Magistrados opositores afirman que la suspensión provisional que le fue concedida no surte efectos para que siga como presidenta del TSJ.

También la acusan de boicotear los intentos para sesionar y elegir a presidente provisional del Poder Judicial de Morelos.

Mientras Carmen Cuevas López se aferró como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados opositores desconocieron su investidura, por considerar que la suspensión provisional concedida por la justicia federal no surte efectos para que siga en el cargo, además de que la acusaron de boicotear los intentos de un grupo de magistrados para sesionar y elegir al presidente provisional, y promovieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

La mañana de este jueves, una comisión de magistrados disidentes fijó su postura respecto a la suspensión concedida a Cuevas López por el Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, y afirmaron que los efectos no son para sostenerla en el cargo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto afirmaron que la suspensión no la protegió para seguir como magistrada y mucho menos como presidente del tribunal, pues sólo fue para efecto de que las cosas se mantuvieran como estaban  a partir de la hora y día que promovió el amparo.

Como peritos en derecho, destacaron que cuando se concedió la medida cautelar ya estaba consumado su cese como representante del Poder Judicial y había concluido su periodo, luego de que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo por el que el Congreso revirtió la disposición tercera transitoria del decreto 2610, por la que la legislatura anterior –sin reforma constitucional- amplió  a 20 el periodo de los magistrados de los tribunales locales, y emitió uno nuevo para retornar al periodo original de 14 años, como consta en sus decretos de designación de los juzgadores de segunda instancia.

Resaltaron que le fue negada la suspensión contra el nuevo decreto, por el cual se da por culminada su gestión desde el 4 de julio pasado e, insistieron, que la suspensión concedida fue únicamente para que las cosas permanecieran en el estado en que se encuentran y eso significa que al momento de la concesión de la medida cautelar Carmen Cuevas ya estaba fuera del Poder Judicial.

Hicieron un llamado a sus homólogos del grupo de Cuevas López a reflexionar sobre la crisis que atraviesa el Poder Judicial, cuya representación se encuentra acéfala

“Hoy ya  no es magistrada y mucho menos presidente. La exhortamos para que no anteponga sus intereses personales y no afecte el interés público y social. Que prevalezca la legalidad para que se restablezca el Estado de Derecho en bien de la justicia”, afirmó Arenas Ángeles.

Posteriormente, arribó a la sede del TSJ la notaria número 5 de la demarcación de Cuernavaca, Patricia Mariscal Vega, quien dio fe de que Carmen Cuevas y su personal estaban despachando en la oficina de Presidencia.

Posteriormente, Hipólito Prieto acudió a la Fiscalía General del Estado para iniciar una denuncia penal contra Carmen Cuevas, por la probable comisión de un delito al ejercer funciones que ya no le corresponden y usurpar una investidura.

“Ejercer actos o materializar actos en que se ostente como servidora pública, incurre en una conducta delictiva que será denunciada ante el agente del Ministerio Público y, si la representación considera que es un delito flagrante, incluso deberá de proceder contra la persona que se está como servidor de la magnitud de un presentante de un poder, o disponer de recursos materiales, humanos, incluso económicos, son graves”, secundó el magistrado Gambo Olea.

Un juez de distrito le concede la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Poder Judicial de Morelos.

Un juez de distrito concedió a María del Carmen Verónica Cuevas López la suspensión provisional para mantenerse como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras promover un juicio de amparo contra el decreto legislativo que eliminó la ampliación del periodo de los magistrados 14 a 20 años y dio por concluida su gestión. Mediante un breve comunicado emitido anoche, Carmen Cuevas López informó que el Juez Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo 1222/2019, le otorgó la suspensión provisional para mantener su investidura y la representación del Poder Judicial, así como desestimó las acciones de sus adversarios. “Este día 11 de Septiembre, el Juez Federal otorgó suspensión provisional a Cuevas López. Esta resolución favorece y ratifica la supremacía constitucional, los valores de independencia judicial y a la estabilidad del estado. La autoridad judicial federal, da certeza legal y jurídica para que la  magistrada Cuevas López,  continúe como Presidenta hasta Mayo de 2020. 

