El organismo promueve ante la SCJN nueva acción de inconstitucionalidad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva acción de inconstitucionalidad para impugnar el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad, aprobada por el Congreso local.

De acuerdo con los estrados electrónicos, recientemente el organismo local promovió la acción de inconstitucionalidad 32/2021, para impugnar el decreto 1106, por el que el Poder Legislativo se autorizó al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, la contratación de financiamiento para destinarlo al refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública a cargo del Estado.

También impugnó la contratación de instrumentos derivados y garantías de pago oportuno asociados al financiamiento y la afectación de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden a la entidad, a través del fondo general de participaciones, para que sea la fuente de pago de dichas operaciones.

La acción de inconstitucionalidad aún está en espera de que se acuerde su admisión o no por parte de la SCJN. Cabe destacar que la promoción del recurso de control constitucional se da en medio de las diferencias y confrontaciones entre el titular del organismo, Raúl Hernández Cruz, y el Poder Ejecutivo estatal.

En el mes de diciembre, el Congreso aprobó la iniciativa presentada por el gobernador para el refinanciamiento de hasta seis mil 592 millones de pesos, y la afectación a un porcentaje del Fondo General de Participaciones, cuyo decreto fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en su edición número 5899.

 

 

 

 

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Martes, 09 Febrero 2021 05:11

Ombudsman afirma que no renunciará

Raúl Hernández Cruz señala que defenderá su notaría ante los tribunales federales.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, afirmó que no dimitirá como ombudsman y defenderá su notaría ante los tribunales federales.

Indicó que en los ámbitos nacional y local hay ejemplos de notarios que gozaron de licencias para ejercer cargos públicos,  como fueron los casos de Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre, quienes dejaron provisionalmente la función de fedatarios para fungir como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); o los casos de los notarios morelenses Hugo Salgado Castañeda y Felipe Güemes, quienes gozaron de licencias para fungir como secretario de Turismo y alcalde de Cuautla, respectivamente.

Alegó que cuenta con una resolución administrativa que  le autorizó la licencia como notario número 13 para asumir el cargo de titular de la CDHEM y no estuvo condicionada a que tuviera un suplente, pero hizo uso de ese derecho como complementario y opcional.

Advirtió que no dejará el cargo y que emprenderá la lucha jurídica.  “Es muy importante hacer saber a las y los morelenses que no he renunciado ni lo voy a hacer, no obstante, que la Secretaría de Gobierno pretenda sancionarme para que me retiren la patente inclusive de notario público, ellos me quieren arrebatar un derecho que es la notaría, algo que defenderé en los tribunales e instancias competentes”, afirmó, al recibir el respaldo del Colegio Morelense de Abogados que preside Juan Juárez Rivas y agradecer el apoyo de organizaciones civiles.  

 

 

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Jueves, 14 Enero 2021 05:58

Necesaria, la claridad

Hace mucho que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) es apenas una estructura burocrática con escasa o nula trascendencia, debido a la partidización del proceso para elegir a su titular.

La defensa de los morelenses ante el abuso de alguna autoridad ha sido prácticamente letra muerta. El organismo se ha dedicado desde hace lustros a iniciar procedimientos “por oficio” de cualquier tema que aparece en los periódicos o las redes sociales, sin que el trabajo trascienda más allá de eso.

Los ciudadanos no perciben alguna utilidad de la CDHEM, lo cual es una lástima porque la institución debería ser garante del respeto al estado de Derecho.

Por eso es importante que se clarifiquen todos los aspectos de la última denuncia hecha por su actual titular, que parece no apegarse a la realidad.

A menos que lo que se persiga sea hundir más al organismo autónomo que desde hace tiempo solo sirve para dar empleos a los allegados.

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Confirma el secretario de Gobierno exhorto al ombudsman para proponer a un notario para la primera demarcación.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, afirmó que el exhorto que se hizo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Israel Hernández Cruz, para que proponga a un notario de la primera demarcación no es ninguna presión ni tiene que ver con la función que desempeña como presidente.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones que emitió el ombudsman morelense, quien afirmó ser víctima de hostigamiento y acoso para que se deje de ser presidente de la CDHM y se reincorpore en su cargo en la Notaría número 13.

