Mejorar la convivencia diaria, el objetivo.

Jojutla. El área de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) impartió el taller “Rescatemos los Valores”, en el que se resaltó la necesidad de mantener y promover los valores entre la ciudadanía a fin de mejorar la convivencia diaria.

El taller estuvo a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y la Instancia de la Mujer, dirigido a servidores públicos, pero también fue transmitido en vivo a través de Facebook en la página oficial del Ayuntamiento de este lugar.

La capacitadora de la CDHEM y ponente, Vianey Armenta Bueno, destacó la importancia de aplicar los valores en el quehacer diario de cada persona para una sana convivencia que permita fortalecer los derechos humanos.

Durante la plática se realizaron dinámicas de participación de los asistentes, en las que se destacó la importancia de mantener y promover los valores desde la tolerancia, el respeto, la honestidad, la empatía, la responsabilidad, la amistad, entre otros, que permitan mejorar nuestro el desarrollo del entorno de cada ciudadano.

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El pasado miércoles murió un interno que padecía tuberculosis.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, informó que en lo que va del año se han registrado casi 30 decesos de internos en las cárceles estatales.

Luego de que el pasado miércoles ocurrió la muerte de una persona privada de su libertad por un paro cardiorrespiratorio, tras una agonía por tuberculosis, el ombudsman estatal señaló que la situación que priva en los centros estatales de reinserción social es preocupante y la propia Comisión Nacional Derechos Humanos “inició una queja de oficio por la gravedad de la situación que hay en los penales, y no es solo una cosa de la Comisión de Derechos Humanos que yo presido”.

Indicó que la preocupación es por la escasa gobernabilidad que existe, particularmente, en el penal de Atlacholoaya, por una serie de conflictos, riñas y enfermedades que han cobrado la vida de internos.

Detalló que, tan sólo en el periodo del 1 de enero al 7 de octubre, el organismo tiene registrada la muerte de al menos 27 internos por enfermedades, supuestos suicidios y riñas entre la población penitenciaria.

Incluso, dijo, existen abiertas varias quejas por estos casos y el organismo continuará con su integración hasta su conclusión.

Por lo pronto, informó que, debido a la última muerte de un interno que padecía tuberculosis, la comisión inició una queja de oficio y solicitó a la Comisión Estatal de Seguridad, institución de la que depende la Coordinación Estatal de Reinserción Social, la implementación de medidas cautelares para evitar un brote de esta enfermedad, para proteger la salud de los internos y del personal penitenciario.  

 

 

 

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Miércoles, 07 Octubre 2020 05:17

Piden mujeres respaldo a sus derechos políticos

El reclamo, ante la anulación de la reforma que castigaba la violencia política.

Organizaciones civiles convocaron a los partidos políticos y a las instituciones públicas a firmar un pacto de civilidad, para garantizar un proceso electoral con igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, y sin violencia.


Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y paridad, al menos  20 organizaciones feministas emitieron un pronunciamiento con el fin de que se garantice la protección de los derechos de las mujeres enmarcados en la Constitución Política Federal.


La postura estuvo firmada por Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil (CIDHAL, A. C.), Mujer ZModem, A. C. (Modemmujer), la Red de Mujeres Tuiteras de Morelos, entre otras organizaciones civiles que solicitaron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y al  gobierno del estado se establezca un protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres, rumbo a las elecciones del 2021.


Al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) le pidieron que garantice los derechos políticos de las mujeres, sancionar la discriminación contra la mujer y juzgar con perspectiva de género.
Mientras que a la Comisión de Derechos de Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) le solicitaron emita las recomendaciones para que las instituciones gubernamentales y políticas garanticen la participación política de las mujeres morelenses en el proceso electoral 2020-2021 libres de violencia política y sin discriminación.


De igual forma, criticaron el trabajo que realizó el Congreso del estado, que no veló por los derechos de las mujeres, a pesar que se trata de un derecho fundamentado en la Constitución federal.
María Trinidad Gutiérrez, del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista  (PIIAF) consideró que la invalidez del Decreto 690, emitido por el Congreso de Morelos y publicado por el Poder Ejecutivo el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio, es la muestra  de la forma “tan sucia con la que  trabajó el Poder Legislativo”.


