Una camioneta se impactó sobre la autopista México-Acapulco, a la altura de Tres Marías; un hombre falleció y dos más resultaron heridos.

Huitzilac.- Un individuo murió y dos personas más resultaron heridas durante un accidente automovilístico que se registró en la autopista México-Acapulco, a la altura del poblado de Tres Marías de este municipio, la tarde del martes.

Fue al filo de las 13:00 horas de ayer cuando automovilistas que circulaban en la referida vialidad vieron una camioneta que chocó contra el muro de concreto, en el kilómetro 51.

Unos minutos más tarde, al sitio llegaron paramédicos, quienes confirmaron el deceso de un hombre, mientras que dos individuos más fueron llevados a un hospital debido a que sufrieron diversas heridas.

Más tarde, al sitio llegó personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cadáver, cuya identidad aún no había sido revelada hasta el cierre de esta edición.

Forma parte del proceso para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.

Zona sur.- La convocatoria que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) para contratar supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales concluirá este 8 de enero.

La Junta Distrital 04 del INE, con cabecera en Jojutla, lanzó la convocatoria a principios de este mes, en al que llamó a los interesados a participar en uno de los dos cargos para el proceso electoral extraordinaria de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

El Proceso Electoral Judicial es el primero que se celebra en México, en el que se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de Distrito, cuya elección se realizará el primero de junio del año en curso.

Al igual que un proceso ordinario, la elección será mediante urna, para lo cual se requieren de los supervisores, quienes se encargarán de apoyar y verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral en campo de los capacitadores bajo su responsabilidad, mientras que estos últimos se encargarán de visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada y garantizar la instalación de las mesas directivas de casillas.

En el Distrito 04 se contratarán diez supervisores y 57 capacitadores, los cuales deberán pasar por el proceso de selección, que incluye plática de inducción, examen y entrevista.

Los elegidos obtendrán un contrato del 1 de febrero al 10 de junio de este 2025. Los supervisores recibirán honorarios por 17 mil 500 pesos, menos impuestos y más gastos de campo, en tanto que los capacitadores percibirán 15 mil 785 pesos, menos impuestos y más gastos de campo.

La convocatoria cerrará este miércoles 8 de enero. Los interesados no deben ser afiliados a ningún partido.

La actual administración tiene 45 días para realizar algún tipo de observación.

Jojutla.- El Ayuntamiento de este lugar informó que hizo el trámite de entrega-recepción entre ambas administraciones, la mañana de este martes, ante la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización (ESAF) del Congreso de Morelos.

La representante de la ESAF, Lizbeth Eugenia Román Neria, se reunió con el presidente municipal de Jojutla, Alan Martínez García, y el contralor Enrique Benítez García, ante la presencia de los integrantes del Cabildo 2025-2027, para realizar la entrega oficial, dando lectura al acta.

Como testigos participaron el secretario municipal, Javier Cabrera Ruiz, y la tesorera Cerli Elizabeth Barón Armenta.

El secretario explicó que con esta entrega se cumple con lo que marcan los reglamentos en el sentido de que el actual alcalde entregue un informe del estado en el que se encuentra la administración municipal.

A partir de ahora se abre un periodo de 45 días para hacer las observaciones pertinentes que pueden hacerse entre las áreas. “Si no hay observaciones, quedaría finiquitado este tema”.

Por otro lado, a seis días de realizada la sesión de Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento dio a conocer las comisiones para los integrantes del nuevo cuerpo edilicio.

“En sesión de Cabildo celebrada el pasado 1 de enero de 2025, los integrantes del cuerpo colegiado aprobaron por unanimidad la designación de comisiones para el periodo 2025-2027”.

En este sentido, el presidente municipal Alan Francisco Martínez García –quien repite en el cargo– tendrá bajo su responsabilidad las comisiones de Planificación y Desarrollo, Asuntos de la Juventud, Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

La síndica municipal, Griselda Pérez Dorantes, tendrá las comisiones de Atención a Personas con Discapacidad, Bienestar Social, Protección del Patrimonio Cultural, Seguridad Pública y Tránsito, así como la de Patrimonio Municipal.

El regidor José Daniel Coronel Pastrana presidirá las de Educación, Cultura y Recreación, Desarrollo Agropecuario, Hacienda, Programación y Presupuesto.

El regidor Miguel Ángel Díaz López tendrá las comisiones de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Archivo, Asuntos Migratorios, Colonias y Poblados, y Servicios Públicos Municipales.

