Carolina Ruiz Rodríguez

Diputada Presidenta de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.

En los últimos años, la violencia ligada al crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente asociado al narcotráfico. Hoy, las organizaciones criminales operan de forma diversificada y transnacional, incrementando rutas y actividades ilícitas, entre ellas el tráfico y la trata de personas. Esta realidad ha generado una doble crisis: una de seguridad, y otra profundamente humanitaria.

Las consecuencias son graves y nos afectan directa o indirectamente a todos, ya que provocan comunidades desplazadas, economías locales desarticuladas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y un aumento alarmante de personas en movilidad forzada. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2023 México recibió más de 150 mil solicitudes de asilo, lo que nos coloca como el tercer país del mundo con mayor número de peticiones, solo detrás de Estados Unidos y Alemania.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que más de 782 mil personas migrantes fueron detenidas en territorio mexicano ese mismo año, la mayoría originarias de Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Haití. Esta cifra representa un incremento del 77% respecto al 2022.

Aunque Morelos no es un estado fronterizo, su ubicación estratégica entre el sur y el centro del país lo convierte en una zona de tránsito creciente para personas migrantes. En los últimos años, diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han documentado un aumento en el paso de migrantes por municipios como Cuautla, Temixco, Puente de Ixtla y Jojutla.

Este flujo no ocurre en condiciones de seguridad. Las personas migrantes son blanco fácil del crimen organizado, que opera en rutas carreteras, terminales, zonas rurales y albergues improvisados. Muchas veces son víctimas de extorsión, trata, reclutamiento forzado o desaparición, delitos que, en el contexto de violencia generalizada que vive el estado y gran parte del país, quedan impunes o ni siquiera se denuncian.

De manera lamentable, los migrantes son vistos como botín por estas agrupaciones delictivas: son usados como mercancía, como mano de obra, como escudo humano o simplemente como fuente de ingresos para estructuras criminales que lucran con la desesperación.

En este contexto, criminalizar a las personas migrantes no solo es injusto, sino contraproducente. Ellas no huyen por capricho, sino porque no tienen otra opción. Y en su tránsito enfrentan peligros similares —o peores— a los que dejaron atrás.

Tristemente, el tráfico de personas es, junto al narcotráfico, una de las actividades más rentables del crimen organizado. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta industria ilegal genera más de 7 mil millones de dólares al año a nivel global, y buena parte de esas ganancias provienen de países latinoamericanos.

En México, esta red criminal opera en múltiples niveles: desde grandes cárteles hasta pequeños grupos delictivos locales. La fragmentación del crimen, lejos de reducir su impacto, ha facilitado su expansión territorial y su capacidad de cooptar autoridades, controlar rutas y hasta comunidades.

El resultado: personas migrantes extorsionadas, mujeres forzadas a la prostitución, niños y adolescentes reclutados por pandillas o cárteles, y una sociedad que, muchas veces, voltea la mirada para tratar de ignorar el problema.

Por lo anterior, desde el Congreso de Morelos asumimos nuestra parte de responsabilidad. Si bien muchas de las decisiones migratorias se toman desde el ámbito federal, los estados no podemos permanecer ajenos ni inactivos. Por ello, es indispensable que instancias del gobierno estatal y de los 36 municipios de Morelos, tengan instancias con la capacidad de atender a personas migrantes en situación de riesgo, con atención especial en niñas, niños y mujeres.

Y como sociedad, es urgente dejar de ver a la migración como una amenaza. Las personas en movilidad no son delincuentes: son seres humanos que buscan cumplir anhelos, concretar sueños o, simplemente, sobrevivir. Y la seguridad no se construye con represión, cerrando fronteras o criminalizándolos, sino instrumentando políticas públicas de prevención, inclusión y respeto a sus derechos fundamentales.

Morelos no sólo debe ser territorio de paso, sino espacio de dignidad, legalidad y protección tanto de vecinos, residentes y de personas en tránsito. El crimen organizado no puede ser quien marque la pauta de nuestra vida en sociedad.

