Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad.

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad, luego de protagonizar un motín y varios enfrentamientos entre grupos antagónicos dentro del penal de Atlacholoaya que pusieron en jaque al sistema penitenciario estatal.

A través de un boletín de prensa, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que en medio de un operativo coordinado con las fuerzas federales, el grupo de 28 presos que habían sido trasladado provisionalmente a la cárcel distrital de Jonacatepec fue reubicado en diversos penales federales de máxima seguridad en otras entidades.

“Derivado de los operativos y medidas de seguridad que se han adoptado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, fueron llevados a la cárcel distrital de Jonacatepec, donde permanecieron algunos días en tanto se concretaron los procesos jurídicos para su cambio a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).

 “De esta manera, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron las medidas de seguridad y custodiaron el vehículo en el que fueron trasladadas las persona privadas de su libertad, respetando en todo momento sus derechos humanos”, reafirmó el comunicado.

El traslado se realizó la mañana de este lunes y fuentes no oficiales señalaron que la mayor parte de este grupo lo formaban internos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era liderado en Morelos por Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”, quien fue brutalmente asesinado el pasado 30 de octubre durante el motín y el enfrentamiento entre los bandos que se disputaron el control de penal de Atlacholoaya, el cual quedó dominado por reos asociado al grupo criminal de “Los Rojos”.

Desde el viernes pasado se aplicó el primer ajuste a las percepciones de los trabajadores de centros penitenciarios.

El aumento salarial a custodios y personal de penales costará al gobierno del estado alrededor de 80 millones de pesos al año. Desde el viernes pasado se aplicó el primer ajuste a las percepciones de los trabajadores de esta área.

La titular de la Secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, informó que dicho incremento significa alrededor de 15 millones de pesos que deberán ser asignados a este concepto en los últimos meses del 2019, tomando en cuenta el reflejo en los aguinaldos.

Cabe recordar que después de los recientes hechos violentos registrados en el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) Morelos, personal de custodia, técnico y administrativos realizó protestas para demandar mejoras en las condiciones laborales. Se instaló una mesa de trabajo en la que participaron tanto la secretaria de Administración como el Comisionado Estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros. Entre los acuerdos se planteó el aumento a los sueldos de trabajadores.

Este lunes, Zavala Zúñiga fue entrevistada al respecto. Externó que el ajuste no se tenía programado en el presente ejercicio fiscal, pero se hizo un esfuerzo importante para cumplir con dicho compromiso.

Detalló que fueron beneficiados más de 840 servidores públicos desde la quincena pasada; se hizo homologación de nombramientos para que sólo hubiera una sola categoría y ya no tres o cuatro.

“El incremento fue considerable, había que esperar al cierre del año para decir con certeza en cuánto impactó, pero hasta ahorita sí se logró mejorar las condiciones laborales de esos servidores públicos; esto es sólo parte de las medidas que tiene contemplada la Comisión Estatal de Seguridad”, expresó Mirna Zavala, al exponer que otras demandas contenidas en el pliego petitorio de los custodios son atendidas por el comisionado de seguridad.

Añadió que seguramente la Secretaría de Hacienda tendrá que hacer recortes en algunas dependencias, incluyendo la propia Secretaría de Administración, para reasignar esos recursos en los multicitados aumentos que – insistió- no estaban programados.

Para el ejercicio fiscal 2020 estimó que las mejoras salariales aplicadas al personal de las cárceles del estado (no sólo al Cereso de Atlacholoaya) significarán un monto aproximado de 80 millones de pesos.

En la Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH establece que en dichos centros de reinserción social se solapan actividades ilícitas.

El penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centro de “reinserción social”, si existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas como el “cobro de piso” a internos.

De acuerdo con el diagnóstico nacional, el penal varonil de Atlacholoaya, con una población de 2,337 internos,  tuvo una calificación global de  5.98 puntos y la cárcel de Cuautla de 5.97, seguido de la cárcel de distrital de Jojutla con una puntuación apenas aprobatoria de 6.04.

El penal femenil, que alberga a 120 internas, obtuvo una calificación de 7.32 puntos, mientras que la cárcel distrital de Jonacatepec -donde recientemente trasladaron a reos “conflictivos” implicados en el reciente amotinamiento y las riñas en el penal de Atlacholaya que culminaron con un saldo de siete internos muertos- obtuvo una evaluación de 7.38 puntos.

El su evaluación, la CNDH detectó que todos los centro penitenciarios de Morelos padecen hacinamiento o sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.

