Miércoles, 13 Noviembre 2019 05:03

Solicita la CDHEM informe al gobierno de Jonacatepec

El visitador de esa dependencia en la región oriente señaló que inició una queja de oficio debido a la situación que prevalece en el poblado en mención.

Cuautla.- Luego de que habitantes de la comunidad de San Gabriel Amacuitlapilco del municipio de Jonacatepec señalaran haber sido víctimas de amenazas, cobro de piso y extorsión, Christian Alfredo Galindo Llano, visitador regional de la zona oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHE), señaló que se ha abierto una carpeta de investigación con el número de expediente 83/2019 en la que se solicita a las autoridades municipales y estatales competentes la rendición de los informes correspondientes a dicha situación, suscitada este lunes en el referido municipio.

Dijo que dicho expediente es en relación con una queja que se inició de oficio “por virtud de los hechos acontecidos en Jonacatepec”, en donde señaló que se ha solicitado a autoridades estatales, así como los mandos policiacos municipales y la Fiscalía General del Estado, conocer si existe alguna denuncia relacionada con los temas de extorsión.

“Dicha carpeta ya se radicó el día de ayer y ahorita se están solicitando los informes para integrar la integración correspondiente”, destacó el visitador regional de la CDHEM.

Añadió que con estas acciones se busca que la autoridad no actúe a menos que sea necesaria su intervención o detone una problemática social, que sería cuando se tomen cartas en el asunto. Por lo que exhortó a las autoridades a que en el ámbito de sus competencias atiendan esta situación, sin vulnerar los derechos de la población.

Finalmente, precisó que el proceso del expediente 83/2019 seguirá su curso hasta poder darle solución a la problemática que se presenta en el municipio de Jonacatepec.

 

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Viernes, 08 Noviembre 2019 05:16

Integra CDHEM queja por violencia en penal

Ombudsman señala negligencia y omisiones de autoridades penitenciarias en los hechos que cobraron la vida de siete internos la semana pasada.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fueron  “una situación extraordinaria” que rebasó las autoridades y que ameritará una recomendación por una serie de negligencias y omisiones de parte de las autoridades penitenciarias.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, señaló que integra la queja que abrió de oficio desde los  primeros hechos violentos que cobraron la vida de siete internos y hasta las protestas de custodios y trabajadores administrativos del penal, que demandan mejores condiciones laborales.

Dijo que la comisión requirió informes las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal y recaba información adicional sobre los motivos y omisiones que desencadenaron los enfrentamientos entre grupos de internos rivales y el amotinamiento en el penal más grande de la entidad.  

Afirmó que la información hasta ahora reunida “nos está  llevando a advertir, como es claro, un problema mayúsculo, un problema estructural, dentro de todo el sistema penitenciario que nos lleva investigar todo este tipo de fenómenos que se están presentando y que ponen en evidencia una serie de omisiones, de negligencias y de cuestiones que no se han cumplido en aras de tener sistema de justicia integral y  sistema penitenciario que cumpla con el objetivo para el cual fue creado”.

Expresó que se integra la queja para después emitir una recomendación, en la que enlistarán las omisiones y negligencias que culminaron con un saldo mortal.
“¿Cuáles son las omisiones? Todas aquellas que no hicieron o que a manera de prevención no se hicieron o se dejaron de hacer para identificar a estos grupos con intereses contrarios  en aras de evitar la riña, esa es una obligación constitucional ya establecida en jurisprudencia internacional, de que  es deber del Estado prevenir”, subrayó.

A esto, dijo, su suma la falta de información a los familiares de los internos y los propios medios de comunicación sobre lo que ocurrió en durante la jornada violenta de la semana pasada, además de las denuncias y reclamos de los custodios y trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya

Expresó que por el momento recibe los informes oficiales y pidió a las autoridades estatales implementar una serie de medida cautelares para prevenir nuevos hechos violentos. Entre las medidas, dijo, está implementar en todos los centros de reinserción social operativos para decomisar objetos o sustancias prohibidas, y la aplicación de medidas disciplinarias a los internos que fueron encontrados en posesión de estos.

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Viernes, 01 Noviembre 2019 05:13

Custodios desactivan protesta

Fueron 28 los reos trasladados a cárceles distritales.

