Habrá venta directa de productos y bioinsumos al consumidor.

Tlaquiltenango.- Como parte de un programa federal que promueve el cambio a la agricultura sustentable, sin utilizar fertilizantes químicos,  este sábado se realizará el primer Mercado Agroecológico en la cancha techada de la cabecera de este municipio.

La técnica integradora Roxana Itzel Rodríguez Mundo y el técnico agroecológico Jonathan Nava Camacho –ambos de la Secretaría de Agricultura del gobierno federal– explicaron que se trata de un programa que se está trabajando en las escuelas de campo con acompañamiento técnico de producción, que en Morelos inició en el año 2019 en Temixco y Zapata y ahora llega a Tlaquiltenango.

“Se le conoce como mercado corto, en el que los productores comercializan sus productos”.

El mercado se realizará este sábado 19 de julio en la cancha techada de Tlaquiltenango, a partir de las nueve de la mañana, con productores de ése y otros municipios, que ofrecerán lo que cada uno elabora.

“Se invita a la población a asistir para adquirir los productos que se cosechan en esta región y en esta temporada, tales como jamaica, cacahuate, maíz, tamales, frutas, quesos, etcétera”.

Su producción es con bioinsumos, que sustituyen a los agroquímicos. “Lo que buscamos es la transición agroecológica, reducir los agroquímicos, con la venta de estos bioinsumos que se elaboran en las escuelas de campo y con ello, reducir los agroquímicos y producir de una manera más sana”.

Precisaron que los insumos se elaboran con lo que se tiene en cada comunidad, para no encarecer los productos. Con ellos, se abaratan los costos, incrementa la producción y se ayuda a la recuperación de los suelos, entre otros beneficios.

Señalaron que en  este mercado, los consumidores podrán observar los beneficios de utilizar menos sustancias químicas para sembrar.

Sabemos bien que estamos en un periodo de cambio político. Las pruebas están en las reformas constitucionales de finales del año pasado y las que hasta ahora se han publicado: las nuevas elecciones judiciales, la militarización del país, la eliminación de Organismos Constitucionales Autónomos clave para la tutela de derechos, entre otras. Cobra relevancia en el debate público que el Congreso de la Unión está tramitando un conjunto de reformas legales que habilitan el espionaje y la vigilancia de forma discrecional por parte del Gobierno.

La legislación reformada es la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (por el Senado), Ley de la Guardia Nacional, Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (por la Cámara de Diputados), para establecer un sistema de vigilancia sin precedentes en nuestro país, pues se autoriza a la Guardia Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia a acceder, en tiempo real, a las bases de datos biométricos, públicos y privados, como los datos bancarios, fiscales, de salud y geolocalización. Todo ello sin control judicial, es decir, sin justificación otorgada por un Juez, como sucede en los casos de las medidas precautorias o cautelares como las órdenes de aprehensión, la prisión preventiva justificada, etc. En este caso, el criterio quedará en manos del Gobierno Federal por medio de sus agencias de seguridad. Es un panorama en el que se vislumbra una vigilancia masiva y sistemática de personas.

El ejemplo más claro está en la nueva CURP biométrica, que será un requisito para acceder a servicios, propiciando la recopilación de las huellas dactilares y digitales, así como el registro del rostro, que se alojarán en una Plataforma Única de Identidad, con capacidad de monitorear a las personas en tiempo real con estos datos biométricos. En la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, promovida por el Senado de la República, introducen la “Llave MX” como una herramienta de autenticación digital que estará vinculada a la CURP biométrica. Con el reconocimiento facial, parecido al que utilizan los smartphones, las cámaras de vigilancia que coordinan los elementos de Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad podrán mantener un esquema de vigilancia permanente. Es decir, estos datos biométricos en manos del Gobierno permitirán vigilar cada compra, movimiento, transferencia e incluso actividad de teléfono celular y redes sociales de las personas. Este rastro digital estará permanentemente a disposición del Gobierno para su monitoreo.

Este nuevo marco normativo, que aún falta por aprobarse en sus Cámaras revisoras, de conformidad con el proceso legislativo federal para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, facultará a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar tareas de inteligencia con fines de “seguridad nacional”, sin necesitar de una orden judicial y sin mecanismos de control de otras agencias civiles. En suma, la discrecionalidad del espionaje con pretextos de seguridad nacional. Esta es una tendencia claramente autoritaria, habilitando el control de los asuntos públicos y privados en manos del gobierno de un partido político con proyecto hegemónico, eliminando contrapesos de poder institucionales y legislando a su favor de su proyecto en cada oportunidad.

