Jueves, 13 Febrero 2020 05:43

Exclusión

El Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, presentado el martes con bombo y platillo por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fue calificada por un reconocido especialista en el tema como “un protocolo (que) parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas”.

Pero lo más relevante de la crítica se centra en la exclusión de los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM.

Abimelec Morales Quiroz, también  integrante del citado consejo exhibió que el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ha caído en un manejo personalista de un organismo autónomo que cada ves tiene menos repercusión en la vida de la entidad.

 Sin embargo, la comisión tiene un costo millonario para los contribuyentes, a pesar de que no desempeñe su papel de ser un factor de equilibrio ante el abuso de la autoridad.

A la intrascendencia de sus decisiones ahora se suma el viejo problema del manejo faccioso, la causa de los excesos que se han sufrido en su interior.

 

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Critican que tampoco convocó a especialistas para la elaboración de protocolo que presentó en “acto mediático”.

Abimelec Morales Quiroz, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), criticó el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, el cual no fue sometido a la consideración de los consejeros por parte del ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ni contó con la participación de especialistas.

Morales Quiroz, quien fue miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante la exhumación de los cuerpos de las fosas ilegales de Tetelcingo y Jojutla, consideró que dicho protocolo parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas.

“Si algo está afectando el proceso de justicia en este país y en este estado, es que está lleno de discursos de funcionarios con buenas intenciones pero pocos conocimientos, de declaraciones mediáticas y acciones de un día que son sólo para la foto y salir en los medios; y tristemente pareciera que este protocolo es uno de esos casos”, afirmó.

A través de su cuenta personal de Facebook, reprochó al ombudsman que el documento, presentado el pasado martes en la Casa de la Cultura Jurídica, no fue comentado con los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM y “su realización coordinada con el IMIPE fue una decisión unilateral del Presidente de la Comisión que aseguró tener la legitimidad sobre el tema por haber participado en el proceso de exhumación de las fosas de Tetelcingo y Jojutla; pero obvió detallar que fue en calidad de notario permaneciendo todo el tiempo fuera de las vallas que delimitaban la zona de trabajo”.

Además de excluir a los consejeros, cuestionó  si el documento  contó  o no con la participación de especialistas, qué colectivos y familiares de desaparecidos fueron tomados para la redacción del protocolo, porqué fue usado el término “restos” cuando la palabra demerita la dignidad de los cadáveres  y, sobre todo, cuál es la experiencia del IMIPE para participar en un protocolo especializado.

“Estas y algunas otras preguntas quedaron sin respuesta en la presentación del documento que esperemos no se convierta en letra muerta ante la falta de legitimidad y aval de profesionales en la materia y colectivos de búsqueda de desaparecidos”, asentó.

 

 

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El registro pretende velar por el derecho a la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) presentaron el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, que pretende velar por el derecho de la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

Dicho protocolo, el primero a nivel nacional y aunque no es vinculante u obligatorio, pretende ser aplicado durante el reinicio de los trabajos de exhumación de cuerpos en la fosa irregular que “administraba” la Fiscalía General del Estado en el panteón ubicado en la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, donde hasta junio de 2017 se extrajeron 84 cuerpos.

Durante el ciclo de conferencias “Cuida el Universo de tus Datos Personales”, en el marco de las Jornadas de Sensibilización de Protección de Datos Personales, fue presentado este documento que, a decir de la CDHEM y el IMPE, fue elaborado a petición de familiares de víctimas.

Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acudió a la presentación y señaló que no hay precedente en el país de un protocolo de esta naturaleza para el tratamiento de los datos e imágenes de las personas que han fallecido.

“Que pasa cuando se encuentra un cadáver en una fosa clandestina, todos los servidores públicos que saben que tienen que hacer y que la ley dice muy claramente que le toca hacer, en todo ese proceso cuide datos personales. ¿Qué es un dato personal? todo aquello que identifica o hace identificable a una persona, el rostro…hay que cuidar fotografías, el nombre, el domicilio, edad, quiénes son sus familiares, esos datos personales”.

Es decir, añadió, “si no se tienen que publicar fotografías que no se publiquen, si no se tiene que dar mayor información, que no se dé más información, en el expediente de la investigación está todo, pero no hay necesidad de que ese todo esté publicado en un periódico”.

Respecto a las personas desaparecidas, sostuvo que es suficiente la tarjeta de identificación que se emite para su búsqueda, en caso de ser hallada muerta, “no hay ninguna razón sustantiva de fondo, para publicar datos que denosten (sic) la vida de una persona”.

Precisó que el documento no es vinculante u obligatorio, sin embargo es un documento orientador que puede coadyuvar a la protección de los datos personales de las personas fallecidas y sus propios familiares.