“Los hechos acontecidos el día de hoy y organizados por un grupo minoritario de magistrados, queda sin efecto alguno. La Ley Orgánica establece que la única facultada para convocar a sesiones del pleno es la titular del máximo órgano jurisdiccional del estado de Morelos. Con la determinación del órgano jurisdiccional federal, se ofrece a la entidad claridad y certeza sobre la conducción del Poder Judicial del estado”, estableció el comunicado oficial.

Recalcó que la determinación de la justicia federal privilegió la autonomía e independencia del Poder  Judicial, y evitó la intromisión de otros poderes del estado en la vida jurídica del TSJ.

Según el acuerdo, al que La Unión de Morelos tuvo acceso, la suspensión concedida a Cuevas López fue en los siguientes términos. 

“Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo estatuido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto reclamado en contra de María del Carmen Verónica Cuevas López; ello, hasta en tanto reciban la notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente.

“En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado”.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, esta resolución podría tener varias interpretaciones, pero será vital que lo que el juez federal resuelva en la audiencia incidental sobre si concede o no la suspensión definitiva, luego de que las autoridades responsables rindan sus informes. 

Hasta el cierre de edición, los magistrados disidentes no habían fijado postura sobre la decisión judicial federal.

Previo a conocerse la resolución del juzgado de distrito, por la mañana Andrés Hipólito Prieto asumió temporalmente la representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, en medio de una tensa calma y una presunta amenaza de bomba que obligó el desalojo del personal de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

Hipólito Prieto, con base en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 2 del Reglamento Interno que le otorgan la calidad de decano y primer magistrado, asumió la representación provisional del TSJ y convocó a una fallida Sesión Solemne de Pleno  para nombrar a quien ocuparía la presidencia hasta mayo de 2020, ante el cese de Cuevas López. 

Pese al desalojo del edificio, los nueve magistrados del bloque disidente acudieron al Salón de Plenos para atender la convocatoria a Sesión Solemne y, por encima de las opiniones de algunos magistrados sobre que el nombramiento del presidente provisional del tribunal debía concretarse con los magistrados presentes, Hipólito Prieto consideró necesario apegarse a la ley, que exige la participación de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del Pleno, que equivale a 11 magistrados, para alcanzar el quórum necesario para la elección. 

Por tal razón, realizó una segunda convocatoria para Sesión Solemne para este jueves a las 14:00 horas, en espera que otros magistrados que forman parte del grupo liderado por Cuevas López se sumara al Pleno y que este mismo día se conociera si se concedió o no la suspensión provisional a la magistrada presidenta contra el decretó que dio por terminada su función judicial. 

Cuestionado sobre las últimas declaraciones de Cuevas López, quien puso en duda la legalidad del decreto legislativo y afirmó que seguía vigente su nombramiento como magistrada y presidenta del TSJ, señaló que “se le terminó el cargo, ya cesaron lo efectos, lo quiera o no lo quiera entender, solamente la autoridad judicial le puede decir lo contrario”. 

Recalcó que sólo en el supuesto de que se le conceda la suspensión provisional podría continuar en el cargo, pero mientras no se conozca la determinación de la justicia federal “lo que no se quiera aquí es que haya ingobernabilidad, una institución no puede quedar sin representante ni un solo momento, por esos  estoy saliendo yo a convocar a mis compañeros para que no sé este vacío de poder precisamente, pero si ella está provocando todo esto con esta serie de boicots (en referencia a la presunta amenaza de bomba e insistencia de varios magistrados), aguas, porque puede cometer serias responsabilidades”. 

A partir de este miércoles surte efecto el  decreto por el que se redujo de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial, lo que obligaría a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María del Carmen Verónica Cuevas López, a dejar el cargo, ya que desde el 4 de julio pasado cumplió el tiempo máximo que marca la Constitución Política del Estado.
En el periódico oficial "Tierra y Libertad", en su número 5743, fue publicado el decreto que se originó de un punto de acuerdo que aprobó el Pleno del Congreso del Estado, el pasado 24 de junio, a fin de eliminar el privilegio que otorgó la LIII Legislatura a los actuales magistrados para durar (por única ocasión) 20 años.
De acuerdo con el diputado petista José Luis Galindo Cortez, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se desistió de las observaciones que hizo al citado punto de acuerdo y determinó publicarlo en el periódico oficial para su entrada en vigor de forma inmediata.
Con dicha disposición "se dejó sin efectos el decreto Número Dos Mil  Seiscientos Diez, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 30 de mayo de 2018.- Por el que se  expiden los Nombramientos a los Magistrados a que se  refiere la disposición transitoria tercera, del Decreto Número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de  dos mil diecisiete".
De esa forma, la primera posible afectada con tal disposición sería la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, ya que el pasado 4 de julio cumplió 14 años en el cargo, por lo que ya no podría estar al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El decreto que entró en vigor hoy dejó sin efectos un acuerdo del 2017 que otorgó el nombramiento por 20 años a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
"Por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes”, señala la norma transitoria abrograda.

