Avanza investigación que implica a las exdiputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste: fiscal.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, afirmó que por lo menos un diputado más podría ser imputado por el presunto delito de peculado junto con las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.

Al asistir a la toma de protesta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el funcionario dijo respetar las diversas opiniones sobre el trabajo de la fiscalía y afirmó que en breve informará sobre el curso tanto de la investigación como de la judicialización de la carpeta que implica a exlegisladores.

“Estamos integrando la carpeta de investigación, que los diputados conocen de estas pesquisas, no puedo yo ventilar en medios los avances que tenemos, pero sí puedo decirles que estamos obteniendo elementos de prueba muy sólidos, con los que habremos pronto de judicializar la carpeta en contra de algunas exlegisladoras y otros funcionarios”, sostuvo.

Señaló que por el momento no es posible revelar los nombres de otros exintegrantes de la LIII Legislatura que están bajo investigación, pero adelantó que por lo menos estaría implicado un tercer exdiputado en la indagatoria por el presunto delito de peculado en agravio del Congreso y el erario.

El pasado 23 de abril, la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación de la audiencia de formulación de imputación contra las exlegisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la exsecretaria de Administración del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra ésta última, quien ahora tiene calidad de testigo.

De acuerdo con la fiscalía, la exsecretaria de Administración aportó nuevos elementos de investigación para robustecer la carpeta de investigación que en su momento permitirá reformular la imputación contra las exlegisladoras perredistas y algunos otros implicados por el presunto delito de peculado y lo que resulte, por el supuesto desvío de 20 millones de pesos del presupuesto del Congreso local.

 

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Rindieron protesta los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rindieron protesta ante diputados locales, a ocho meses de que fueron designados por la Comisión de Selección. 
Los cinco representantes -Alejandro Enríquez Hermidas, María Juana Herrera Mota, Edgar López Betanzos, Penélope Picazo Hernández y Roberto Esquivel Coránguez- fueron vinculados con el gobierno de Graco Ramírez, ya que la Comisión de Selección (cuyos integrantes fueron electos por la LIII Legislatura) los designó tres días antes de que concluyera la administración pública estatal pasada.
Al respecto, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz los exhortó a demostrar con trabajo que son los indicados para ocupar dicha representación ciudadana. 
"Están a prueba, empodérense... quítense, con su trabajo y con resultados, el estigma de haber sido electos en la parte final de un gobierno que nos antecedió y dejó mucho que desear en lo que será precisamente su materia", manifestó la coordinadora del Partido del Trabajo (PT). 
El Comité se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante un comité coordinador y el Sistema de Fiscalización. 
También se revisará el trabajo de las instancias que integran el sistema y de calificarlo, para que se cumpla con el objetivo de abatir la corrupción. 
Por ello se encargará de recibir las denuncias de ciudadanos en contra de funcionarios o ex servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. 
El Sistema Estatal Anticorrupción por fin podrá operar luego de más de cuatro años de que se creó la primera legislación para su operación. Sin embargo, la integración del comité antes citado ha estado judicializada desde hace tres años. 

 

       

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Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

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Sábado, 27 Abril 2019 05:07

TSJ exhibe a fiscalía anticorrupción

En un comunicado señala que no se aportaron elementos para demostrar la conducta delictiva de exfuncionarios.

Luego de que el martes la fiscalía anticorrupción tratara de responder a las críticas por la absolución de un exfuncionario estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que en el proceso citado, la fiscalía no aportó elementos que apoyarán su acusación, de allí que el juez de la causa haya decretado el no ejercicio de la acción penal. 

En el comunicado, el TSJ señala que “respecto de la información al auto de no vinculación a proceso de exfuncionarios  de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO),  de la  pasada administración, que participaron en presuntos actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos… durante la audiencia, la Fiscalía formuló imputación a los presuntos responsables y solicitó que se resolviera su situación jurídica “en ese momento”; en este sentido, el juzgador apreció que con los  antecedentes presentados por la Fiscalía no se aportaron elementos de prueba que llevaran a inferir que uno de los imputados conociera o realizara algún tipo de conducta delictiva que afectara el patrimonio del Estado”.

También sostiene que “sobre el proceso de los otros dos imputados, a quienes se les señaló por la conducta tipificada de peculado, sancionada en el artículo 279  fracción I del Código Penal vigente,  la Fiscalía no presentó una prueba que acreditara que los imputados hayan recibido el efecto numerario (dinero)”.

El comunicado finaliza con la afirmación de que  “El TSJ informa que la Fiscalía puede seguir su investigación o recurrir la que emitió el juez, el cual actuó con imparcialidad y conforme a los datos de prueba que fueron expresados en el presente asunto”.

 

 

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En la actualidad, el juez de control está suspendido de sus funciones.

Está señalado por presuntamente favorecer a un implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.   

