Piden auditar a Unidos por Morelos y señalan que no se sabe dónde está el dinero de los donativos aportados para la reconstrucción.

Habitantes de Tlaquiltenango damnificados por el sismo del 19 de septiembre se instalaron en plantón este martes frente al palacio de gobierno y bloquearon las salidas de la sede principal del Poder Ejecutivo en demanda de que se liberen recursos para la reconstrucción de viviendas con daño total en sus localidades.

Los inconformes denunciaron que el pasado 14 de septiembre se manifestaron en la plaza Emiliano Zapata para exigir que se les entreguen los recursos federales y estatales destinados a apoyar a quienes perdieron sus viviendas por el temblor.

Ese día, aseguraron, se acordó con el director de Gobierno, Salvador Díaz Cerón, que el lunes siguiente se entregarían dos millones de pesos para apoyar a cuando menos 13 de las 30 familias afectadas por pérdida total.

Sin embargo, aseveraron que sólo buscaban que se retiraran para dejar que se llevara a cabo la ceremonia de El Grito de Independencia, pero no cumplieron.

Por ello decidieron instalarse en plantón, a sólo unos días de que concluya la actual administración, hasta que el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, entregue el dinero a los damnificados.

Manifestaron que hay alrededor de 30 afectados en las comunidades de Huautla, Coaxitlán, Xicatlacotla, Nexpa, Santiopan, Tres de Mayo y Celerino Manzanares que jamás recibieron el dinero del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), no obstante que sufrieron la pérdida total de sus viviendas y son familias muy pobres, algunos con capacidades diferentes y otros adultos mayores y madres solteras.

Reiteraron que algunos de ellos recibieron tarjetas del Fonden y otros de Unidos por Morelos, pero no tenían fondos o no tenían el dinero suficiente para reconstruir las casas con daño total.

Desde el mediodía instalaron casas de campaña en la plaza de armas, frente a la puerta principal del palacio de gobierno y, poco después de las 15:00 horas, se apostaron en los accesos del inmueble para impedir la salida de los trabajadores del palacio, pues aseguraban que no permitirían la salida de nadie hasta que se presentara en el lugar el secretario de Hacienda.

Por otro lado, en la mañana, un grupo de damnificados de la unidad habitacional Tetelcingo -de igual manera- se manifestaron este martes en el zócalo de Cuernavaca para demandar que se hagan auditorías sobre el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción por el sismo, ya que pasó un año y muchas familias siguen viviendo en casas de campaña o con familiares.

Los habitantes de la unidad habitacional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Tetelcingo, explicaron que de 198 damnificados en esa zona, hubo 28 departamentos con pérdida total y a ninguno de ellos se le ha cumplido con la reconstrucción.

María Teresa Vázquez, representante de ese grupo de afectados, dijo que desde los primeros meses de este año las autoridades se comprometieron a reconstruir las viviendas afectadas. “Lamentablemente, pasando las elecciones la realidad cambió, porque ya no se cumplió con la reparación de los departamentos, no le han pagado a la empresa constructora y los trabajos están parados”.
Los afectados señalaron que mejor ha llegado el apoyo de fundaciones que del gobierno. Aseguró que se están arreglando únicamente 35 departamentos y el organismo Unidos por Morelos resultó “una farsa”, puesto que no les depositaron recursos como se había prometido. “Hay casos como el de una señora a la que sólo le dieron 800 pesos; con eso no se puede hacer nada”, abundó la vocera.

“Ojalá que el próximo gobierno y los diputados se dediquen a investigar mediante auditorías, porque no es posible que a un año del sismo sigamos mendigando ayuda”, expresó, al llamar al gobierno entrante a auditar de fondo el manejo de todo el dinero que llegó a Morelos para los afectados por el sismo, cuyo paradero “se desconoce”.

 

 

 

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El incumplimiento en la reparación de escuelas afectadas por el sismo genera reclamos a lo largo y ancho de la entidad que terminan en cierre de calles y carreteras.

Pobladores de Chamilpa y padres de familia de la Primaria “Unesco” bloquearon vialidades en torno a la glorieta de la Paloma de la Paz e, incluso, el acceso principal de la autopista México-Cuernavaca a esta ciudad, en reclamo por que no ha sido entregado el plantel que sufrió daño total por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Desde la semana pasada, los jefes de hogar advirtieron que se movilizarían si no tenían respuesta de las autoridades educativas y de obras públicas, ya que desde que inició el ciclo escolar, sus hijos no han tenido clases.

Explicaron que debido a los daños ocasionados por el temblor del 2017, concluyeron el año escolar anterior en sedes alternas, donde los alumnos no contaban con condiciones adecuadas y en este curso no han tenido atención de maestros de forma normal.