La presidenta del TSJ cumplió catorce años en julio y debe dejar el puesto.

Ella menosprecia la publicación en el periódico oficial y afirma que no puede ser destituida.

Tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró hoy en vigor el decreto que expide el punto de acuerdo por el cual el Congreso de Morelos redujo el periodo de los magistrados de 20 a 14 años, con lo que, en teoría, habría culminado la gestión de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien ya alista las acciones legales para permanecer en el cargo y combatir la acción legislativa.

El decreto 427 expedido por la LIV Legislatura dejó sin efectos el decreto 2610 emitido por la legislatura anterior, que modificó los periodos de designación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia, Unitario de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa, quienes originalmente habían sido nombrados por un periodo de seis años y posteriormente ratificados por otro de ocho años para sumar 14, pero la LIII decidió extender su cargo por seis años más hasta sumar un total de 20 años.

Mediante este nuevo decreto, la actual legislatura pretendió regresar al periodo original para el cual fueron designados los juzgadores y la primera en culminar su gestión sería Carmen Cuevas López, quien en julio de 2011 fue ratificada para un segundo periodo, el cual concluyó el 4 de julio pasado.

Los siguientes magistrados que culminarían su periodo de 14 años el próximo 17 de mayo de 2020 son Rocío Bahena Ortiz, Miguel Ángel Falcón Vega y Valentín González García.

Cuevas López fue la primera en fijar postura como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos y como afectada por el nuevo decreto, al desestimar la validez jurídica del punto de acuerdo y anunciar la promoción de acciones legales para combatir el acto legislativo.

“Estoy analizando cuáles son las acciones que voy a hacer y, sin duda, ustedes se estarán enterando en breve. Pero de ningún manera este acuerdo parlamentario puede proceder en el sentido en que se está manejando, que me están destituyendo, porque en ningún momento me están destituyendo.

“Como justiciables nosotros tenemos garantías constitucionales no solamente a nivel constitucional federal sino internacional, en donde no podemos ser arbitrariamente quitados de nuestros nombramientos, porque es un nombramiento que tiene una reforma constitucional en la cual está legalmente establecido, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley para el proceso legislativo. En este caso, el acuerdo parlamentario, hasta donde tengo conocimiento, no tiene ningún efecto, ningún alcance jurídico”, sostuvo.

Señaló que el Congreso cometió varios errores que restan validez al decreto, pues no sólo en sesión extraordinaria los diputados no trataron el tema sino que no se cumplió el proceso legislativo.

Dijo estar tranquila y que emprenderá su defensa jurídica para que sean los tribunales quienes diriman el tema, pero lamentó que el Congreso no respete la permanencia judicial e insistió que ningún acuerdo o decreto está por encima de la Constitución.  

Además de los magistrados del TSJ, también serían afectados los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Martin Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes cumplirían 14 años en el cargo en mayo de 2020.

Magistrados también crean juzgado especializado en juicios orales mercantiles.

Por decisión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quedaron extintos los distritos judiciales en materia penal y fue creado el juzgado especializado en oralidad mercantil, que absorberá todos los asuntos, sin que haya tope de cuantía.

En entrevista, el magistrado del TSJ Rubén Jasso Díaz informó que fue aprobada la desaparición de los sietes distritos judiciales penales y la instauración únicamente de las sedes en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla, en tanto que en segunda instancia quedará como único distrito, lo que permitirá distribuir las cargas de trabajo de manera igualitaria, sobre todo porque algunas salas como la de Cuautla tenían el doble de asuntos.

