El 8 de agosto permitirán el paso libre en una caseta de cobro.

Zona sur poniente.- La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos ( CIOAC) de Morelos se sumará al paro nacional que se realizará los próximos 8 y 9 de agosto en protesta por la falta de políticas públicas para el campo, por lo que el 8 de agosto se permitirá el paso libre en la caseta de cobro 184 de la autopista México-Acapulco.

Genoveva Flores Ramírez, dirigente estatal de la CIOAC, informó que a través de la movilización nacional en la zona sur se pronunciarán para exigir que se atiendan sus demandas.

Entre las demandas de los campesinos está un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir la política pública para el campo. Además, exigen información veraz y transparente sobre los recursos públicos aplicados hasta la fecha a través de los programas de apoyo al campo, sean estos programas sociales o productivos.

“Demandamos la ejecución del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado de acuerdo al calendario de gastos, no a los subejercicios”, señaló. 

Asimismo, exigen la derogación de la reforma salinista al Artículo 27 constitucional de enero de 1992 y la derogación de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y sus aliados en el sexenio pasado.

Agregó que ante esta situación, en día 8 de agosto “liberarán” (permitirán) el paso libre en todas más casetas del país, quedando ellos a cargo de la caseta de cobro 184 de Ahuehuetzingo.

Reitero que se requiere diálogo democrático con el presidente de la república y los secretarios del gobierno federal relacionados con el campo.

Dejó claro que van a defender los apoyos para el campo a través de las diferentes acciones. 

 

 

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Militantes de la ANUEE bloquearon la calle frente a las oficinas de Profeco.

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) marcharon por las calles del centro de la ciudad y bloquearon la avenida Morelos en protesta por los cobros exagerados y los cortes en el suministro por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Llamaron a los ayuntamientos a sumarse en un frente común contra la actuación de esa empresa.

Los inconformes caminaron desde la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas -ubicada en la avenida Cuauhtémoc- hasta las oficinas de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la avenida Morelos, donde cerraron la circulación durante varias horas.

 Juan Antonio Rodríguez Solórzano, coordinador de la ANUEE en la entidad, dijo que de nueva cuenta salieron a las calles porque no cesan los “abusos” de la CFE, como la suspensión de la energía, el retiro de medidores, así como los cobros exagerados e injustificados.

Lo anterior, viola el marco legal que establece que una vez que el consumidor inicia un proceso ante la Profeco está prohibida cualquier corte, aseguró.

Dijo que estaba proyectada para ayer una reunión con personal de la Profeco y con directivos de la CFE para atender sus demandas.

En lo que va del año, la ANUEE registró más de dos mil casos, lo que suma en total cuatro mil usuarios que han iniciado denuncias ante la Profeco porque a pesar de que no existe relación contractual, la CFE corta el servicio de energía.  Además, denunciaron que la CFE continúa “hostigando a los usuarios” con amenazas de demandas por delitos federales.

Subrayó que no se niegan a pagar por el servicio, pero buscan pagar lo justo. Refirió que hay casos en los que se pretende cobrar hasta 120 mil pesos en una casa habitación, en un solo bimestre.

El representante de la ANUEE llamó a los alcaldes que han enfrentado problemas con la CFE por cobros elevados y cortes en la energía eléctrica a conformar con frente común.

Hizo notar que dichos cortes afectan a la ciudadanía, por ejemplo, cuando se suspende el suministro en los pozos de agua, lo que perjudica a la población, que se queda sin el vital líquido en sus domicilios.

 

 

 

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Miércoles, 12 Junio 2019 05:16

Más protestas por falta de agua

Vecinos de las colonias Lomas de la Selva y San Cristóbal cierran calles para reclamar al SAPAC atienda el desabasto.

Por segundo día consecutivo, vecinos de la colonia Lomas de la Selva bloquearon la circulación en la avenida Vicente Guerrero, para exigir al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que regularice el suministro del vital líquido.