Las profesoras sólo les dejan tareas y trabajos con fotocopias de materiales que los niños tienen que realizar en casa, porque el centro escolar no ha sido reconstruido.

Reiteraron que de acuerdo con las versiones oficiales iniciales, el centro escolar sería demolido y reconstruido, pero sólo le han hecho reparaciones que -desde su punto de vista- son superficiales. Comentaron que se están colocando barras de metal sin cimientos y temen por la seguridad de los alumnos en caso de sismos en el futuro.

Los manifestantes recordaron que ya pasó un año de la tragedia del temblor y no les entregan la escuela, y sólo ven a dos trabajadores en la obra y durante algunos ratos.

Pedro Miranda Miranda, presidente del comité de padres de familia de la escuela, destacó que las autoridades del IEBEM sólo les “dan largas” desde el año pasado y les hacen dar vueltas a una y otra oficina, pero no ven avances claros en la reconstrucción.

Los jefes de familia se concentraron por la mañana frente al plantel en el poblado de Chamilpa, donde estuvieron por más de una hora, pero nadie les hizo caso. Por lo tanto, decidieron -con el apoyo de más habitantes del poblado de Chamilpa- movilizarse. Aseguraron que tenían una cita este jueves con un arquitecto de nombre Modesto Rangel, presuntamente del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), sin embargo, no llegó.

Molestos por lo sucedido, marcharon desde ese punto hasta la glorieta de la Paloma de la Paz. Con piedras y vallas humanas cerraron en un primer momento la avenida Colegio Militar, posteriormente bloquearon -en ese mismo cruce- la vialidad Domingo Diez.

Ante la ausencia de autoridades en el lugar, como lo exigían pasado el mediodía, bloquearon también el acceso de la autopista México-Cuernavaca hacia esta capital.

Por lo anterior, la Policía Federal puso en marcha un operativo en la autopista para desviar el tránsito vehicular, desde el referido entronque hacia otras entradas a Cuernavaca.  

 

 

 

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La familia Hernández Vargas se resiste a que sea demolida su casa dañada por el 19-S, ya que “es un sacrificio de más de 30 años” de trabajo.

Miacatlán.- En la comunidad de Coatetelco, a un año del sismo, don Jorge Hernández aún busca salvar su casa, el patrimonio de 30 años de trabajo, donde vivían cuatro familias, pues quedó fracturada por el moviendo de la tierra. A pesar de que no recibió ayuda del Fonden y el programa estatal “Unidos por Morelos”, una de sus hijas fue apoyada por una fundación para la construcción de una nueva vivienda, al igual que su esposa. Sin embargo, no ha sido fácil para él seguir adelante.

Tras los daños en su casa que dejó el sismo el año pasado, la familia Hernández Vargas, que tiene su domicilio en la calle 16 de Septiembre de la colonia Pedro Saavedra en Coatetelco, se resistió a refugiarse en un albergue; en cambio, se instaló en el patio de su casa, en el área donde tenían gallinas y animales domésticos de traspatio, para no dejar sola su propiedad y evitar el saqueo de sus pertenecías, y aunque fue censado, nunca aceptó que su casa, de dos plantas, fuera demolida, pero tampoco ha recibido el apoyo de ambos programas.

En su casa, vivían cuatro familias. Tras el paso de los meses, los hijos de Jorge Hernández salir de su vivienda para rentar. Hoy, la Fundación Échale a Tu Casa le construye dos casas, una para él y su esposa y otra para una de sus hijas. Mientras tanto la casa dañada se encuentra sujetada por polines y la esperanza de que sea rescatada mediante resanado de las fracturas y colocación de castillos mucho más fuertes.

“Es un sacrificio de más de 30 años. Sacrifiqué a mis hijos cuando eran pequeños para que tuviéramos nuestra casa y queremos rescatarla a pesar de que se fracturó en diferentes puntos”, relató don Jorge. 
"Ahorita aquí vivíamos cuatro familias y ahorita estamos nada más mi nuera con sus hijos y mi esposa y yo, porque es complicado y además las lluvias nos han afectado más. En el mes de noviembre una fundación que se contactó a través del arquitecto Reinaldo, originario de la comunidad, nos apoyó con lonas, cobijas, despensas; un mes y medio regresó y me dijo que se limpiaría el patio y que a través de la Fundación Échale a Tu Casa se realizarían los trabajos de reconstrucción, casas básicas, pequeñas, pero bien construidas. Desde hace cuatro meses comenzaron a trabajar y en unos meses más podrían terminarlas", relató.

