La supermodelo brasileña Gisele Bündchen, de 44 años, está embarazada por tercera vez. Este será su primer hijo junto a Joaquim Valente, instructor brasileño de jiu-jitsu y su actual pareja. Según información publicada por TMZ, Bündchen tendría entre cinco y seis meses de embarazo. Aunque la pareja ha sido discreta sobre su vida privada, se sabe que Bündchen y Valente se conocieron en 2021 y comenzaron su relación romántica aproximadamente ocho meses después de que la modelo finalizara su matrimonio con el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

La relación entre Bündchen y Brady, una de las más icónicas de la industria del entretenimiento, llegó a su fin en octubre de 2022. Desde entonces, Bündchen ha encontrado una nueva etapa en su vida junto a Valente, con quien comparte una conexión basada en la admiración mutua y su interés por el bienestar y la actividad física. Fuentes cercanas han confirmado que la pareja ha dado este importante paso en su relación, esperando ahora a su primer hijo en común.

Gisele, madre de dos hijos de su matrimonio con Brady –Benjamin, de 14 años, y Vivian, de 11–, ha decidido mantener en reserva el género de su próximo bebé hasta el nacimiento, como lo hizo con sus hijos anteriores. La llegada de este nuevo miembro marca una nueva etapa en su vida personal y profesional, y los seguidores de la modelo han expresado entusiasmo y apoyo en redes sociales.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, enfatizó que los legisladores deben respetar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que determinen la imposibilidad de llevar a cabo la elección de jueces y magistrados, como propone el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Durante una entrevista en el Senado de la República, Anaya subrayó que ignorar la resolución de la Corte podría llevar a una crisis constitucional.

“Se deben acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque de no acatarse una resolución de la Corte entraríamos a una crisis constitucional. Es decir, por un lado, el Poder Judicial diciendo una cosa, y por otro lado el Ejecutivo y el Legislativo diciendo lo contrario, y ya no hay otro poder que pueda dirimir. Quedaría el asunto trabado, por eso se hablaría de una crisis constitucional”, explicó el excandidato presidencial.

Anaya instó a sus colegas a abordar cualquier desacuerdo mediante los canales institucionales formales.

“El llamado es a que con madurez acatemos lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que cualquier diferencia que podamos tener sepamos encauzarla y dirimirla a través de las instituciones, a través de los canales formales”, agregó.

Este lunes, el ministro González Alcántara Carrancá sugirió invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados de Distrito. Esta propuesta está programada para discusión en el Pleno de la SCJN, aunque aún no se ha definido una fecha.

“Mi llamado es a que se acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus términos una vez que el asunto sea votado. Por ahora lo que conocemos es un proyecto, habrá que esperar a la discusión y a la votación pero una vez que se haya resuelto en última instancia esa resolución se debe de acatar”, concluyó Anaya.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado una propuesta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide la elección por voto popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, incluida en la reciente reforma judicial.

En su proyecto, publicado este lunes, el ministro argumenta que dicha reforma vulnera la independencia judicial y la división de poderes, esenciales para garantizar un proceso justo y un tribunal imparcial.

González Alcántara considera que permitir elecciones simultáneas de cargos judiciales junto con las del poder ejecutivo y legislativo puede generar una influencia política que comprometa la imparcialidad de los jueces.

Además, en su propuesta, sugiere eliminar la figura de "jueces sin rostro" y propone restricciones para que las suspensiones y declaraciones de inconstitucionalidad en juicios de amparo no tengan efectos generales.

Asimismo, el ministro plantea la inconstitucionalidad de la reducción salarial de magistrados y jueces, argumentando que esto vulnera la estabilidad e independencia judicial, pues afecta la inamovilidad y el salario irreductible, ambos elementos fundamentales de la autonomía judicial.

El proyecto establece que solo subsistirá la elección por voto popular para ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial.

Para ser aprobado, la propuesta necesita 8 votos en el Pleno de la Corte, y hasta ahora, las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel han manifestado su apoyo a la reforma.

Siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluido el bloque mayoritario encabezado por la ministra presidenta Norma Piña, están preparando su renuncia al cargo para evitar participar en la elección judicial de 2025, contemplada en la reforma del sistema de justicia.

Fuentes federales han confirmado que entre quienes presentarán su renuncia antes del 30 de octubre, efectiva en agosto de 2025, se encuentran los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, y la ministra presidenta.

El ministro Luis María Aguilar Morales no se sumará a esta renuncia ya que su mandato concluye el 30 de noviembre de este año. Conforme a la reforma judicial, los cargos de los ministros estarán sujetos a elección pública en 2025, en la cual podrán postularse como candidatos.