“Los jueces no tendrán mayor movimiento, y en segunda instancia igual somos un solo distrito, y el motivo de esto son las cargas de trabajo. Entendemos, que en la ciudad de Cuautla todos los (magistrados) que hemos estado ahí, que la carga de trabajo en materia oral penal ha aumentado, entonces la intención es que todos tengamos las mismas cargas de trabajo y los magistrados tendrán que transportarse a las sedes para desahogar sus asuntos”, explicó.

Informó que esta decisión entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos y los asuntos serán turnados conforme al orden consecutivo de las salas.

También informó que se creó el juzgado especializado en juicios mercantiles orales y la sede será Cuernavaca, pero su titular podrá desplazarse a otras sedes a desahogar los asuntos de su jurisdicción.

Dijo que por el momento  sólo existirá un juez especializado para absorber todos los asuntos  mercantiles sin importar la cuantía y, conforme la carga de trabajo, en su momento se analizará la conveniencia de abrir otro juzgado.

El juez especializado será designado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y se espera que en breve comience a funcionar el nuevo juzgado.

Disensos en Pleno no afectan la operatividad de la institución: Flores León.

Elda Flores León, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, confirmó que no hay fecha para la próxima sesión de Pleno, aunque  afirmó que los disensos entre magistrados no afectan la operatividad de la institución.

Resaltó que la Constitución y la ley establecen cuales son las obligaciones y funciones de los impartidores de justicia, por lo que está en el ámbito personal cumplir profesionalmente con las tareas que le fueron conferidas.

“El hecho de que los magistrados no se aparezcan a las sesiones de Pleno, en donde somos legalmente convocados, nosotros tenemos la obligación constitucional de llevar a cabo nuestro cargo con profesionalismo. A nosotros se nos cita a las sesiones de Pleno de manera legal y, bueno, si ellos no comparecen y justifican su incomparecencia, esa es la causa por lo que no podemos sesionar”, dijo.

Aclaró que aun cuando que el Pleno no ha sesionado en las últimas dos convocatorias por falta de quórum, las salas, los juzgados y las áreas administrativas continúan con su labores de manera habitual, y sólo fueron postergados los temas jurisdiccionales y administrativos enlistados para ser tratados en el órgano colegiado integrado por todos los magistrados del TSJ, pues todavía no hay fecha para una nueva convocatoria.

Grupo disidente de magistrados está obligado a generar equilibrio en Pleno de Tribunal Superior, opina Pedro Martínez Bello.

El presidente de la organización denominada Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, responsabilizó de la fractura del Poder Judicial a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, por sus malas decisiones y su afán de mantener el total control económico y operativo de la administración de justicia.

Luego de que se agravó la división entre en el grupo disidente y el que encabeza Cuevas López, el abogado sostuvo que la magistrada presidenta ni siquiera ha sido capaz de obtener consensos y las determinaciones en el Pleno han sido prácticamente forzadas.

Señaló que Cuevas López está empeñada en tener el control absoluto del TSJ y hasta ha relegado a sus homólogos que han sido críticos de su gestión, lo que ya tiene repercusiones internas y externas para la institución.

“La titular está mal, es una titular que no ha podido tener un pleno, ya no digamos que por unanimidad se saquen los temas, pero sí considero que la división ha sido en gran medida por las malas decisiones de la presidente del TSJ.

“Nosotros esperábamos que desde hace muchos este grupo disidente pudiera generar un balance, un fiel de la balanza en los temas, porque resulta que una vez que salió el gobernador Graco Ramírez, se modificó toda la legislación para que la presidente del tribunal tenga un poder absoluto y no debe ser así, el Pleno es la máxima autoridad de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, no la presidente del tribunal, quien se erige como una autoridad de facto en el momento que desapareció el Consejo de la Judicatura”, señaló.

Expresó que la prueba más evidente del ejercicio unilateral de la administración de justicia es la resistencia de Cuevas López  durante casi 15 meses a integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pues a través de la Comisión Transitoria tuvo en ese lapso el control absoluto de los nombramientos del personal y de los jueces, así como de las finanzas de la institución, sin rendir cuentas a nadie.  

Insistió que, ante la gestión unilateral de la magistrada presidenta, el grupo disidente está obligado a ser el fiel de la balanza y hacer el esfuerzo necesario para acotar los abusos cometidos por Cuevas López.

Magistrados disidentes exigen información sobre temas que se discutirán en los plenos.