Por tercer día consecutivo continuó la tensión en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, luego de que los internos retuvieron a custodios para frustrar el cateo que realizarían fuerzas federales para el decomiso de armas, al tiempo que el personal penitenciario realizó un paro para exigir mejoras laborales y la destitución de sus jefes.

La mañana de este jueves, elementos de la Policía estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional estaban listo para ingresar al penal para realizar un cateo en dormitorios, talleres y áreas comunes para decomisar toda clase de objetos prohibidos, incluyendo armas de cualquier tipo y teléfonos celulares.

Ante el inminente ingreso de la fuerza pública, un grupo de internos tomó como rehén a un grupo de entre 30 y 40 custodios, y amenazó con hacerles daño si se ejecutaba el cateo.

Simultáneamente, personal administrativo y de custodia del penal realizó un paro laboral y no llevó a cabo el rutinario cambio de turno.

De acuerdo con los custodios, los rehenes fueron liberados a través del diálogo entre autoridades e internos, pero eso no tranquilizó a los trabajadores que -dijeron- por un magro sueldo arriesgan su vida.

Los trabajadores de los turnos entrante y saliente demandaron la remoción de Israel Ponce de León Borquez, coordinador General del Sistema Penitenciario Estatal; de Alejandro Cornejo Ramos, director de Reinserción Social; Miriam Mireles Toledo, directora General de Centros Penitenciarios y del director de Operatividad Penitenciaria, Raúl Colín Martínez.

Esta consigna fue compartida con grupos de internos que se quejan de presuntos maltratos y supuestas violaciones de derechos humanos por parte de los jefes penitenciarios.

Los custodios también demandaron a la Comisión Estatal de Seguridad, responsable de los penales estatales, mejoras laborales como la dotación de uniformes, aumento salarial, prestaciones como pago bono de riesgo y seguro de vida, así como la reubicación a otros penales de los reos conflictivos.

Particularmente, el personal de custodia expresó su preocupación porque recibieron la instrucción de señalar a los reos que participaron en los hechos violentos, pero la orden fue rechazada porque pone en riesgo su vida.

“No podíamos entrar porque querían que señaláramos a cada interno, este fue, este fue, a eso nos negamos, a trabajar no. Y no es por miedo ni por temor ni nada, a nosotros nos tocó el turno anterior, todo el refuego allá adentro. Entonces lo único que queremos es si la petición es que se lleven a los conflictivos y a los mandos que están mal”, señaló un custodio.

El personal de los turnos entrante y saliente se mantuvieron en paro, mientras que en completo hermetismo las autoridades dialogaban con todas las partes para intentar estabilizar el funcionamiento del Cereso.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), José Israel Hernández Cruz, acudió de nuevo a las instalaciones del penal y, sin dar mayor detalle, confirmó que sí fue abortado el cateo que realizarían las fuerzas federales.

 

 

 

 

 

 

 

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Entre los fallecidos está el otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Lo que según la versión oficial comenzó la mañana del martes como una aparente riña por unos zapatos, culminó con una segunda jornada violenta dentro del Centro de Reinserción Social “Morelos” (en Atlacoloaya) con un saldo de seis muertos y dos heridos. Entre quienes fallecieron figura el otrora capo de la zona oriente, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Desde las 8:00 horas de este miércoles, por videos y audios difundidos por los propios internos, trascendió, primero el amotinamiento de reos y el sometimiento de un grupo de custodios y, luego, el enfrentamiento entre bandos antagónicos que se diputaban el control de la cárcel.

La Comisión Estatal de Seguridad, responsable del sistema penitenciario, mantuvo total hermetismo de los hechos.

Pasadas las 9:00 horas se ordenó el desalojo de los trabajadores del juzgado especializado en justicia penal tradicional y, más tarde, de toda la Ciudad Judicial, ubicada a un costado del penal.

También comenzó el arribo de refuerzos de la Policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, así como de ambulancias. Hasta la primera pluma de ingreso del penal llegaron familiares de reos para reclamar información sobre qué sucedía, ya que por redes sociales comenzaron a circular fotografías de los primeros reos asesinados (uno de ellos decapitado, según la imagen difundida supuestamente desde los teléfonos de los reclusos) durante la reyerta.

Uno de los internos asesinados era el capo conocido como “El Ray”, otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, quien sobrevivió y escapó al  atentado perpetrado por sus rivales el pasado 13 de abril en el restaurante “Los Estanques” del municipio de Cuautla -que culminó con la masacre de seis personas, tres de ellos niños- pero que casi un mes después fue capturado en el estado de Puebla y trasladado al penal de Atlacholoya para ser procesado por varios delitos.