El protocolo tendría que ser aceptado por la Fiscalía de Morelos, que ya tiene su propio protocolo para cumplir con la cadena de custodia de las evidencias y de la escena del crimen.

Sin embargo, este documento tendría como objetivo no sólo concentrar lineamientos sino armonizar a todas las instancias involucradas.

Mireya Arteaga Dirzo, comisionada  presidenta del IMIPE, rechazó que el documento pretenda censurar a los medios de comunicación e insistió que fue elaborado con base en los testimonios de familiares de víctimas, concretamente relacionados con las exhumaciones  realizadas en Jojutla y Tetelcingo y donde no hubo el cuidado suficiente para proteger los datos personales.

 

  

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Miércoles, 05 Febrero 2020 05:14

Abogado lamenta revictimización

Miguel Ángel Rosete Flores, abogado de la familia de Jonathan, lamentó la postura de la FGE y que, sin una investigación profesional sobre la actuación del personal, revictimice y descargue la responsabilidad sobre los afectados.

Insistió en que la familia no tuvo contacto visual con el cuerpo y que este les fue entregado en un féretro sellado, que impidió verlo durante el sepelio.

“Es lamentable el boletín de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que los dos hermanos de Jonathan Martínez Tijera son los responsables por no haber hecho una adecuada identificación de cuerpo.

“La fiscalía de manera irresponsable dice ‘fue culpa de los hermanos de Jonathan’, porque no identificaron adecuadamente. Creo que hoy ese principio de investigar no lo hizo adecuadamente la fiscalía, porque la fiscalía es una institución de investigación y debió indagar qué sucedió realmente la madrugada de ese 16 de enero a las 2 de la mañana (cuando se hizo la supuesta identificación) y no dar por sentado que los responsables fueron los hermanos de Jonathan, cuando no hay una investigación adecuada”, afirmó y señaló que continuarán con la denuncia contra personal de la fiscalía. 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, informó que el organismo ya tomó conocimiento del caso y han tenido contacto con el representante legal de la familia afectada, y en espera de que en los próximo días se presente a ratificar la queja, ésta se inició de oficio, para realizar las investigaciones y en su momento emitir un pronunciamiento al respeto.

Por el momento, dijo, la CDHEM no puede fijar una postura hasta que desarrolle la investigación correspondiente, para determinar si se cumplieron con los procesos administrativos, los protocolos y las normas jurídicas.

 

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Miércoles, 05 Febrero 2020 05:13

Familiares reconocieron cadáver: FGE

Fiscalía omisa, revira abogado de víctimas; CDHEM inicia queja de oficio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) responsabilizó  a la familia Martínez Tijera del error de identificación y recepción de un cuerpo que no era el de Jonathan, joven desaparecido desde octubre de 2019 pero que en realidad estaba internado en un centro de rehabilitación. El abogado de la familia lamentó la revictimización y que la institución que dirige el fiscal Uriel Carmona Gándara haya omitido realizar una investigación sobre la actuación de su personal. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) ya inició una queja de oficio.

En un intento por sacudirse el escándalo, que rememoró las arbitrariedades en que incurrió la otrora Procuraduría de Justicia en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, la FGE emitió un comunicado para señalar como responsables del “error” a los hermanos de Jonathan, quienes supuestamente ingresaron al anfiteatro de la Fiscalía de la Región Oriente y ahí “reconocieron sin temor de equivocarse” el cuerpo de joven.

“Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar.

“Los hombres que mediante reconocimiento físico, afirmaron que el cuerpo sin vida correspondía a su consanguíneo, presentaron ante el Ministerio Público el acta de nacimiento del occiso y el acta de uno de los declarantes para acreditar el parentesco, formalizando la solicitud de entrega del cuerpo que se mantenía bajo resguardo del representante social en la región oriente, entrega que se realizó al cumplir con los requisitos de ley”.

De acuerdo con la FGE, las condiciones del cuerpo (cuya causa de muerte fue un infarto al miocardio) eran óptimas para el reconocimiento físico y no era necesaria una prueba genética, ya  que “dichas pruebas científicas se aplican en restos mortales que no es posible identificar, que en el caso particular no aplicaba pues pocas horas después del deceso, se realiza la identificación sin que exista duda alguna sobre la identificación plena por parte de quienes acudieron”.

Expresó que la fiscalía hará las gestiones jurídicas para la recuperación del cuerpo que fue sepultado bajo el nombre de Jonathan Martínez Tijera en el panteón municipal “Ixtontlal”, en la colonia 13 de septiembre de Yautepec, para su posterior identificación y entrega a sus familiares.

 

 

 

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La CDHEM, cuyas recomendaciones no son obligatorias, le conmina a disculparse con siete diputadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió la primera recomendación por violencia política, dentro de la cual pidió al diputado José Casas González ofrecer una disculpa a sus homólogas que fueron ofendidas con expresiones sexistas y discriminatorias, durante el debate legislativo de la sesión del 10 de octubre de 2019.