Por falta de quórum, nuevamente fue suspendida la sesión de Pleno programada para este lunes, luego de que un grupo de nueve magistrados condicionó su asistencia a que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convoque a las sesiones con antelación y les entregue información de manera oportuna de los asuntos que se verán en Pleno para que puedan opinar, debatir y votar.

Acompañado por ocho de sus homólogos, el magistrado Andrés Hipólito Prieto rechazó que incumplan sus funciones y sostuvo que, por el contrario, hacen ejercicio pleno de su derecho a la información para impartir eficazmente la justicia.  

Recalcó que insistentemente el grupo solicitó a la magistrada presidenta convocar a sesiones de Pleno en un tiempo prudente y que acompañe la convocatoria con la información completa de los asuntos a tratar, pero no hay respuesta de ella y actúa de manera unilateral y en la opacidad.

Calificó la administración de Cuevas López como “carente de un liderazgo honesto, legal, transparente, todo lo quiere tratar con los cuates, con los amigos y en la opacidad, y no está dispuesta ella a tolerar el diferendo, el disenso y quiere siempre imponer su voluntad, y creo que en un órgano colegiado y garante de la justicia no se puede ser así”.

Afirmó que su petición “no busca la confrontación, sino precisamente procurar las condiciones bajo las cuales ejercer nuestras atribuciones y, con ello, dejar atrás las viejas prácticas en las que se citan a los magistrados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal Pleno, ministrándoles escaso o nula información  de los temas a resolver, que ponen en riesgo precisamente que se atienda el interés general de la población a la que servimos”.

Los magistrados señalaron que no atenderán las convocatorias hasta que se les entregue de manera oportuna la información de los asuntos enlistados en la orden del día.

A pregunta expresa de si solicitará el retiro de la orden del día la aprobación del acta de la polémica sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial con colaboradores cercanos de Cuevas López y en la que todavía se dirime legalmente si hubo o no quórum para sesionar, señaló que precisamente es parte de la información que se solicitó, ya que hasta ahora desconocen el contenido de ese documento.

El órgano nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esas eran atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Un tribunal colegiado confirmó que la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esod eran atribuciones la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

La justicia federal determinó la ilegalidad de las actuaciones de la Comisión Transitoria que durante 15 meses ejerció funciones, ante la resistencia de la magistrada presidenta, María del Carmen Cuevas López, por instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Al resolver el amparo en revisión 259/2019, promovido por un secretario de Sala sancionado con una amonestación, confirmó el amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito y desestimó todos los argumentos presentados por Carmen Cuevas López,  quien insistió infructuosamente en defender las determinaciones emitidas por la comisión que también integraron los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz.

De acuerdo con la resolución del tribunal colegiado, la adecuación por parte del Congreso local a la Ley Orgánica del Poder Judicial no era condición para la entrada en vigor de la norma constitucional que creó a la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, porque no se dispuso así transitoriamente, ni tampoco era necesaria la intervención del Legislativo para que el Tribunal Superior de Justicia materializara esa junta, lo que pudo y debió hacer desde el 5 de abril del 2018, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional que creó dicha junta.  

“De esta forma, también contrario a lo que argumenta la recurrente, el plazo de noventa días para que el Congreso local adecue la ley orgánica en relación a la reforma constitucional que creó la Junta de Administración y Vigilancia no constituye la vacatio legis de dicha reforma.

“Por el término vacatio legis, se conoce al periodo en el cual una norma legalmente publicada adquiere vigencia. Así, si una ley es publicada el día “x” y transitoriamente dispone que entrará en vigor a los diez días siguientes, esos diez días son el periodo de vacante legal o vacatio legis, en que no puede tener aplicación, al no ser aún obligatoria por su falta de vigencia.

“No obstante, en el caso del decreto 2611 que creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, de acuerdo con su transitorio segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que su vacatio legis sólo fue de un día, mas no puede entenderse como vacatio legis el tiempo que se reservó el Poder Legislativo para adecuar la ley orgánica, porque no fue establecido así transitoriamente.

 “Esto es, no se condicionó la entrada en vigor de la reforma constitucional a la adecuación de la ley orgánica por parte del legislativo, sino que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Así con independencia de la premura que alega la recurrente para la integración de la junta de administración y vigilancia al día siguiente de la publicación del decreto 2611, lo cierto es que a partir de esa fecha pudo integrase ésta con base en la norma constitucional, hecho que no constituye un absurdo legal como lo califica la recurrente; absurdo, fue que no se haya hecho así, y la recurrente siga actuando ilegalmente en el ejercicio de atribuciones que ya no le competen, como la sanción de servidores públicos judiciales”, estableció contundente la resolución federal.

