Miércoles, 22 Abril 2020 05:13

Critica CDHEM medidas de desmovilización

Son inconstitucionales: Hernández Cruz.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró inconstitucionales las medidas restrictivas aplicadas por algunos municipios, para desmovilizar a la población y evitar la propagación del coronavirus.

A través de un comunicado, el organismo fijó su postura sobre algunas acciones implementadas por municipios, como la imposición de multas y arrestos a quienes se reúnen o transiten en la vía pública sin motivo justificado.

Dijo que “observa con preocupación y reprueba algunas de las medidas administrativas anunciadas por diversos ayuntamientos del estado de Morelos para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, ya que resultan arbitrarias al no tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos en un Estado constitucional de derecho, social y democrático”.

Recalcó que los municipios gozan de una amplia autonomía política y de facultades para emitir toda clase de disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, pero su ejercicio debe ajustarse a las leyes que en materia municipal expida la legislatura local y lo dispuesto en la Constitución federal.

Afirmó que no existe ninguna norma legal que atribuya a los municipios la autoridad para restringir o suspender el goce y ejercicio de derechos y libertades en materia de protección a la salud y menos en situaciones de emergencia, que pongan a la sociedad en grave peligro, ni tampoco para establecer sanciones.

Lo anterior, porque las normas constitucionales y supranacionales asignan al presidente de la república y al Consejo de Salubridad General, la facultad de restringir o suspender derechos humanos durante emergencias sanitarias, lo que hace imposible que las autoridades municipales puedan ejercer dicha facultad aún en esta situación extrema

“Las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades municipales, que tengan por objeto restringir o suspender los derechos y libertades para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, particularmente las invasiones a las libertades de reunión y de circulación incluidas la previsión de infracciones y sanciones como la multa o el arresto, son en sí mismas inconstitucionales.

“Por lo que al haberse emitido en franco desprecio al orden constitucional y al derecho internacional de derechos humanos, carecen de efectos jurídicos vinculantes para la población civil de sus respectivas demarcaciones territoriales, sin necesidad de declaratoria o pronunciamiento judicial alguno que así lo determine, toda vez que constituyen una violación y amenaza ilegítima a los derechos fundamentales, razón por la que dichas disposiciones municipales no han podido generar efectos de ningún tipo, no los tienen en el presente ni podrán generarlos en el futuro”, sostuvo.

Además, señaló vicios en la aprobación de las medidas restrictivas al interior de los Cabildos, ya que las medidas administrativas no fueron publicitadas ni difundidas a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y las gacetas municipales, como lo exigen los artículos 7 del Código Civil para el Estado de Morelos y 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Adicionalmente, advirtió que no existe documento oficial que se establezca el nombre de los funcionarios que emitieron dichas medidas restrictivas  y si actuaron dentro del ámbito de sus facultades, lo cual es una vulneración de los principios de certeza y seguridad jurídicas, generando condiciones para que su aplicación sea arbitraria y propicie abusos de autoridad así como fenómenos de extorsión y corrupción.

Recalcó que “la CDHM es consciente de la importancia de la protección a la salud de la población en Morelos, sin embargo, ello no puede justificar el sacrificio del Estado de derecho, debiéndose respetar el sistema de competencias, caracterizado por la demarcación estricta del ámbito de actuación política y jurídica de cada orden de gobierno, sin interferencias que desequilibren su relación armónica”.

Instó a las autoridades municipales a que se abstengan de emitir disposiciones fuera de su ámbito de competencia y las exhortó a cumplir con las disposiciones generales emitidas por el Consejo de Salubridad General. 

 

 

 

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Denuncian uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

Cuautla.- Derivado de las acciones que las autoridades llevan a cabo como parte de la fase 2 de la emergencia sanitaria para frenar el avance del coronavirus, ya se han presentado las primeras quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La primera que se ha presentado tiene que ver con los operativos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Cuautla, en los que presuntamente sus funcionarios han incurrido en excesos para hacer cumplir las indicaciones de sana distancia, la dispersión de aglomeración de personas, el uso de cubrebocas y la permanencia en casa.