Las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz, Naida Josefina Díaz Roca,  Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, y Blanca Nieves Sánchez Arano promovieron tres quejas ante el organismo por considerar que Casas González, en alusión despectiva al género femenino, en la acalorada sesión afirmó que “es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul” y que fueron usadas “por el tema de género porque sus maridos no pudieron ser diputados y la pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder”.

Además de otras expresiones como “a chillidos de marrano oídos de carnicero”, “¡al chile pelón!” y “les duele y les lastima ¡Lo siento compañeras! ¿pa’ que se meten en esto?”.

En su resolución, el organismo consideró que el diputado José Casas usó un lenguaje discriminatorio, misógino, sexista y no incluyente, y determinó emitir una recomendación dirigida al legislador y a la Mesa Directivo del Congreso local.

En su recomendación, la CDHEM pidió al diputado ofrecer en la próxima sesión una disculpa pública a sus homólogas en la tribuna parlamentaria, “en la que deberá manifestar que es en cumplimiento de la presente recomendación, reflejando su compromiso en lo futuro de utilizar un leguaje incluyente y no sexista que genere equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

También se le pidió inscribirse y cursar de manera aprobatoria el curso en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista”.

A la Mesa Directiva del Congreso, la CDHEM pidió que en este periodo ordinario de sesiones  elabore y apruebe el Código de Ética Parlamentaria, que deberá incluir sanciones a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género, medidas de amonestación suficientes para garantizar que se privilegie el diálogo inclusivo y no discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º Constitucional.

Finalmente, recomendó al presidente del Congreso, José de Jesús Sotelo, que exhorte a las y los diputados de la LIV Legislatura para que en lo futuro se abstengan de utilizar cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que promueva la  violencia y los discursos de odio marcando diferencias entre hombres y mujeres.

 

 

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Miércoles, 29 Enero 2020 05:12

Sistema penitenciario sigue en crisis

Documenta CDHEM autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas, entre otros problemas.

Autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas son algunos de los problemas y deficiencias documentadas en las cárceles estatales por el Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDEM), quien advirtió que el sistema penitenciario sigue en crisis.

Al presentar el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario (DESP), realizado con base en una metodología técnico-jurídica y con los estándares nacionales e internacionales, el ombudsman local, Israel Hernández Cruz, advirtió que los resultados de la evaluación generan preocupación y alarma de lo que ocurre en los centros de reclusión, porque no hay condiciones que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y que prevengan nuevas riñas, amotinamientos o enfrentamientos, como los ocurridos en octubre y noviembre de 2019, que dejaron un saldo total de nueve muertos y 14 lesionados.

Afirmó que el diagnóstico es preciso y revelador sobre las condiciones en que se encuentran los tres mil 342 internos e internas del Centro Femenil y Varonil de Atlacholoaya; las cárceles distritales de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec; y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Aclaró que los resultados, que evidencian serias deficiencias especialmente en el área varonil del penal de Atlacholoaya, el más grande del estado, no tienen la intención de exhibir o atacar a funcionarios o autoridades, pues el objetivo es que a partir de una evaluación técnica y objetiva se tomen decisiones.

“No es denostar a las autoridades, no es para golpear de manera irresponsable a quienes están llamados a garantizar el mejor sistema de reinserción social en el estado. Este es un instrumento que debe beneficiar a las personas privadas de la libertad, es un instrumento que debe servirle a las familias, a las víctimas, a la sociedad en general, y también a las propias autoridades.

“A los diputados, al Poder Ejecutivo y todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este importante tema que es central, que debe ser nuestra principal, agenda, que es todo nuestro sistema de justicia, porque si no lo mejoramos, la inseguridad prevalecerá y con ello inevitablemente seguiremos viviendo en condiciones que no garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades”, expresó.

De acuerdo con el DESP, en la escala del 1 al 10, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil Morelos en Atlacholoaya, donde se encuentra recluido el 68 por ciento de los internos, obtuvo una calificación reprobatoria de 4. 77 puntos.

Incluso, la CDHEM exhibió, como parte de la documentación, varias fotografías donde se nota el hacimiento y la insalubridad en las celdas, la exposición de residuos sólidos al aire libre, la escasez de agua, instalaciones desgastadas, así como consultorios médicos deprimentes y sin insumos deficientes.

El Centro Distrital de Reinserción Social de Cuautla obtuvo una calificación de 6.24 puntos; seguido por el Centro Distrital de Reinserción Social de Jojutla con 6.49 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 puntos; y  Centro Distrital de Reinserción Social de Jonacatepec 7.74.

De manera general, la CDHEM observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos, lo cual es una situación que de manera directa afecta las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.

