Critica el legislador las fallas del sistema penitenciario.

Marcos Zapotitla Becerro, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) se pronunció por la remoción del coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, ante las fallas evidentes en el sistema penitenciario.
Lo anterior, derivado de una inspección que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) con autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en el área médica del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya en la que el legislador participó.
El diputado sostuvo que ya es tiempo de que el Comisionado Estatal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros revise el desempeño de sus colaboradores y sobre todo del encargado de Reinserción Social en el estado.
"No puede volverse costumbre que adentro de las cárceles estén sucediendo riñas y entonces debe de haber control, tiene que revisar a sus directivos, tiene que revisar a su equipo. Ojalá que a tiempo el almirante ajuste... es necesario que haga un cambio ya y que pueda tener a gente que le dé resultados", manifestó el legislador local.
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del estado manifestó su respaldo al comisionado José Antonio Ortiz Guarneros.  Sin embargo, dijo que a un año de que compareciera con su equipo de trabajo no ha habido avances en el sistema penitenciario.
"Que el comisionado revise si va a meter las manos al fuego por su equipo, porque me queda claro que en los Ceresos es (sic) una bomba de tiempo y que mejor que así, a tiempo, se haga el ajuste a su equipo de trabajo", añadió.
Mientras tanto, adelantó que en los próximos días solicitará, con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una "visita integral" a cada una de las áreas del sistema penitenciario de Morelos para exponer el estado en el que éste se encuentra.
 

 

 

 

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Confirmó que como cualquier ciudadano con derechos, solicitó y obtuvo el amparo de la justicia federal para estar en condiciones de permanecer laborando mientras se desahoga la investigación por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

El alcalde instruyó a su equipo de trabajo a cumplir con las tareas sustantivas de la comuna y continuar trabajando con normalidad, pues no hay nada que ocultar.

El Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán encabezó este día, una reunión ejecutiva con los integrantes del gabinete, titulares de las diferentes dependencias que integran la administración pública de la comuna. Dicha mesa de trabajo se desarrolló en la sede “Papagayo” y durante la misma, compartió que, como cualquier ciudadano, tiene a salvo sus derechos para recurrir a las instancias legales que considere necesarias para su defensa, esto ante la confirmación que existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción hacia seis servidores públicos de la comuna.

“Como cualquier persona, estoy sujeto a derechos y obligaciones, y por ello, he recurrido a una solicitud de amparo ante la justicia federal, mismo que me fue concedido; esto para estar en condiciones de continuar laborando mientras se desahoga el proceso, teniendo confianza en las instituciones que, como lo he manifestado, no encontrarán nada ilícito en mi actuar”, aseguró.

En la sesión de trabajo con su gabinete, el alcalde hizo una evaluación de los acontecimientos de las últimas horas, en los que en aras de llevar a cabo la citada  investigación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción hizo un desproporcionado, excesivo y abusivo uso de la fuerza al efectuar un cateo a las instalaciones de la Contraloría y Tesorería municipales, tal y como quedó registrado y evidenciado tanto en materiales fotográficos, en video, como en los testimonios de servidores públicos violentados durante la mencionada diligencia y en la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Antonio Villalobos instruyó a su equipo de colaboradores a atender lo que se derive de ese hecho, pues hubo una flagrante sustracción de documentos, archivos y carpetas, así como equipo de computo con datos sensibles y confidenciales, pero a no distraerse y cumplir con las tareas sustantivas de la comuna, a seguir trabajando con normalidad, sabedores que no hay nada que ocultar, que esta ha sido una administración transparente y su actuar, apegado a la honestidad y vocación de servicio público.

 

“Dejemos que las instituciones hagan su trabajo y nosotros continuemos haciendo el nuestro; tenemos por delante muchas acciones que por la pandemia han quedado pendientes, pero que retomaremos en la forma de recorridos, inspecciones, supervisiones y entrega de obras en beneficio de la comunidad”, adelantó el edil.

 

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Posponen la votación de la iniciativa para el siguiente periodo de sesiones.