“Lo que hicimos fue exhortar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos a que propusiera un notario de la primera demarcación para que lo pudiera suplir y eso no es ninguna presión ni tiene que ver con la función que desempeña como presidente de la Comisión”, afirmó Ojeda Cárdenas.

Reconoció que la acusación que hizo Hernández Cruz pudiera tener como trasfondo la cercanía del proceso electoral porque, afirmó, el proceso jurídico lo conoce muy bien, ya que fue director general jurídico en la administración de Graco Ramírez y le tocó supervisar la función notarial, por lo tanto, conoce que el procedimiento que hace es legal.

En este sentido, Ojeda Cárdenas señaló que es peligroso politizar a instituciones tan importantes como la Comisión de Derechos Humanos. “Entiendo la cercanía que tiene con algunos actores políticos relevantes, pero debería de abstenerse de hacerlo político”, dijo.

 

 

 

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Plantean impugnación ante SCJN.

El Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) analizan la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el presupuesto que les fue asignado por el Congreso local para el ejercicio fiscal 2021.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, el Poder Judicial tendrá un presupuesto para el próximo año de 474 millones, de los cuales 449 serán para el Tribunal Superior de Justicia y 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. En tanto, que el organismo de derechos humanos, mantendrá el mismo presupuesto de 15 millones 803 mil pesos.

El representante del Poder Judicial y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, no descartó la posibilidad de recurrir a la SCJN, ya que la administración de justicia enfrenta una complicada situación financiera y en el 2021 tendría que absorber la justicia laboral, conforme a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde mayo de 2019.

Indicó que no solo no aumentó sino que el Congreso decidió restar a su presupuesto alrededor de 60 millones y no etiquetó recursos para instaurar los juzgados especializados en justicia laboral.

“Con el presupuesto que se aprobó haremos nuestra corrida financiera, pero creo que sí este año no tenemos para pagar aguinaldos, no tenemos para pagar sueldos, no tenemos para contratar gente”, dijo en alusión a los recursos humanos y materiales que se necesitarán para el rubro de justicia laboral.

Además, conforme a la autonomía financiera otorgada al Poder Judicial, legalmente su presupuesto debería ser equivalente al 4.7% del presupuesto estatal programable.

La CDHEM, a través de un comunicado, también expresó su inconformidad con el presupuesto asignado, ya que por varios años la institución no recibe aumento y se atenta contra su autonomía.

“Por tanto, estaremos valorando acudir a la SCJN a defender la autonomía financiera de la Comisión porque no debemos olvidar, que las y los morelenses serán los perjudicados, al no ver fortalecida la Comisión para hacer frente a la gravísima crisis de violación sistemática a DDHH, principalmente por las autoridades que tienen la tarea de garantizar los derechos sociales como la salud, trabajo, seguridad pública, vivienda, educación, entre otros”, afirmó.

 

 

 

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Trabajadores y estudiantes que prestan sus servicios han iniciado al menos diez quejas ante la Comisión para exigir que se garantice su salud.

Cuautla.- Desde el inicio de la pandemia por covid-19 se han atendido de manera oficial al menos diez quejas emitidas por parte del personal y estudiantes que prestaban sus servicios en diversos hospitales de la región, Christian Galindo Llano, visitador de la CDHEM en la región oriente, a fin de garantizar su derecho a la salud y evitar contagiarse en la realización de sus actividades.

“Durante el inicio de la pandemia ha habido algunas quejas en relación a algunos trabajadores vulnerables, así como por parte de estudiantes que prestaban su servicio social en las clínicas de la región oriente”, precisó.

Asimismo, detalló que de igual manera, hubo quejas que no fueron iniciadas pero que pudieron ser solucionadas gracias a la comunicación entre instituciones, donde se giraron oficios a los hospitales y las autoridades de los mismos, los que atendieron de manera puntual las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

“Hubo seguimientos en donde lo que se buscó es que tanto a los trabajadores como a estudiantes que prestaban sus servicios sociales se les garantizara su derecho a la salud, en donde en algunos hospitales no se les estaba permitiendo la suspensión de sus actividades a pesar de estar considerados como personal vulnerable ante la pandemia”, añadió.

Finalmente, Galindo Llano refirió que al momento se han atendido formalmente al menos diez quejas y algunas otras, en las que no fue necesario que se abrieran quejas formales y que fueron atendidas de manera directa, permitiendo así que el personal hiciera válido su derecho a la salud como lo estipula la ley.