Trascendió que en el enfrentamiento participaron reos vinculados a los grupos antagónicos del CJNG y Los Rojos, así como otros grupos criminales identificados como Los Colombianos y Los Chilangos.

La tensión a las afueras del centro penitenciario creció cuando familiares de reos intentaron inspeccionar una ambulancia, en la que presuntamente se trasladaban heridos y cuerpos sin vida, pues hasta ese momento no había información oficial ni nombres de los caídos.

Los familiares cerraron el paso a la unidad e intentaron abrirla, hasta que un grupo de elementos antimotines rodeó el vehículo y repelió a los inconformes para que la ambulancia avanzara. Posteriormente y para contener la protesta de las familias, se instaló un módulo de atención afuera del penal.

Hasta el Cereso llegó también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), quien no pudo ingresar al penal de manera inmediata.

Tras seis horas de nerviosismo  y hermetismo oficial, integrantes del gabinete de seguridad ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que la autoridad retomó el control del centro penitenciario y confirmó la muerte de seis personas, entre ellos “El Ray”.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, afirmó que la autoridad retomó el control de todas las áreas del penal alrededor de las 12:11 de la tarde.

Reconoció que el motín y el enfrentamiento fueron protagonizados por grupos rivales, pero rechazó que la autoridad penitenciaria haya sido rebasada. “En ninguna de las dos acciones, ni en el día de ayer, ni en el día de hoy, se perdió el control del centro penitenciario.

“Los elementos custodios que fueron retenidos fue momentáneamente y activándose los protocolos correspondientes se liberaron de forma prácticamente inmediata y nunca corrieron peligro sus vidas”.

Confirmó que dos internos resultaron heridos, mientras que seis más fueron privados de la vida. Las víctimas mortales fueron identificadas únicamente como José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N”, Néstor “N” y Raymundo Isidro “N “, este último ex líder del CJNG.

Indicó que la Fiscalía General de Estado (FGE) investigará los hechos y determinará quiénes son los responsables del homicidio de seis internos, que preliminarmente se dijo que fueron asesinados con armas punzocortantes.

Descartó que hayan ocurrido detonaciones con armas de fuego dentro del penal y sostuvo que se hará una investigación paralela para determinar si algún funcionario incurrió en alguna irregularidad que haya propiciado los hechos violentos de ayer y del martes, cuando en la primera reyerta falleció un reo y otros dos resultaron heridos.

Confirmó que la ausencia de Jorge Israel Ponce de León, porque se encuentra en un curso internacional de seguridad penitenciaria, y que como encargada de despacho se encuentra  Miriam Mireles Toledo, directora general de Centro Penitenciarios.

Agregó que también habrá una investigación sobre el ingreso al penal de teléfonos celulares que permiten a los internos mantener interacción con el exterior, así como se explorará la posibilidad de una reubicación de reos clasificados como peligrosos en penales federales.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, detalló que la institución comenzó con las primeras indagatorias al interior del Cereso para determinar quiénes fueron los responsables de los homicidios aparentemente perpetrados con armas punzoconrtantes, no obstante, rechazó por el momento confirmar que uno de los internos fue decapitado, como se mostró en fotografías difundidas por internos.

“Las personas fallecidas tienen el carácter de víctimas y por lo tanto debemos de respetar sus derechos y los derechos de las víctimas indirectas que son los familiares. Lo único que le puedo decir preliminarmente se me reporta que los fallecimientos se dieron por heridas producidas por armas cortocontundentes y punzocortantes. En el tema de la persona que aparece decapita no lo puedo confirmar hasta que tengamos el reporte de la necropsia”, dijo.

 

 

 

 

 

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Lleva ya un 60 por ciento de avance, aseguró la visitadora regional.

Jojutla.- Antes de que termine este año, la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) podría emitir una resolución acerca del asunto de la policía vial de Zacatepec que agredió –jalándola de los cabellos– a una adolescente durante un altercado en aquel municipio, el 1 de julio de este año.

La visitadora regional, Aurelia Castañeda Castillo, confirmó que ya se tiene aproximadamente el 60 por ciento del procedimiento y podría tenerse una conclusión antes de que termine 2019.