Pero hay una argumentación que ha utilizado el Gobierno Federal, por medio de la primera mandataria, para justificar la vigilancia ante la opinión pública: la búsqueda y localización de víctimas de delitos como extorsión, secuestro o desaparición forzada. Y es que en abril de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) decidió activar el protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que estipula la facultad del Comité para poner a consideración de la Asamblea General de la ONU, con carácter urgente, que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte.

Esta situación generó una serie de descalificaciones por parte de los titulares del Ejecutivo y Legislativo Federales, quienes lo descartaron de forma enérgica. Hubo legisladores del partido en el poder que incluso cuestionaron la adscripción ideológica del Organismo Internacional por haberse atrevido a develar una profunda crisis del Estado Mexicano en la que, de forma sistemática y generalizada, elementos del Estado desaparecen particulares en todo el territorio nacional.

Incluso si justificáramos los alcances de esta legislación para responder ante la crisis de inseguridad y desapariciones que vivimos, apoyando la búsqueda de personas con estos nuevos mecanismos, los riesgos de un ciber ataque o ataque informático a las bases de datos que tendrá el Gobierno en su poder serán muy grandes. Ya hemos tenido lastimosas experiencias de hackeo o infiltración de la ciberdelincuencia en bases de datos gubernamentales; el riesgo es mayúsculo.

La oportunidad de generar mecanismos de investigación con parámetros internacionales en materia de derechos humanos, por medio de órdenes judiciales, comisiones civiles y auditorías externas que prevengan el abuso de poder, la vigilancia discrecional y propicien la protección de datos personales queda abandonada a la luz de un blindaje legal de vigilancia de Estado sin transparencia y sin controles. El autoritarismo avanza acompañado del “Gran Hermano”. Para mayores referencias, remitámonos a la novela clásica “1984”, de George Orwell. Si queremos entender lo que viene, hay que regresar a la lectura de los clásicos. Al tiempo.

Uzziel Ismael Becerra Estrada

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, “El Belicón” sí es distribuidor de droga a las órdenes de Abel Maya, y aunque esta vez logró que un juez le otorgara una libertad por falta de elementos, si sigue delinquiendo tarde o temprano va a ser detenido. Para él, lo relevante fue el operativo “a plena luz del día” pues se logró algo histórico: 19 días con sólo dos homicidios en Cuernavaca, lo que no ocurría desde hace 12 años.

El responsable de la seguridad en el estado de Morelos se da por bien servido con que se haya declarado de legal la detención de Adrián N, y que haya permanecido algunos días tras las rejas. “Espero tenga buena conducta por el bien de la sociedad”, dijo ayer en su conferencia quincenal, y al final lanzó una advertencia: “El caso del Belicón aún no termina”.

Sus palabras nos hacen pensar que no fue un error de planeación el operativo del 3 de julio en la colonia Lienzo Charro de Cuernavaca. La verdadera intención del secretario Urrutia era demostrarle a los capos del crimen organizado que tiene el poder suficiente para mandar a todas las corporaciones estatales y federales a detener a cualquier persona aunque después un juez lo suelte.

“El Belicón” no era el objetivo importante, sino lo que declarara en ese lapso entre su detención y la puesta a disposición. Y después, que siga “vendiendo elotes”.

En la conferencia de prensa de ayer, fue el reportero Nino Ascencio quien le hizo la pregunta que nosotros planteamos en una columna anterior: ¿Qué falló en el Caso Belicón?

Y la respuesta del servidor público la reproducimos textual, para que usted saque sus conclusiones:

“Respecto al Alias Belicón: yo primero quiero comentarte para que quede claro dentro de la mesa que la detención fue legal, hay que poner en claro que la detención fue legal. El siguiente proceso ante un juez es la vinculación a proceso. Nosotros como autoridades de seguridad pública en nuestra cadena de trabajo es que la detención fue legal, eso sí quiero dejártelo muy claro, la vinculación a proceso es decisión de un juez, y este juez… para mí el caso de El Belicón no es tan escandaloso como la liberación de seis personas detenidas en flagrancia en Jiutepec donde robaron un domicilio, donde las ganancias son millonarias, donde entran a saquear domicilios con personas adentro y estas personas en su camioneta tenían las propiedades robadas en la casa”.