Durante dichas acciones, los elementos de las direcciones de Salud, de Industria y Comercio, de Protección Civil y de Seguridad Publica presuntamente han incurrido en el uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales, informó Cristian Alfredo Galindo Llano, visitador en la región oriente de la CDHEM.

“Tenemos radicado un expediente de queja con el número 28/2020 relacionado con los operativos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cuautla. Se radicó, ya se solicitaron los informes, tanto al municipio como a la Comisión Estatal de Seguridad, a la persona designada en Cuautla para que nos refieran en relación los hechos materia de queja”, indicó.

Otra queja es la presentada por médicos del Hospital General “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia”, quienes exigen ser respetados sus derechos a la salud durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Tenemos alguna queja de los médicos internos que prestan su servicio en el hospital general, cuando se presumen violados sus derechos en cuanto a la salud. En este caso, se solicitan medidas precautorias; se solicitó al director del hospital general y al director de los Servicios de Salud Morelos para que en el ámbito de su competencia garantice el derecho a la salud de los médicos”, destacó.

También la visitaduría en Cuautla de la CDHEM ha recibido quejas –vía telefónica– de parte de comerciantes que insisten en que los operativos que realizan las autoridades son arbitrarios.

Galindo Llano precisó que se está priorizando para que la ciudadanía pueda presentar sus quejas sin presentarse a sus oficinas: “Que las quejas no necesariamente tengan que ser presenciales sino por medios electrónicos, ya sea por correo electrónico o por vía telefónica, para que pueda iniciarse y no necesariamente tenga que haber ese contacto personal”, agregó.

 

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Demandan pago de salarios y regularización de su situación laboral.

Enfermeras y médicos del hospital General de Temixco protestaron este miércoles por la falta de pago de salarios y por la incertidumbre laboral en la que viven. Dijeron estar dispuestos a laborar durante la pandemia, pero demandan que se regularice su situación, pues no fueron contratados desde la desaparición del denominado “Seguro Popular”.

El personal de dicha institución presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), a través de la cual exigen que se garanticen sus derechos laborales y las condiciones de trabajo.

Refirieron que se trata de cuando menos 47 médicos y enfermeras que se encuentran en esta situación de impago de salarios durante dos meses.

Expusieron que a mediados de marzo les hicieron un pago y a algunos les depositaron recursos este primero de abril, pero no les dijeron a qué quincenas corresponden, pues no se está pagando lo que ya trabajaron en dicho nosocomio, desde enero.

Los inconformes, que colocaron cartulinas en los accesos del nosocomio y expresaron su intención de comenzar paros de brazos caídos, señalaron que, en plena pandemia, necesitan llevar ingresos -como cualquier persona- a sus familias.

Expresaron que están conscientes de los cambios que comenzaron a nivel nacional en la estructura de salud, con la desaparición del llamado Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero aseveraron que este asunto administrativo no es su culpa y no sería motivo suficiente para que les dejen de pagar, si ellos han cumplido con su labor y mantienen el compromiso de dar atención a la población en este momento de epidemia.

Recordaron que las autoridades federales anunciaron que de ser necesario contratarán a más personal para atender a los pacientes con coronavirus, por lo que resulta ilógico que a ellos que ya están laborando no se les contrate formalmente y no se les entregue el pago correspondiente.

Mostraron documentos con los que prueban que han solicitado respuesta a autoridades de salud estatales y federales, así como la queja entregada este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al sostener que ya han tocado todas las puertas posibles, por lo que advirtieron que, de continuar esta situación, harán paros de brazos caídos, es decir se presentarán a su lugar de trabajo, pero suspenderán labores.

Los inconformes explicaron que se les dieron contratos por quince días, y luego otro documento para prestar servicio al mes de junio, pero no se les garantiza su permanencia, ni base sindical después de seis meses de labor.

 

 

 

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El organismo abre expediente para conocer la situación en que se encuentran los hospitales públicos de la entidad, ante la contingencia sanitaria.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de  Morelos e integrantes del su consejo consultivo recorrieron las instalaciones del hospital General José G. Parres y solicitaron a las autoridades sanitarias proporcionar el equipo y los insumos indispensable para que el personal médico pueda hacer frente a la contingencia por el coronavirus (Covid-19).

