Sábado, 13 Junio 2020 04:00

Feministas apoyan reformas electorales

Piden al Impepac, a partidos e instituciones publicitar todo lo relacionado con la paridad y las reglas contra la violencia política por razón de género.

Representantes de organizaciones feministas de Morelos manifestaron su respaldo a las reformas aprobadas por el Congreso local en materia de paridad total y violencia política, e hicieron un llamado a los partidos políticos e instituciones públicas a emprender acciones de propaganda y capacitación sobre el tema.
En rueda de prensa virtual, las mujeres celebraron que las diferencias entre el Poder Legislativo y los ayuntamientos para concretar  una reforma política-electoral no hayan detenido la aprobación de las adecuaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica Municipal.
Sin embargo, las mujeres del Observatorio de Paridad de Género, que integra a varias organizaciones civiles, afirmaron que hace falta mucho trabajo para poder llevar a la realidad lo establecido en el marco normativo y que en Morelos esté garantizada la paridad en todos los espacios públicos y que se abata la violencia política.
Al respecto, señalaron que es urgente que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) promueva foros de capacitación y de información hacia las mujeres y hombres para que se conozcan los alcances, ya que en tres meses iniciará el proceso electoral 2020-2021.
Explicaron que el Impepac fue facultado por el Congreso para promover la paridad y la no violencia política con razón de género, así como para vigilar que los partidos políticos e instituciones públicas cumplan lo anterior.
Las reformas antes mencionadas fueron publicadas el pasado martes 9 de junio en el periódico oficial "Tierra y Libertad", fecha en que se vencía el plazo para que pudieran aplicarse en el próximo proceso electoral.  

 

 

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Sábado, 13 Junio 2020 04:11

Seguirá cerrada la sede del Congreso

Las actividades administrativas en el Congreso del estado seguirán detenidas hasta el 30 de junio, ya que en Morelos se mantendrá la jornada de sana distancia.
Aunque los diputados locales habían establecido como fecha tentativa para reabrir al público el recinto legislativo el 15 de junio, este fin de semana la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, confirmó que se deben mantener las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19 en el Congreso del estado.
Sin embargo, reiteró que la Junta Política y de Gobierno y la Mesa Directiva seguirán sesionando para avanzar en los temas pendientes y poder convocar a sesión ordinaria de Pleno, con la aplicación de las medidas sanitarias adecuadas.
El próximo 15 de julio concluirá el segundo período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura, por lo que los diputados deberán desahogar la agenda legislativa pendiente en medio del confinamiento.
Las fuerzas políticas de mayoría en el Congreso han coincidido en avanzar en temas rezagados, como el nombramiento de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) así como decretos de leyes y reformas acumulados desde el 2019.
No obstante, la diputada panista Dalila Morales Sandoval no descartó que se abra un periodo extraordinario después del 15 de julio para que se puedan desahogar todos los temas de importancia antes de septiembre, cuando iniciará el proceso electoral 2020-2021.

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Diputada rechaza que el marco normativo afecte a las escuelas privadas en su patrimonio.

La diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del estado, rechazó que la nueva ley de educación,  que se busca aprobar en los próximos días, pretenda afectar a las escuelas privadas en su patrimonio y vida interna.
La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno se reunió este jueves con representantes de diversas asociaciones de escuelas privadas que hicieron observaciones a la iniciativa de ley que la Comisión de Educación y Cultura presentó ante el Pleno el pasado 29 de mayo.
Ante los empresarios, Flores Espinoza aclaró que la integración de una nueva ley de educación es una armonización de la ley general que aprobó el Congreso de la Unión. Sin embargo, aseguró que no se pretende causar perjuicio en el patrimonio o desarrollo de las escuelas privadas, como sucedió en Puebla.
La diputada explicó que la legislación contendrá un capítulo sobre seguridad en las instituciones educativas y de la cual se hará cargo el estado.
"En el capítulo de la seguridad había una confusión porque decía que el gobierno se iba a hacer cargo de la cuestión de los edificios, pero específicamente en ese capítulo habla de que el gobierno será el responsable de vigilar la cuestión de seguridad del inmueble. Si hay una ampliación de éste pues es el gobierno que debe vigilar que tengan todas las especificaciones adecuadas en cuanto a infraestructura. No es una cuestión de que vaya a expropiar o se vaya a hacer dueño el gobierno", añadió.
Los empresarios de asociaciones como la Comisión de Educación de la Comparmex, de la Asociación de Escuelas Particulares Avanza (AEPA), de la Federación de Escuelas Particulares (AISPEM) y de la Federación de Universidades Particulares de Morelos también hicieron observaciones el apartado que se refiere a la educación gratuita y la limitante que la ley federal estableció para que las instituciones de paga no condicionen la entrega de documentos por la falta de pago de las colegiaturas.
Flores Espinoza afirmó que se atenderán todas las observaciones y propuestas. Sin embargo, dijo que al tratarse de una armonización la nueva normativa deberá establecer la esencia de lo que señala la ley general de educación.
Finalmente, la legisladora local informó que continuarán las mesas de trabajo para escuchar a maestros, padres de familia y autoridades educativas, antes de someter a votación del pleno la citada ley.