La regidora Pamela Heredia del Orbe, Atención a la Diversidad Sexual, Coordinación de Organismos Descentralizados, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, así como la de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El concejal Aurelio Rebollar Alarcón, Gobernación y Reglamentos, Derechos Humanos, Desarrollo Económico y Asuntos Indígenas.

La regidora Nelly Alejandra Figueroa Román, Participación Ciudadana, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Turismo, Igualdad y Equidad de Género.

Esta es la segunda semana del año 2025, el año 2024 fue de muchos cambios en el mundo. El año pasado se caracterizó por un inusual número de elecciones en diferentes latitudes y longitudes. Por supuesto que esta elecciones nos afectarán en forma local o nacional o internacionalmente. También observamos guerras en diferentes lugares del mundo. En México sufrimos uno de los años más violentos en nuestra historia postrevolucionaria.

Para México el año 2024 es realmente un parteaguas muy interesante, la Dra. Claudia Sheimbaum ganó con un número de votos mayor con respecto al que ganó el Lic. Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Esto implica una clara mayoría que se esparció hasta los gobiernos estatales y municipales e igualmente a las cámaras del poder legislativo.

Con esta mayoría se procedió a modificar el poder judicial de una manera tempestuosa y voluntariosa abriendo la puerta a que personas non-santas puedan dirimir situaciones conflictivas sin apegarse al derecho, es decir, tomar decisiones que no se basen en las leyes, sino que las decisiones sean para pagar favores. Verdaderamente, espero que los cálculos del partido Morena sean los adecuados para que esta situación no se materialice y lastime profundamente a la sociedad mexicana, desde los más privilegiados hasta los que nunca han sabido lo que es bienestar social.

Cada día estoy más convencido que en una sociedad se deben tomar las decisiones basadas en diálogo y considerando la diversidad de opiniones. En estos momentos observo polarizaciones en muchas partes del mundo y la población mexicana no es una excepción, también está polarizada. Durante muchos años se luchó por incluir la diversidad, lamentablemente no fue suficiente y la mayoría de la población tomó conciencia de su voto y lo ejerció hacia la opción que ofrecía repartir la riqueza mediante asignación directa.

Desde mi perspectiva, esta repartición directa, sin un aumento sustancial de las contribuciones al estado mexicano, no tiene forma de perdurar en el largo plazo. La verdad, es que estoy convencido de que el principal problema que lacera a la sociedad mexicana es la tremenda desigualdad en que vivimos. Una porción muy pequeña de la población tienen mucho y la otra gran porción recibe muy poco de la riqueza que se genera en conjunto. Sin embargo, el repartir universalmente atenta precisamente contra combatir esa desigualdad, pues no se enfoca hacia quienes menos tienen.

Es esencial que se recaude más dinero para proveer al menos de servicios de salud y de educación de calidad a la población que no los ha tenido por décadas, no basta con dar dádivas a esa población. Los servicios que han sido asignados a los gobiernos deben ser de calidad similar a los servicios que prestan instituciones lucrativas; pero para esto se requiere de dinero.

El populismo es una forma de decir y darle a la gente algo de lo que pide. Hay populismos que pretenden enfocarse en las poblaciones que menos tienen; otros que pretenden dar más concesiones a los que más tienen argumentando la falacia de que con ello se generará más riqueza que eliminará la pobreza. La historia solo ha mostrado que cuando se quitan las leyes de distribución de la riqueza, como en los populismos de derecha, la porción de la población que más tiene incrementa su riqueza a costa de la porción que menos ha disfrutado de esa riqueza.

Empezamos este año 2025 con expectativas de cambios y consolidaciones. Desde lo más profundo de mi visión optimista, deseo que estos cambios y consolidaciones sean para fomentar el bienestar social y no el de unas cuantas personas o que el bienestar del sector desprotegido sea efímero.

A usted que lee estas letras le deseo que durante 2025 tenga salud y bienestar general compartido con las personas que le rodean en el día a día.

“Vine a conocer el palacio de Justicia que construimos, quedó muy bien”, contestó con una sonrisa burlona el exgobernador Graco Ramírez cuando le preguntaron sobre el motivo de su presencia en una de las salas de audiencia del Centro de Justicia Penal de Atlacholoaya, Y tenía razón: llegó y se fue, no como un imputado por un delito, sino como un distinguido visitante al que todo mundo le rindió pleitesía.

