*Demandan la remoción de docentes y directivos, por presunto maltrato a estudiantes*

Padres de familia de la escuela "20 de Noviembre" de la colonia El Empleado tomaron el plantel, en demanda de la remoción de docentes y directivos por presunto maltrato a estudiantes.

Señalaron que desde el 2024 hay quejas en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y sólo han encontrado encubrimiento.

Los inconformes señalan a una profesora de agredir verbalmente a estudiantes, así como a algunas madres de familia.

Cada 20 de octubre se conmemora en México el Día de la y el Pediatra, una fecha dedicada a reconocer la invaluable labor de los especialistas que velan por la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Esta celebración busca destacar el compromiso y la vocación de quienes acompañan cada etapa del crecimiento infantil, desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Los pediatras no solo atienden enfermedades o vigilan el desarrollo físico, sino que también desempeñan un papel esencial en la prevención, educación y promoción de hábitos saludables, fomentando entornos que favorecen el bienestar emocional y social de la niñez. Su trabajo cotidiano contribuye a construir generaciones más sanas y conscientes de la importancia del autocuidado.

Además, su labor está estrechamente vinculada con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con los esfuerzos de instituciones como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que impulsa políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la salud y el cumplimiento de sus derechos.

En este día, se reconoce la entrega, sensibilidad y compromiso de quienes dedican su vida a cuidar la infancia, recordando que una sociedad saludable comienza con una niñez protegida, atendida y escuchada.

El terror volvió a dominar la taquilla. La película Teléfono Negro 2 logró imponerse en su estreno frente a la esperada Tron: Ares, alcanzando una recaudación sólida pese a no registrar números descomunales.

Con un presupuesto de 551 millones de pesos, la secuela dirigida por Universal Pictures consiguió superar las expectativas iniciales y tomar el primer lugar en la taquilla, dejando atrás al proyecto de Disney.

De acuerdo con los reportes, Teléfono Negro 2 necesitará alrededor de 1.6 mil millones de pesos para generar ganancias, una meta alcanzable considerando la cercanía de la temporada de Halloween y Día de Muertos, que suele impulsar las producciones de terror.

Por su parte, Tron: Ares cayó al segundo lugar tras recaudar solo 202 millones de pesos en su segundo fin de semana, acumulando 1.8 mil millones de pesos en total.
Aunque la cifra puede parecer alta, está lejos de cubrir su ambicioso presupuesto de 3.3 mil millones de pesos, por lo que necesitaría más de 11 mil millones de pesos para considerarse un éxito.

Ante este panorama, fuentes cercanas a Disney aseguran que los planes para continuar la saga Tron podrían quedar suspendidos o incluso cancelados, ya que la franquicia nunca ha logrado resultados sobresalientes en taquilla.

El debut de Teléfono Negro 2 también marcó el final en cartelera para otras producciones. Him: El Elegido se despide con una taquilla de 496 millones de pesos, la misma cantidad que su presupuesto, convirtiéndose en un fracaso financiero al no alcanzar los ingresos necesarios para generar ganancias.

En contraste, la cinta animada Demon Slayer: Castillo Infinito se mantiene como una de las grandes triunfadoras del año, con 11.7 mil millones de pesos recaudados a nivel mundial, convirtiéndose en la película animada más taquillera de 2025. Además, su próximo estreno en China podría aumentar aún más sus cifras globales.

Con estos resultados, Teléfono Negro 2 demuestra que el cine de terror sigue siendo una apuesta segura para el público, mientras que Tron: Ares confirma las dificultades de Disney para revitalizar una de sus sagas más olvidadas.

*En está primera edición se generó una derrama económica estimada superior a cinco millones de pesos, con una afluencia de dos mil 500 visitantes por día*

El Gobierno del Estado de Morelos, que encabeza Margarita González Saravia continúa con el fortalecimiento de las estrategias de promoción económica y consumo local, con la exitosa realización del primer Festival del Mezcal y el Queso 2025 “Espíritu de la Tierra”, que durante tres días llenó de vida la Plaza General Emiliano Zapata, en Cuernavaca.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), José Víctor Sánchez Trujillo, destacó que este evento, organizado por la Dirección General de MiPyMEs, representa un espacio de encuentro entre productores, emprendedores y visitantes, lo que fortalece la economía de las familias morelenses a través del impulso a la marca “Orgullo Morelos”.