 

 

 

 

 

 

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Se quejan de represalias; llaman al diálogo.

Diversos alcaldes denunciaron ser víctimas de actos de intimidación y represión en su contra tras haber rechazado la reforma electoral que buscaba aumentar el número de legisladores en el Congreso del estado y favorecer a partidos políticos de mayoría.
Este martes, en el zócalo de Cuernavaca, el grupo de 19 ediles que se unieron para votar en contra de la minuta de reforma constitucional en materia electoral reiteraron que su postura no se asumió con base en intereses políticos, sino en favor de la ciudadanía, pues la propuesta de los diputados era "a modo" de los partidos con mayoría en el estado.
Sin embargo, manifestaron que han  sido víctimas de diversos actos de represión.
Mientras tanto, el presidente de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez sostuvo que se ha desatado una "guerra" en redes sociales en su contra.
"La guerra mediática en medios (y  redes), lo digo porque desde el día de ayer (lunes) empezaron a crear cuentas a mi nombre falsas en Facebook y les pagaron mucho dinero para replicar cosas que yo no escribo”, señaló.
No obstante, el grupo de ediles afirmaron que en tiempos de pandemia es momento de dejar atrás los asuntos políticos, por lo que convocaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a una mesa de diálogo para atender temas urgentes, como la crisis social y económica que vive el estado.

 

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Con esta modificación, la LIV Legislatura solventa una deuda histórica con las mujeres de Morelos: Diputado Alfonso de Jesús Sotelo.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, celebró la publicación del Decreto 690 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.  

Acompañado por los diputados Alejandra Flores Espinoza, Rosalina Mazari Espín, Andrés Duque Tinoco y José Luis Galindo Cortez además de la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), Flor Desireé León Hernández, el diputado Alfonso Sotelo sostuvo que con esta reforma “la LIV Legislatura solventa una deuda histórica con las mujeres de Morelos”, ya que se garantiza “la paridad en todos los ámbitos de la vida política y social”

Al hacer uso de la palabra en la rueda de prensa, realizada en el lobby del recinto legislativo y durante la cual se guardaron en todo momento las medidas sanitarias correspondientes, agregó que son muchas las “bondades de esta” reforma, entre las que destacó: “que los Cabildos y el Congreso se integrarán de manera paritaria; que las quejas o denuncias por violencia de género serán investigadas en un plazo breve, garantizando el derecho al ejercicio político-electoral libre de violencia política en razón de género; y la participación política sin discriminación”.

Por su parte, la diputada Rosalina Mazari detalló que algunos de los temas más destacables de la reforma son: “en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se adiciona la definición legal de violencia política contra las mujeres en razón de género”; y “otorga al Impepac, a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Estatal Electoral, atribuciones para coordinar las acciones en contra de la violencia política contra las mujeres en razón de género”. 

Asimismo, explicó la legisladora “establece específicamente las 22 conductas a través de las cuales se manifiesta la violencia política en contra las mujeres en razón de género, y se integra al Impepac como miembro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, además de otorgarle atribuciones para promover la cultura de la no violencia política y, en su caso, de sancionar las conductas que la podrían constituir.

Por otro lado, con relación a la armonización al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; Mazari Espín destacó: “la utilización de lenguaje incluyente ya que se considera un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros; constituye el término de paridad de género, relativo a la igualdad política entre hombres y mujeres en todas las candidaturas; establece que el ejercicio de los derechos políticos-electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género y de toda clase de discriminación”.

En el mismo sentido refirió, entre sus principales puntos, que esta reforma “prohíbe a cualquier persona que haya sido condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, ser candidatos a la gubernatura, a diputaciones o a integrantes de los ayuntamientos; y obliga a los partidos a realizar registros de candidaturas para alcaldías, sindicaturas y regidurías, garantizando el principio de paridad de género”. 