Sin embargo, solo tres ministras han expresado abiertamente su interés en participar en esta elección: Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz.

La reforma también propone que jueces y magistrados federales sean elegidos por voto popular en 2025, un punto que podría ser invalidado próximamente.

El ministro González Alcántara Carrancá ha propuesto un proyecto que sugiere anular partes de la reforma, especialmente aquellas relacionadas con la elección de estos juzgadores, mientras que avalaría la elección de ministros y magistrados electorales.

Esto reduciría de manera significativa el costo de la elección, que el Instituto Nacional Electoral (INE) calcula en más de 13 mil millones de pesos para más de 800 puestos judiciales.

La docente Ana Delia Galicia Aguilar demanda apoyo de la gobernadora, tras ser removida de la primaria "Rufina Rodríguez Guillermaud" por denunciar corrupción.

En conferencia de prensa, la profesora dio a conocer que desde hace ocho meses fue sacada del centro de trabajo donde llevaba 15 años y actualmente sigue siendo blanco de acoso laboral.

Galicia Aguilar dijo que jamás se investigaron las denuncias por manejo irregular de recursos de cuotas, kermeses y otros, en la primaria ubicada en Jiutepec.

Asimismo explicó que fue cambiada a la escuela "Ignacio Ramírez López", donde no le dieron grupo, la asignaron a permanecer en la dirección y ahora pretenden sacarla y no tiene lugar de clases.

Llamó a la gobernadora y a la secretaria de Educación a escucharla, pues sostiene que también ha sufrido violencia laboral por parte de funcionarios del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), organismo que no ha resuelto el caso.

Desde 1994, la Suprema Corte de Justicia ha recibido solo tres solicitudes para revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales, según reveló el ministro Luis González Alcántara Carrancá en su proyecto sobre la reforma judicial.

En una de las notas al pie del documento, se destaca que Morena fue el partido que impulsó la tercera solicitud en 2016.

La revisión fue solicitada por el entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó ante el máximo tribunal que la Corte podía y debía intervenir en reformas constitucionales cuando se observaban posibles violaciones a derechos humanos, especialmente de contenido político.

En ese escrito de 2016, AMLO citó jurisprudencia internacional y sostuvo que el poder constituyente sí podía violar la carta magna y, por lo tanto, debía ser controlado por la Suprema Corte.

El abogado José Mario de la Garza encontró este documento y señaló las diferencias entre la postura de López Obrador en 2016 y la postura política dominante este 2024:

¿Por qué en 2016 el Poder Reformador de la Constitución no era “un ente soberano” y la fiel cristalización de la voluntad popular desprovisto de cualquier límite? 

¿Por qué habrá considerado AMLO que ese Poder Reformador debía de ser controlado por la SCJN cuando excediera su mandato y transgrediera derechos humanos? 

¿Por qué en 2016 el control de constitucionalidad era indispensable y hoy lo ven como una amenaza? 

¿Por qué no se les ocurrió en ese momento elevar a rango constitucional la fracción I del artículo 61 de la LA? 

Esta contradicción ha suscitado cuestionamientos sobre la congruencia de la postura oficialista: cuando sus intereses políticos lo requieren, exigen el máximo control de constitucionalidad; pero ahora, buscan eliminar cualquier posibilidad de control sobre las normas constitucionales negando los argumentos que usaron en ese lejano 2016. 

Esta reforma de “supremacia constitucional” es la máxima expresión de su incongruencia, pretendiendo borrar la historia que los exhibe y hipotecando el futuro de nuestros derechos por conveniencia política. 

El cuerpo policiaco tendrá la misión de disuadir las conductas delictivas y apoyar a los visitantes en el centro histórico de Cuernavaca.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) estrenará durante la celebración del Día de Muertos el nuevo agrupamiento de la Policía Turística, con la finalidad de disuadir las conductas delictivas y apoyar a los visitantes nacionales y extranjeros en el Centro Histórico de Cuernavaca.

Durante la conferencia semanal del gobierno estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPyPC, anunció que el próximo 1 de noviembre, en las instalaciones de la Vigésimo Cuarta Zona Militar, se hará la presentación oficial de este nuevo grupo policial que, inicialmente, contará con 20 elementos.

Explicó que estos oficiales realizarán recorridos en el centro de la capital morelense, especialmente en zonas de restaurantes y de interés turístico, y gradualmente recibirán capacitación en el aprendizaje del idioma inglés para la adecuada interacción con los turistas extranjeros que necesiten  información, orientación o apoyo.