Incluso, alertó que especialmente en el penal de Atlacholoaya y la cárcel de Cuautla existe un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, es decir, grupos de internos crearon autogobiernos o bien, cogobiernos junto con funcionarios penitenciarios.

Además, prevalecen al interior la presencia de actividades ilícitas como sobornos y cobros de piso o extorsiones.  

De acuerdo con el comparativo realizado por la CNDH, entre 2017 y 2018 mejoró apenas sutilmente la situación en los penales estatales al pasar su calificación global en el diagnóstico anual de 6.91 a 7.02, pero en el 2019 la evaluación bajó a 6.54.

Ombudsman señala negligencia y omisiones de autoridades penitenciarias en los hechos que cobraron la vida de siete internos la semana pasada.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fueron  “una situación extraordinaria” que rebasó las autoridades y que ameritará una recomendación por una serie de negligencias y omisiones de parte de las autoridades penitenciarias.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, señaló que integra la queja que abrió de oficio desde los  primeros hechos violentos que cobraron la vida de siete internos y hasta las protestas de custodios y trabajadores administrativos del penal, que demandan mejores condiciones laborales.

Dijo que la comisión requirió informes las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal y recaba información adicional sobre los motivos y omisiones que desencadenaron los enfrentamientos entre grupos de internos rivales y el amotinamiento en el penal más grande de la entidad.  

Afirmó que la información hasta ahora reunida “nos está  llevando a advertir, como es claro, un problema mayúsculo, un problema estructural, dentro de todo el sistema penitenciario que nos lleva investigar todo este tipo de fenómenos que se están presentando y que ponen en evidencia una serie de omisiones, de negligencias y de cuestiones que no se han cumplido en aras de tener sistema de justicia integral y  sistema penitenciario que cumpla con el objetivo para el cual fue creado”.

Expresó que se integra la queja para después emitir una recomendación, en la que enlistarán las omisiones y negligencias que culminaron con un saldo mortal.
“¿Cuáles son las omisiones? Todas aquellas que no hicieron o que a manera de prevención no se hicieron o se dejaron de hacer para identificar a estos grupos con intereses contrarios  en aras de evitar la riña, esa es una obligación constitucional ya establecida en jurisprudencia internacional, de que  es deber del Estado prevenir”, subrayó.

A esto, dijo, su suma la falta de información a los familiares de los internos y los propios medios de comunicación sobre lo que ocurrió en durante la jornada violenta de la semana pasada, además de las denuncias y reclamos de los custodios y trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya

Expresó que por el momento recibe los informes oficiales y pidió a las autoridades estatales implementar una serie de medida cautelares para prevenir nuevos hechos violentos. Entre las medidas, dijo, está implementar en todos los centros de reinserción social operativos para decomisar objetos o sustancias prohibidas, y la aplicación de medidas disciplinarias a los internos que fueron encontrados en posesión de estos.

Deslindarán responsabilidades de servidores públicos del penal de Atlacholoaya por hechos de violencia.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas confirmó que siguen a la espera del traslado a penales de alta seguridad de los 36 internos que temporalmente fueron llevado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya a la cárcel de Jonacatepec. Por otra parte, apuntó que se tiene que hacer una reconstrucción detallada de los hechos de violencia ocurridos durante dos días en la prisión, para deslindar las responsabilidades en que pudieron incurrir los servidores públicos del penal.

Este miércoles, el funcionario estatal ratificó que tras los disturbios ocurridos en el Cereso ubicado en Xochitepec, los días 29 y 30 de octubre pasado, se han realizado revisiones en el reclusorio y se incautaron más de 50 objetos que podrían ser usados como herramientas de agresión, en su mayoría objetos punzocortantes; además, se aseguraron teléfonos celulares: “En los últimos meses se han incautado más de cien teléfonos que estaban en el interior del penal. Lo que tenemos que hacer es reforzar todas las medidas y protocolos para evitar cualquier estrategia que estén usando para introducir objetos prohibidos dentro de todos los penales”, argumentó.

Expuso que se tendrá que indagar sobre la posible responsabilidad de otros funcionarios- además de los que ya fueron destituidos- con una reconstrucción minuto a minuto de lo sucedido en ambos días, para determinar cuáles fueron los protocolos que fallaron, las razones por las que no se hizo un cateo en el interior desde el martes, cuando ya se había registrado una riña, para evitar que hubiera armas en el penal, y demás elementos que detonaron lo sucedido al día siguiente.