En los datos recabados durante la feria, que reunió a 127 expositores, entre ellos 50 productores de la marca “Orgullo Morelos”, y 10 cocineras tradicionales durante el fin de semana, se estima una derrama económica cercana a los 5.8 millones de pesos, con una afluencia promedio de dos mil 500 personas por día, generando actividad comercial en sectores como alimentos, transporte, hospedaje y comercio local.

Un dato relevante es que el 62 por ciento de los expositores fueron mujeres, lo que refleja el liderazgo en la producción, comercialización y promoción de los productos locales, lo que fortalece la participación equitativa dentro del sector productivo estatal.

El ambiente festivo estuvo acompañado de mariachi, banda sinaloense y batucada, además de presentaciones culturales y una exposición fotográfica dedicada a la identidad mezcalera, que rindió homenaje a las tradiciones que hacen de Morelos un referente de sabor y creatividad.

Con estas acciones, el Gobierno de “La tierra que nos une”, reafirma su compromiso con el desarrollo económico sostenible y con la creación de espacios que promuevan el talento local, consolidando a Morelos, como un estado que impulsa su economía, a través de la cultura, turismo, e identidad productiva.

No debe perderse en el tiempo, ni minimizarse entre los innumerables problemas en el país, la tragedia ocurrida en días pasados en regiones de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas por las lluvias torrenciales que ocasionaron el desbordamiento de ríos, inundaciones y un saldo de al menos 70 personas fallecidas y un número similar de desaparecidos.

Entre la negligencia y la frivolidad de gobiernos locales, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional respecto de los fenómenos inminentes no tuvieron eco y la población padeció una desgracia equiparable a la devastación por el huracán Otis en octubre de 2023 en Acapulco.

Autoridades de los tres niveles se quedan en el camino ante el clamor ciudadano por la falta de seriedad en la atención del desastre; y preocupante es también la falta de recursos económicos para infraestructura preventiva, mantenimiento y la reparación de daños. Hay responsabilidades que no se asumen y que señalan hacia poderes sin sensibilidad.

La semana pasada, las diputadas federales Sandra Anaya y Ariadna Barrera, y los diputados federales Agustín Alonso y Juan Ángel Flores, se tomaron fotos en el recinto legislativo de San Lázaro y las difundieron en sus redes sociales anunciando con orgullo que acababan de votar a favor de la reforma a la Ley de Amparo.

“A ver si no en unos años los que aparecen en la foto sufren las consecuencias de haber aprobado reformas a la Ley de Amparo cuando requieran interponer un amparo contra un acto de autoridad en su calidad de empresarios”, escribí en mi muro de Facebook.

A lo que me refiero es que, hoy ellos están (o al menos así lo aparentan) muy orgullosos de haber participado en esa modificación legislativa tan trascendental en la vida jurídica de nuestro país. Quizás la única que podría alguna vez argumentar que no sabía lo que hacía es la ingeniera industrial Ariadna Barrera, pues la legisladora Sandra Anaya presume su Maestría en Derecho cada vez que puede; Agustín Alonso todos sabemos que es egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Privada y Juan Ángel nos consta que estudió derecho porque compartimos aula en la Facultad de Derecho de la UAEM.

Sin embargo, eso no es el punto al que queremos referirnos, sino que, todas y todos los antes mencionados, combinan su actividad política con la empresarial. Agustín tiene un Balneario y una empresa de Seguridad; Sandra es dueña de marisquerías y Juan Ángel tiene un salón de fiestas flotante en Tequesquitengo.

¿Qué pasaría si alguno de ellos se ve en la necesidad de promover un amparo ante la Justicia Federal contra algún acto de autoridad? Quizás hasta entonces caigan en la cuenta de qué fue lo que hicieron cuando eran legisladores.

Recordemos que durante todo el sexenio de López Obrador, los tribunales mexicanos se llenaron de amparos. Contra el Tren Maya, contra Dos Bocas, contra la Guardia Nacional, contra los cambios en el aeropuerto. Cada gran proyecto del gobierno tuvo enfrente una ola de demandas. Y eso molestó profundamente al presidente, que veía en los jueces no a guardianes de la ley, sino a enemigos políticos empeñados en frenar la “transformación” que él encabezaba (además de que la jefa de ellos no se quiso levantar de su asiento en un evento oficial).

En ese ambiente de confrontación, la reforma a la ley de amparo no nació de un análisis serio ni de un deseo por mejorar la justicia. Surgió, más bien, de una inercia política acumulada durante años: un ajuste de cuentas, una manera de restarle poder al Poder Judicial.