Por segunda ocasión, los diputados locales se negaron a someter a votación del Pleno del Congreso del estado la reforma que permitiría a las personas trans cambiar de identidad.
El dictamen de la también llamada "ley de identidad de género" fue incluido en el orden del día de la última sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura, a desarrollarse este miércoles. Sin embargo, en reunión de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, ayer, una mayoría de diputados votó a favor de retirar el tema  y mantenerlo en comisiones hasta el próximo período ordinario, que iniciará en el mes de  septiembre.
Esto sucedió a pesar que el lunes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) convocó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad y votar la reforma al Código Familiar que garantizará el derecho de las personas transgénero a cambiarse de identidad por el sexo que eligieron.
El organismo defensor de los derechos humanos señaló a los diputados que de no hacerlo estarían violando los derechos de los integrantes de la comunidad trans, ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 30 de junio, una mayoría de diputados también votó por retirar ese tema del orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaba, al argumentar que se violentaba el proceso legislativo, por lo que se mandó a comisiones.
La Comisión de Atención a la Diversidad informó que corrigió un error de redacción y finalmente lo presentó para que se incluyera antes de que terminara el período ordinario de sesiones, este 15 de julio, lo cual no sucederá, por la negativa de un grupo mayoritario de legisladores.

 

 

 

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Miércoles, 15 Julio 2020 05:18

Hubo exceso en cateo: consejero jurídico

Autoridades municipales anunciaron que iniciarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por violaciones al debido proceso.

Después de la diligencia judicial que realizó el lunes pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en las oficinas del Ayuntamiento de Cuernavaca, autoridades municipales anunciaron que iniciarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por violaciones al debido proceso y al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

El consejero jurídico del Ayuntamiento, Rogelio Maldonado Bautista, dio a conocer la postura del gobierno capitalino y explicó que en tres ocasiones un Juez de Primera Instancia de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones se negó a conceder una orden de cateo aunque el lunes por la tarde finalmente la emitió “en contra de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

El funcionario señaló que a través de un documento remitido a la Fiscalía reiteraron la disposición para colaborar en la investigación y pese a lo anterior realizaron la diligencia de manera violenta en dependencias del Ayuntamiento.

Señaló que la vicefiscal (sic) María Guadalupe Flores Servín sobrepasó los lineamientos del cateo y se hizo acompañar de al menos 30 elementos policiacos con armas de grueso calibre.

Debido a lo anterior informó que presentaron una queja ante la CDHEM y advirtió que presentarán las que sean necesarias de manera proporcional al número de afectados por este abuso.

Responsabilizó a la Fiscalía del uso indebido que puedan hacer de los documentos y equipos de cómputo que fueron sustraídos, toda vez que son documentos confidenciales que pudieran poner en riesgo la integridad física y patrimonial de los trabajadores del ayuntamiento, debido a que quedó vulnerada la información de bienes, sueldos, salarios, inversiones y activos.

 

 

 

 

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Por abuso de autoridad y excesos en cateo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, hacia la comuna.

Consejero Jurídico del gobierno de Cuernavaca detalla violaciones al debido proceso y uso desmedido y desproporcionado de la fuerza.

Advierte el riesgo físico y patrimonial de servidores públicos, ante posible mal uso de la información sustraída.

El Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Rogelio Maldonado Bautista, dio a conocer la postura del Gobierno Municipal ante las violaciones al debido proceso y uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, luego de un cateo armado a las instalaciones de la comuna.

En rueda de prensa, el abogado del municipio detalló que después de tres negativas (los días sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de julio) de un Juez de Primera Instancia de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones para obsequiar a la Fiscalía una orden de cateo, debido a que las solicitudes no cumplían los requerimientos legales, “de manera sospechosa e inexplicable fue finalmente otorgada, de forma a todas luces excesiva”, apuntó.

“Incluso, abundó Maldonado, fue otorgada en contra de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Sobre los hechos, el Consejero Jurídico narró: “El día de ayer lunes 13 de julio, a las 15:30 horas la Consejería Jurídica a mi cargo envió un oficio a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde reiteramos nuestra total disposición para colaborar con la investigación en curso. A pesar de ello, a las 16:45 horas en las instalaciones de la Tesorería Municipal y otras dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca, se realizó un cateo excesivo y desproporcional, en el cual se cometieron abusos en la diligencia, que fue encabezada por la Vice Fiscal María Guadalupe Flores Servín, quien sobrepasó los lineamientos del cateo, misma que se hizo acompañar de más de treinta elementos con armas de grueso calibre, bloqueando las calles aledañas a la circulación, con lo cual acredita el exceso con el que se condujeron, detalló.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en la explanada de la sede “Papagayo” del gobierno municipal, y donde estuvieron presentes también la Contralora Municipal, Clara Elizabeth Soto Castor y el Secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero Benítez, Maldonado Bautista reiteró que las diferentes dependencias municipales “han respondido y atendido todos los requerimientos de la Fiscalía.”