Finalmente, en su intervención, la directora del IMEM, Flor Desireé Hernandez, resaltó el trabajo de los diputados para sacar adelante el proceso de la armonización legislativa y celebró que con este decreto “para el próximo proceso electoral” se abre un nuevo panorama para las mujeres, “para trabajar libres de violencia”, un logro “que se alcanza en Morelos y que sólo se ha concretado en otros 14 estados”, mencionó.

Finalmente, la funcionaria explicó que la presente armonización, en el ámbito de lo electoral fue aprobada en tiempo en forma, “ya que la fecha del arranque del proceso electoral 2021 será el 6 de septiembre”, y la fecha de publicación del decreto fue el 8 de junio, “90 días con antelación al inicio del proceso”, detalló.   

 

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El presidente del Idefomm niega que el asunto esté relacionado con la negativa de los diputados a autorizar créditos a favor de los municipios.

El alcalde de Zacualpan de Amilpas,  Adrián Cázarez González, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), rechazó que el voto de los cabildos en contra de la reforma electoral que aprobó el Congreso del estado haya sido un asunto de "revanchismo político".
En entrevista, el edil aseguró que la determinación de la mayoría de los ayuntamientos fue un acto de "congruencia", pues los legisladores pretendían que la mayoría de los ayuntamientos aprobaran por la vía rápida una reforma constitucional que no conocían de fondo.
"El consenso no se llegó a hacer porque hubo desconocimiento total de parte de los ayuntamientos,  de los cabildos. No se dio con tiempo, con antelación para poder explicar punto por punto, porque tiene mucho de fondo y lo más conveniente fue rechazarla, pero jamás es una cuestión de revanchismo político, una cuestión de desquitarnos", manifestó.
Cázarez González afirmó también que el voto en contra emitido por 19 cabildos fue en contra de una reforma política electoral y no para detener las normas en materia de paridad de género y violencia política, que sí fueron aprobadas por los ayuntamientos desde la semana pasada.
"Hace dos semanas aprobamos la reforma constitucional de paridad, hasta nos reunimos con Flor Dessiré (la directora del Instituto de la Mujer) y fue consensuada con ella para poder cumplir con esa reforma, no hay problema en ello y lo desmiento. No comparto esa postura de enfrentarnos y confrontarnos", manifestó.
Cázarez González lamentó que se busque denostar a los ediles cuando se dice que se pretendía negociar la aprobación de créditos a favor de los municipios y otros apoyos, "cuando no es así y lo que hicimos fue en beneficio de la gente", añadió.

 

 

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Las y los diputados de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos lamentaron profundamente que mediante criterios de revancha y cerrazón política, un grupo de 19 alcaldes y sus respectivos Cabildos, rechazaran la reforma Político Electoral y de Violencia Política por Condición de Género, que permitiría garantizar la paridad entre hombres y mujeres en Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías; pondría freno a la violencia política de género, y promovería la inclusión indígena y la gobernabilidad.

El dictamen avalado por las y los legisladores de Morelos durante la sesión continuada el pasado 1 de junio, actualizaba la normatividad en términos de lenguaje incluyente, al reformar diversos artículos de la Constitución Política y adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimiento Electorales, así como de la  Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de Morelos.

Pero fundamentalmente reivindicaba el mandato ciudadano de garantizar la paridad entre hombres y mujeres en los procesos electorales. En cuanto a los municipios, también establecía que el Consejo Estatal Electoral debería garantizar la paridad de género en la integración de los cabildos.

Sin embargo, bajo el único argumento de oponerse al aumento de 20 a 24 diputaciones, los alcaldes y sus Cabildos decidieron negarle a las y los morelenses la posibilidad de una ley electoral paritaria.

No tomaron en cuenta que el incremento de cuatro diputaciones no sería en el caso de los plurinominales, sino diputados de mayoría, es decir de elección, para garantizar la correcta atención y representación ciudadana, y hacer eficiente la redistritación, además que se dejó en claro que esto no significaría ningún aumento al presupuesto del Poder Legislativo, y que tampoco se incrementaría el número de regidores en el caso de los municipios.