El operativo policiaco en la colonia Lienzo Charro, la detención de dos personas (uno apodado El Belicón y el otro El Gambetas), la integración de la carpeta de investigación y finalmente la resolución de un juez penal, deben ser objeto de un minucioso análisis técnico-jurídico para determinar qué falló en ese caso que dejó muy mal paradas a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. En otros tiempos ya hubiera habido por lo menos dos ceses fulminantes.

Para dar un contexto de lo que estamos hablando, recordemos que en este mismo espacio hicimos una cronología de lo que ocurrió el 3 de julio pasado, cuando los vecinos de la colonia Lienzo Charro (al norte de Cuernavaca) fueron testigos de un “mega-operativo” que incluyó Policía Estatal, Ejército, Guardia Nacional y creo que hasta marinos.

Por la hora en que se realizó el operativo (craso error), había decenas de teléfonos celulares grabando, y varios reporteros hicieron transmisiones en vivo. Al mismo tiempo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, declaraba a los medios que se había detenido a la persona (un ex policía municipal de Cuernavaca) que encabeza la venta de drogas y extorsión en todo el corredor de la avenida Universidad. No quedaba claro si el operativo era resultado de investigaciones propias de la SSPC o en apoyo a otra institución.

Vecinos del detenido comenzaron a subir videos donde se observaban a policías con el rostro cubierto golpeando el candado de la puerta en el domicilio del ex elemento de Seguridad Pública Municipal. En una grabación al parecer hecha por Adrián, se ven policías en las azoteas de las casas vecinas intentando entrar por él.

En otro video se observa a Adrián en la puerta de la casa exigiendo que le dejen ver la orden de aprehensión, y posteriormente otra grabación de teléfono celular muestra a los elementos federales llevando a una persona a la que le cubren la cabeza con una prenda de ropa, lo suben a una camioneta y se retiran.

De la otra persona, que hoy sabemos se llama Jesús Antonio, es un vecino que salió a pasear sus perros y grabó cuando estaban deteniendo a Adrián alias El Belicón, y por eso lo subieron a la camioneta y le imputaron el delito de Resistencia de Particulares.

Familiares y vecinos de Adrián se dirigieron a la glorieta de La Paloma de la Paz, donde bloquearon el paso vehicular con piedras durante varias horas. En entrevistas, su esposa se quejó de que durante el operativo -sin orden de cateo ni aprehensión-, se llevaron dinero en efectivo y celulares, además de que golpearon al detenido.

La noticia de que un juez penal había declarado de legal la detención de Adrián, alentó las sospechas de que “El Belicón” tuviera una “doble vida”, sobre todo después de que el jefe policiaco declaró que pertenece a la organización de Abel Maya y distribuyó fotografías de una pistola (bastante vieja, por cierto) que supuestamente le encontraron, junto con algunas pastillas de Fentanilo.

Sin embargo, el pasado miércoles por la noche, en la audiencia de vinculación a proceso, todas las corporaciones que participaron en el operativo del Lienzo Charro quedaron exhibidas por el Juez Cesar Augusto Galán Delgado, quien prácticamente evidenció un “montaje” para inculpar a Adrián, otorgando la razón a la defensa del detenido (encabezada por el licenciado Raúl Hernández) y declarando su absoluta libertad.

Y es que no sabemos a quién se le ocurrió, que después de que todos vimos el mega-operativo que incluyó el helicóptero, la puesta a disposición la hiciera un par de policías estatales que recurrieron al viejísimo cuento de que se encontraban realizando recorridos de seguridad en la ciudad cuando recibieron un reporte vía radio indicando que una persona anónima había reportado personas armadas a bordo de una camioneta gris tipo Journey.

Refieren que -sin bajarse de la patrulla- a la distancia observaron a un sujeto que se encontraba manipulando aparentemente algún objeto, sin alzar la vista. Inmediatamente, los oficiales al coincidir este vehículo con el que se había reportado se aproximan hasta esta unidad, esto es pie tierra.