En el 75 por ciento de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad, así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como la carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.

Además, en la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Los resultados del DESP 2019 deben ser valorados y analizados por la autoridad competente de forma integral, con el propósito de que sea utilizada la información cuantitativa y cualitativa que lo conforman, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión, mismas que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la óptima reinserción social”, acotó.

 

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Varios municipios se han sumado a la promoción de los derechos humanos; se busca cubrir la totalidad de esa zona del estado.

Cuautla.- A fin de sensibilizar a servidores públicos en el tema de procuración de justicia y derechos humanos, Alma Rosa Saldaña Bernal, capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en la región oriente, destacó que se continúa trabajando en la capacitación de policías y funcionarios para que en sus labores diarias entiendan la importancia del trabajo en la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de la población.

“El policía, el servidor público, tiene que conocer principalmente qué es la dignidad humana, qué son los derechos humanos y entender esta parte de la importancia de trabajar mediante una cultura de legalidad”, señaló.

Dijo que en la zona oriente, en el trato de los temas en mención, ya se ha trabajado con funcionarios de los municipios de Cuautla, Tetela del Volcán, Ocuituco, Yautepec y Jantetelco.

Por lo anterior, se prevé que en breve pueda aplicarse la capacitación en los demás municipios que comprenden esa región del estado, y de esta manera cubrir la totalidad de funcionarios capacitados en los temas en mención.

Añadió que de igual manera se busca la manera de trabajar de forma cercana con ayudantes municipales, con quienes se pretende abordar el tema de la no discriminación y el respeto a la diversidad. Por ello, de manera conjunta con los ayuntamientos, se estarán tratando los temas en mención.

Por último, Saldaña Bernal destacó que para este año se espera contar con una mayor colaboración y apertura por parte de las autoridades municipales para que los temas de derechos humanos, respeto y no discriminación sean una constante en la sociedad morelense y específicamente de la región oriente.

 

Publicado en Cuautla

Se busca que los menores cuenten con información para garantizar sus derechos y seguridad.

Puente de Ixtla.- A través del área de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), en el municipio se imparten conferencias en esa materia en planteles educativos.

Saúl Corona Flores, titular de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos del municipio, informó que estas conferencias de información y concienciación se imparten a diferentes grupos de la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” a fin de que los menores cuenten con información necesaria para detectar en caso de que se estén violentando sus derechos.

La capacitación está a cargo de la psicóloga Vianey Armenta Bueno, capacitadora de la CDHEM, quien, a través de actividades didácticas, logra captar la atención y participación de los infantes en temas como la trata de personas, uso adecuado de las redes sociales, derechos de los niños, entre otros temas de relevancia para este sector de la población. 

El director de las áreas mencionadas comentó que el objetivo de impulsar este tipo de programas es el de concienciar a los pequeños sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales, y con ello, evitar delitos como la trata de personas. 

Armenta Bueno resaltó que estarán impartiendo estos temas en todas las primarias de la cabecera municipal a fin de que la población infantil cuente con la información necesaria para garantizar el respeto a sus derechos humanos y seguridad.

Además, se les brinda orientación e información de las instancias a las que pueden acudir para recibir ayuda en caso de presentar alguna situación que ponga en riesgo su seguridad.

Asimismo, el funcionario exhortó a los padres de familia a mantener una comunicación adecuada con sus hijos y supervisar el uso que dan a las redes sociales, a fin de reducir el riesgo de alguna situación que pueda atentar contra su seguridad.

 

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La CDHEM reclama por el nombramiento por nueve años del titular de la Fiscalía General del Estado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el que resuelva la acción de inconstitucionalidad 65/2018 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), luego de que la Segunda Sala turnara el asunto al máximo órgano de justicia.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN consideraron relevante el caso, relativo a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y por ello el proyecto amerita ser debatido y resuelto en el Pleno del Tribunal Constitucional.

“Agréguese al expediente para que surta efectos legales, el oficio del actuario judicial de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a través del cual envía el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, tomando en consideración que mediante proveído de 16 de enero del año en curso, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó enviar dicho asunto al Tribunal Pleno para su radicación y resolución”, estableció el acuerdo expedido por los ministros integrantes de dicha sala.

En la acción de inconstitucionalidad, el ex ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, a petición de más de 20 organizaciones civiles y de abogados, impugnó las reformas a los artículos 32, párrafo primero, 100 y 101 de la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5611 de fecha 11 de julio 2018, que facultaban al fiscal general -y no al Congreso- designar y ratificar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias al titular de la FGE y a los fiscales especializados.

A la postre, la actual legislatura realizó una contrarreforma para establecer que el presupuesto de la FGE no será menor al del año pasado y eliminar la pensión vitalicia a los fiscales.  

 

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