Los alcaldes desdeñaron el espíritu democrático de esta Reforma Político Electoral, que pretendía incrementar del 3 al 4 por ciento, el mínimo de la votación necesaria para que los partidos políticos locales pudieran conservar su registro y acceder a espacios plurinominales, endureciendo la norma para inhibir el surgimiento de partidos políticos que resultan un lastre presupuestal para los ciudadanos y que viven de los impuestos de los morelenses.

Pero más ilógico resultó, que sin mediar la discusión y análisis de su contenido, los representantes municipales pusieran un dique a su aprobación, sin tomar en cuenta que esta reforma político electoral, actualizaba la ley en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

También lamentable fue, que en un afán revanchista, los alcaldes promovieran un rechazo en bloque, sin tomar en cuenta que la Reforma Político Electoral sentaba las bases para que los partidos políticos garantizaran a la ciudadanía indígena su participación en los procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular de diputados y diputadas, y los ayuntamientos, respetando sus tradiciones, usos y costumbres, y observando el principio de paridad de género.

La lista de los municipios que rechazaron la Reforma está integrada por Yecapixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Atlatlahucan, Tetecala, Tlalnepantla, Jantetelco, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuautla, Tepalcingo, Zacualpan de Amilpas, Totolapan, Xochitepec, Ocuituco, Zapata,  Cuernavaca, Yautepec y Hueyapan.

 

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Martes, 09 Junio 2020 04:28

No habrá paridad en Morelos en 2021

La reforma electoral rechazada incluía ese tema y el de la violencia política; aunque las normas se aprueben ahora, no pueden estar vigentes para los próximos comicios.

Si bien a nivel federal es un hecho la paridad en todo y las normas para la erradicación de la violencia política con razón de género, Morelos seguirá rezagado en estos temas, ya que las modificaciones a diversas leyes que permitían reglamentar lo que es un derecho de las mujeres quedó detenido junto con la reforma política-electoral que aprobó el Congreso y rechazó una mayoría de ayuntamientos.
El pasado 3 de junio, el Congreso aprobó el dictamen que contenía una reforma electoral para aumentar el número de diputados, así como otros cambios. En el mismo dictamen se incluyeron las  adecuaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica Municipal del Estado, para aplicar la paridad total y prevenir y erradicar la violencia política con razón de género.
Sin embargo, al haber sido rechazada por 19 cabildos la minuta de reforma constitucional en materia electoral, el Congreso del estado omitió seccionar los decretos en materia de paridad y violencia de género para enviarlos al Poder Ejecutivo a fin de fueran publicados en el periódico oficial "Tierra y Libertad ", antes del 5 de junio, para que esos cambios entraran en vigor para el proceso electoral del próximo año.
Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, consideró que fue una omisión de los diputados no separar los temas de la paridad y la violencia política respecto a la reforma electoral, para que los primeros se publicaran a tiempo y las normas en la materia pudieran aplicarse en el proceso electoral que sigue.
Ahora, dijo, no existirá  una reglamentación para que los partidos políticos y las instituciones públicas estén obligados a hacer valer en Morelos la paridad total y a prevenir la violencia política sin que las mujeres tengan que recurrir a la justicia electoral.
"Es un hecho, eso ya se desfasó. Recordemos que todo lo concerniente a la materia electoral y que está la paridad y la violencia política, aunque la publicaran hoy ya no aplica porque se pasarían los tres meses de los que habla la Constitución, ya no podría ser aplicada para el proceso electoral 2021", explicó Paredes Sotelo.
"Es responsabilidad de los diputados porque ya tenían aprobada una reforma en materia de paridad. Tuvieron que haber separado un tema del otro, porque son dos luchas independientes:  es la lucha de la mujer porque se les respeten sus derechos y es la lucha de los partidos políticos por conseguir mayores beneficios", añadió.
La determinación de un grupo de 19 alcaldes también impactó en los derechos de las comunidades de origen indígena, porque con la reforma constitucional en materia electoral se les garantizaba su derecho a elegir  a sus autoridades en los distintos espacios de elección popular, mediante mecanismos por usos y costumbres.
El rechazo a la reforma bloqueo que aumentaran de 20 a 24 el número de diputados que integran el Congreso, lo que, de acuerdo con integrantes de la LIV Legislatura, permitiría una mejor representación popular.
En la minuta que fue rechazada también se pretendía aumentar del tres al cuatro por ciento el porcentaje mínimo de votación para que los partidos políticos pudieran conservar su registro. Además, se establecía que los regidores podían ser electos por la vía de la representación uninominal. 