Dijo que en su momento se inició el procedimiento, se solicitaron los informes correspondientes a las autoridades involucradas y ya se cuenta con ellos.

Advirtió que los servidores públicos están doblemente obligados a observar buena conducta, máxime hacia los menores de edad.

Aclaró que esta queja se inició de oficio, lo que significa que en caso de que la apersona agraviada no pudiera o no quisiera acudir, el organismo estaría obligado a continuar el procedimiento y, en su momento, emitir la resolución que corresponda, con base en las evidencias con las que cuenten en autos.

“Tenemos evidencia, pero sería importante contar con la manifestación directa de parte de los agraviados”, señaló Castañeda Castillo.

Precisó que por ello, en las quejas de oficio los tiempos son más amplios para permitir que los agraviados tengan la oportunidad de aportar elementos en cualquier momento.

“En este caso, estamos en periodo de que los agraviados presenten sus manifestaciones, pero hasta que no se emita la resolución, pueden acudir en cualquier momento y hacerlo”, dijo.

No obstante, si esto no sucede, con las evidencias con las que ya cuenta, pueden emitir una resolución del caso, porque en la queja de oficio, una vez que se inicia, se tiene que concluir.

Como se informó en su momento, fue el lunes 1 de julio del año en curso cuando la oficial Coral Cruz de Zacatepec tuvo un altercado con un motociclista que le estaba cobrando una deuda, en el Centro de Zacatepec. Eso hizo que se armara un escándalo, por lo que una jovencita se acercó a grabar con su teléfono y la policía se enfrentó a una adolescente y a su madre, jalando de los cabellos a la menor.

 

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Martes, 24 Septiembre 2019 05:00

Válida, extinción de Consejo de la Judicatura

Pleno resuelve acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la validez de las reformas a la Constitución del Estado de Morelos que extinguieron el Consejo de la Judicatura local.

En la sesión de este lunes, el Pleno discutió la acción de inconstitucionalidad 38/2018, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien alegó que la extinción del órgano colegiado violaba el derecho a la tutela judicial efectiva, al distraer funciones de jueces y magistrados para realizar tareas administración a través de una comisión.

Por una mayoría de votos, el Pleno determinó declarar la validez de la modificación al artículo 136, párrafo primero y la derogación de los artículos 40, fracción XXXV, y 92 de la Constitución local, puesto que en el artículo 92-A, pues se previó la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial como órgano administrativo, con funciones similares a las que –en su momento– tuvo el Consejo de la Judicatura local.

“Por lo tanto, resultan infundados los argumentos en el sentido, de que eso va a distraer a jueces y magistrados de la función jurisdiccional, puesto que habría un órgano especializado en la materia”, estableció el ministro ponente, Javier Laynez Potisek.

Además, fueron sobreseídas diversas impugnaciones previstas en la acción de inconstitucional debido a reformas constitucionales que echaron abajo, por ejemplo, la intención de convertir al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en Sala Especializada, dependiente del Tribunal Superior de Justicia.

 

 

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Viernes, 13 Septiembre 2019 05:10

Quieren crear código de ética en el Congreso

Plantean sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta.

Los diputados locales se regirán por un Código de Ética Parlamentaria que sancionará acciones que impliquen una falta de respeto y que violenten la actividad parlamentaria.
Dicho código se trabaja por un grupo de legisladores que plantearon la necesidad de establecer nuevas normas de comportamiento en el Congreso del estado, tras las agresiones personales que de manera directa se han registrado en el Pleno del Congreso.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval explicó que dicho código establecerá la creación de una "comisión de ética", integrada por representantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que se encargarán de señalar las faltas que en dado caso los diputados pudieron haber cometido.
"Es darle vida a la actuación que nosotros tengamos como legisladores en las sesiones, en la Junta Política y de Gobierno, en Conferencia y otras reuniones parlamentarias", señaló la legisladora.
Morales Sandoval dijo que se plantearán sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta, con la finalidad de normar su comportamiento.
Sin embargo, anteriormente, la tribuna del Congreso ha servido como espacio para hacer señalamientos directos entre diputados y pugnas fuera de la labor legislativa.

 

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La CDHEM promueve actividades a fin de que la ciudadanía ixtleca cuente con información de temas como la trata de personas.

Puente de Ixtla.- La prevención de trata de personas y los derechos de los jóvenes han sido los principales temas que promueve la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en el municipio ixtleco, informó Vianey Armenta Bueno, capacitadora de este organismo.