 

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El Poder Judicial del estado y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) impugnaron la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020.

El proyecto de resolución presentado este lunes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso, de manera inédita e histórica, invalidar la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020 por violaciones al proceso legislativo, derivado de las impugnaciones promovidas por el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra el presupuesto que les fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

El proyecto expuesto en el Pleno sobre la acción de inconstitucionalidad 116/2020 promovida por la CDHEM corrió a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó invalidar el presupuesto estatal 2020 por diversos vicios.

Aunque una minoría de ministros consideró que el organismo local carecía de legitimidad para promover la acción para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Poder Legislativo local, la mayoría  de los integrantes del Pleno votó por la legitimidad de la comisión para promover la impugnación, ya que –de acuerdo con el ministro ponente- el reclamo de presupuesto es una defensa en abstracto de los derechos humanos, ya que a partir de un bajo presupuesto la CDHEM no puede cumplir con su objetivo y se vulnera su autonomía constitucional.

Sin embargo, el Pleno no entró al análisis de fondo y pospuso el debate para la siguiente sesión, debido a la conexidad de la acción de inconstitucionalidad con la controversia constitucional 42/2020 (también enlistada en segundo lugar para resolución) promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, y el impacto que tendría la invalidez de la Ley de Ingresos estatal, pues sería la  primera vez en la historia del país  que la SCJN invalidaría un presupuesto gubernamental por vicios legislativos.

“Señoras y señores ministros, como ustedes saben, este proyecto trae un tema delicado, importante de violación a proceso legislativo. Tuvimos una ardua y extensa sesión previa, en la cual algunas ministras y ministros consideraron importante darnos un espacio para reflexionar, ver constancias, tomar en consideración cuáles serían las constancias jurídicas de este asunto, no solo para este caso en concreto, sino como un precedente muy trascendente en un sentido o en otro que fuera la votación (…).

“Voy a proceder a levantar la sesión toda vez que este asunto está vinculado íntimamente con el asunto que tenemos listado en  segundo lugar, para que podamos dedicar un espacio a analizar y reflexionar sobre las diversas posturas y consecuencias que traería  la votación de este asunto, sobre todo por lo que hace a la violación del proceso legislativo que, hasta donde recuerdo, sería la primera vez que eventualmente este tribunal constitucional invalide un presupuesto de egresos por violaciones al procedimiento legislativo”, explicó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al dar por concluida la sesión.

 

PRESUPUESTO FUERA DE TIEMPO E IMPUGNACIONES

 

La aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos se dio fuera de plazo y en medio de una disputa política por la representación del Congreso y la titularidad de diversas comisiones legislativas.

El presupuesto debió ser aprobado el 15 de diciembre de 2019. Sin embargo, fue  hasta el 28 de enero de 2020 que se logró el consenso y la aprobación de la Ley de Egresos, con diversos ajustes notables que impactaron a diversos organismos autónomos y al Poder Judicial.

Inconformes, por separado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la CDHEM promovieron la controversia constitucional 42/2020 y la acción de inconstitucionalidad 116/2020, para impugnar ante la SCJN los presupuestos que les fueron asignados.

En el Presupuesto de Egresos 2020 aprobado por el Congreso del Estado y publicado el pasado 29 de enero de 2020 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, se asignaron 549 millones de pesos para el Poder Judicial, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y 524 millones para el TSJ, de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

Demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el caso de la CDHEM, para este año recibió un presupuesto de 15 millones 803 mil pesos, lo cual le serviría para hacer frente a los gastos operativos y la colocó como el órgano defensor con menor presupuesto del país.

El año pasado, el organismo local había solicitado un presupuesto de 50 millones de pesos para adquirir un inmueble como sede propia y aterrizar varios proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos, sin embargo, el Congreso decidió mantener el presupuesto que tiene la comisión desde hace varios años.

 

 

 

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Mejorar la convivencia diaria, el objetivo.

Jojutla. El área de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) impartió el taller “Rescatemos los Valores”, en el que se resaltó la necesidad de mantener y promover los valores entre la ciudadanía a fin de mejorar la convivencia diaria.

El taller estuvo a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y la Instancia de la Mujer, dirigido a servidores públicos, pero también fue transmitido en vivo a través de Facebook en la página oficial del Ayuntamiento de este lugar.