Agregó que si bien los elementos estarán capacitados para la atención a los visitantes nacionales y extranjeros, su principal misión será la disuasión de actividades ilícitas en el Centro Histórico de la capital morelense.

Agregó que también el próximo viernes se entregarán 36 patrullas a 25 ayuntamientos, y se anunciará el aumento salarial a los elementos de la Policía Industrial Bancaria (PIBA).  

Presentan iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del estado.

Para terminar con la parálisis que existe en la Coordinación de Movilidad y Transporte para la realización de trámites y servicios en control vehicular, la diputada morenista Jazmín Solano López presentó ante el Pleno del Congreso del estado la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del estado.

La propuesta plantea una armonización de la Ley de Transporte con el decreto de creación de la Coordinación de Movilidad y Transporte, a fin de otorgar certeza jurídica en todos los trámites a los usuarios y transportistas.

La diputada Jazmín Solano, que es la iniciadora de la propuesta, plantea integrar la Coordinación como organismo público descentralizado en la ley, en sustitución de la extinta Secretaría de Movilidad y Transporte.

Con tal adecuación se garantizará certeza en los trámites y servicios en control vehicular, a fin de que se restablezcan lo antes posible y se eviten más problemas sociales.
Cabe mencionar que el viernes pasado, el Coordinador de Movilidad y Transporte, Josué Fernández Fernández, confirmó que seguían detenidos los trámites en el organismo y que sería hasta noviembre cuando se reactivarían.

En tanto, transportistas advirtieron de los problemas que significará que no puedan dar de alta sus vehículos y que los taxis y rutas no puedan renovar sus títulos de concesión. 

Iniciará análisis del presupuesto del gobierno del estado para el 2025.

El Congreso del estado alista las primeras comparecencias de los secretarios de despacho, a fin de iniciar el análisis del paquete económico del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2025.
Los primeros en asistir al Congreso local serán la secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga; el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, y el secretario de Administración, Jorge Salazar Acosta.

El presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Daniel Martínez Terrazas, informó que dichos encuentros tendrán que iniciar en los próximos días, para garantizar que el Presupuesto del estado se apruebe en tiempo.

"Es importante saber cuál es el plan de gobierno y no esperarnos a los términos para ver este tema. Esperamos más reuniones formales donde se planteen las estrategias en materia presupuestal y hacer un análisis a fondo, y que no suceda como a nivel federal, que se apruebe en 20 minutos. Queremos haya un análisis exhaustivo", anotó.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Poder Legislativo deberá aprobar el Paquete Económico 2025, a más tardar el 15 de diciembre. 

Dan seguimiento a acciones de seguridad acordadas con autoridades.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, se han implementado patrullajes y recorridos exploratorios como parte de las acciones acordadas en reuniones realizadas entre la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario de la UAEM, la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, autoridades de seguridad pública estatal, Protección Civil y el Ayuntamiento de Cuernavaca, informó María Delia Adame Arcos, secretaria General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Dijo que actualmente hay 100 cámaras de videovigilancia en el interior y exterior de las instalaciones del campus Chamilpa, aunado a los sistemas que cada unidad académica coloca en sus pasillos y estacionamientos.

Otra de las acciones notables son los sobrevuelos del helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la zona del campus Chamilpa, que se extiende a la zona de la salud en la colonia Los Volcanes. Además, agregó Adame Arcos, hay presencia permanente de patrullas de la Guardia Nacional y la Policía de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, en el exterior de los accesos al campus Chamilpa.

La secretaria general expuso que como resultado de las marchas exploratorias en donde se identificaron las áreas de riesgo en el interior y exterior del campus, ya se trabaja en la instalación de luminarias propias. Además, se atiende la poda de árboles, particularmente en la salida a la autopista México-Cuernavaca y frente a la Unidad Deportiva Chamilpa, con el fin de contar con mayor iluminación dijo.

En el caso de las sedes universitarias ubicadas en otros municipios, informó que directores de unidades académicas ya se reúnen con instancias de los municipios, para solicitar los apoyos y contar con mayor vigilancia con patrullaje en las inmediaciones de las sedes.

María Delia Adame recordó que como parte del Plan Integral de Seguridad y la Dirección de Protección Universitaria, capacitan a la comunidad estudiantil, docente y de trabajadores administrativos en temas de prevención y autocuidado; incluso, se planea la instalación de botones de pánico en áreas estratégicas y cercanas a las unidades académicas.