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) formulará imputación contra el juez de control Roberto “N”, quien presuntamente incurrió en actos graves de corrupción e irregularidades en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.

La titular de la UESC, Adriana Pineda Fernández, informó que en la primera semana de mayo la unidad antisecuestro pretende formular la imputación al funcionario judicial, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el 3 de abril por la Comisión Transitoria del Tribunal Superior  Justicia (TSJ) y  simultáneamente bajo investigación administrativa como penal.

Confirmó que fue la UECS quien inicio la queja ante el TSJ contra el juzgador, quien salió a relucir en una investigación  de un caso de secuestro, pero por secrecía la investigación rechazó revelar detalles  de la implicación del funcionario judicial y sólo acotó que se presume que incurrió en corrupción y delitos contra la administración de justicia.

“Resultó de una investigación de un caso de secuestro y cuando hay una situación conexa a nuestra investigación, nosotros continuamos con ese procesamiento, es un tema evidentemente de corrupción, lo seguimos porque tiene relación o derivó de una investigación de un caso de secuestro, no es por secuestro (la investigación al juez), sino por otros delitos que atentan contra la administración de justicia y en la primera semana de mayo tendremos ya la formulación de imputación, pues para presentar nosotros ya el caso formalmente con el juez”, explicó

A pregunta expresa sobre la gravedad de las conductas que le serán imputadas al impartidor de justicia, señaló que “desde el punto de vista como fiscalía, nosotros consideramos que es grave con relación con lo que ocurre con las funciones que realiza un servidor público, para nosotros no es una falta, es un hecho delictivo que evidentemente está sancionado por la legislación penal y nosotros vamos a formular la imputación”.

Aunque las autoridades mantienen sigilo sobre los detalles del caso, trascendió que presuntamente el juez habría favorecido o apoyado, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

 

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En un comunicado, el Congreso pide al funcionario “ponerse a trabajar”, en relación con la investigación contra Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera.

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Las víctimas fueron atacadas a balazos en su casa, en la colonia Centro de ese poblado de Temoac; el hombre era nieto de un extesorero municipal.

Temoac.- La tarde de este martes, una familia fue atacada a balazos en la comunidad de Huazulco de este municipio. Una mujer y un hombre murieron, mientras que su hijo –de un año y ocho meses– resultó herido.

Al respecto, personal de la Fiscalía Regional Oriente informó que se trata de Fredi Morán Romero y su esposa. El primero era nieto de un extesorero del municipio de Temoac, según los primeros reportes.

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro de la comunidad de Huazulco, en el domicilio de Fredi Moran Romero y de su esposa, que fueron atacados a tiros junto con su pequeño hijo.

Este último fue trasladado a un hospital, alrededor de las 17:50 horas de ayer, confirmaron las autoridades municipales.

Personal del Servicio Médico Forense y de la Fiscalía Regional Oriente llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos, así como el traslado del pequeño, de tan sólo un año y ocho meses al hospital.

 

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Aún se desconoce el paradero del profesor jubilado.

El abogado Juan Carlos “N” fue declarado como responsable del delito de secuestro agravado en agravio del profesor Albino Quiroz Sandoval, cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el 16 de marzo del año 2017, el profesor Albino se reunió con el imputado en un inmueble ubicado en la calle Galeana, esquina Reyna Xóchitl, donde el mentor fue visto por última vez.

La familia de la víctima presentó la denuncia y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ejecutó tres cateos y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, en cuyo despacho, ubicado en el Barrio La Santísima, del municipio de Tepoztlán, fueron localizadas una credencial de elector y dos tarjetas bancarias a nombre de Albino Quiroz, así como se hallaron diversas huellas digitales del profesor.
Con base en estas evidencias, la fiscalía imputó y llevó a juicio al litigante, quien fue declarado por un tribunal oral como responsable del delito de secuestro agravado. El próximo miércoles 3 de abril se llevará a cabo la audiencia para la individualización de la sanción.  

Las investigaciones continuarán, debido a que aún se desconoce el paradero del profesor Albino.

 

 

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Vecinos del poblado de Tetela del Monte acudirán a la fiscalía del estado de Morelos para denunciar a uno de los dirigentes del Nuevo Grupo Sindical (NGS), Ben Hur Hernández Bringas, por el delito de delincuencia organizada y despojo. Lo anterior, al ser señalado como actor intelectual en la invasión de más de 15 propiedades de la zona noreste de la ciudad. 

En ese sentido Remigio Martínez señaló que él fue víctima de despojo de una de sus propiedades por parte de un grupo de jóvenes, quienes se identifican bajo las siglas NGS, y quienes al ser enfrentados por familiares y vecinos del lugar, señalaron que ellos sólo cumplen con las órdenes de Ben Hur Hernández Bringas (hijo de Bulmaro Hernández Juárez), quien es el que se dedica a reclutar a estas personas y bajo la promesa de trabajo bien remunerado los orilla a delinquir.