En la publicación que hice en mi muro de Facebook con la foto de las y los legisladores antes mencionados, no faltó quien comentara que “sólo que cometan lavado de dinero o evasión fiscal”. Esa es la narrativa que los miembros de Morena están difundiendo entre “el pueblo bueno”: que antes el Poder Judicial estaba al servicio de los ricos y que ahora estará del lado de los pobres.

Lo que no deben perder de vista es que muchos morenistas son nuevos millonarios y en alguna ocasión puede ser que ellos requieran de la protección de la justicia federal. Ahora están muy contentos porque Ricardo Salinas Pliego ya no podrá evadir el pago de impuestos mediante amparos, pero no reparan en que algún día ellos pueden estar ante una injusticia del gobierno federal y no habrá quien los defienda.

Diversos juristas y especialistas en derecho constitucional han advertido que la reforma a la Ley de Amparo aprobada en 2025 presenta varios riesgos y desventajas que podrían debilitar la protección de los derechos fundamentales en México. Una de las principales críticas es que la nueva definición de “interés legítimo” restringe considerablemente el acceso al amparo. Antes bastaba que una persona o colectivo demostrara una afectación potencial o general derivada de un acto de autoridad; ahora se exige acreditar una lesión real, individual o diferenciada del resto de la población. Esto limita la posibilidad de que comunidades, organizaciones civiles o grupos ambientalistas promuevan amparos colectivos para defender causas comunes, como la protección del medio ambiente, el derecho a la salud o el acceso al agua.

Otra desventaja señalada por constitucionalistas como Diego Valadés y por organizaciones como México Evalúa es que la reforma reduce el alcance de las suspensiones. Los jueces ya no podrán otorgar medidas cautelares que frenen la aplicación de leyes o políticas públicas de manera general, aunque se alegue violación a derechos humanos. Esta restricción implica que actos de autoridad potencialmente inconstitucionales seguirán vigentes hasta que se resuelva el juicio, lo que puede tardar meses o años, dejando a los afectados sin protección inmediata. Además, hay preocupación por los casos en que se prohíbe la suspensión, como en congelamiento de cuentas, deuda pública o seguridad nacional, pues se elimina la posibilidad de detener abusos mientras se analiza la legalidad del acto.

También se ha advertido que la reforma puede tener efectos retroactivos. Aunque los legisladores aseguraron que no afectará juicios concluidos, el texto transitorio no descarta su aplicación a procedimientos en curso, lo que genera incertidumbre jurídica. Expertos como Pedro Salazar sostienen que esto podría vulnerar el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional, afectando la seguridad jurídica de los promoventes.

Otra preocupación es que, al limitar los efectos generales de las sentencias de amparo, se vuelve más difícil corregir normas inconstitucionales. Antes, cuando la Suprema Corte declaraba inconstitucional una ley en varios amparos, podía ordenar su invalidación general. Con la reforma, el beneficio solo se aplica al quejoso, obligando a cada persona afectada a promover su propio amparo. Esto fragmenta la protección judicial y prolonga la vigencia de normas posiblemente contrarias a la Constitución.

Finalmente, aunque la reforma incluye medidas para modernizar y digitalizar el proceso, abogados litigantes advierten que en muchas regiones del país el acceso a Internet o la capacitación tecnológica es limitada, lo que podría excluir a personas de bajos recursos o comunidades rurales. En conjunto, los críticos consideran que esta nueva ley prioriza la eficiencia administrativa sobre la protección de derechos, desnaturalizando el espíritu original del juicio de amparo como la máxima garantía del ciudadano frente al poder del Estado.

HASTA MAÑANA.

“Vivimos en una sociedad profundamente

dependiente de la ciencia y la tecnología,

y en la que nadie sabe nada de estos temas.

Ello constituye una fórmula

segura para el desastre”.

Carl Sagan

A partir de que he comenzado a impartir clases a jóvenes adolescentes de preparatoria, me convencí plenamente de que el uso del celular en clase, además de común, es un distractor terrible para que se desarrolle una clase de manera armónica y eficiente.

Las TIC se refieren al conjunto de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso, la gestión, la transmisión y el intercambio de información. Entre ellas se encuentran las computadoras, los celulares, tabletas, pizarras digitales, plataformas educativas, aplicaciones, software de aprendizaje y, por supuesto, internet. Estas tecnologías permiten que los procesos educativos sean más accesibles, colaborativos y actualizados.