Después de describir la serie de violaciones al procedimiento jurídico del mencionado organismo, además de las afectaciones a transeúntes y vecinos de las oficinas de la Tesorería, por el excesivo despliegue y abuso de autoridad de personal fuertemente armado, Rogelio Maldonado Bautista, advirtió que “por ésta y otras causas, se presentó ya una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y se presentarán cuantas sean necesarias de manera proporcional al número de afectados por este abuso.”

El jurista recalcó que de documentos y equipo de cómputo sustraídos, se hace responsable a los actores de la diligencia (de la Fiscalía Anticorrupción) ante cualquier riesgo a la integridad física y patrimonial de trabajadores del Ayuntamiento cuya información de bienes, sueldos, salarios, inversiones y activos quedó vulnerada.

Por ello y ante tal violación flagrante al debido proceso, se tiene temor fundado de riesgo a su libertad, entre otras amenazas, reconoció.

A pesar de todo lo anterior, el titular de la Consejería Jurídica manifestó la plena disposición del ayuntamiento para colaborar con todas las instituciones en un marco de respeto, transparencia y apego a la ley y al estado de derecho.

 

DENUNCIA VOCERO COSTOSA CAMPAÑA NEGRA CONTRA EDIL

El Ayuntamiento de Cuernavaca denunció a través de su Vocero Carlos Félix, que acciones como las de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción formarían  parte de una bien orquestada y costosa campaña negra contra el gobierno municipal y su titular, Antonio Villalobos.

A través del comunicador, el alcalde manifestó su más absoluto respeto a sus amigos de los medios de comunicación y especialmente a quienes han recibido presiones y amenazas por cumplir con su obligación de informar.

El funcionario exhibió además la campaña difamatoria con páginas, publicaciones falsas y versiones apócrifas de diarios como “El Universal Morelos”, un desplegado del 911 con “denuncia anónima” con logos oficiales y una más con otro plagio de la página electrónica de “El Financiero”, serie de fake news que forman parte de una campaña ordenada por quienes tienen los recursos para ello, indicó.

 

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El organismo público descentralizado reitera el compromiso de otorgar atención médica de calidad.

Con respecto a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) por la muerte de 15 bebés en el año 2018 en el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, Servicios de Salud de Morelos (SSM) informó que se mantienen respetuoso de las determinaciones del cuerpo no gubernamental.

En rueda de prensa, Héctor Barón Olivares, director general de SSM, indicó que no son indolentes a los hechos que sucedieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del nosocomio en junio de 2018, durante la pasada administración.

Reiteró el compromiso de SSM para brindar en las unidades médicas una atención de calidad, bajo los protocolos y normatividad sanitaria correspondiente, con personal médico y de enfermería altamente capacitados.

“Nos mantenemos respetuosos de las recomendaciones emitidas y se han generado los mecanismos necesarios para trabajar en coordinación con la CDHM, a efecto de dar la debida atención a sus solicitudes y así lograr una conciliación con las quejosas y/o quejosos”, manifestó.

Por su parte, Mario Balbuena Basurto, subdirector de Hospitales de SSM, agregó que en agosto del 2019 la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) verificó que las observaciones hechas tras el penoso incidente fueron solventadas y reacreditó la UCIN. 

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación vigente para fincar responsabilidad sobre los hechos y se espera que la instancia actúe conforme a derecho.

 

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Martes, 23 Junio 2020 04:48

Analizará la Corte asuntos de Morelos

Pero no la ampliación de periodo de magistrados.

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará con la discusión de tres asuntos relacionados con el Poder Judicial del Estado de Morelos y las modificaciones al decreto de creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

En el listado de expedientes para resolución de sesión de Pleno de este martes, en primer lugar se encuentra un asunto del estado de Michoacán, seguido por las controversias constitucionales  33/2015 y 81/2018 promovidas por el Poder Judicial de Morelos, así como la acción de inconstitucionalidad 24/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La controversia constitucional 33/2015 fue promovida en agosto de 2015 por el Poder Judicial de Morelos y por magistrados en funciones y en retiro que iniciaron 23 juicios de amparo para reclamar la invalidez de la reforma y adición de los artículos 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 QUINQUIES y 26 SEXIES A de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

En dicha reforma se estableció que los magistrados que culminaran su periodo de seis años y, en caso de ratificación, 14 años, podrían recibir como haber de retiro un “único pago en una sola exhibición, a razón de tres meses del salario actual que perciben los Magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la Magistratura”.

