para el 2021, con base en el refinanciamiento.


"En esa reunión también estaremos revisando el Paquete Económico y que podamos avanzar ya en ese tema", añadió.
Por otro lado, aseguró que se trabaja en los consensos para concretar los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) antes de que concluya diciembre.


"En próximos días entiendo que también estaremos empezando a trabajar lo de los magistrados del Poder Judicial. Hemos hecho un trabajo coordinado con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno y vamos a continuar haciéndolo de esa manera", declaró.


Señaló que también interesa al Congreso del estado, bajo un acuerdo con el Poder Ejecutivo, la aprobación de la "Ley de Asociaciones Público Privadas" y el proyecto para un segundo convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur para reactivar el servicio ferroviario en la zona oriente del estado.

 

 

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Activistas cuestionan el proyecto que fue presentado ayer ante el Pleno del Congreso.

Organizaciones civiles que integran la agrupación Diversidad en Marcha señalaron que la iniciativa para tipificar crímenes de odio que se presentó en el Congreso local es deficiente y demandaron ser tomadas en cuenta en el análisis legislativo. 

Representantes de asociaciones como Lesbos, Motrasex México, Red VIHve México; Cuernavanií A.C.; Agenda Nacional Política Trans; Colectivo Amoneuki Tepoztlán y Movimiento Trans Jiiutepec, entre otras, expusieron que dicha propuesta, presentada este miércoles ante el Pleno Legislativo contiene deficiencias que harían una ley inoperante.  

Vanessa Shirell Nambos Díaz explicó que el documento dado a conocer por la legisladora del partido Movimiento Regeneración Nacional Alejandra Flores Espinosa no ha sido sometido a consulta con todas las organizaciones de la comunidad de la diversidad.  

Dichas organizaciones elaboraron un pronunciamiento en el que señalan que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 131 BIS al Código Penal local para tipificar los crímenes de odio en el estado de Morelos “tiene serias deficiencias que volverían el tipo penal inoperante”. 

Las organizaciones manifiestan que en la exposición de motivos se explica que los crímenes de odio son actos de violencia motivados por la condición de la víctima, ya sea por sus preferencias sexuales, su identidad de género, su origen étnico, su nivel socio económico o cualquier otra de las previstas y protegidas por el artículo 1 Constitucional. 

Pese a lo anterior la propuesta no establece de manera clara las hipótesis que permitan acreditar este tipo de crímenes.  

“Colocar dentro de las hipótesis propuestas palabras como “saña” u “odio” representa un problema a la hora de acreditar el delito por parte de una autoridad, corriéndose el riesgo de que no sea posible sancionar a ningún infractor ante la falta de elementos objetivos para la acreditación del delito” abundan. 

La agrupación llamó a la legisladora morenista a convocar a personas expertas en la materia para que de manera conjunta con la sociedad civil, la academia e instituciones públicas saquen adelante un tipo penal funcional que responda a la realidad del estado de Morelos. 

En el referido escrito, subrayan: “tal y como sucede con el tipo penal de feminicidio vigente en Morelos desde el año 2011, es necesario que el tipo penal de los crímenes de odio cuente con hipótesis claras que permita a la autoridad comprender las características que revisten a tales delitos y se cuente con elementos para la judicialización y emisión de sentencias. 

Un tipo penal de crímenes de odio debe tomar en cuenta hipótesis objetivas y particulares que puedan ser aplicables a los casos específicos, partiendo de datos y documentación de los hechos”. 

La citada iniciativa, fue presentada al pleno este miércoles y turnada a comisiones para su dictaminación.    

 

 

 

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Para aprobar el paquete económico y las leyes de ingresos de los municipios.

Los diputados locales siguen entrampados en las negociaciones para desahogar el rezago legislativo que acumularon a lo largo del año, entre lo que se incluye la aprobación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos de los municipios para el 2021. Derivado de ello, adelantaron que podrían prolongar el período ordinario de sesiones después de la fecha constitucional, que es el 15 de diciembre.


La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, confirmó que analizan detener el llamado "reloj legislativo" para poder desahogar todos los pendientes después del 15 de diciembre.
Admitió que siguen sin lograr acuerdos para la designación de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del auditor general del estado.


De igual forma, reconoció que les queda poco tiempo para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, así como las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
"Yo le apuesto que antes de que termine este período, no te diría que el 15 de diciembre, yo creo que el reloj legislativo va a quedar parado algunos días adicionales, pero que sí podamos lograr grandes acuerdos en el tema del IMIPE, en cuanto al tema de la ESAF y en lo particular en el tema del Paquete Económico, porque tiene que salir en beneficio de los ciudadanos de Morelos", declaró.