Armenta Bueno informó que en coordinación con las direcciones de Derechos Humanos e Igualdad y Equidad de Género, se han impartido talleres en el municipio a fin de que la ciudadanía cuente con la información necesaria sobre diferentes temas.

Agregó que recientemente se impartió el taller denominado “Trata de Personas”, donde participó Rocío Arely Rodríguez Ambriz, militante del programa PAMIEF, del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.

Durante dicho taller se ofreció información relacionada con el tema, se dio a conocer nombres de instancias o dependencias que pueden apoyar, así como números de denuncia. 

Asimismo, se resaltó el tema de “Derechos de los Jóvenes”, que tuvo como objetivo dar a conocer a los jóvenes los derechos humanos con los que cuentan e inspirarlos a convertirse en defensores valiosos de la tolerancia y la paz. 

Armenta Bueno resaltó que se ha tenido un trabajo coordinado con las autoridades municipales, principalmente con las áreas relacionadas con los derechos humanos, logrando así brindar a la población la información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones.

Aseguró que estas actividades se llevarán a los demás municipios de la zona surponiente.

 

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Denunciantes buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.

Aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) acusaron de inconstitucional la designación de Raúl Israel Hernández Cruz como titular del organismo, por lo que buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.
Lucio Alfonso Rubio Antelis, quien recientemente renunció a su cargo como consejero consultivo de la CDHEM, confirmó que al menos dos amparos que promovieron los participantes del proceso que llevó a cabo el Poder Legislativo desde marzo hasta junio del presente año ya fueron admitidos por la justicia federal.
Al respecto, explicó que los juicios de amparo están motivados por la inconstitucionalidad en la que incurrieron los legisladores, al haber designado a un titular de la CDHEM sin actualizar la ley en la materia.
Detalló que la ley federal señala que los aspirantes a ocupar la presidencia de la CDHEM deben ser sometidos a consideración de la sociedad, para que el nombramiento no sea sólo político.

Sin embargo, refirió que los legisladores no atendieron a esta disposición. 
Rubio Antelis sostuvo que los diputados también cayeron en omisión legislativa por no haber armonizado la ley estatal con la Constitución federal, motivo por el que pedirán que sea la Corte la que revise el caso.
"Hay violación en el procedimiento marcado en el artículo 102 de la Constitución Política Mexicana, que señala que debe consultarse a la ciudadanía para que propongan candidatos y no se hizo y fue designación directa de los diputados", manifestó el abogado. 
Rubio Antelis afirmó que ante la inconstitucionalidad de su nombramiento, el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado carece de legitimidad, al igual que los actos que lleve a cabo.

 

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El alcalde Adrián Cázares González se comprometió a salvaguardar, promover y defender los derechos humanos de los habitantes del municipio.

Zacualpan.- Como parte de las acciones encaminadas a atender las diversas problemáticas y situaciones que se presentan en el municipio, el alcalde Adrián Cázares González, acompañado de la síndico municipal, realizó la firma de un convenio de colaboración con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

En dicho convenio, las autoridades municipales se comprometieron a que, dentro de sus posibilidades, se salvaguarden, promuevan y tutelen los derechos humanos de los habitantes del municipio y estarán atentas de que éstos se hagan valer ante las demás autoridades competentes.

Al respecto, el edil señaló que Zacualpan de Amilpas es un municipio comprometido con la protección de los derechos humanos de todas las personas, buscando siempre la sana convivencia y la igualdad de condiciones y derechos entre los habitantes.

Por ello, al firmar este convenio de colaboración con la CDHEM, se comprometen a continuar trabajando en este tenor.

Por su parte, el presidente de la CDHEM, Raúl Hernández, reconoció el interés de las autoridades municipales por fomentar y defender los derechos humanos de los habitantes del municipio, por lo que señaló que con la firma del convenio se podrán realizar avances en materia de la defensa de los derechos humanos de las y los zacualpenses.

Ante ello, exhortó a las autoridades a continuar trabajando en este tenor y de esta manera lograr que Zacualpan se convierta en un ejemplo para los demás municipios en la entidad.

Cabe mencionar que al término del acto protocolario, las autoridades mostraron el documento firmado y se comprometieron a continuar trabajando de manera conjunta en la aplicación y defensa de los derechos humanos de los habitantes del municipio.

 

 

 

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