La importancia de las TIC radica en que ofrecen nuevas formas de enseñar y aprender. Los docentes pueden crear entornos de aprendizaje interactivos donde los estudiantes no solo reciben información, sino que también participan activamente en la construcción del conocimiento. Plataformas como Google Classroom, Kahoot, Moodle o Canva permiten que los alumnos desarrollen proyectos, trabajen en equipo y aprendan a resolver problemas del mundo real mediante el uso de la tecnología. Además, las TIC facilitan la educación inclusiva, ya que permiten adaptar los contenidos a las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Un estudiante con dificultades auditivas puede acceder a materiales con subtítulos; otro con problemas visuales puede utilizar lectores de texto; y los alumnos con distintos ritmos de aprendizaje pueden repasar los temas tantas veces como necesiten mediante recursos digitales. En este sentido, las TIC contribuyen a democratizar la educación y a cerrar brechas de desigualdad.

El profesor en la era digital ya no es el único poseedor del conocimiento, sino un mediador y guía que orienta al estudiante en la búsqueda, selección y análisis crítico de la información. De hecho, siempre les digo a mis estudiantes que no crean al 100% lo que les digo. Les pido que “gugleen” el tema para que se convenzan. Y, sobre todo, cuando se trata de “fake news”, les pido que investiguen en diferentes plataformas.

El reto para los educadores consiste en lograr un equilibrio entre el uso de la tecnología y el desarrollo de habilidades humanas como la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo y la atención plena.

En la práctica, los teléfonos móviles se han convertido en una de las principales fuentes de distracción en los salones de clase. Diversos estudios señalan que los jóvenes revisan su celular entre 80 y 100 veces al día, lo que genera interrupciones constantes en su capacidad de concentración. Cada vez que un estudiante consulta una notificación, su atención se fragmenta, y puede tardar varios minutos en recuperar el nivel de enfoque previo. Además, las redes sociales, los juegos y las aplicaciones de mensajería compiten con la atención del docente, reduciendo la comprensión y el rendimiento académico.

El celular también afecta la interacción social dentro del aula. En lugar de dialogar o debatir ideas con sus compañeros, muchos alumnos prefieren refugiarse en su pantalla, limitando la comunicación cara a cara. Esto genera un ambiente de aislamiento, desconexión emocional y falta de empatía, elementos fundamentales para una convivencia escolar saludable.

El uso del celular en el salón de clase es necesario. Sin embargo, esto no significa que se deba tener acceso al celular de manera constante. Aquí expongo algunas razones por las que no se debe usar:

Distracción y pérdida de concentración: los mensajes, notificaciones y redes sociales interrumpen el flujo del aprendizaje.

Disminución del rendimiento académico: los alumnos que usan el celular durante la clase retienen menos información y participan menos.

Falta de respeto hacia el docente y los compañeros: mirar el teléfono mientras alguien habla refleja desinterés y falta de atención.

Riesgos de acoso digital o mal uso de la tecnología: el uso inapropiado de cámaras o grabaciones dentro del aula puede vulnerar la privacidad.

Dependencia tecnológica: el uso excesivo del celular genera ansiedad y una necesidad constante de validación o entretenimiento. En muchas escuelas, se ha implementado la práctica de colocar los celulares en una caja o contenedor antes de comenzar la jornada. Aunque esta medida ha generado polémica, sus beneficios superan ampliamente las desventajas. Dejar el teléfono guardado permite a los estudiantes concentrarse plenamente en las actividades, interactuar más con sus compañeros y disfrutar del aprendizaje sin distracciones.

Además, esta práctica contribuye a fortalecer la disciplina, la responsabilidad y la autorregulación. Los estudiantes aprenden que hay momentos y lugares para todo, y que el aula es un espacio para pensar, compartir y desarrollarse, no para revisar redes sociales o mensajes personales. También se reducen los conflictos relacionados con grabaciones no autorizadas, bromas o publicaciones indebidas en internet.

La verdadera educación no se mide por la cantidad de dispositivos que se usan, sino por la calidad del aprendizaje y de las relaciones humanas que se construyen dentro del aula.

El destino elige a sus hombres en la cuna.

A menudo, a cada uno de estos hombres

les está reservado un careo con su propia muerte.

Georges Arnaud

De acuerdo con el informe Salarios mínimos reales que publicó la OCDE este año, México es el país con el salario mínimo más bajo entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso de toda Latinoamérica.