Hasta hace un mes, fueron citados por personal de la Sedatu. Los funcionarios les dijeron que siempre sí recibirán apoyos del Fonden, porque a pesar de que contaban con el folio desde hace un año, no les entregaron nada.

Don Jorge comentó recibió una tarjeta sin fondos y nunca pudo adquirir ni material ni disponer del dinero.

"Aquí estamos aunque nos dicen que es riesgo porque la casa se puede caer en caso de otro sismo. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Estamos alejados y con la inseguridad podríamos perder lo poco que nos queda y sobre todo queremos rescatarla y regresar ahí, al patrimonio de toda una vida", añadió.

 

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La comisión de transición fue informada de que los datos los recibirán “hasta el 30 de septiembre”; Sanz Rivera anuncia que el 1 de octubre comenzarán las auditorías.

Ayer miércoles las comisiones de transición del gobierno estatal se reunieron por penúltima vez, pero el equipo del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que no se entregó toda la información financiera a fondo que fue requerida. La administración actual se comprometió a entregarla hasta el 30 de septiembre, pero de no ser así, desde el primero de octubre iniciarán las auditorías.

José Manuel Sanz Rivera -coordinador de la comisión de enlace de la gestión entrante- dijo que el encuentro “no fue lo que se esperaba”, ya que no se les dieron datos fundamentales para conocer a detalle el estado que guardan las finanzas. No se les informó acerca de adeudos a proveedores, los recursos que hay en cuentas, si existe liquidez, entre otros rubros.

Mencionó que la comitiva del gobierno en funciones, les indicó que la información de Tesorería se presentará hasta el 30 de septiembre, cuando se hagan los cortes finales.

“Hay una serie de situaciones que no nos gustan en la cuestión financiera, tener esa radiografía de cómo se encuentra el Estado, pues no la vamos a tener hasta el día 30 de septiembre, que nos han dicho que ahí nos van a entregar cómo está toda la situación financiera. Por lo tanto, nos metemos en lo que ya habíamos pensado, en la administración el primero de octubre, ya lo teníamos previsto, con los auditores con todo para que lo más rápido posible tengamos la radiografía del estado que nosotros necesitamos”, enfatizó Sanz Rivera.

Abundó, en esta negativa del gobierno saliente, al expresar: “nos entregaron una serie de información de las diferentes áreas, yo creo que debe ser más profundo. Yo mencioné pues que cada uno sabe lo que tiene definitivamente, y que moral y éticamente se tiene que abrir la puerta de par en par; ellos consideran que lo han hecho, nosotros consideramos que no, y bueno pues, como les digo, nos iremos al día 30 de septiembre”.

Por su lado el actual secretario de gobierno Ángel Colín expresó, al finalizar el encuentro, que podría haber más reuniones en el tiempo restante para detallar datos sobre las diversas áreas.
Recordó que por ley, se hará el proceso administrativo de entrega recepción oficial de cada secretario hasta el primero de octubre. Antes la ley se los impide, aseguró, sin mencionar los fundamentos.

En entrevista previa, el delegado nacional y presidente en funciones del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, José Manuel Sanz Rivera, rechazó la versión de que el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pretenda crear un nuevo partido.

"Es totalmente falso, no sé de dónde salió eso", expresó, al tiempo de precisar que para la dirigencia nacional de Encuentro Social no está todo perdido y existe esperanza de recuperar el registro.

Ante la disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) de que sean recuperados los recursos de ese instituto político, recordó que el PES seguirá en Morelos en un momento dado, como partido estatal; "al menos aquí somos un partido pobre...", apuntó.

De igual manera, dijo que la conformación del gabinete está en proceso y sólo el gobernador electo es el indicado para darlo a conocer, en el momento que él así lo decida. Los anuncios que han sido publicados no pueden ser ciertos, sostuvo.

José Manuel Sanz anotó que tampoco hay diferencia alguna con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos traición, como se ha publicado en algunos medios de comunicación.

Lamentó que faltan pocos días para que concluya la actual gestión y para el equipo de Blanco Bravo hay muchos asuntos que deja pendientes: "estamos viendo muchos focos rojos, ustedes verán todo lo que va a ocurrir; es una cuestión que lastima a todo el estado... Vienen problemas en el magisterio, en salud, en transportes, de seguridad, en la universidad", indicó.

Finalmente, Sanz Rivera comentó que van a solicitar información puntual a la actual administración, sobre el avance en la gestión de recursos para la reconstrucción ante el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinados a la reconstrucción, ya que es una de las prioridades del próximo gobernador.