De las acciones a realizar como consecuencia de esas liberaciones, sólo mencionó que el fiscal general del estado, Edgar Maldonado, se encargará de darle seguimiento a los casos, de acuerdo con sus atribuciones. Evitó mencionar si ya se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde.

La corresponsal de La Jornada, Rubicela Morelos, le preguntó por qué no han detenido a Abel Maya, a lo que Urrutia Lozano contestó:

“…seguimos trabajando para detener a líderes delincuenciales y eso está generando una serie de cateos que nos está dando mucha más información, porque no solamente se tenía el robo de vehículos, se tenía actos de extorsión y hay un delito que no se menciona en el estado de Morelos que es el despojo y este deja cantidades millonarias mucho más que un robo de vehículo, por eso estos líderes delincuenciales que estamos mencionando son peligrosos, se tenía protección ¿por qué no decirlo?, porque a final de cuentas esta situación también lleva a que las mismas unidades de policías municipales no reportaban y no se reportaban a la mesa de paz y seguridad esas detenciones relevantes”, apuntó. 

Dijo que ya hay órdenes de aprehensión contra Abel Maya, líder del grupo “Los Mayas” o “Los de Siempre”, al igual que contra La Rata, el Vara y el Barbas.

“Cuando llegamos no había nada de eso”, mencionó, lo que supone que estos delincuentes siempre estuvieron protegidos por el marino Antonio Ortiz Guarneros. No hay otra explicación.

“Para mí es muy importante detener a los sicarios que van y que agreden a las personas, porque muchos de los líderes criminales que actualmente operan no están en el estado de Morelos”, apuntó.

En esta conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, el titular de la SSPC dio a conocer la detención de 24 personas de nacionalidad colombiana, entre octubre de 2024 y julio de 2025, como parte del combate al sistema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota”, método de extorsión y cobro violento que afecta gravemente a comerciantes y familias en situación vulnerable.

Estas personas fueron aseguradas en 19 eventos distintos, y en varios casos se presume su vinculación con células delictivas identificadas como “Los Mayas”, “Liga de la Justicia” o “Los de Siempre”, información que ha sido compartida con la SSPC federal.

Como se puede advertir, la guerra contra los grupos del crimen organizado (principalmente Familia Michoacana y Los Mayas) es intensa, pero sobre todo al segundo. Le detuvieron sicarios, le aseguraron una residencia en la colonia Delicias, le detuvieron a sus prestamistas “gota a gota”, a sus robacoches, a sus falsificadores de documentos y lo único que faltaba: los que imprimen sus narcolonas.

El pasado 10 de julio, en un cateo realizado en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas del municipio de Jiutepec, específicamente en un local con la razón social “Rótulos, Lonas e Imprenta”, se encontraron evidencias de que en ese lugar se imprimían las lonas con mensajes intimidantes que posteriormente eran colocados en lugares estratégicos de la zona conurbada.

“Por eso es que vamos a continuar con estos operativos a plena luz del día vamos a atender las denuncias del 911 y cualquier generador de violencia va a ser investigado por la Fiscalía y va a tener el trabajo de las áreas de inteligencia y análisis de las instituciones de la Mesa de Paz y Seguridad”, advirtió Urrutia Lozano.

Ya sólo falta que Urrutia detenga a alguno de los “peces gordos” para que no se piense que su intención es llamar la atención de alguno de ellos para negociar, al estilo de Genaro García Luna.

HASTA MAÑANA.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, puso especial énfasis en sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos que representa solicitar préstamos a través de la modalidad conocida como “gota a gota”.

Esta práctica, que se entremezcla con la delincuencia organizada, ha causado serios dolores de cabeza en otras entidades y ha sido responsable de muchos delitos cometidos en el ámbito local, como amenazas, despojo, extorsión, reclutamiento forzado, trata y, desde luego, homicidio.

Por ello es importante que la autoridad estatal incluye en su estrategia de seguridad el seguimiento puntual de estos casos y combata frontalmente a estos grupos delincuenciales, que literalmente se convierten en un terror para familias enteras cuyo único error fue verse obligadas a solicitar un préstamo.