Una de las principales características del capitalismo es la explotación laboral. En numerosos lugares, el hombre es sometido a excesivos trabajos a cambio de una paga que apenas si alcanza para adquirir lo más básico que le impida morir de hambre; padece condiciones infrahumanas a costa de llevar un plato de comida a su familia. No es casual que, en pleno siglo XXI, la esclavitud esté disfrazada de trabajo: a mayor miseria general, mayor ganancia de particulares.

Hay un caso que salió a la luz en este país llamado México, hace aproximadamente dos años. Me refiero al de los jornaleros de San Quintín, en Baja California. Las condiciones en las que trabajan son, además de riesgosas e indignantes, un ejemplo del desapego a la vida y la indiferencia que tienen los caciques y los llamados grandes empresarios.

Sin embargo, el poder de éstos no sería tal sin la complicidad de los políticos –algunos son también explotadores– y el silencio de los medios. Este ejemplo –el de San Quintín– es apenas uno de los innumerables casos que hay en este México sin memoria y sin fuerza para dar vuelta a la situación.

Pienso también en las galeras de la zona sur de Morelos: entre tizne, bagazo, lodo, debajo del sol pleno; entre el silencio y los gritos contenidos, decenas de jornaleros se ven en la necesidad de destrozar sus vidas durante hasta dieciséis horas al día a cambio de un salario miserable. Si es que les pagan, porque casos hay en los que incluso ellos son quienes «les deben» a los explotadores.

En torno a este tema gira la recomendación de esta semana. De la pluma del francés Georges Arnaud (1917-1987) salió una obra maestra que da cuenta precisamente de los abusos y la indolencia del capitalismo, sobre todo, en países subdesarrollados. El salario del miedo (Debate, 1995) es una novela que fue publicada por primera vez en 1950 y adaptada al cine en 1953 por el director Henri-Georges Clouzot.

Ese mismo año obtuvo la Palma de Oro en la categoría de Mejor Actor (Charles Vanel) en el Festival de Cannes y el Oso de Oro en el Festival de Berlín. En 1954 se alzó como Mejor Película en los Premios BAFTA.

La novela transcurre en un país tropical. Una compañía petrolera contrata a gente para realizar trabajos de alto riesgo. Arnaud cuenta la historia de cuatro trabajadores que deben transportar nitroglicerina en camiones.

Los lugares por donde deben transitar son pedregosos, con caminos destruidos, entre selva y ríos: la menor sacudida provocará una explosión que terminará con las vidas de ellos, sin la menor responsabilidad de la compañía que los contrató.

Con maestría, el casi olvidado Georges Arnaud (Montpellier, 1917-Barcelona 1987) sumerge al lector en un ambiente de constante tensión y suspenso dignos de mencionar; uno respira el miedo de los protagonistas, se mete en una inmovilidad a tal grado que el solo hecho de respirar se convierte en sinónimo de peligro ante el temor de la explosión: «El miedo. Está ahí, sólido, presente y estúpido, no hay manera de escapar» (p.73).

Son páginas y páginas que fluyen como gotas de sudor en el rostro ansioso, angustiado. Hay en esta obra, considerada dentro del existencialismo, una narrativa impecable, de alto valor, más allá de la temática que aborda.

La novela invita a la reflexión, a voltear la mirada hacia esos sectores –invisibles cuando no ignorados– que con la esperanza de sobrevivir, de mejorar las condiciones de sus familias, se vuelven víctimas de un sistema avasallador e indolente cuyo único interés es acumular riqueza, aun a costa de muertes que pasan desapercibidas.

Ahí queda la recomendación de esta semana. Una edición en español de El salario del miedo corrió a cargo de la editorial Debate. Es una novela que aborda a los hombres, con un tratamiento excepcional.

En lo que se refiere al autor, Georges Arnaud fue acusado del asesinato de su padre y de su tía, en 1945. Estuvo preso durante diecinueve meses y después fue absuelto. Esta experiencia, su decepción del sistema judicial francés, lo orilló a viajar a Sudamérica, donde vivió miserablemente.

Arnaud se enfrentó al gobierno de Francia en 1950, año en el que apoyó al movimiento independentista argelino. Se trató, pues, de un autor comprometido, de los que escasean en el mundo hoy en día y que prácticamente está relegado.

TOMADA DE LA WEB

Georges Arnaud fue el seudónimo de Henri Georges Charles Achille Girard.

TOMADA DE LA WEB

Fotograma de la adaptación de El salario del miedo, realizada por Henri-Georges Clouzot en 1953.