 

 

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En Morelos se llevaron a cabo simulacros en escuelas, oficinas públicas estatales y federales, así como en empresas y plazas comerciales.

En conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y de los aniversarios de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017, en Morelos se llevaron a cabo simulacros en escuelas, oficinas públicas estatales y federales, así como en empresas y plazas comerciales.

El coordinador de protección civil del estado, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, aseguró que se cumplió con el propósito de promover la cultura de la prevención, con la participación de miles de personas que en punto de las 13:16 horas llevaron a cabo simulacros, como en otras entidades del país y en la Ciudad de México.  

La Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos informó que el simulacro fue de evacuación por sismo, y se efectuó en sitios como la cínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Caminos y Puentes Federales, el Congreso local, la universidad del estado, escuelas de todos los niveles escolares (en dos turnos matutino y vespertino) y en delegaciones federales. Además en plazas como Galerías, Averanda, Forum, Plaza Cuernavaca, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), centros e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Morelos, entre otros.

Apuntó que se dará el recuento final en la clausura de la Semana Estatal de Protección Civil este viernes, en el contexto de un macrosimulacro en el parque industrial de Civac.

Explicó que en el caso de lo que estaba programado en el palacio de gobierno, se llevó a cabo “un simulacro interno”, es decir, que el personal salió de sus oficinas, pero se quedó en los pasillos. No egresó hasta la plaza Emiliano Zapata, como se realiza habitualmente, ya que había una manifestación de estudiantes de la Normal de Cuautla.

“El protocolo indica que si hay algún impedimento en la salida, las personas se tienen que replegar en sitios seguros como son trabes, columnas y, después, de manera ordenada, ir a las salidas de emergencia para evacuar el inmueble”, expresó, al asegurar que el resto de las actividades del simulacro se llevaron a cabo.

Cabe señalar que los manifestantes habían acordado que permitirían la realización del simulacro, incluso despejaron la entrada principal al palacio, formaron una valla alrededor de lo que se conoce como “Plaza de Armas”, pero la gente del edificio público no salió.

 

El Fonden nos quedó a deber: Graco Ramírez

Desde temprana hora de este 19 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del año pasado; se izó la bandera a media asta, en señal de duelo por las personas que perdieron la vida en ambos desastres naturales.

En su intervención, el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu sostuvo que es necesario revisar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

"No podemos dejar de reconocer el amor y la solidaridad que muchos mexicanos y extranjeros nos dieron en esos días difíciles", expresó el titular del Poder Ejecutivo, al recordar que en el sismo del año pasado, 74 personas perdieron la vida en Morelos.

El gobernador hizo notar que al contar con el sistema C5 fue posible una mejor conectividad e identificación de daños; además reconoció a los maestros de Morelos que momentos antes realizaron un simulacro, lo que permitió cero pérdidas de vidas humanas en centros escolares.

También reconoció la labor de cuerpos de emergencia civiles, al ejército y, en particular, al personal de hospitales y centros de salud.

De igual forma, aseveró que no hay justificación alguna para suspender las labores de reconstrucción después del primero de octubre, porque “el dinero ahí está y no lo maneja el estado, lo opera Banobras”, y subrayó que no importa el cambio de administración y Morelos debe seguir en la reconstrucción.

Manifestó que "el Fonden nos ha quedado mucho a deber", en tanto que aseguró que el gobierno estatal aportó los recursos que le correspondían; añadió que con un refuerzo estatal se ha logrado cubrir alrededor del 60% de las casas dañadas.

Consideró que es necesario revisar el Fonden, pues "es increíble" que se vaya revisando con criterios burocráticos y cada dos meses, desde el escritorio, las solicitudes de recursos ante emergencias como los sismos.

Ante los cuestionamientos que han hecho organizaciones sociales sobre el manejo de los recursos, insistió en que se han dirigido a la reconstrucción e insistió en que hay fondos que se deberán aplicar en la siguiente administración.

En su intervención, el secretario de Gobierno, Ángel Colín López, recordó que Morelos es ahora territorio sísmico y desde esa fecha se han registrado más de un millar de movimientos menores.

El funcionario estatal enfatizó que los sismos no son predecibles, pero se ha desarrollado tecnología y han mejorado estrategias para una reacción más oportuna.

Colín López destacó el desarrollo de la cultura de la protección civil y enfatizó que en la desgracia ha crecido el valor de la solidaridad.

 

 

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A un año del sismo, la escuela “Unesco” no ha sido reconstruida, se quejan los jefes de hogar.