Por su lado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que siguen las negociaciones entre las fracciones y grupos parlamentarios pero sin  lograr acuerdos definitivos en los temas pendientes.


Manifestó su confianza en que en este mismo año se puedan concretar dichos consensos, aunque dijo que se prevé que podría prolongarse posterior al 15 de diciembre.

 

 

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Miércoles, 11 Noviembre 2020 05:01

Informe legislativo y reto parlamentario

El pasado 6 de noviembre, el diputado presidente del Congreso de Morelos, Lic. Alfonso Sotelo Martínez, celebró su segundo informe legislativo. Presentó sintético análisis de la tarea parlamentaria tlahuica y los retos futuros. La pandemia mundial de covid-19 ha sido el signo del 2020, y en la labor legislativa se ha ralentizado la actualización de leyes estatales prioritarias, entre ellas, el proyecto de Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres y Protección Civil. El diputado presidente, en un ejercicio de honestidad política, refirió que “vienen tiempos aún más difíciles”.

La concurrencia entre gobierno y ciudadanía es la fórmula para orientar la agenda parlamentaria en el último año de la actual LIV Legislatura para encarar las eminentes adversidades. El artículo 19 bis de la Constitución Política de Morelos señala la “Colaboración Ciudadana” en nuestros municipios, un tema pendiente en la agenda legislativa, específicamente en la reconstrucción de los municipios de nuestro estado tras el devastador terremoto denominado “19 S” de 2017. El reto parlamentario es fundar la corresponsabilidad política-ciudadana entre el Congreso y la sociedad; debiéndose apuntar hacia la esfera municipal, desde la base de nuestra comunidad morelense, y para encarar las adversidades aún por venir.

 

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Abogado exhorta a evitar que el procedimiento deba reiniciarse ante eventual incumplimiento de plazos.

El abogado Gibrán Haro Álvarez confió que en breve el Congreso resolverá la solicitud de juicio de procedencia promovida contra el diputado Marco Zapotitla Becerro, para efecto de que enfrente en calidad de ciudadano las imputaciones penales por el presunto delito de violación.

El litigante, quien representa a una víctima, señaló que todavía no culmina el plazo de 30 días hábiles para que se desahogue el proceso legislativo y la Comisión de Gobernación y Gran Jurado presente el dictamen ante el Pleno respecto a la procedencia o no de la solicitud.

Señaló que restan 15 días hábiles para que concluya el plazo, y en este momento se está a la espera de que el diputado Zapotitla sea notificado sobre el proceso solicitado en su contra, ya sea en el domicilio laboral o particular registrado en el Congreso, pero en caso de que no sea localizado, la Comisión de Gobernación deberá emplazarlo a través de edictos.

Exhortó a las y los diputados a agilizar el proceso legislativo, para evitar que fenezca el plazo y, en detrimento de la víctima se tenga que reiniciar el procedimiento.

“Estamos dentro del plazo de los 30 días hábiles que tiene la Comisión de Gobernación y hacemos el llamado para que no vayan a pasar de esos 30 días y prácticamente se tenga que repetir todo el procedimiento”, instó.

Dijo que el asunto no es político sino jurídico, donde hay una acusación penal en contra del legislador, y exhortó a los integrantes del Pleno Legislativo a desahogar el juicio de procedencia sin trampas ni obstáculos.

En el mes de septiembre, la representación jurídica de una víctima y la Fiscalía General del Estado (FGE), por separado, solicitaron al Congreso un juicio de procedencia contra el diputado, para que enfrente como ciudadano un proceso penal por la presunta comisión de delitos sexuales. 

Hace unos días, en sesión, con la consigna “no es legal, es moral”, ocho diputadas exigieron la salida de Marco Zapototla del salón de Pleno, ante las acusaciones penales en su contra.

 

 

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Martes, 10 Noviembre 2020 05:19

Zapotitla, a un paso del desafuero

Se puede salvar si en la sesión donde se discuta el tema no hay quórum; se pospondría hasta el siguiente periodo ordinario.

La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado podría definir esta misma semana el juicio de procedencia en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro, promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) para desaforarlo, ante la denuncia en su contra por el delito de violación sexual.


El diputado José Casas González, presidente de dicha comisión, informó que el jueves pasado se radicó el procedimiento, luego de que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) determinó que había elementos legales para iniciarlo.
Al respecto, Casas González explicó que el legislador local cuenta con cinco días hábiles, a partir de su notificación, para comparecer ante la Comisión de Gobernación y Gran Jurado (Comisión Instructora) y aportar los elementos en su defensa.


Posterior a ello, añadió, la Comisión Instructora deberá dictaminar la solicitud de la Fiscalía General del Estado y turnar el caso al Pleno.