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu llegó puntual a la audiencia programada para las nueve de la mañana de este martes 7 de enero del 2024, en donde la Fiscalía Anticorrupción le formularía imputación a él y a su secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, pero no como lo hace cualquier ciudadano que es requerido por la justicia.

El exgobernador pudo introducir su camioneta hasta el estacionamiento privado del Poder Judicial al que sólo tienen acceso los jueces y magistrados. Su nombre no estaba en la lista de audiencias, sin embargo, no contaban con que un reportero (Carlos Quintero) se enteraría y lo publicaría en Facebook, por lo que algunos medios se apresuraron a llegar.

Al parecer todo estaba preparado para que hubiera un sobreseimiento del caso, y que en cuestión de minutos se resolviera de una vez por todas un asunto que se ha convertido “una piedrita en el zapato” del exmandatario. Alguien le recomendó que compareciera para evitar que ocurrieran incidentes como aquel que lo obligó a suspender la presentación de su libro en el Museo de la Ciudad al notar la presencia de elementos policiacos de la Fiscalía Anticorrupción.

Por eso es que acudió -después de varios intentos- en esta ocasión suponiendo que todo estaría “planchado” para terminar con el único delito que le han podido imputar, y que se trata de una camioneta que ya hasta terminó de pagar.

Al iniciar la audiencia, su abogado Juan Carlos Luna Avilés, solicitó al juez que se sobreseyera el asunto tomando en cuenta el antecedente de la exdirectora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSEM), Paula Trade Hidalgo, quien fue exonerada por un tribunal de alzada del Tribunal Superior de Justicia, e incluso actualmente se encuentra desempeñando el cargo de síndica del Ayuntamiento de Cuernavaca.

El fiscal Anticorrupción, Zeus Gutiérrez, se opuso al considerar que no era el momento procesal oportuno, toda vez que ni siquiera se había declarado abierta la audiencia de imputación.

El juez -uno de los más jóvenes del TSJ-, declaró un receso de 10 minutos para “revisar el caso con exhaustividad”, aunque todo mundo en la sala de audiencias sabía que ese tiempo lo ocuparía en “pedir línea” para resolver.

Al regresar del receso, surgió algo inesperado: de la presentación de nuevos elementos de prueba por parte de la defensa del exgobernador de Morelos y del exsecretario de Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción optó por retirar la solicitud de audiencia para valorar la información presentada. “No ha retirado los cargos y no se ha desistido de la acción penal contra los exfuncionarios”, aclararía más tarde en un escueto boletín en el que omitió la identidad de los imputados.

Así, sin que exista la plena seguridad de que volverá a ser citado, Graco Ramírez abandonó las instalaciones del Centro de Justicia Penal como si se tratara de una visita de supervisión a las obras que él mismo autorizó antes de abandonar el cargo.

Caminó rodeado de sus excolaboradores, sonriente, complacido con el hecho de que en seis años no le han podido hacer nada, y que la red de protección que dejó en los tres poderes del estado le ha servido para obtener impunidad.

A la fecha, nos seguimos preguntando por qué Graco Ramírez quiso comprar una camioneta con un préstamo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, a sabiendas de que él no era trabajador, sino patrón.

Y es que, en septiembre de 2018, unas semanas antes de concluir su mandato, Graco Ramírez fue notificado por el entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna sobre un crédito de 600 mil pesos que podía utilizar para adquirir un vehículo. Lo anterior, de acuerdo con el decreto emitido por el Consejo Consultivo del Instituto, de fecha 3 de julio de 2013, en materia de austeridad y proporcionalidad, para adquirir un vehículo propio para el desarrollo de las actividades oficiales.

El lineamiento funda que ese beneficio era exclusivo para los servidores públicos de los niveles 103, 104, 105 y 106, es decir secretarios, directores generales, coordinadores entre otros mandos superiores.

La Fiscalía Anticorrupción imputó a Paula Trade haber otorgado el crédito a Graco Ramírez cuando su nivel era 101, y en los lineamientos no figuraba como posible beneficiario, por tal motivo se trató de un crédito indebido. Para la Fiscalía, Trade Hidalgo incurrió en el delito de ejercicio abusivo de funciones. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Morelos, el artículo 276, fracción I dice:

“Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que:”

“I. En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, franquicias, exenciones, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico sin causa justificada, efectué compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público (…)”.