*Los dispositivos no pertenecen al C5, C4 y C2; eran utilizados para monitoreo ilegal*

A partir de la segunda quincena de febrero de 2025, inició a nivel nacional un programa para retirar las llamadas “cámaras parásitas”, las cuales son utilizadas en el monitoreo ilegal por parte de grupos delictivos en todo el país. En lo que respecta al estado de Morelos, han sigo aseguradas 93 dispositivos que no fueron reconocidos por ninguna persona, informó esta mañana el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.

“Como parte de los Operativos Interinstitucionales realizados en diversos municipios de la entidad, donde participan Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, elementos y personal de C5 de SSPC Morelos, se han detectado cámaras de videovigilancia las cuales no pertenecen al C5, C4 y C2 municipales, y están en vías de comunicación”, abundó el titular de SSPC.

Urrutia Lozano aclaró que en el estado de Morelos en total “se han retirado al menos 203 cámaras, de las cuales 110 fueron reubicadas ya que se acreditó la propiedad y se comprobó que no están al servicio de algún grupo delictivo.

Como parte de una primera etapa, Urrutia Lozano señaló que las acciones preventivas se han concentrado en siete municipios de la entidad, de los cuales cinco se encuentra ubicados en la zona metropolitana, con los siguientes resultados: Cuernavaca 33, Jiutepec 24, Temixco 15, Emiliano Zapata 5 y Huitzilac 3.

Asimismo, se han asegurado 13 “cámaras parásitas” en los municipios de la región oriente de Yautepec en las colonias Lucio Moreno, Oaxtepec y José López Portillo, mientras que en el municipio de Cuautla han sido retiradas ocho en la Colonia Casasano.

Con estas acciones, todos los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia reiteran su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de las y los morelenses. Se pone a disposición la línea de Emergencia 911, así como Denuncia Anónima 089.

*Rescatan a 48 personas víctimas de extorsión virtual; detienen a decenas de colombianos de cobro “Gota a Gota”*

*Autoridades hacen un llamado a la población para denunciar y fortalecer procesos de lucha contra la delincuencia y garantizar la paz social*

La mañana de este miércoles en conferencia de seguridad, el titular de la Secretaría de Gobierno, Juan Salgado Brito, y Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acompañados por integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, informaron sobre resultados relevantes derivados de los constantes operativos interinstitucionales que se llevan a cabo en todo el estado de Morelos para prevenir delitos de alto impacto, en beneficio directo de la población.

Urrutia Lozano destacó que acorde a la Estrategia Nacional Antiextorsión, del 01 de diciembre de 2024 al 14 de julio de 2025, se han atendido 48 actos de Extorsión Virtual en la Entidad, donde la Región Oriente presenta 20 casos, el municipio de Cuautla acumula un total de 12 eventos atendidos.

“Estos actos de extorsión virtual se han reportado a SSPC del Gobierno Federal para que se relacionen con cuentas bancarias de grupos delictivos que cometan este tipo de conductas ilícitas. Hacemos un llamado a no caer en engaños y reportar de forma inmediata al 089 cualquier intento de extorsión”, expresó.

Asimismo, señaló que uno de los operativos más relevantes fue el que derivó en la detención de 24 personas de nacionalidad colombiana, entre octubre de 2024 y julio de 2025, como parte del combate al sistema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota”, método de extorsión y cobro violento que afecta gravemente a comerciantes y familias en situación vulnerable.

Estas personas fueron aseguradas en 19 eventos distintos, y en varios casos se presume su vinculación con células delictivas identificadas como “Los Maya”, “Liga de la Justicia” o “Los de Siempre”, información que ha sido compartida con la SSPC federal.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, señaló que desde el Ejecutivo estatal se mantiene y mantendrá una coordinación con las y los diputados del Congreso local para generar las mejores coincidencias que abonen a la gobernabilidad y bienestar de las familias, como ocurrió la noche del martes 15 de julio en el cierre de sesión, donde se aprobó y reconoció la prohibición de la interpretación en espacios públicos y privados de “narco corridos”, o cualquier otro subgénero que musical que promueva la violencia o apología del delito.

Urrutia Lozano subrayó que estos logros reflejan el rumbo de la nueva política de protección ciudadana, impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia, basada en inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y atención prioritaria a los delitos que más afectan a la sociedad.