El organismo informó que abrió el expediente CDHM/SE/061/079/2020, con el propósito de conocer la situación en que se encuentran los hospitales públicos de la entidad, ante los pronósticos de contagios en las próximas días y semanas.

Además de verificar las condiciones físicas del nosocomio, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz y los consejeros de la CDHEM se entrevistaron con el personal de las diferentes áreas, para conocer de manera directa su preocupación.

Ante las peticiones de los propios trabajadores y usuarios, la CDHEM solicitó al Poder Ejecutivo y específicamente a los responsables del sector salud, “dotar de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios a cada uno de los hospitales generales y unidades hospitalarias a cargo del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de atender la presente contingencia de salud, de forma adecuada, privilegiando que la atención se proporcione bajo los principios de igualdad y no discriminación”.

El organismo informó que, dentro de sus facultades normativas, continuará con el monitoreo del resto de las unidades hospitalarias y médicas, con el fin de verificar que el personal médico cuente con lo mínimo indispensable para hacer frente a la contingencia. 

 

 

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El organismo, alerta ante conato de enfrentamientos con pobladores de Hueyapan por disputa del agua.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó al gobierno del Morelos a implementar medidas cautelares para evitar un enfrentamiento entre los pobladores de los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán, ya que mantienen una disputa por los recursos naturales y, particularmente, por el agua.

Por medio de un oficio, el organismo requirió a los secretarios de Gobierno, de Desarrollo Sustentable, al comisionado estatal de Seguridad y al fiscal general del estado, instalar un módulo de seguridad en el área de conflicto, tendiente a monitorear o disuadir cualquier clase de hecho violento o alteración al orden público, activar protocolos en materia de atención a casos de violencia colectiva y evitar las conglomeraciones o desplazamientos por razones de salud.

A la Secretaría de Desarrollo Sustentable le fue requerido que en términos de lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico, realice los procedimientos de inspección y vigilancia necesarias para la protección y cuidado del medio ambiente, en virtud de los posibles actos de deterioro o afectación derivados del conflicto relativo al aprovechamiento de las aguas del río Amatzinac, zona alta y de los manantiales “Cruxtitla”, mejor conocido como Las Minas, y “Shantamalco”, así como de las barrancas “Aguayocan, Amatzinac y Tenango”, ubicadas en el municipio de Hueyapan.

A la Fiscalía General del Estado le fue solicitado que en el ámbito de sus facultades, investigue la comisión de actos o hechos constitutivos de delitos, derivados de la conflictiva descrita en el presente instrumento entre las personas que habitan los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán.

El organismo dio a las autoridades estatales un plazo de tres días naturales para responder a las medidas cautelares solicitadas.

 

 

 

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado solicita que la Federación tome el control de ese centro de reinserción social, ante la crisis de seguridad que enfrenta.

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Persiste conflicto con Hueyapan por la disputa del agua.

Tetela del Volcán.- Por temor a que autoridades municipales de Tetela del Volcán, que encabeza Israel González Pérez, violen sus derechos, habitantes del municipio indígena de Hueyapan interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en la región oriente por violaciones a sus derechos humanos, relacionadas con temas alusivos al agua, así lo señaló Christian Alfredo Galindo Llano, visitador regional de la CDHEM.

Fue hasta las instalaciones de la Visitaduría Regional de la CDHEM hasta donde llegaron habitantes del municipio indígena de Hueyapan para iniciar oficialmente la queja 18/VRO/2020 en contra del edil tetelense por violación a sus derechos humanos en torno al tema del agua.

La queja en mención se da luego de que habitantes de Hueyapan solicitaran al gobierno del estado, así como al gobierno federal, intervenir para evitar que se presenten confrontaciones entre ambas comunidades, además de agregar que el alcalde de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, pretende tomar más líquido del que le corresponde al municipio que gobierna.

Asimismo, agregó que derivado de las acciones realizadas por el edil, pobladores de Hueyapan temen que el presidente municipal pretenda quitarles el agua que les corresponde.

Por lo tanto, la CDHEM giró oficios al alcalde de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, así como a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a fin de que emitan un informe sobre la problemática en mención.