La capacitadora de la CDHEM y ponente, Vianey Armenta Bueno, destacó la importancia de aplicar los valores en el quehacer diario de cada persona para una sana convivencia que permita fortalecer los derechos humanos.

Durante la plática se realizaron dinámicas de participación de los asistentes, en las que se destacó la importancia de mantener y promover los valores desde la tolerancia, el respeto, la honestidad, la empatía, la responsabilidad, la amistad, entre otros, que permitan mejorar nuestro el desarrollo del entorno de cada ciudadano.

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El pasado miércoles murió un interno que padecía tuberculosis.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, informó que en lo que va del año se han registrado casi 30 decesos de internos en las cárceles estatales.

Luego de que el pasado miércoles ocurrió la muerte de una persona privada de su libertad por un paro cardiorrespiratorio, tras una agonía por tuberculosis, el ombudsman estatal señaló que la situación que priva en los centros estatales de reinserción social es preocupante y la propia Comisión Nacional Derechos Humanos “inició una queja de oficio por la gravedad de la situación que hay en los penales, y no es solo una cosa de la Comisión de Derechos Humanos que yo presido”.

Indicó que la preocupación es por la escasa gobernabilidad que existe, particularmente, en el penal de Atlacholoaya, por una serie de conflictos, riñas y enfermedades que han cobrado la vida de internos.

Detalló que, tan sólo en el periodo del 1 de enero al 7 de octubre, el organismo tiene registrada la muerte de al menos 27 internos por enfermedades, supuestos suicidios y riñas entre la población penitenciaria.

Incluso, dijo, existen abiertas varias quejas por estos casos y el organismo continuará con su integración hasta su conclusión.

Por lo pronto, informó que, debido a la última muerte de un interno que padecía tuberculosis, la comisión inició una queja de oficio y solicitó a la Comisión Estatal de Seguridad, institución de la que depende la Coordinación Estatal de Reinserción Social, la implementación de medidas cautelares para evitar un brote de esta enfermedad, para proteger la salud de los internos y del personal penitenciario.  

 

 

 

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Miércoles, 07 Octubre 2020 05:17

Piden mujeres respaldo a sus derechos políticos

El reclamo, ante la anulación de la reforma que castigaba la violencia política.

Organizaciones civiles convocaron a los partidos políticos y a las instituciones públicas a firmar un pacto de civilidad, para garantizar un proceso electoral con igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, y sin violencia.


Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y paridad, al menos  20 organizaciones feministas emitieron un pronunciamiento con el fin de que se garantice la protección de los derechos de las mujeres enmarcados en la Constitución Política Federal.


La postura estuvo firmada por Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil (CIDHAL, A. C.), Mujer ZModem, A. C. (Modemmujer), la Red de Mujeres Tuiteras de Morelos, entre otras organizaciones civiles que solicitaron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y al  gobierno del estado se establezca un protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres, rumbo a las elecciones del 2021.


Al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) le pidieron que garantice los derechos políticos de las mujeres, sancionar la discriminación contra la mujer y juzgar con perspectiva de género.
Mientras que a la Comisión de Derechos de Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) le solicitaron emita las recomendaciones para que las instituciones gubernamentales y políticas garanticen la participación política de las mujeres morelenses en el proceso electoral 2020-2021 libres de violencia política y sin discriminación.


De igual forma, criticaron el trabajo que realizó el Congreso del estado, que no veló por los derechos de las mujeres, a pesar que se trata de un derecho fundamentado en la Constitución federal.
María Trinidad Gutiérrez, del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista  (PIIAF) consideró que la invalidez del Decreto 690, emitido por el Congreso de Morelos y publicado por el Poder Ejecutivo el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio, es la muestra  de la forma “tan sucia con la que  trabajó el Poder Legislativo”.


“Sí sabemos que estaba viciado y se querían introducir cambios que iban fuera de lugar y se hizo un decreto que incumplió con el procedimiento legal y eso afecta el avance de los derechos políticos de las mujeres”, manifestó.
Al llamado por un pacto de civilidad entre los Poderes del estado, los partidos políticos y los órganos electorales, se sumó el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) pues de acuerdo con su directora Flor Desireé León Hernández, aunque el fallo de la Corte significa un retroceso, se trata de un derecho de las mujeres que se debe respetar.

 

 

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