En la controversia constitucional 81/2018 el Poder Judicial reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto número DOS MIL QUINIENTOS OCHELA Y NUEVE, por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, suprimiendo la figura de Magistrado Supernumerario, y condicionando a quienes tenían esa calidad a una nueva ratificación por el Congreso del Estado; se crea el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, y se incorpora al Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial".  

En la acción de inconstitucionalidad  24/2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos reclamó la legalidad del decreto 1804, que reformó el decreto 191 que crea el organismo descentralizado Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

Se espera que hoy o el jueves, el Pleno de la SCJN comience con la discusión con los asuntos que atañen a Morelos. Es importante destacar que el polémico tema de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial, ya fue listado para su resolución pero se encuentra en el lugar 20 de los asuntos para análisis y votación.

 

 

 

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Miércoles, 22 Abril 2020 05:13

Critica CDHEM medidas de desmovilización

Son inconstitucionales: Hernández Cruz.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró inconstitucionales las medidas restrictivas aplicadas por algunos municipios, para desmovilizar a la población y evitar la propagación del coronavirus.

A través de un comunicado, el organismo fijó su postura sobre algunas acciones implementadas por municipios, como la imposición de multas y arrestos a quienes se reúnen o transiten en la vía pública sin motivo justificado.

Dijo que “observa con preocupación y reprueba algunas de las medidas administrativas anunciadas por diversos ayuntamientos del estado de Morelos para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, ya que resultan arbitrarias al no tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos en un Estado constitucional de derecho, social y democrático”.

Recalcó que los municipios gozan de una amplia autonomía política y de facultades para emitir toda clase de disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, pero su ejercicio debe ajustarse a las leyes que en materia municipal expida la legislatura local y lo dispuesto en la Constitución federal.

Afirmó que no existe ninguna norma legal que atribuya a los municipios la autoridad para restringir o suspender el goce y ejercicio de derechos y libertades en materia de protección a la salud y menos en situaciones de emergencia, que pongan a la sociedad en grave peligro, ni tampoco para establecer sanciones.

Lo anterior, porque las normas constitucionales y supranacionales asignan al presidente de la república y al Consejo de Salubridad General, la facultad de restringir o suspender derechos humanos durante emergencias sanitarias, lo que hace imposible que las autoridades municipales puedan ejercer dicha facultad aún en esta situación extrema

“Las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades municipales, que tengan por objeto restringir o suspender los derechos y libertades para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, particularmente las invasiones a las libertades de reunión y de circulación incluidas la previsión de infracciones y sanciones como la multa o el arresto, son en sí mismas inconstitucionales.

“Por lo que al haberse emitido en franco desprecio al orden constitucional y al derecho internacional de derechos humanos, carecen de efectos jurídicos vinculantes para la población civil de sus respectivas demarcaciones territoriales, sin necesidad de declaratoria o pronunciamiento judicial alguno que así lo determine, toda vez que constituyen una violación y amenaza ilegítima a los derechos fundamentales, razón por la que dichas disposiciones municipales no han podido generar efectos de ningún tipo, no los tienen en el presente ni podrán generarlos en el futuro”, sostuvo.

Además, señaló vicios en la aprobación de las medidas restrictivas al interior de los Cabildos, ya que las medidas administrativas no fueron publicitadas ni difundidas a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y las gacetas municipales, como lo exigen los artículos 7 del Código Civil para el Estado de Morelos y 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Adicionalmente, advirtió que no existe documento oficial que se establezca el nombre de los funcionarios que emitieron dichas medidas restrictivas  y si actuaron dentro del ámbito de sus facultades, lo cual es una vulneración de los principios de certeza y seguridad jurídicas, generando condiciones para que su aplicación sea arbitraria y propicie abusos de autoridad así como fenómenos de extorsión y corrupción.

Recalcó que “la CDHM es consciente de la importancia de la protección a la salud de la población en Morelos, sin embargo, ello no puede justificar el sacrificio del Estado de derecho, debiéndose respetar el sistema de competencias, caracterizado por la demarcación estricta del ámbito de actuación política y jurídica de cada orden de gobierno, sin interferencias que desequilibren su relación armónica”.

Instó a las autoridades municipales a que se abstengan de emitir disposiciones fuera de su ámbito de competencia y las exhortó a cumplir con las disposiciones generales emitidas por el Consejo de Salubridad General. 