Al analizar los argumentos de las partes en conflicto, entre ellos de los abogados defensores Angélica Dánae Velázquez Luna y Juan Manuel Vida Medina, el Juez Joel Alejandro Linares Villalba consideró que el hecho atribuido a Paula Trade no se ajustaba a la norma.

Para Linares Villalba, la persona responsable no fue quien otorgó el crédito sino el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel porque él notificó a Graco Ramírez del beneficio al cual tenía supuestamente acceso.

Por ese motivo, el 16 de febrero del 2024, el Juez mencionado dictó auto de no vinculación a proceso con efectos de sobreseimiento a favor de Paula Trade Hidalgo, dentro de la Causa Penal JC/292/2021.

Contra esa resolución, la directora del ICTSEM, Fabiola del Sol Urióstegui, interpuso el recurso de apelación que recayó en la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia dentro del Toca Penal Oral 75/2024-5-OP.

Con fecha 16 de mayo del 2024, la magistrada Elda Flores León, y los magistrados Francisco Hurtado Delgado y Jaime Castera Moreno, confirmaron la sentencia.

La directora del mencionado Instituto interpuso el recurso de amparo directo, recayendo el expediente en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, siendo admitido el 27 de junio, pero antes de que se resolviera, el 8 de noviembre de 2024 “se tuvo a la parte quejosa presentando un escrito de siete de noviembre del mismo año por el que manifestó su voluntad para desistirse del juicio de amparo”, dice el expediente 216/2024.

De esta manera, Paula Trade Hidalgo quedó totalmente exonerada, y la defensa de Graco pretendía que, bajo estos mismos argumentos, se declarara también el sobreseimiento de la acusación contra él y su secretario de Hacienda.

HASTA MAÑANA.

Aunque la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asegure que no retiró los cargos contra el exgobernador Graco Ramírez y su entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, por ejercicio abusivo del cargo, la presencia de ayer de ambos funcionarios ante un juez se trató de un mero trámite, pues es imposible que ambos no conocieran con antelación el desistimiento de la demanda por parte de la titular del Instituto de Crédito.

La sonrisa del exmandatario a su salida de los juzgados refleja la seguridad que tiene en que este proceso concluya sin mayor sobresalto. Y a pesar de que a través de su cuenta de “X” afirmó que el crédito ya fue pagado y ello hace que no proceda la vinculación a proceso, conviene recordar que la acusación no fue por la falta de pago del crédito, sino por autoasignarse un beneficio al que supuestamente no tenía derecho y del que se valió simple y sencillamente por el peso de su cargo público.

En todo caso, lo que debió mostrar es el respaldo legal que legitime su derecho como beneficiario del crédito y termine de una vez por todas con ese debate sobre si fue en su carácter de trabajador o patrón, que fue lo que motivó su presentación ante la justicia. 

*Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) se edificarán 14 mil 400 hogares en la entidad para personas derechohabientes del Infonavit y no derechohabientes a través de Conavi*
 
Como parte del trabajo coordinado entre los gobiernos de Morelos y México, encabezados por Margarita González Saravia y Claudia Sheinbaum Pardo, respectivamente, se llevó a cabo la Firma de Convenio de Colaboración para el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar de Morelos que permitirá la construcción de 14 mil 400 viviendas para morelenses derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y para no derechohabientes a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En el evento, realizado en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT), la titular del Poder Ejecutivo agradeció a la presidenta de México por esta noble acción y el compromiso de la Conavi, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), del Infonavit y de las y los presidentes municipales de la entidad, para que se pueda llevar a cabo a la brevedad posible.

“Es una gran oportunidad y responsabilidad que tomemos muy enserio este programa donde podemos generar condiciones para mejorar la situación de la gente de Morelos. Aquellos que no tenían oportunidad de contar con una vivienda, ahora la pueden puede tener. Este programa va dirigido a jóvenes y a personas de escasos recursos” expresó González Saravia.

La mandataria estatal indicó que también es una posibilidad para que las personas que residen en lugares de riesgo puedan acceder a una casa y mejorar su calidad de vida.

“También quiero decirles que este es un programa que a diferencia de las políticas públicas para vivienda privada, es de carácter social, lo cual se había perdido en el estado”, aseveró.

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), destacó que en total se construirán un millón de viviendas a lo largo y ancho del país, donde se contará con servicios y acceso a la educación y salud.

“Es una esperanza, es la posibilidad de construir una sociedad diferente, cumpliendo justamente en sus términos precisos con el derecho a la vivienda adecuada”, resaltó.