 

 

 

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Serán pagaderos durante las actuales administraciones y respaldados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

En el Congreso del estado sigue vigente la solicitud de los municipios y el estado para que se les autorice la contratación de créditos, pagaderos durante las actuales administraciones y respaldados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Se trata de una iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo desde octubre pasado y que plantea que los gobiernos municipales y el gobierno estatal puedan contratar préstamos por el monto que así lo determinen y con la institución bancaria que crean conveniente.
La propuesta permaneció en la "congeladora" por más de cinco meses y su análisis se retomó hace unos días, cuando se plantearon los montos de la deuda que adquirirán los municipios y el propio Ejecutivo.
Para el caso del gobierno del estado, se autorizaría la contratación de un crédito por 138 millones 468 mil pesos, a través de la Secretaría de Hacienda, a pagar a más tardar el 30 de agosto del 2024 con recursos del FAIS.
Los municipios solicitarían financiamiento de la siguiente manera: Amacuzac,  por un monto de 12 millones 323 mil pesos; Atlatlahucan, por nueve millones 516 mil; Axochiapan por 36 millones; Ayala, 32 millones 473 mil pesos; Coatlán del Río, siete millones; Cuautla, 37 millones 989 mil peso; Cuernavaca, 37 millones 765 mil; Emiliano Zapata por 17 millones; Jiutepec, 23 millones 384 mil; Puente de  Ixtla, 47 millones 851 mil pesos; Xochitepec, 21 millones; Yautepec, 27 millones de pesos, entre otros.
La lista de créditos abarca a 33 de los 36 municipios, ya que Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla, aún no han podido acceder a las aportaciones del FAIS, debido a las complicaciones para la firma de los convenios de delimitación territorial.
Los ayuntamientos tendrían que cubrir su deuda a más tardar el 30 de noviembre del 2021, de acuerdo con la propuesta establecida.
Los ediles han rechazado que busquen la autorización del Congreso para contratar préstamos, sin embargo, la propuesta antes mencionada empezó su análisis en el Congreso desde hace unos días aunque no ha sido confirmada públicamente por los diputados.

 

 

 

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Argumentan regidores que primero es la recuperación de la crisis sanitaria y económica y después los intereses político-electorales.

 Durante el análisis de la Comisión de Gobernación, el Cabildo en pleno lamentó dejar fuera el tema de atención a la violencia hacia la mujer, por una tramposa reforma que pareciera chantajear a ayuntamientos.

En Sesión Extraordinaria, el Cabildo de Cuernavaca rechazó por ocho votos a favor  y tres en contra, la iniciativa de modificación a  la Constitución del Estado de Morelos a través de una Reforma Político Electoral y de Violencia Política por Condición de Género, además del aumento en el número de diputados, al redistribuir distritos electorales del territorio estatal. Así lo informó el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán.

La modificación fue propuesta al Congreso Constituyente del Estado de Morelos por parte de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, por lo que deberá ser aprobada por la mayoría de los 36 cabildos de la entidad y la cual no fue aceptada por el Cabildo capitalino.

Durante el análisis, el cuerpo edilicio (lo mismo hombres que mujeres) se pronunció por continuar trabajando para que las mujeres cuenten con un marco jurídico que les permita vivir libres de violencia, y lamentaron tener que desechar esta iniciativa por considerarse un tipo de chantaje el incluirlo junto con otros temas político electorales ajenos a la salvaguarda de la integridad de la mujer.

Regidores como Adrián Martínez Terrazas, Jorge Martínez Dorantes y César Salgado Castañeda argumentaron que es una argucia de los diputados pretender incluir y entremezclar en un sola iniciativa, un tema político-partidista con otro de violencia política por condición de género; pero además impulsar una redistritación para aumentar en cuatro el número de legisladores locales.

El regidor Gerardo Güemes  Manzo razonó también su voto en contra de la iniciativa por no ser el momento de que diputados y cabildos se distraigan en intereses político-electorales con disfraz de defensa de género.

"Estos son momentos de dedicar todos nuestros esfuerzos para trabajar con los morelenses para salir de la grave crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por COVID-19 y no para modificaciones de la Constitución por intereses partidistas y de grupos", coincidieron los concejales.

Después de un receso solicitado por el Presidente Municipal Antonio Villalobos Adán para deliberar la propuesta a fondo, el Cabildo confirmó el rechazo a la Reforma Político Electoral y de Violencia Política por Condición de Género que pretende el Congreso local, además del incremento de distritos electorales.

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