Uno de los oficiales “logró visualizar en el área de la consola central que se encontraban diversos paquetes tipo ziploc con aparente cocaína cristal así como una pastilla de color azul, lo cual esto de manera inmediata este oficial lo informa al oficial (…) quien al tener conocimiento de estas sustancias de carácter ilícito le indica al sujeto identificado como Adrián quien en ese momento se abalanza contra el oficial lo golpea en la cabeza con el puño para inmediatamente desenfundar en su pantalón un arma de fuego tipo corta, comenzando a gritar a los vecinos”.

“Es así que los oficiales ante la situación solicitan apoyo vía radio, toda vez que refieren que atendiendo esto a la presencia de un arma de fuego implicaba una amenaza real inminente, tanto para los oficiales como también las personas que transitaban (…) Le solicitaba de manera reiterada mediante comandos verbales que detuviera la marcha, el cual hace caso omiso a traviesa un área de patios, al subir por unas escaleras que conduce una especie de terraza, la cual conecta un techado de la casa de color azul y refiere que en esta situación el sujeto número uno aprovecha para intentar emprender la huida, logrando darle el alcance el oficial”.

Toda esa narrativa fue totalmente desmentida con las fotografías, los videos y los peritajes en criminalística presentados por la defensa. Para empezar, la supuesta llamada reportando personas armadas a bordo de una camioneta, quedó registrada en el C5 una hora después de que inició el operativo.

Según el informe policial homologado, los policías aprehensores pudieron meter una patrulla en una calle que mide tres metros y avanzar a 20 kilómetros por hora, y desde ahí visualizaron a un sujeto que estaba manipulando algo dentro de una camioneta como la que habían reportado.

En los videos que presentó la defensa no aparece nada de lo narrado por los policías, al contrario, se ve a los elementos encapuchados abrir la camioneta donde supuestamente encontraron la droga, golpear la puerta del hoy liberado y entrar por él para llevárselo sometido entre varios elementos.

Si el operativo hubiese estado bien realizado y que tuviera como resultado la aprehensión de un peligrosísimo delincuente, todas las corporaciones se estuvieran “parando el cuello” ante sus superiores. Pero no sólo no salió bien, sino que hubo errores de primero de primaria que si el juez hubiera consentido se habría convertido en cómplice del “montaje”.

La pregunta que queda en el aire es: si el presidente del TSJ siguiera siendo Jorge Gamboa Olea ¿habría sido el mismo resultado de la audiencia?

HASTA EL LUNES.

Finalmente, en Morelos tenemos nuestra “Ley Tere”, lo que pone a la entidad como un referente en la protección a docentes ante acusaciones falsas por parte de alumnos o padres de familia.

La Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos será una herramienta que les brinde certeza, pues además fue elaborada a partir de una realidad que muchas veces no se conoce fuera del gremio magisterial, pero que ha estado ahí por muchos años y ha cobrado dolorosas facturas a inocentes.

Aunque a nivel nacional hubo voces que señalaban que legislar en este sentido era absurdo, pues en la ley actual ya se castigan las falsas acusaciones, esta ley debe mostrar que no crea una especie de inmunidad ni calla a nadie, y realmente se trata de una deuda histórica que la sociedad hoy paga a los profesores.  

*Un total de 28 aspirantes se inscribieron tras la emisión de la convocatoria*

Por unanimidad de 19 legisladores presentes y en votación por cédula, las y los diputados del Congreso del estado designaron a la licenciada Nadxieelii Carranco Lechuga para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La ahora titular rindió protesta de ley de manera inmediata, estará en funciones durante tres años y podrá ser reelecta por única vez para el período inmediato, previa calificación que realice el Poder Legislativo acerca de su desempeño en el cargo.

Durante la sesión ordinaria que tuvo lugar la noche de este jueves, se dio lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno con la propuesta de aspirantes que fueron elegidos por mayoría calificada mediante voto ponderado de los integrantes de dicho órgano legislativo.