“La estrategia que hoy estamos consolidando tiene rostro humano y voluntad firme: vamos a proteger a las familias de Morelos con todo el peso del Estado. No habrá tolerancia frente a quienes pretendan sembrar miedo o impunidad”, puntualizó el titular de la SSPC.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo, y confiar en las instituciones, cuya labor está enfocada en garantizar condiciones de paz, justicia y convivencia digna.

El director de la Policía Vial de Cuernavaca, Antonio Tencle Santiago, informó que en los 36 operativos de "Moto segura" han recuperado nueve motocicletas con reporte de robo.

Dijo que estos operativos continuarán durante el periodo vacacional de verano.

También reveló que aplican hasta 700 infracciones por semana y éstas se han elevado por la circulación de motos y que no se respeta el reglamento de tránsito.

Tras la prohibición de narcocorridos que aprobó el Congreso del estado de Morelos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, celebró esta determinación porque ayudará a fomentar la paz.

El edil anotó que le parece correcta esta decisión que tomaron los diputados, porque cada vez que una persona entona cantos inspirados en hechos ilícitos provoca que alguien quiera repetirlos.

"No estamos para eso, porque la concepción de paz tiene que ver con valores", apuntó Urióstegui Salgado.

El Gobierno de Estados Unidos retiró a 2 mil soldados de la Guardia Nacional desplegados en junio en Los Ángeles, California, por orden del presidente Donald Trump, durante las protestas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Gracias a nuestras tropas que acudieron a la llamada, la anarquía en Los Ángeles está remitiendo. Como tal, el secretario (de Defensa, Pete Hegseth) ordenço la liberación de 2 mil miembros de la Guardia Nacional de California de la misión de protección federal”, informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado al que tuvo acceso EFE.

En junio, más de 4 mil miembros de la Guardia Nacional fueron enviados por Trump a la ciudad, sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom.

El objetivo era resguardar edificios federales y apoyar a las fuerzas del orden, luego de que algunas de las protestas, aunque en su mayoría pacíficas, se tornaran violentas.

Además de los elementos de la Guardia Nacional, el presidente también ordenó el despliegue de más de 700 infantes de marina en la zona.

La medida provocó un conflicto entre la Casa Blanca y el gobierno estatal. No obstante, un tribunal federal de apelaciones en California falló a favor del presidente, permitiéndole mantener el control de las tropas.

Newsom afirmó este martes en un comunicado que el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles "ha alejado a las tropas de sus familias y vidas civiles para servir como peones políticos del presidente".

“Mientras que casi 2 mil de ellos están empezando a desmovilizarse, los miembros de la guardia restantes continúan sin una misión, sin dirección y sin esperanzas de regresar para ayudar a sus comunidades. Pedimos a Trump y al Departamento de Defensa que pongan fin a este teatro y envíen a todos a casa ya”, señaló.

El Ayuntamiento de Jiutepec, encabezado por el alcalde Eder Rodríguez Casillas, a través de la Coordinación de Asuntos Migratorios, ha brindado más de seis acompañamientos a personas repatriadas desde Estados Unidos, como parte del compromiso del gobierno municipal con los derechos y la dignidad de las personas migrantes.

Entre las acciones realizadas por la coordinación destacan cinco procesos de repatriación y el traslado de un cuerpo desde el extranjero para su sepultura en territorio jiutepequense, en atención a la solicitud de sus familiares.

Estas gestiones, además de ofrecer un acompañamiento humano, han significado un respaldo económico directo para las familias, ya que el costo de un traslado de esta naturaleza puede superar los 100 mil pesos mexicanos.

La Dirección de Asuntos Migratorios ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno del Estado de Morelos, lo que ha permitido agilizar trámites migratorios y brindar una atención más rápida y eficiente a quienes atraviesan por situaciones complejas en el extranjero.

Al respecto, el presidente Eder Rodríguez Casillas, expresó “en Jiutepec no dejamos solas a las familias migrantes. Entendemos el dolor y la dificultad que representa un proceso de repatriación, y por eso brindamos apoyo institucional y humano. Nuestro compromiso es seguir acompañando a quienes más lo necesitan, con sensibilidad, respeto y acciones concretas que alivien su carga” aseguró.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la población migrante, ofreciendo apoyo solidario y permanente que contribuya a reducir las cargas económicas y emocionales para las familias jiutepequenses.