Cabe recordar que ese miércoles se tuvo como saldo oficial seis muertos y dos lesionados, entre ellos Raymundo Isidro “N”, identificado como “El Ray”, detenido como líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación.

El funcionario informó que el gobierno estatal sigue en espera de que los 36 internos que fueron trasladados temporalmente a la cárcel distrital de Jonacatepec sean llevados a otros penales de alta seguridad.  

Recordó que el Cereso Morelos cuenta con un área para reos de mediana peligrosidad, por lo que han tenido que solicitar a las autoridades federales el traslado de esas personas a un centro de máxima seguridad.

A decir del secretario de Gobierno, no se había hecho este traslado porque personas como “El Ray” estaban bajo proceso por delitos del fuero común, y la evaluación de riesgo que habían hecho hasta ese momento no les arrojaba la necesidad de enviarlos a cárceles de mayor seguridad, no obstante que en el mismo lugar se encontraban internos que han pertenecido a grupos delictivos contrarios y que, como el propio Raymundo Isidro, habían sido detenido por la Fiscalía General de la República.

El titular de la CES comparecerá para informar sobre el estado en que se encuentra el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, comparecerá ante el Congreso local para informar del estado en que se encuentra el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, tras los hechos violentos de la semana pasada y las protestas de los trabajadores.
En entrevista, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, informó que citarán al comisionado en los próximos días para que rinda cuentas sobre ese tema, pero también sobre la situación actual del estado en materia de seguridad.
El legislador local refirió que el encuentro con el vicealmirante Ortiz Guarneros se ha pospuesto desde hace varias semanas, y ante la situación tan crítica que vive el sistema penitenciario del estado, dijo que es necesario que el funcionario estatal se presente ante el Poder Legislativo.
No obstante, Zapotitla Becerro dijo que también insistirán al comisionado estatal de Seguridad en la destitución del coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Borquez, ante la omisión en la que incurrió al no haber implementado acciones para evitar los dos motines registrados la semana pasada.
"En este caso no es siquiera un diálogo, es un tema de saber qué pasa en materia de seguridad pública con el almirante (sic) y la Comisión. Vamos a escuchar al almirante (sic) por qué no ha tomado esa determinación (de la destitución), necesitamos conocer su opinión muy sustentada, nosotros lo pedimos, lo pidió el diputado presidente y creemos que así debe ser", añadió.

Alrededor de una centena de trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya (denominado oficialmente Centro de Reinserción Social “Morelos”) realizaron un paro de labores en demanda de aumento salarial y condiciones de seguridad para desempeñar sus labores, porque -aseguraron- hay un grupo de reos de mantiene el control del penal. 

Señalaron que después del amotinamiento y el enfrentamiento entre grupos antagónicos al interior del penal que dejó un saldo de siete muertos, ni la Guardia Nacional ni la Policía Federal y estatal han logrado ingresar, salvo los custodios.

A las afueras del centro penitenciario, los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de garantías de seguridad para laborar y esperaron por varias horas a que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas o algun funcionario de alto nivel asumiera oficialmente el compromiso de mejorar sus salarios y condiciones de trabajo.  

“Hay riesgos de que nos tomen también como rehenes, ya que hay ciertas riñas que todavía no han parado, que todavía continúan, entonces nosotros no tenemos todavía una garantía de seguridad”, dijo un trabajador, al recordar que la semana pasada los propios custodios fueron tomados como rehenes. 

Afirmaron que las circunstancias en las cuales laboran los custodios son de incertidumbre, ya que de los 60 que hay por turno, sólo 40 están dentro del penal y el resto realiza traslados o se encuentra en el área perimetral.

También pidieron la salida de Jorge Israel Ponce de León Borquez, coordinador del Sistema Penitenciario, a quien señalaron como uno de los responsables de las vejaciones contra los internos y que fue una de las razones que provocaron los amotinamientos y enfrentamientos de la semana pasada.

Los trabajadores decidieron no ingresar a su área de labores, pero sí checaron su entrada, y esperan una respuesta oficial sobre sus dos principales demandas. Por lo pronto, señalaron, el fin de semana hubo una tregua para que pudiera desarrollarse la visita familiar, pero la situación sigue igual.

Con recortes en otras áreas se obtendrán los fondos para realizar el ajuste salarial a trabajadores del Cereso Morelos: Zavala Zúñiga.

El incremento salarial acordado con los custodios y personal administrativo del penal de Atlacholoaya se aplicará a partir de la primera quincena de noviembre. Los recursos económicos para cubrir dicho compromiso se obtendrán al aplicar recortes a otras secretarías.

La secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga dijo este lunes que ya se atendió el pliego petitorio de los trabajadores del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos en cuanto a prestaciones y mejoras salariales, por lo que consideró que la protesta registrada ayer tendría otros fines relacionados con temas de seguridad y la forma de trabajar dentro del penal.  

Explicó que el jueves pasado se dialogó con el personal del Cereso y se acordó que se aumentará el sueldo a custodios de la policía acreditable en un diez por ciento; en el caso de custodios que ya laboraban en el sistema penitenciario con anterioridad, se hará una homologación porque que existían tres categorías -A, B y C- y llevaban diez años sin un ajuste salarial.

Ante el reclamo de los trabajadores porque desde hace 15 años no contaban con seguro de vida, la funcionaria mencionó que se les dio la certeza de que en caso de que sucediera una situación desafortunada, tanto ellos como su familia tendrán “el pago de alguna indemnización, si llegara a ser necesario”.

Zavala Zúñiga manifestó en entrevista que también se aplicará el aumento al salario de personal administrativo y jefes de departamento. Había personas que ganaban alrededor de cuatro mil pesos mensuales y hacen labores directas con los internos.

No precisó el porcentaje de aumento en esos casos (quienes trabajan en la cocina o en el área médica, entre otros) porque se están analizando los distintos niveles y una vez que cuenten con su nombramiento formal, se aplicará el aumento. No precisó si habrá mejoras para el personal técnico (psicólogos, criminólogos, etc.).

Respecto al impacto que tendrá esta medida en términos globales para las finanzas estatales, Mirna Zavala dijo que se están haciendo los cálculos correspondientes y anticipó que seguramente habrá recortes en otras secretarías: “son distintos los incrementos… tendríamos que esperar porque tenemos que hacer el cálculo de las prestaciones, es decir, ellos tendrían que recibir de manera proporcional un aguinaldo de distinta forma (a) como se había presupuestado para este ejercicio, pero bueno, finalmente el impacto que sea financiero, que va a repercutir a este gobierno, pues será reasignado de otras secretarías para poder cubrir con este tema de seguridad… ya determinaría la secretaría de Hacienda a quiénes nos recortará. De inicio a la Secretaría de Administración es una de ellas. Habría que hacer el recorte para reasignar esos recursos a las prestaciones de los empleados, estamos hablando de casi el 70 por ciento de los empleados penitenciarios”.

 Dejó en claro que se cumplirá con el acuerdo y en la primera quincena de noviembre se aplicará el aumento.

Al término de la reunión de trabajo entre autoridades del Gobierno del estado de Morelos y personal administrativo, de seguridad y custodia, adscrito al Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, éstos han retomado sus actividades ordinarias al interior de esta unidad penitenciaria. Se ratifica que el CERESO Morelos se encuentra en completo orden.

La tarde de este jueves, la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga y el Comisionado Estatal de Seguridad, Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, tuvieron una mesa de diálogo con los citados trabajadores, para atender demandas legítimas que durante años les fueron negadas por administraciones anteriores.

El trabajo encaminado a las mejoras salariales y prestaciones para quienes de manera valiente y profesional desempeñan su labor en las corporaciones policiacas, se ha venido trabajando desde hace ya varios meses, por instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

También se informa que un grupo de 26 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a otro centro penitenciario.

Se destaca que las fuerzas federales mantienen presencia en el territorio estatal, en trabajo conjunto con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra Morelos) Jorge Mátar Vargas, expresó su preocupación y el impacto que los acontecimientos tienen en la actividad económica de Morelos, que es un estado que “vende imagen” por ser el turismo y la prestación de servicios base de su desarrollo.

“(Es) lamentable que sigamos padeciendo este tipo de actos, la realidad del tema de Atlacholoaya nos pone muy nerviosos en el sentido de que el gobierno del estado y la Comisión del Estado (en referencia a la CES) debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata”, expresó.

 “Esperamos y confiamos en los resultados que puedan arrojar tanto las investigaciones como la decisión tomada a final de cuentas por parte del gobierno de manera positiva, que hayan entrado a Atlacholoaya y que se haya calmado esta situación”, dijo.

A pregunta expresa sobre si debe haber cambios en el gabinete de seguridad, el empresario expresó su respeto a las autoridades y sostuvo que será tarea del titular del Ejecutivo evaluar el desempeño de sus colaboradores.