Padres de familia de la Primaria “Unesco”, ubicada en el poblado de Chamilpa, en Cuernavaca, denunciaron que en todo lo que va del presente ciclo escolar, sus hijos no han tenido clases y, a un año del sismo, el plantel no ha sido reconstruido. Reclamaron que en lugar de haber demolido el inmueble, sólo se están haciendo “remiendos”.

Los inconformes señalaron que desde el ciclo 2017-2018, los cerca de 200 estudiantes perdieron muchas clases y, ahora, en el actual período, no han tenido actividades normales con maestro frente a grupo.

Sólo reciben asesorías de los profesores con fotocopias de algunos materiales pedagógicos, pero no están acudiendo en horarios normales al centro escolar. Admitieron que la mayoría de los padres no aceptó que los niños acudieran de nueva cuenta a tomar clase en la ayudantía o en alguna cancha, pues no tienen las condiciones adecuadas para el aprendizaje y tampoco había medidas de seguridad para los menores.

Pero resaltaron que el compromiso de las autoridades, era que la escuela estaría reconstruida antes de que comenzara este año 2018-2019. Refirieron que la obra comenzó hasta marzo pasado, varios meses después del siniestro.

Encima de lo que han tenido que enfrentar, los papás y mamás de los alumnos expresaron su enojo porque han observado que no se demolió la escuela, “sólo están haciendo remiendos”, con reparaciones que consideran inadecuadas.

Comentaron como ejemplo que se están colocando unas vigas de metal en algunos muros, pero dichos postes no tienen cimientos, sólo están “sobrepuestos” desde el nivel del piso. Mencionaron que ante esta inquietud, las autoridades escolares no les han explicado si se trata de alguna nueva técnica de construcción, ni les han rendido cuentas claras sobre el dinero que asignó para ese plantel el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pues hasta donde tienen conocimiento, ese centro escolar fue clasificado como daño total y sería reconstruido por completo.

Advirtieron que si no hay una respuesta este día, cuando se cumple un año del sismo, realizarán una reunión con el apoyo del pueblo de Chamilpa para analizar la situación y acordar las acciones de protesta que habrán de realizar.

 

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Ayer comparecieron ante el Congreso las secretarias de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, y de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez.

Diputados locales afirmaron que la información obtenida de las comparecencias de los secretarios de despacho ante el Pleno  del Congreso servirá como elemento para iniciar procesos legales ante supuestas omisiones del gobierno estatal en materia de obra pública, educación y el ejercicio de los recursos públicos.

Ayer tocó el turno de rendir cuentas a las secretarias de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, y de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez.

En ambas comparecencias los diputados reclamaron por la entrega de datos maquillados o a medias, sin responder a dudas como el avance en la reconstrucción de viviendas y escuelas, así como la inversión que se ha hecho en este proceso. 

Los diputados cuestionaron a Patricia Izquierdo de las obras sin concluir, que para la funcionaria sólo son 187 proyectos. 

Sin embargo, los legisladores afirmaron que la mayoría de las obras inauguradas no fueron terminadas, como es el caso de la sede legislativa, que ya registra fallas como humedad y fracturas en paredes y loseta.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, del Partido Encuentro Social (PES), aseveró que para todos es conocido que las obras desarrolladas también fueron parte de negocios familiares.

Ante tal señalamiento, los diputados pidieron una lista de las empresas beneficiadas en esta administración, que la secretaria de Obras se comprometió a entregar también por escrito.

De igual forma, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, pidió una lista de los expedientes técnicos de cada proyecto, pues dijo que se presume se hicieron fuera de la ley, a lo que Izquierda Medina aseguró que todos los desarrollos cumplieron con la normatividad en obra pública. 

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lamentó que Morelos "esté cayéndose a pedazos", mientras que los actuales funcionarios en menos de 15 días dejarán su encargo. 

Por la tarde, los legisladores también cuestionaron a la secretaria de Educación por el poco avance en la reconstrucción de escuelas. Sin embargo, Beatriz Ramírez Velázquez sostuvo que dicho retraso se debe a problemas burocráticos con el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que no ha liberado más de mil 900 millones de pesos. 

La secretaria de Educación aseguró que se atienden los adeudos con maestros en prestaciones, y subrayó que se resolverán antes del 30 de septiembre.

Al final de la comparecencia, los diputados lamentaron que la información proporcionada por la funcionaria "carezca de calidad moral", y el sexto informe de Gobierno se haya tratado de un "informe triunfalista".

"Nos queda a deber mucho", manifestó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales, mientras que su homólogo Alfonso de Jesús Sotelo lamentó: "Los maestros siguen de pie, los edificios no".

La diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que la información que se obtenga de la información, incluso, la que se haya omitido, servirá como elemento para iniciar procesos legales en contra de funcionarios que concluirán la administración estatal el 30 de septiembre.