 

 

 

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Denuncian uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

Cuautla.- Derivado de las acciones que las autoridades llevan a cabo como parte de la fase 2 de la emergencia sanitaria para frenar el avance del coronavirus, ya se han presentado las primeras quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La primera que se ha presentado tiene que ver con los operativos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Cuautla, en los que presuntamente sus funcionarios han incurrido en excesos para hacer cumplir las indicaciones de sana distancia, la dispersión de aglomeración de personas, el uso de cubrebocas y la permanencia en casa.

Durante dichas acciones, los elementos de las direcciones de Salud, de Industria y Comercio, de Protección Civil y de Seguridad Publica presuntamente han incurrido en el uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales, informó Cristian Alfredo Galindo Llano, visitador en la región oriente de la CDHEM.

“Tenemos radicado un expediente de queja con el número 28/2020 relacionado con los operativos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cuautla. Se radicó, ya se solicitaron los informes, tanto al municipio como a la Comisión Estatal de Seguridad, a la persona designada en Cuautla para que nos refieran en relación los hechos materia de queja”, indicó.

Otra queja es la presentada por médicos del Hospital General “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia”, quienes exigen ser respetados sus derechos a la salud durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Tenemos alguna queja de los médicos internos que prestan su servicio en el hospital general, cuando se presumen violados sus derechos en cuanto a la salud. En este caso, se solicitan medidas precautorias; se solicitó al director del hospital general y al director de los Servicios de Salud Morelos para que en el ámbito de su competencia garantice el derecho a la salud de los médicos”, destacó.

También la visitaduría en Cuautla de la CDHEM ha recibido quejas –vía telefónica– de parte de comerciantes que insisten en que los operativos que realizan las autoridades son arbitrarios.

Galindo Llano precisó que se está priorizando para que la ciudadanía pueda presentar sus quejas sin presentarse a sus oficinas: “Que las quejas no necesariamente tengan que ser presenciales sino por medios electrónicos, ya sea por correo electrónico o por vía telefónica, para que pueda iniciarse y no necesariamente tenga que haber ese contacto personal”, agregó.

 

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Demandan pago de salarios y regularización de su situación laboral.

Enfermeras y médicos del hospital General de Temixco protestaron este miércoles por la falta de pago de salarios y por la incertidumbre laboral en la que viven. Dijeron estar dispuestos a laborar durante la pandemia, pero demandan que se regularice su situación, pues no fueron contratados desde la desaparición del denominado “Seguro Popular”.

El personal de dicha institución presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), a través de la cual exigen que se garanticen sus derechos laborales y las condiciones de trabajo.

Refirieron que se trata de cuando menos 47 médicos y enfermeras que se encuentran en esta situación de impago de salarios durante dos meses.

Expusieron que a mediados de marzo les hicieron un pago y a algunos les depositaron recursos este primero de abril, pero no les dijeron a qué quincenas corresponden, pues no se está pagando lo que ya trabajaron en dicho nosocomio, desde enero.

Los inconformes, que colocaron cartulinas en los accesos del nosocomio y expresaron su intención de comenzar paros de brazos caídos, señalaron que, en plena pandemia, necesitan llevar ingresos -como cualquier persona- a sus familias.

Expresaron que están conscientes de los cambios que comenzaron a nivel nacional en la estructura de salud, con la desaparición del llamado Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero aseveraron que este asunto administrativo no es su culpa y no sería motivo suficiente para que les dejen de pagar, si ellos han cumplido con su labor y mantienen el compromiso de dar atención a la población en este momento de epidemia.

Recordaron que las autoridades federales anunciaron que de ser necesario contratarán a más personal para atender a los pacientes con coronavirus, por lo que resulta ilógico que a ellos que ya están laborando no se les contrate formalmente y no se les entregue el pago correspondiente.

Mostraron documentos con los que prueban que han solicitado respuesta a autoridades de salud estatales y federales, así como la queja entregada este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al sostener que ya han tocado todas las puertas posibles, por lo que advirtieron que, de continuar esta situación, harán paros de brazos caídos, es decir se presentarán a su lugar de trabajo, pero suspenderán labores.

Los inconformes explicaron que se les dieron contratos por quince días, y luego otro documento para prestar servicio al mes de junio, pero no se les garantiza su permanencia, ni base sindical después de seis meses de labor.

 

 

 

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