Si el Pleno del Congreso determina procedente la formación de causa, el diputado Zapotitla Becerro deberá ser separado del cargo y ponerse a disposición del ministerio público.


"Aquí lo delicado es que si el día de la votación no se reúne el quórum necesario y no se votan las dos terceras partes, ese recurso se estaría devolviendo (a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado) y mandando hasta el siguiente período", señaló.

Casas González admitió que existe el riesgo de que el caso se politice, con la finalidad de mandarlo a la "congeladora" hasta febrero del 2021.
Hasta el momento ocho legisladoras se han pronunciado abiertamente porque su homólogo sea separado del cargo de su homólogo. Sin embargo, el caso se ha retrasado más de un mes sin ninguna justificación legal.

 

 

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Constatarán que burócratas cubran requisitos legales para tener derecho a la jubilación.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la adición a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que faculta a los cabildos y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso local realizar investigaciones para corroborar que los burócratas cubran los requisitos legales para tener derecho a la jubilación.

De acuerdo con el decreto legislativo, existía una laguna legal que requería ser atendida para dar certeza jurídica tanto a la parte patronal y a los trabajadores, como a la sociedad morelense.

Y es que si bien el artículo 67, Fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, prevé esa facultad investigadora de la Comisión del Trabajo y Previsión Social respecto de las solicitudes de pensión por retiro, por edad y tiempo de servicios, fallecimiento, cesantía o edad avanzada, en la Ley del Servicio Civil no estaba estipulada esta atribución ni era extensiva a los ayuntamientos, cuyos cabildos son responsables de la aprobación de las jubilaciones de sus trabajadores. 

“(…) no menos cierto es, que dicha previsión no se encuentra establecida y regulada en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, situación que de no subsanarse puede representar un problema a futuro con las entidades obligadas a proporcionar la información correspondiente a la citada investigación, en virtud de que al momento de realizar las mismas no es suficiente el fundamento legal que previamente ya se encuentra establecido en el artículo 67, fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos”, argumentó el legislador.

En consecuencia, el Congreso local procedió a la adición del artículo 57 BIS a la Ley del Servicio Civil, para establecer que: “La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos y los Cabildos Municipales, en su caso, al momento de realizar el trámite de otorgamiento de una pensión a los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios de nuestro Estado, tienen la facultad de realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de la misma”.

 Dicha adición se dio luego de los tropiezos legales que enfrentó la actual legislatura, al revocar  varios decretos jubilatorios que presuntamente fueron aprobados por sus antecesores sin que los beneficiarios cumplieran con los requisitos,  y que tras los amparos promovidos por varios de los afectados, la justicia federal determinó que había yerros normativos.

 

 

 

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Lunes, 09 Noviembre 2020 05:17

Sigue vigente amparo a favor de Hueyapan

La medida impide entregar la clave geoestadística -que da acceso a recursos federales- a Hueyapan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantener la suspensión concedida al Ayuntamiento de Tetela del Volcán contra el decreto legislativo de delimitación territorial con el municipio indígena de Hueyapan, mismo que ocasionó un conflicto legal con comunidades del estado de Puebla.

Al resolver el recurso de reclamación 77/2020, promovido por el Congreso de Morelos contra la medida cautelar, la Primera Sala de la SCJN declaró procedente pero infundado dicho recurso y confirmó el acuerdo del 27 de julio de 2020, dictado por el ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 105/2020, promovida por Tetela del Volcán.

Con esta resolución, se mantiene la suspensión que impide a las autoridades estatales y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asignar la clave geoestadística al municipio indígena de Hueyapan (territorio escindido de Tetela del Volcán), y establecer la señalética sobre la división territorial entre ambos municipios.

El ayuntamiento de Tetela de Volcán argumentó en la controversia constitucional que el municipio no fue consultado respecto del decreto y que fue una decisión unilateral del Congreso, que prolongará los conflictos sociales, particularmente sobre la disputa por el agua entre ambas comunas.

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Tochimilco, del estado de Puebla, promovió la controversia constitucional 143/2020, en la cual también se concedió la suspensión contra el decreto legislativo, en la que acusó al estado de Morelos de despojarlo de parte de su territorio.

El municipio poblano afirmó que, el decreto promulgado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 8 de julio, lo despojó de un aproximado de 1600 hectáreas y el Congreso de Morelos incumplió con su obligación legal de notificar tanto al municipio de Tochimilco (que colinda con los municipios morelenses) como al Congreso de Puebla sobre la acción de delimitación territorial.

Incluso, destacó que el conflicto limítrofe escaló al grado de generar discriminación entre los pobladores de uno y otro municipio.

 

 

 

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