 

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La ONG Morelos Rinde Cuentas señala que se ignora el destino de los donativos de empresas, así como datos de las constructoras y casas de materiales que atienden los trabajos.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas lamentó la opacidad y la deficiente información generada por el gobierno estatal, en relación a más de 7 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción de las zonas devastadas  por el sismo 7.1 en la escala de Richter, ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

En rueda de prensa, representantes de la organización, conformada por académicos y empresarios, destacaron que realizaron un ejercicio de búsqueda y análisis de información sobre los fondos públicos y privados destinados a la recuperación de las zonas afectadas, pero constaron que la información es poca y deficiente en el ámbito estatal y nula por parte de los ayuntamientos.

La búsqueda se realizó a través de la Plataforma Fuerza México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el organismo descentralizado Unidos por Morelos, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos y diversos ayuntamientos.

Juan Cintrón Patterson -presidente del Consejo del Directivo de Morelos Rinde Cuentas- señaló que la deficiente información, la opacidad, la falta de claridad en las cifras tanto del número de recursos aplicados como en el número de beneficiarios y la cuantificación de daños, no permite que los ciudadanos tengan certeza del desempeño gubernamental en la atención del siniestro.

Roberto Salinas Ramírez, director de la organización, dijo que la información estatal y federal analizada, así como las aportaciones privadas para atender a los damnificados y reconstruir las zonas devastadas, son variadas y no permiten apreciar con certeza que haya una aplicación adecuada de los recursos económicos.

Por ejemplo, hay dos bases de datos que integraron los gobierno federal y estatal por separado, en el que el primero reportó 15 mil 800 beneficiarios del Fonden; y, el segundo, reportó a través de Unidos por Morelos, 15 mil 245 beneficiarios del apoyo para la reconstrucción de los daños parciales o totales que sufrieron las viviendas.

Incluso, se reportó que hubo al menos 22 personas que recibieron 175 mil pesos de apoyo por daños totales a su vivienda, cuando se supone que el tope del apoyo era de 120 mil pesos.

Se detectó también que las dependencias no informaron del costo de los materiales o insumos para atender la contingencia, la información es escasa o nula respecto a qué empresas les fueron asignadas obras de reconstrucción, los montos de inversión, la ubicación, los plazos de ejecución y los avances de cada una de ellas, a un año del sismo.

Morelos Rinde Cuentas también cuestionó la falta de información sobre las aportaciones en especie y económicas realizadas por fundaciones y empresas. Por ejemplo, el grupo Averanda aportó al Fondo de Reconstrucción una donación de 4.2 millones de pesos, los cuales fueron depositados el 15 de febrero pasado en una cuenta bancaria de Banorte a nombre del Gobierno de Morelos, pero –revela la documentación pública- seis días después fueron retirados y no hay información sobre el destino de esos recursos.

En el número de planteles educativos dañados también hay inconsistencias, pues mientras el gobierno federal reportó mil 345 edificios afectados, la Secretaría de Obras de Morelos registró mil 193.

Ante las dudas sobre el destino de los fondos tanto públicos como privados, y el vacío de información gubernamental, Aida Alanís -integrante del Consejo Directivo- dijo que Morelos Rinde Cuentas consideró necesario hacer cuatro propuestas.

La primera, que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía, de forma inmediata, completa y en formato de datos abiertos, la información sobre el censo, los beneficiarios y el listado de obras públicas, relacionando los datos federales y locales.

La segunda, que se  publique toda aquella información que permita conocer la asignación de recursos y el uso de cada peso para la reconstrucción, que incluya estados de cuentas, transferencias, cheques, auxiliares contables, etcétera.

La tercera, que se explique qué asuntos y trámites quedarán pendientes relativos al sismo en el cambio de administración. Y la cuarta, que se concentre información de todas las dependencias estatales y municipales sobre acciones y recursos destinados a la reconstrucción.

 

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Ángel Colín López abandonó el recinto tras los cuestionamientos de los legisladores acerca de temas de seguridad y de reconstrucción; analizarán proceder legalmente en su contra.

Tras confrontarse con diputados por los cuestionamientos que le hicieron en temas de seguridad y reconstrucción, el secretario de Gobierno, Ángel Colín López abandonó la comparecencia a la que fue citado ayer ante el Pleno del Congreso del estado para resolver dudas sobre el sexto informe del gobernador Graco Ramírez.

El encargado de la política interna del estado argumentó “falta de condiciones” para seguir respondiendo a las preguntas de los legisladores, tomó sus cosas y se marchó del Congreso, en medio de rechiflas de los presentes en el salón de plenos y gritos de los diputados para exigirle respeto e incluso hasta lo llamaron “cobarde”.