La Secretaría de Salud enfatiza llamado a las mujeres a realizarse una mastografía de manera anual a partir de los 40 años para la detección temprana de la enfermedad.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en México y el que más muertes causa entre las mujeres. Es por ello que en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud hizo un llamado a las mujeres a realizarse una mastografía de manera anual, a partir de los 40 años, para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.

La dependencia informó que se puede acceder a este estudio en los centros de salud y unidades médicas de las instituciones del sector público del país, en las cuales también se proporciona información sobre la autoexploración de mamas, la cual se recomienda iniciar a partir de los 20 años y realizarla una vez al mes, con la finalidad de detectar anormalidades como bolitas, endurecimientos o hundimientos, y de hallarse, acudir a una unidad de salud para una evaluación médica. La autoexploración es una recomendación tanto para mujeres como para hombres.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, la jefa del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Claudia Arce Salinas, explicó la importancia del diagnóstico oportuno. “Cuando el cáncer se detecta en etapas iniciales, la posibilidad de curación es superior al 90%. En cambio, si se diagnostica en etapas avanzadas o metastásicas, las probabilidades de curación disminuyen considerablemente”, puntualizó.

“La mastografía no evita que se presente el cáncer, pero sí permite diagnosticarlo en etapas curables”, indicó.

Es indispensable realizarse la mastografía a partir de los 40 años; en mujeres con antecedentes familiares directos, el estudio debe iniciarse 10 años antes de la edad en que el familiar fue diagnosticado.
“El cáncer no es una sentencia de muerte. Si lo diagnosticamos a tiempo, es tratable y curable. La detección temprana salva vidas”, concluyó la doctora Arce Salinas.

La Corte llama a cumplir sentencias relativas a decretos pensionarios de trabajadores judiciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó fuertemente la atención a los Poderes Legislativo y Judicial de Morelos por el incumplimiento de sentencias de “cientos de expedientes” relacionados con decretos pensionarios de trabajadores judiciales.

Desde hace más de una semana, la llamada nueva Corte emitió decenas de acuerdos en los que exhibió la falta de cumplimiento de ambos Poderes de Morelos y los emplazó a dar cumplimiento a los procesos legislativos y administrativos que corresponden a cada uno de ellos, pues ante el máximo tribunal del país no hay evidencias de que los fallos de decenas de controversias constitucionales se hayan cumplido.

Incluso, el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Isaac Pimentel Mejía, pidió a la Corte una prórroga para revisar los asuntos, derivado del reciente cambio de representación en el Congreso local.

Pero la Corte le respondió que “no se está en posibilidades de otorgar un plazo mayor, toda vez que la ejecución de las sentencias es de orden público”.

“Además, es un hecho notorio que existen cientos de expedientes en ejecución relacionados con el mismo tema, en los cuales no existe un avance significativo en el cumplimiento de las sentencias; razón por la cual, otorgar una prórroga implica una mayor dilación.

“Aunado a que el acatamiento de la sentencia es de una complejidad media, al requerir la acción de todos los poderes del Estado de Morelos, pero la actuación del Poder Legislativo no exige un trabajo de difícil realización, sino más bien de coordinación entre sus diferentes áreas”.

Ante la dilación en el cumplimiento de las sentencias relacionadas con los decretos pensionarios de trabajadores judiciales, la Corte instó al presidente del Congreso de Morelos, Isaac Pimente Mejía; a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, Tania Valentina Rodríguez Ruiz; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, Juan Emilio Elizalde, y a los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial del Estado de Morelos, a dar cabal cumplimiento a las sentencias emitidas en controversias constitucionales.

También apercibió que “en caso de incumplir con los requerimientos antes precisados, se les aplicará como personas físicas una multa y, en su caso, este Tribunal hará uso de las facultades que le confieren los artículos 46 y 49 de la Ley Reglamentaria de la materia”.

Desde el 2016, el Poder Judicial del Estado de Morelos comenzó a combatir mediante controversias constitucionales los decretos pensionarios de trabajadores judiciales aprobados por el Congreso de Morelos, debido a que los legisladores no etiquetaban recursos para el pago de las jubilaciones aprobadas.  

En febrero de 2019, el máximo tribunal del país emitió un acuerdo en que ordenó a los tres Poderes del Estado cumplir con más de 150 sentencias y pagar a los trabajadores en retiro sus jubilaciones.

Pese a estos antecedentes, aún continúa la dinámica del Congreso local de aprobar decretos sin proveerlos de presupuesto y esto ha colocado a los tres Poderes del Estado tanto en aprietos jurídicos como económicos.