“Sí sabemos que estaba viciado y se querían introducir cambios que iban fuera de lugar y se hizo un decreto que incumplió con el procedimiento legal y eso afecta el avance de los derechos políticos de las mujeres”, manifestó.
Al llamado por un pacto de civilidad entre los Poderes del estado, los partidos políticos y los órganos electorales, se sumó el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) pues de acuerdo con su directora Flor Desireé León Hernández, aunque el fallo de la Corte significa un retroceso, se trata de un derecho de las mujeres que se debe respetar.

 

 

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La propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.

Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.

De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.

En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.

También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.

En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer;  cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales  que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.

Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.

En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.

Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.

La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.

Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.

Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia

Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.

 

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.

“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.

Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.  

Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.

“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.

“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.

Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.

 

 

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El contenido de la legislación lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos, plantean.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) contra la recién promulgada Ley de Videovigilancia, por considerar que no solo hubo violaciones al proceso legislativo en su aprobación, sino que su contenido lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos.

El pasado 24 de septiembre, el Alto Tribunal admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 258/2020 y emplazo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a rendir sus respectivos informes, para dar contestación a la demanda.

De acuerdo con el documento presentado ante la SCJN, el organismo local alegó que existieron violaciones al proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Videovigilancia, ya que “el dictamen del cual deviene el decreto impugnado, fue producto de un proceso sumarísimo y arbitrario, toda vez que al ser discutido y votado el mismo día en que por primera vez se enlistó dentro del orden del día de la sesión de Pleno, esto bajo una aparente urgencia, la cual nunca fue justificada, se impidió a las distintas fuerzas políticas estar en posibilidad de conocer y analizar y discutir adecuadamente el dictamen”.

Es decir, se “impidió que los legisladores conocieran oportunamente el contenido del dictamen, así como para analizar y estudiar sus alcances que podría tener en beneficio o perjuicio de los derechos de la sociedad morelense como destinatario final de las normas y poder, en base a esto, realizar de una forma razonada y veraz la discusión y votación del dictamen al seno del Pleno del Congreso”.

La CDHEM también argumentó que la ley, al monopolizar en favor del Estado el derecho para utilizar, regular, autorizar y operar sistemas de vigilancia en tareas de seguridad pública, acota derechos y obligaciones que tienen los municipios en materia de seguridad pública dentro de su territorio, lo cual se traduce en perjuicio de sus atribuciones constitucionales.

Detalló que “el deber de permitir y dar a la Comisión Estatal de Seguridad pública los elementos tecnológicos con los que cuenta el municipio para el desarrollo de la función de seguridad pública, vulnera su autonomía, como lo hace el asignar atribuciones a los cuerpos policiales de los municipios que no le son propias a su función y que, en todo caso, quién podría decidir si se les delega o no, sería el propio ayuntamiento, conforme a la normativa que lo rige y, en su caso, conforme su forma de organización interna”.

Subrayó que, en el caso de los tres municipios indígenas, el Congreso debió haber realizado, antes a la emisión de la ley, una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución             Política de los Estados Unidos o relacionado con los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales.

Por otra parte, subrayó que el artículo 16 de la Constitución federal reconoce que las comunicaciones privadas son inviolables y, si bien la ley impugnada no señala de manera específica como objeto la intención de grabar las comunicaciones privadas de la ciudadanía, “lo cierto es que sí lo hacen y está permisibilidad a la que se le suma su regulación, intercepción, conocimiento y tratamiento, tanto por autoridades como por particulares sin importar el contenido de la conversación representa, es un acto antijurídico”.

Destacó que, atendiendo a que la autorización para la intervención de las comunicaciones privadas se encuentra regulada dentro del texto constitucional federal y de éste no se disponen facultades hacia las legislaturas locales para su regulación, “cabe concluirse que el Congreso del Estado es incompetente para legislar y regular dicha materia, por lo que las normas cuestionadas en el presente concepto de invalidez resultan inconstitucionales”.

La acción de inconstitucionalidad también cuestionó la invasión de facultades en que incurrió el Poder Legislativo en materia de recopilación, tratamiento y resguardo de información y datos personales en posesión de particulares, ya que vulnera el  derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad, ya el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar al respecto.