La comparecencia del secretario de Gobierno inició alrededor de las 11 de la mañana. Colín López presentó un resumen de lo que consideró fueron los “logros” del gobierno estatal durante los últimos seis años en materia de seguridad, reinserción social, recursos naturales, atención a víctimas del delito y protección civil.

Posteriormente, en la ronda de preguntas, respuestas, réplicas y contrarréplicas, el funcionario se dedicó a contestar a medias y en muchas ocasiones a evadir las respuestas en temas sobre reconstrucción, atención a víctimas, seguridad y gobernabilidad.

Desde la primera pregunta que hizo la diputada Erika García Zaragoza –del Partido del Trabajo (PT)– sobre la instalación de la alarma sísmica en todo el estado como parte de las acciones en materia de protección civil, el secretario se negó a responder, al referir que no correspondía al informe, “por lo que no ha lugar” la pregunta.

Maricela Jiménez Armendáriz –del Partido Encuentro Social (PES)– lo cuestionó en dos ocasiones sobre el presupuesto con el que actualmente cuenta el fondo de atención a víctimas y Colín López trató de evadirla, incluso titubeó sobre los datos que proporcionaba y al final informó que dicho fondo cuenta con poco más de un millón de pesos, de un presupuesto anual de 32 millones.

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue tema recurrente en las preguntas de los diputados y el secretario se negó a responder sobre el gasto ejercido hasta el momento de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pues aseveró que es información que compete a la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, a los afectados del sismo se les han entregado el 95% de paquetes de materiales de construcción comprometidos, se han reconstruido 200 casas y 500 sólo iniciaron.

La priista Rosalina Mazari lo cuestionó acerca de las obras públicas que fueron inauguradas por el gobernador antes de julio, en un total de 38 giras, de las cuales la mayoría están inconclusas. Al respecto, Ángel Colín aseguró que la mayoría ya están terminadas, pero es información que tiene la Secretaría de Obras.

Ante señalamientos de parte del diputado de Morena Héctor Javier García Chávez sobre la situación de ingobernabilidad que vive el estado, por las fallas en materia de seguridad, el funcionario le recordó que fue perredista y que también trabaja en el actual gobierno.

Asimismo, ante tribuna, el funcionario estatal justificó la renuncia del comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, pues dijo estaba en su derecho de dejar el cargo “después de haber cumplido con su obligación”. Añadió asimismo que fueron motivos personales los que lo obligaron a irse, a unos días de comparecer ante el Congreso.

En una segunda ronda de preguntas, Tania Valentina Rodríguez Ruiz le preguntó a Colín si estaba satisfecho con sus resultados en el gobierno, pues su rostro decía lo contrario, a lo que el secretario afirmó que está contento con lo hecho. 

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, cuestionó al secretario por el uso de recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) para la renta de patrullas, cuando pudieron comprarse, tema que generó discusión entre ambos legisladores. 

La diputada de Morena Keila Figueroa Evaristo pidió respeto al secretario de Gobierno y lamentó la situación de ingobernabilidad que vive el estado.

Finalmente, Ángel Colín subió a tribuna para responder a la diputada y volvió a dirigirse a Alfonso de Jesús Sotelo, a quien señaló que él sí ha cumplido con su obligación y destacó la ausencia del exedil de Jojutla en la contingencia a causa del sismo.

El presidente de la Mesa pidió respeto al funcionario; acto seguido Colín, determinó retirarse, ante supuesta falta de condiciones.

“Si con respeto entiendes que no puedo hablar con la verdad y dirigirme a lo que conocemos como realidad, lo lamento, presidente. Y si no hay condiciones, les contestaré por escrito. No hay ningún problema; seguimos atendiendo lo que ustedes determinen”, manifestó el secretario.

Por último, los diputados acordaron emitir un extrañamiento por el actuar del secretario de Gobierno y anunciaron que analizarán proceder legalmente en su contra.

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Informe de la SEP señala que en Morelos hay atención en todos los planteles dañados por los sismos de septiembre del año pasado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el gobierno de la república puso a disposición de las autoridades locales más de 18 mil millones de pesos para la reconstrucción de inmuebles educativos dañados por los sismos de septiembre del 2017, y son las instancias estatales las responsables de ejecutar las obras. Para Morelos se detalla que los recursos disponibles superan tres mil 400 millones, pero se han gestionado poco más de mil 460 millones de pesos. 