En el acto estuvieron titulares de secretarías: Víctor Sánchez Trujillo; Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) y Alan Dupré Ramírez, Desarrollo Sustentable (SDS); Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, coordinador técnico del programa Hábitat Morelos.

Además, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi; José Alfonso Iracheta Carroll, director del InsusS; Víctor Hugo Hofmann Aguirre, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, autoridades del orden estatal, federal y de los 36 municipios.

Esta tarde, la gobernadora Margarita González Saravia encabeza la firma de convenio de colaboración para el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Morelos; se proyecta la edificación de 14 mil 400 casas.

En el acto oficial realizado en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT), la mandataria estatal pidió a los alcaldes tomar con mucha seriedad el programa para mejorar la situación de la vivienda en la entidad morelense y que quienes no tienen una oportunidad de adquirir una casa ahora lo puedan hacer, sobre todo jóvenes y personas de escasos recursos.

"Hubo muchas construcciones que ahora las tenemos abandonadas y eso tiene que cambiar, nuestra visión es social", anotó González Saravia.

Se dio a conocer que el proyecto también contempla remodelaciones y apoyo para la escrituración.

*Autoridades de Salud entregaron un montacargas a personal del almacén para optimizar la labor operativa*

El titular de la Secretaría de Salud, Mario Ocampo Ocampo, y la directora general de Servicios de Salud de Morelos (SSM), Jacqueline Hernández Ruiz, realizaron un recorrido por el almacén central del organismo, donde escucharon las necesidades de las y los trabajadores.

El personal del almacén destacó con anterioridad la urgencia de contar con un montacargas, por lo que, en respuesta, las autoridades sanitarias entregaron esta herramienta, así como mesa y sillas para ser utilizadas como comedor.

El secretario de Salud señaló que seguirán colaborando con el área de Almacenes y Abastecimiento de SSM para mejorar las condiciones laborales y no descartó la posibilidad de mudarse a un almacén más grande o incluso abrir uno adicional en el futuro.

Por su parte, la directora general de SSM reconoció el esfuerzo del personal por gestionar los recursos disponibles y pidió reforzar la comunicación para mejorar las condiciones del almacén.

En el recorrido también participaron Andrea Frank Crisar Vázquez Luna, responsable del departamento de Almacenes y Abastecimiento, y Tania Elizabeth Esquivel Mercado, directora de Administración de SSM.

Dos funcionarios judiciales más reciben amenazas.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Cecilia López González, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) un ataque armado a su casa, ocurrido la madruga del lunes, mientras que los magistrados Arturo Loza Flores y Martha Sánchez Osorio denunciaron también ser víctimas de amenazas de muerte.

A través de un comunicado, el TSJ expresó su condena a estos hechos y llamó tanto al Poder Ejecutivo como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a garantizar la protección de los funcionarios judiciales, cuya seguridad está comprometida.

En la sesión ordinaria de Pleno del lunes, la magistrada Cecilia López reveló que la fachada de su casa fue baleada y los agresores dejaron un mensaje, por lo que pidió la intervención de la fiscalía estatal.
También la magistrada Martha Sánchez Osorio, cuñada del fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, dijo haber recibido en su teléfono celular mensajes de amenazas de muerte en su contra y de su familia. De igual forma, el magistrado Arturo Loza Flores afirmó haber recibido amenazas vía mensaje en su teléfono,
Los magistrados recibieron la solidaridad de sus homólogos y, pese a los persistentes enconos entre los integrantes del Pleno del TSJ durante las sesiones, acordaron instar a las autoridades a garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales.

Fuentes de la fiscalía estatal confirmaron que en el caso del ataque a la casa de la magistrada López González, se inició la carpeta de investigación y las primeras diligencias.
Por medio de un comunicado, el TSJ señaló que “el Poder Judicial de Morelos expresa su enérgico rechazo a cualquier acto que pretenda intimidar o vulnerar a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia en la entidad.

“En todos los casos, las y los magistrados afectados han iniciado las acciones legales correspondientes y presentarán las denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, a fin de que se investiguen estos hechos y se garantice su seguridad”.

Afirmó que “el Pleno del Tribunal Superior de Justicia hace un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública para que refuercen las medidas necesarias que garanticen la protección de las y los ciudadanos, así como de quienes integran el Poder Judicial, especialmente aquellos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, han visto comprometida su seguridad”.