El tribunal colegiado enfatizó que la sentencia confirmada no  juzgó sobre la legitimidad de sus integrantes, ni sobre la existencia  de la Comisión Transitoria, sólo sobre su competencia constitucional, dado que, por virtud de la legislación vigente, ya es otro órgano el que ejerce las facultades que otrora depositó en ésta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El 27 de febrero de 2018 el Pleno del TSJ integró la Comisión Transitoria, pero un mes después, el 5 de abril, entró en vigor la reforma constitucional que creó y ordenó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Pese a la insistencia de algunos magistrados del TSJ como Carlos Iván Arenas Ángeles, sobre la ilegalidad de dicha comisión y la necesidad urgente de cumplir con el mandato constitucional de instaurar la Junta, Carmen Cuevas y sus magistrados aliados decidieron ignorarlos para mantener el control total del TSJ durante 15 meses.

La instauración de la Junta de Administración ocurrió hasta el pasado 3 de junio, en medio de una polémica entre magistrados del Pleno del TSJ sobre su hubo quórum o no para integrar dicho órgano.

Incluso, en los tribunales federales están en cursos diversas demandas de amparo de funcionarios judiciales que impugnaron actos y sanciones impuestas por la Comisión Transitoria.

Ayer no pudieron sesionar por el boicot de nueve integrantes del Pleno; se niegan a aprobar polémica acta.

Por diferencias entre magistrados y la falta de quórum, fueron canceladas las dos sesiones de Pleno convocadas por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, en la que se pretendía aprobar el acta de la sesión de la polémica integración de la Junta de Administración, Vigilancia y disciplina, aprobar el proyecto de redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil, entre otros temas.

A las 14:00 y 14:30 horas fueron convocadas las sesiones ordinaria y extraordinaria, para desahogar diversos temas, pero un grupo de nueve magistrados no asistió debido a que presentaron un escrito para modificar el orden del día y solicitar que se les dotara de toda la información y los antecedentes de los asuntos a tratar en ambas sesiones.

Los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto y Rocío Bahena Ortiz argumentaron en el escrito presentado para la modificación del orden del día, que era improcedente la inclusión del punto relativo a la aprobación del acta de la sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, en medio de la polémica de si hubo o no quórum para llevar a cabo la instauración del órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura.

Y es que para el bloque de magistrados disidentes, la sesión fue válida mientras hubo la asistencia de dos terceras partes de los integrantes del Pleno, pero durante la elección de los integrantes de la Junta ya no existía el quórum que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, razón por la cual rechazaron validar dicha acta.

Los magistrados también se quejaron de que no les fue suministrada información previa para poder emitir su voto en los asuntos enlistados, como los nombramientos interinos o provisionales de personal adscrito a cada una de las salas del TSJ, con el fin de constatar que dicho nombramientos son jurídicamente procedentes e impedir que hubiese designaciones, remociones, bajas o modificaciones a las condiciones laborales injustificadas.

También solicitaron la entrega de información de varios asuntos en los que el Tribunal de Justicia Administrativa rechazó competencia y envío para su resolución al TSJ, y en otros temas de índole jurisdiccional y que impactan en la administración de justicia.

El magistrado Manuel Díaz Carbajal lamentó la inasistencia de sus homólogos a las sesiones convocadas, pues consideró que es justo en el Pleno donde se proponen y someten a votación las observaciones y las modificaciones a la orden del día.

“A consideración de los magistrados que comparecemos hay una inasistencia injustificada a la sesión, porque insisto, cualquier observación al orden del día tiene que ser formulada en la sesión de Pleno y ahí se acuerda por parte del Pleno si se modifica, si se suprime, si se incluye algún punto del orden del día y, pues estamos frente a una inasistencia injustificada.

Dijo que la ausencia de sus homólogos y la cancelación de ambas sesiones impactan en la administración de justicia, pues no se pudo avanzar en temas relevantes, como la redistritación en materia penal y la creación de un juzgado especializado en materia mercantil.