Fueron un total de 28 participantes quienes se inscribieron tras la emisión de la convocatoria, acudieron a comparecer ante las y los legisladores integrantes de la JPyG y reunieron los requisitos detallados en la misma.

Posteriormente, a través de la votación, que cumplió con el requisito de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, designaron a la persona titular de la CDHEM, para que de forma inmediata acudiera ante del Pleno a rendir la protesta de ley.

El Congreso local designó a Nadxieelii Carranco Lechuga como nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM).

Carranco Lechuga logró sumar los 19 votos de los legisladores que se encontraban presentes en la sesión nocturna, por lo que ocupará el cargo por tres años con la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional.

La votación se llevó a cabo por cédula, al filo de las 23:10 horas, luego de una prolongada sesión ordinaria en la que los diputados aprobaron diversos dictámenes.

—Fotonota—

Ante la inminente desaparición del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMM), trabajadoras del organismo protestaron la noche del jueves en el Congreso local en demanda de respeto a sus derechos laborales.

*La nueva Ley PROTEM deriva de una propuesta de la diputada de Nueva Alianza Ruth Cleotilde Rodríguez, presentada a solicitud de la Sección 19 del SNTE*

Ante la presencia de afiliados a la Sección 19 del SNTE, que abarrotaron el Salón de Plenos y agradecieron el apoyo de las y los diputados, el Congreso del estado hizo historia al aprobar este jueves en sesión ordinaria, por unanimidad, la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos (Ley PROTEM), derivada de una iniciativa de la diputada de Nueva Alianza Ruth Cleotilde Rodríguez López.

La nueva normativa, que la legisladora presentó a solicitud de la dirigencia de la organización magisterial, “protege a las y los docentes, garantiza que tengan derecho a una defensa, a un proceso justo, a no ser tratados como culpables sin pruebas”, explicó la diputada Rodríguez López al presentar el dictamen de la de la Ley en comento, emanado de la Comisión de Educación y Cultura, que ella preside.

Sin embargo, desde la tribuna legislativa dejó en claro a las y los trabajadores de la educación, que “esta ley no defenderá lo indefendible”, y “cuando exista responsabilidad, cuando haya una falta real, se deberá actuar con toda la fuerza de la Ley, porque nuestras niñas, niños y adolescentes deben estar siempre protegidos”, pero “que el personal docente no sea objeto de difamación ni condena injusta”.

La diputada aliancista dijo que la Ley PROTEM es una Ley de equilibrio, de justicia y de responsabilidad; no es para callar a nadie, es para que hable la verdad, para que en Morelos haya justicia, no linchamientos; respeto, no rumores; debido proceso, no sentencias anticipadas. “Y que quede muy claro: esta ley no enfrenta a padres y madres de familia con el magisterio, ni pone a los estudiantes contra quienes los educan”.

“Esta ley busca que ambas partes —docentes y familias— encuentren un espacio seguro donde convivir, aprender y crecer con respeto mutuo”, enfatizó al expresar su esperanza de que “esta Ley PROTEM se convierta en una nueva referencia nacional, una voz que inspire a otros estados a poner orden, a legislar con justicia y a escuchar al magisterio”.

Indicó que es una Ley construida desde la realidad, desde los pasillos de las escuelas, desde el silencio de quienes han sufrido injusticias, desde el miedo de maestras y maestros que han sido separados de sus cargos por denuncias sin pruebas, por rumores, por procesos sin defensa; “más del 85% de las denuncias administrativas contra personal docente terminan en la nada, pero el daño ya está hecho: suspensiones sin salario; cambios de adscripción sin previo aviso; desprestigio público; ansiedad, depresión y renuncias forzadas”.

Ruth Cleotilde Rodríguez destacó que “esta Ley no la construí sola; la construimos juntas y juntos, con maestras, maestros, personal administrativo, autoridades educativas y representantes sindicales”, por lo que expresó su profundo agradecimiento a todos quienes participaron y en particular al líder de la Sección 19 del SNTE, profesor Joel Sánchez Vélez, al representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización en Morelos, profesor Demetrio Rivas Corona, y a los integrantes de la comisión dictaminadora.