El denunciante afirmó que se reportan más de 15 propiedades que fueron víctimas de la delincuencia organizada, en donde el modus operandi es la invasión de propiedades por grupos de 5 a 10 jóvenes no mayores de edad, quienes se internan por la noche en las propiedades previamente estudiadas, lo que permite que en muchas ocasiones los dueños de las casas no se percaten hasta que los invasores están dentro de las mismas. 

Dentro de la denuncia que se prepara, mencionan que figuran dos trabajadores del catastro municipal de Cuernavaca, quienes, según la propia investigación realizada por los vecinos, fueron puestos estratégicamente por Ben Hur Hernández Bringas en el trienio pasado, por sus ligas con el PRD. En este tenor explicaron que desde este lugar, cuentan con la información privilegiada de las casas que se encuentran ya sea en abandono en los mejores casos o en estado de indefensión por ser habitadas por personas muy vulnerables de la tercera edad o madres solteras, lo que sin duda les deja un botín muy jugoso. 

Afectados denunciaron una red de complicidades muy amplias entre el Nuevo Grupo Sindical y ex funcionarios de la administración del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, para apoderarse de casas de fin de semana que luego revende.

Dijeron que el ex gobernador perredista favoreció a Ben Hur Hernández Bringaspara trabajar de manera impune”.

“Actualmente esta organización del Nuevo Grupo Sindical ofrece en la Ciudad de México viviendas en Morelos a precios muy económicos. Le prometen al comprador que estas casas, supuestamente abandonadas, pueden ser fácilmente regularizadas, por lo que hacen contratos falsos de compra venta e inician juicios de reivindicación”.

Remigio Martínez, uno de los afectados por la maniobra, dijo que en Cuernavaca es muy común que muchas de las casas estén desocupadas por ser de fin de semana o de vacaciones, ya que sus propietarios radican en la Ciudad de México o en estados vecinos. “Ellos (el NGS) buscan casas que creen abandonadas y se apropian de ellas, aunque cometen un delito, muchas veces usan a menores de edad en las operaciones y lamentablemente eso complica mucho su detención o vinculación a proceso”, señaló el denunciante.

“Esta investigación la tenemos desde hace un par de años, lamentablemente durante la gestión de Graco Ramírez estaban protegidos por el gobierno, hoy nos atrevemos hacerlo público, ya que sabemos que Cuauhtémoc Blanco no permitirá este tipo de atropellos a la ciudadanía”, señaló en entrevista.

 

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Detectan la falta de aplicación de fondos federales para infraestructura educativa del 2016 y 2017.

Trabajan a marchas forzadas para no perder recursos del 2018, que deben aplicarse antes del 31 de este mes.

Autoridades de la actual administración estatal identificaron la falta de aplicación de fondos federales para infraestructura educativa del 2016 y 2017, durante la gestión pasada, por lo que se preparan las denuncias correspondientes. Mientras tanto, trabajan a marchas forzadas para no perder recursos correspondientes al 2018.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés Román, dijo que se logró recuperar el recurso del 2018, que deberá ser aplicado antes del 31 de este mes.

El funcionario estatal añadió que desconocen el paradero de los recursos de dos años anteriores, cuyo monto también se ignora con detalle, pues se lleva a cabo la recopilación documental. “Estamos detectando algunas obras del 2016 y 2017 que se cobraron al cien por ciento y no se ejecutaron; una vez que estén identificadas y recabada la documentación, vamos a presentar las denuncias correspondientes”.

Adelantó que corresponden a un fondo educativo federal relacionado con infraestructura educativa como aulas, techumbres, entre otros conceptos. Dijo no conocer con detalle el monto que debió ser invertido en este concepto y que no fue aplicado correctamente, pero en su momento se dará a conocer.

El secretario indicó que la actual administración consiguió a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social recuperar los fondos del 2018, por un total de 59 millones de pesos.

Por lo tanto, la Secretaría de Obras tiene que realizar alrededor de 50 obras a marchas forzadas, porque se tienen que concluir a más tardar el 31 de marzo de este año. La mayoría de las obras son salones, entre ellas 11 aulas en distintas escuelas de Cuernavaca.

Recordó que se trata de un fondo dedicado a bajar los índices de alta marginación en algunas comunidades.

“No confiamos en la Fiscalía Anticorrupción. Estamos esperando que se judicialicen las carpetas y no han podido hacerlo, las 17 denuncias que presentamos desde el 12 de noviembre pasado”, expresó, al insistir en que hasta ahora no observan actuaciones efectivas por parte de dicha instancia en torno a las denuncias por anomalías en el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu.

Consideró que la Fiscalía Anticorrupción no tiene voluntad, por lo que llamó a que al menos en diez de esos casos se declaren incompetentes y las envíen a la Fiscalía General de la República.   


 

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