La CDHEM impugnó también las modificaciones al Código Penal, ligadas a la Ley de Videovigilancia, para imponer sanciones a quienes transgredan la nueva legislación promulgada en pasado 12 de agosto.

Consideró que el Congreso estableció un “tipo penal abierto”, violando la garantía de la aplicación exacta de la ley, ya que no se establece claramente cuál es la autorización a la que deben acceder los particulares (ciudadanos, empresas, condóminos, comercios, entre otros) para instalar, operar, retirar o modificar cámaras de videovigilancia, así como la recopilación, almacenamiento y tratamiento de las imágenes.

Además, dijo, indebidamente la ley impone a los particulares, ya sean personas físicas o morales, la obligación de adquirir determinado equipo de videovigilancia supuestamente en aras de contribuir a la seguridad pública, lo cual es totalmente inconstitucional.

 

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA?

La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.

Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales, que decidan adherirse al sistema mediante convenio.

Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.

También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.

Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como para quienes instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.

 La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.

También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.

Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.

Las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.

 

 

 

 

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Erradicar la discriminación y conseguir un ambiente libre de violencia, entre los objetivos.

Jojutla.- Las direcciones de la Instancia de la Mujer y Derechos Humanos de este municipio, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), impartieron la plática “Igualdad, Equidad y Género”, dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento de este lugar.

Lo anterior, como parte del fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos para aplicar la igualdad de género y erradicar la discriminación, apuntó el ayuntamiento, a través de un comunicado.

La plática fue impartida por la capacitadora de la CDHEM Vianey Armenta Bueno, generando dinámicas para sensibilizar a servidores públicos para el trabajo con perspectiva de igualdad, equidad y género. 

La directora de la Instancia de la Mujer del municipio, Erika Herrada Cue, destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral y lograr un ambiente libre de violencia y discriminación, generando acciones que permitan sensibilizar a los servidores públicos en el tema.

En esta plática se intercambiaron experiencias y se consideró fundamental luchar contra condicionamientos sociales, estereotipos o hábitos en los centros laborales, que limitan el desarrollo profesional de las mujeres y los hombres por igual.

Herrada Cue exhortó a los servidores públicos que tomaron la plática a poner en práctica lo aprendido y así contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria.

 

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La Junta Política y de Gobierno del Congreso local pretendió iniciar los procedimientos para el nombramiento de los titulares de los órganos de control interno de la UAEM, CDHEM, Idefomm, IMEM y Colegio Morelos; fracciones se oponen.

De manera sorpresiva y por la vía rápida, desde la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado se pretendió iniciar los procedimientos para la designación de los titulares de los órganos de control interno de cinco organismos autónomos, entre los que se encuentran el de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).


La reunión de la JPyG que se desarrolló este jueves y en la que se enlistaron las propuestas para concretar dichos nombramientos, causó la reacción inmediata de las autoridades de la UAEM que, mediante un escrito, defendieron su autonomía como organismo público y su facultad para designar al titular del órgano de control interno.


La propuesta de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, que encabeza la diputada Ariadna Barrera Vázquez fue impulsar también los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) y del Colegio Morelos, sin argumento legal.


La mayoría de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra de iniciar los procedimientos y acordaron dialogar primero con los representantes de los organismos autónomos citados.
La propuesta de la JPyG se sustenta en la reforma constitucional que en materia de combate a la corrupción se publicó el 11 de agosto del 2015 en el periódico oficial "Tierra y Libertad" y que faculta al Congreso del estado a realizar dichos nombramientos para revisar el trabajo de los organismos autónomos en lo administrativo y financiero.


En lo que sí avanzaron los coordinadores de las distintas fuerzas políticas fue en el acuerdo para instalar la Comisión Calificadora para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y continuar con el procedimiento que se inició en mayo del 2019 y que se detuvo por falta de acuerdos entre los diputados.


Aunque en ese periodo los integrantes de la comisión citada -que encabezó la petista Tania Valentina Rodríguez Ruíz- determinaron reponer todo el procedimiento, este jueves, los legisladores acordaron continuar con el mismo y garantizar el derecho a los 29 aspirantes que se registraron para competir por el cargo de auditor estatal en el procedimiento del 2019.