Respecto del contenido de la Ley, refirió que se integra de la siguiente manera:

Capítulo I. Disposiciones Generales: Establece que la ley protege al personal docente frente a denuncias injustas, y define principios como la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos.

Capítulo II. Del Protocolo Estatal: Regula cómo deben atenderse las quejas administrativas contra docentes, con medidas claras y un proceso justo. Si la queja no procede, se debe restituir su honor y derechos.

Capítulo III. De las Quejas Maliciosas: Establece medidas ante denuncias formuladas de manera dolosa, y contempla dar vista al Ministerio Público en los casos que lo ameriten; Capítulo IV. Medidas de Protección: Garantiza apoyo jurídico, psicológico y laboral para quienes enfrenten denuncias sin fundamento, y obliga a las autoridades a actuar coordinadamente; Transitorios: Ordena emitir el protocolo en 180 días y armonizar la ley, sin crear nuevas estructuras ni afectar derechos adquiridos.

En la discusión del dictamen manifestaron desde la tribuna legislativa el apoyo de sus respectivas fuerzas políticas las y los diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz del PT; Rafael Reyes Reyes de Morena; Luis Eduardo Pedrero del Partido Verde; Daniel Martínez Terraza del PAN, quienes coincidieron en destacar la valía del magisterio, lo atinado del dictamen y la protección que brinda a favor de los docentes, pero también del alumnado.

*La legislación busca proteger a los docentes de denuncias infundadas*

El Congreso de Morelos aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos, mejor conocida como “Ley PROTEM”, que fue propuesta por la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

El dictamen, que fue avalado por la Comisión de Educación y Cultura, se aprobó por 18 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

La Ley PROTEM busca proteger a los docentes de denuncias infundadas o maliciosas que afecten su estabilidad laboral, reputación profesional e integridad personal.

Antes de la votación, diputados de Morena, PAN, PT, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano destacaron su compromiso a favor del magisterio morelense.

En la sesión de este jueves estuvo presente el secretario general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelos (SNTE), Joel Sánchez Vélez, quien agradeció el apoyo de los diputados.

*Destaca la labor de instituciones educativas y profesionistas comprometidos con el campo mexicano*

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, realizó la entrega de reconocimientos a médicos y médicas veterinarias zootecnistas en la entidad, así como a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAN), Unidad Laguna, por contribuir a la generación de profesionistas comprometidos con el campo mexicano y representar un pilar de la ciencia y la educación al servicio del desarrollo rural.

En el marco de la celebración del Día del Médico Veterinario Zootecnista, a celebrarse el próximo 17 de agosto, la legisladora dijo que el Congreso del estado distingue a la UAAN, Unidad Laguna, así como a las y los médicos veterinarios zootecnistas por el trabajo realizado en Morelos, “donde el campo no ha tenido la atención que se necesita”, y por su contribución que deja huella en la historia de la educación agropecuaria en México.

Durante la entrega de reconocimientos, recordó que la UAAN, Unidad Laguna, tuvo su origen en el año de 1912, “tiempo desde el cual ha experimentado una constante evolución, formando generaciones de profesionistas”; de igual manera, recibieron distinción los especialistas Hugo Zuriel Guerrero Gallego, Juan Manuel Guillén Muñoz, José Luis Espinoza, Alexis Olvera Neri, Armando Mendoza Vaca, Ana Isabel Aguilar Mejía, Juan Ángel Flaco Holguín, Edgar Emiliano Espino Arteaga y Paulino Aguilar Marchand.

Asimismo, dio a conocer la firma de un convenio de colaboración entre la UAAN, Unidad Laguna y el GPPT en el Congreso, tras el cual iniciaron su labor con siete días en el municipio de Totolapan, donde expusieron la implementación de biotecnologías reproductivas, atendieron más de 700 cabezas de ganado ovino, alrededor de 268 vacunos, 70 equinos, beneficiaron a 24 ganaderos del municipio y a los animales de 66 familias favorecidas con la atención de especialistas.