Agregó que a partir de la emisión de dicha solicitud, las partes involucradas tienen un lapso de diez días hábiles para brindar contestación en el ámbito de su competencia y de sus obligaciones, y así, pueda darse cuenta de lo que pasó y se informe de las acciones que se están tomando en cuenta para evitar que haya confrontaciones entre habitantes de ambas comunidades, concluyó.

 

 

 

 

Publicado en Cuautla

Promover valores en la educación de los hijos desde el hogar, el objetivo.

Mazatepec.- Como parte de las acciones preventivas en este municipio, el gobierno local, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), impartió la plática “Crianza positiva”, dirigida a padres de familia del jardín de niños de la colonia Justo Sierra.

La conferencia estuvo enfocada a resaltar la importancia de los valores en la educación de las niñas y niños, los cuales deben ser promovidos dentro del hogar por parte de los padres.

Las autoridades municipales reiteraron que los valores son el pilar fundamental de una sociedad con respeto, que deben inculcarse desde la niñez “porque los niños son el futuro de nuestra sociedad. Por ello se está trabajando para que en todos los niveles educativos se tengan pláticas que ayuden a todas y todos a mejorar nuestro municipio”, dijo la alcaldesa de este lugar, Trinidad Pérez Coria, durante la presentación de la conferencia.

Reiteró que esta actividad busca aportar un cúmulo de factores relevantes en la educación de los niños para que crezcan siendo personas con valores y con calidad humana para tener jóvenes y adultos con un sano desarrollo que aporte acciones positivas a su entorno.

 

 

 

Publicado en Zona Sur
Jueves, 13 Febrero 2020 05:43

Exclusión

El Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, presentado el martes con bombo y platillo por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fue calificada por un reconocido especialista en el tema como “un protocolo (que) parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas”.

Pero lo más relevante de la crítica se centra en la exclusión de los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM.

Abimelec Morales Quiroz, también  integrante del citado consejo exhibió que el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ha caído en un manejo personalista de un organismo autónomo que cada ves tiene menos repercusión en la vida de la entidad.

 Sin embargo, la comisión tiene un costo millonario para los contribuyentes, a pesar de que no desempeñe su papel de ser un factor de equilibrio ante el abuso de la autoridad.

A la intrascendencia de sus decisiones ahora se suma el viejo problema del manejo faccioso, la causa de los excesos que se han sufrido en su interior.

 

Publicado en Editorial

Critican que tampoco convocó a especialistas para la elaboración de protocolo que presentó en “acto mediático”.

Abimelec Morales Quiroz, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), criticó el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, el cual no fue sometido a la consideración de los consejeros por parte del ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ni contó con la participación de especialistas.

Morales Quiroz, quien fue miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante la exhumación de los cuerpos de las fosas ilegales de Tetelcingo y Jojutla, consideró que dicho protocolo parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas.

“Si algo está afectando el proceso de justicia en este país y en este estado, es que está lleno de discursos de funcionarios con buenas intenciones pero pocos conocimientos, de declaraciones mediáticas y acciones de un día que son sólo para la foto y salir en los medios; y tristemente pareciera que este protocolo es uno de esos casos”, afirmó.

A través de su cuenta personal de Facebook, reprochó al ombudsman que el documento, presentado el pasado martes en la Casa de la Cultura Jurídica, no fue comentado con los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM y “su realización coordinada con el IMIPE fue una decisión unilateral del Presidente de la Comisión que aseguró tener la legitimidad sobre el tema por haber participado en el proceso de exhumación de las fosas de Tetelcingo y Jojutla; pero obvió detallar que fue en calidad de notario permaneciendo todo el tiempo fuera de las vallas que delimitaban la zona de trabajo”.

Además de excluir a los consejeros, cuestionó  si el documento  contó  o no con la participación de especialistas, qué colectivos y familiares de desaparecidos fueron tomados para la redacción del protocolo, porqué fue usado el término “restos” cuando la palabra demerita la dignidad de los cadáveres  y, sobre todo, cuál es la experiencia del IMIPE para participar en un protocolo especializado.

“Estas y algunas otras preguntas quedaron sin respuesta en la presentación del documento que esperemos no se convierta en letra muerta ante la falta de legitimidad y aval de profesionales en la materia y colectivos de búsqueda de desaparecidos”, asentó.

 

 

Publicado en Política
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