 

 

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Respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los cuernavacenses: Becerra de la Fuente.

La síndico del Ayuntamiento de Cuernavaca Marisol Becerra de la Fuente reconoció que deben mejorarse las condiciones del área de reclusión del juzgado cívico ubicado en la parte norte del centro comercial Adolfo López Mateos.


La munícipe informó que trabajarán coordinadamente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para que se cumplan los requerimientos que establece ese órgano para no violar los derechos de las personas detenidas y llevadas a ese espacio.


Explicó que el proyecto de dignificación del juzgado cívico se tenía contemplado desde principios de este año, pero tuvo que posponerse debido a la pandemia por covid-19.


Becerra de la Fuente refirió que la CDHEM realizó una revisión a los centros de detención y están a la espera de las observaciones, sin embargo buscarán una respuesta para corregir las fallas y así cumplir con un espacio digno donde se garanticen los derechos de las personas detenidas.

 

 

 

 

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La visitaduría de la CDHEM ha recibido múltiples quejas de padres de familia en las que señalan a los directivos escolares de condicionar la inscripción de los alumnos.

Cuautla.- Tras múltiples denuncias de padres de familia de escuelas públicas acerca de los excesivos costos de cuotas escolares, Cristian Galindo Llano, visitador de la CDHEM en la región oriente, señaló que se han iniciado diversas carpetas de investigación.

Al señalar que Cuautla es el que mayor presenta este tipo de denuncias, el funcionario refirió que no se puede condicionar la inscripción de estudiantes a cambio del pago de cuotas escolares, ya que, por ley, todo ciudadano tiene derecho a recibir educación laica y gratuita.

“Es un derecho humano, en el cual la Constitución lo contempla como gratuito. Estamos hablando de autoridades escolares públicas, ya que en el caso de quienes tienen estudiando a sus hijos en escuelas particulares, están en el entendido de que tienen que pagar colegiaturas; pero en el caso de escuelas públicas, no puede condicionarse ese derecho humano”, dijo.

Refirió que desafortunadamente, la situación en la que las escuelas públicas solicitan el pago de cuotas escolares se presenta cada año, por lo que dijo que se han estado atendiendo los casos en los que los padres de familia han interpuesto alguna queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para buscar conciliar el tema con las autoridades educativas y que, en el caso de que esto sea imposible, se integra una carpeta de investigación para dar seguimiento al tema en mención.

Por último, detalló que debido a la concentración poblacional, el municipio de Cuautla es el que mayormente presenta este tipo de situaciones en la región oriente, por lo que se continuarán atendiendo las quejas que sean interpuestas derivadas del cobro de cuotas escolares que se realizan en las escuelas públicas tras el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

 

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No obstante, Alejandra Flores Espinoza admite que es difícil que la iniciativa avance, por la posición que han asumido en el pasado algunas fuerzas políticas sobre el tema.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Alejandra Flores Espinoza, informó que iniciará el diálogo con el resto de los diputados para analizar la propuesta de legalizar el aborto en Morelos, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).


Tras los acuerdos asumidos por las autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) y la CDHEM, para impulsar acciones en favor de la despenalización de la interrupción del embarazo, la legisladora morenista sostuvo que es necesario revisar la propuesta.
"Tiene que haber prioridades y si es un tema que interesa a la población, a las mujeres, tiene que ser prioridad para esta Legislatura", manifestó.


No obstante, Flores Espinoza admitió que será difícil que la iniciativa avance en esta Legislatura, por la postura que han asumido algunas fuerzas políticas sobre el tema.


"La dificultad en este Congreso ha sido la de lograr consensos. Hay temas que se dificultan más de lograr esos consensos. Habría que iniciar el diálogo con los demás compañeros y ver qué tan probable es que entre en el siguiente período", refirió la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).


La propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos surgió a raíz de dos casos recientes de jóvenes que decidieron interrumpir su embarazo y fueron denunciadas ante el agente del Ministerio Público, aunque finalmente la FGE no procedió en su contra.

 

 

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