En el reporte oficial llama la atención que en ese indicador hay entidades como Hidalgo, Michoacán o Veracruz, en las que -a diferencia de la morelense- la cifra disponible y la gestionada es igual, y otras donde el margen de diferencia es reducido, como en el caso de Chiapas.

El informe indica que del total de los inmuebles que resultaron con algún grado de daño por los temblores, mil 341, en Morelos ya hubo intervención, o están en intervención, el 100 por ciento. No obstante, en días recientes ha habido protestas de padres de familia de varias escuelas en el sentido de que las obras de reconstrucción no han iniciado o están detenidas.

La SEP informó -en términos generales- que, a la fecha, las autoridades educativas locales están ejerciendo 12 mil 979 millones de pesos, es decir, el 71.3% del costo total de las obras
Enfatiza que la ejecución de las obras en las entidades está directamente a cargo de los institutos o secretarías locales de infraestructura.
El documento puntualiza que con el objetivo de garantizar que las entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 tuvieran los elementos suficientes para intervenir eficazmente en la reconstrucción de los inmuebles educativos de sus localidades, el gobierno de la república puso a su disposición recursos federales por 18 mil 198 millones de pesos procedentes del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden); de los programas de la SEP Escuelas al CIEN y la Reforma Educativa, así como del Seguro de Atención de Daños contratado por la secretaría. 
A un año de los sismos, la dependencia federal emitió un comunicado en el que hace notar que los trabajos pendientes son responsabilidad de las instancias estatales. “Es preciso subrayar que en las entidades federativas afectadas, son los institutos locales de infraestructura física educativa los encargados de la detección de necesidades y de la ejecución de obras, así como de la administración de los recursos para la reconstrucción. Es decir, los gobiernos locales son los encargados únicos de administrar tanto los recursos económicos como los procesos administrativos para la reconstrucción de los inmuebles educativos afectados en sus localidades y brindar el servicio educativo bajo condiciones de seguridad estructural. La Secretaría de Educación Pública es la responsable de los procesos de reconstrucción únicamente en la Ciudad de México”.
En este contexto, informa que las autoridades educativas locales (AEL) han accedido a casi 12 mil 979 millones de pesos, lo que equivale al 71.3% del costo estimado de atención. Esta inversión es ejercida por los gobiernos locales en el marco de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y las regulaciones de las propias fuentes de financiamiento. El 28.7% de los recursos restantes, poco más de cinco mil 219 millones de pesos, se encuentran a disposición de las entidades federativas, sujetos al avance de ejecución de obra (Fonden), así como a la conciliación correspondiente con las aseguradoras.
En relación a la distribución de inmuebles educativos dañados a nivel nacional, se incluye un resumen con el avance en la estrategia de reconstrucción, considerando todos los niveles de daño (grave, moderado y menor) y los tipos educativos (básica, media superior y superior).

Según dicho recuento, con fecha de corte el pasado 10 de septiembre, en Morelos se registraron mil 341 inmuebles educativos con daños; en el rubro de “inmuebles educativos intervenidos o en intervención” se reportan mil 192; en el apartado de “porcentaje de intervención”, las autoridades morelenses reportaron el 100 por ciento. En lo referente a “recursos federales disponibles”, se expresa un total de tres mil 448 millones de pesos, pero en el de “recursos gestionados por las Autoridades Educativas Locales” se expresan sólo mil 468 millones de pesos.

Como ejemplo de referencia se expone que en Chiapas hubo tres mil 67 inmuebles dañados, un total de mil 646 millones de pesos disponibles, y mil 228 millones de pesos gestionados. La diferencia en proporción es menor.

La SEP explica que en “Recursos federales disponibles”, se incluyen 177 millones de pesos destinados para aulas temporales y 212 millones de pesos de conciliación con aseguradoras. Y en “recursos gestionados por las AEL”, se incluyen 177 millones de pesos para aulas móviles.
“Cabe mencionar que las AEL han informado que el 99.9% de los alumnos reciben el servicio educativo en inmuebles en condiciones adecuadas de seguridad estructural. En casos muy específicos y, como medida provisional, algunos alumnos toman clases en horarios compartidos, en otros inmuebles educativos, en sedes alternas o en aulas temporales, situaciones en las que se considera prioritario salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar. En la medida en que sus inmuebles de origen vayan estando en condiciones óptimas, estos alumnos regresarán a ellos”, abunda el documento. 
“La Secretaría de Educación Pública reitera el compromiso de asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país cuenten con servicios educativos de calidad y puedan desarrollarse académicamente en espacios dignos con seguridad estructural, para lo cual los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de inmuebles educativos continuará en los meses siguientes”, concluye.

 

 

 

 

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