Tania Valentina, agradeció al director de la UAAN, Unidad Laguna, Edgardo Cervantes Álvarez; al presidente municipal de Totolapan, Alejandro Alfaro Nolasco; así como al MVZ Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, por hacer posible el citado convenio que contribuye a trabajar con una educación humanista y responsable.

*Con esta distinción, el Congreso envía el mensaje a la sociedad de que “en Morelos, la justicia se construye con integridad”: diputado Luis Eduardo Pedrero*

En el marco del Día del Abogado, que se celebra el 12 de julio, el Congreso de Morelos a través de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, que preside el diputado Luis Eduardo Pedrero González, entregó este jueves en sesión solemne, el Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama 2025” en diversas categorías, “que reflejan la pluralidad de caminos por los cuales se puede ejercer el Derecho con excelencia”.

Los galardonados, que recibieron un reconocimiento impreso, estímulo económico y medalla conmemorativa, son los licenciados y licenciadas: Rubén Toledo Orihuela y Bárbara Benítez Ríos en Mérito académico en la enseñanza del Derecho; Viridiana Avilés Contreras y Job González Figueroa en Ejercicio del Derecho en el Poder Legislativo; Diana Gabriela Pinzón Ortiz y Julia Esther García Mora en Ejercicio del Derecho en el Poder Ejecutivo.

Asimismo, Martha Lorena Ortega Hernández y Enrique Arias Pineda en Ejercicio del Derecho en el Poder Judicial; José Arturo Domínguez Quiróz y Alejandra Hernández García en Ejercicio del Derecho en los Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Órganos del Estado; Jesús Díaz Dircio y Elizabeth Lázaro Torres en Ejercicio del Derecho en la Libre Postulación y Causas Sociales.

En uso de la palabra, Pedrero González dijo que este premio es una oportunidad para visibilizar a quienes honran la profesión jurídica con ética, entrega y vocación de servicio, al luchar por la equidad, defender a las víctimas, fortalecer las instituciones y dar rostro humano a la ley; “nos corresponde no sólo premiar trayectorias, sino también enviar un mensaje a la sociedad: En Morelos, la justicia se construye con integridad”.

Enfatizó que, “la abogacía es una vocación de servicio, es tener el valor de dar la cara por otros, de defender principios, de construir paz con la ley como instrumento y la justicia como meta: en estos tiempos complejos, necesitamos más que nunca juristas con convicción, con ética y con una visión humanista del derecho”.

Expuso que Antonio Díaz Soto y Gama “no fue un abogado de escritorio, fue un pensador de la acción, un tribuno que se atrevió a denunciar la injusticia incluso en los espacios de poder, un hombre que supo convertir la pluma y la palabra en herramientas de transformación profunda. Y ese es el espíritu que buscamos reconocer y perpetuar” con este galardón que lleva su nombre.

A nombre del Congreso del estado, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Jazmín Solano López, resaltó que el reconocimiento no solo celebra la excelencia jurídica, también “nos convoca a reflexionar sobre el papel transformador del derecho en la vida pública y en la construcción de una sociedad más justa, libre y más humana”, ya que no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino una herramienta de emancipación, de equidad, de reconciliación.

Aseguró que en este siglo de grandes avances tecnológicos y en un contexto de desafíos democráticos, de cara a la más grande transformación del Poder Judicial en más de 200 años de historia judicial en México, el ejercicio de la abogacía debe acompañarse de los principios que guiaron a Soto y Gama, tales como la valentía moral, empatía social, integridad, conciencia crítica y vocación de servicio.

El evento contó con la asistencia de las representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente la consejera jurídica Dolores Álvarez Díaz y la magistrada Cecilia López González; integrantes del Consejo de Premiación, representantes de organizaciones de abogados, académicos, servidores públicos de diversos entes gubernamentales, familiares y amigos de los galardonados, entre otros invitados especiales.