Señalaron que a pesar de que han solicitado -por diferentes vías- a los representantes del organismo operador que se normalice la distribución de agua, no han logrado obtener respuesta.

La movilización comenzó alrededor de las nueve de la mañana y hasta después del medio día. De acuerdo a lo informado por el coordinador general del SAPAC, Jaime Tapia Rodríguez, el desabasto de agua potable se debe a la descompostura de un equipo de bombeo, el cual es reparado a fin de atender lo más pronto posible la demanda de los vecinos de Lomas de Cortés.

Incluso, el funcionario aseguró que la distribución del vital líquido para el Hospital José G. Parres -que se encuentra en esa zona- está garantizada, a fin de que no padezcan el desabasto.

Por su parte, el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, en entrevista señaló que en Cuernavaca hay un problema severo en las redes de distribución y los equipos de bombeo, debido a que en administraciones pasadas no tuvieron mantenimiento, y eso ha generado que las redes hidráulicas se colapsen, dejando sin abastecimiento de agua a muchas colonias de la capital. 

Finalmente, alrededor de las dos de la tarde vecinos de la colonia San Cristóbal también bloquearon la avenida Domingo Diez, para solicitar se regularice la distribución del vital líquido en su colonia.

 

 

 

 

 

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Se reúnen con la secretaria municipal, pero no llegan a acuerdos.

Jojutla.- Integrantes de la Cámara de Comercio de Jojutla y del mercado “Juan Antonio Tlaxcoapan” se manifestaron ayer, frente las instalaciones del C-4 (sede provisional del Ayuntamiento), en demanda de que el gobierno municipal respete los convenios que ya tenía con ellos y no aplique incrementos en el pago de refrendos.

Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de menos de 20 comerciantes llegó al lugar y mostró pancartas demandando el cumplimiento a los acuerdos. Al mismo tiempo, con un altavoz, manifestaban su inconformidad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Jojutla, Emanuel Parra Fuentes, explicó que el Ayuntamiento se había comprometido a no incrementar el cobro, pero recientemente, la secretaria municipal, Erika Cortés, les comunicó que sí habría alza y no aplicaría el convenio.

Dijo que la posición de la Canaco es que, por las condiciones del municipio, no haya incrementos, pese a que el aumento es para quienes expiden bebidas alcohólicas, “pero también afecta a las pequeñas misceláneas”.

Reconoció que han platicado con las autoridades, pero no han llegado a un acuerdo, por ello realizaron esta manifestación.

Detalló que quieren seguir pagando lo mismo que el año pasado, 400 pesos parejo para todos los afiliados y la firma de un convenio para los próximos tres años.

Minutos después, se reunieron con la secretaria municipal, Erika Cortés Martínez, en su despacho.

Allí, el presidente de los comerciantes del mercado “Juan Antonio Tlaxcoapan”, Salvador Vargas Hernández, dijo que se sumaron a la protesta porque, en su caso, solicitaron que se respetaran las “tradiciones” y se resolviera lo de los puestos abandonados y otras cosas más.

En la misma mesa, Emanuel Villegas, comerciante de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, reclamó que urge que terminen la pavimentación de esa calle y no les han dado fecha.

En su turno, la secretaria municipal, Erika Cortés, reconoció que no han llegado a acuerdos, pero siguen las pláticas.

Respondió a la Canaco que se debe manejar un tabulador y la propuesta que ofrecieron tiene estímulos que van de un 40 hasta un 70 por ciento menos de lo que se establece en la Ley de Ingresos.

A los comerciantes del mercado Tlaxcoapan dijo que ya se trabajó en mejoras del centro de abastecimiento; y en cuanto a los puestos, se tiene que realizar un proceso con intervención del Congreso del estado.

Y a los vendedores de la calle Josefa Ortiz les dijo que buscarán una reunión con el secretario de Obras Públicas.

Los comerciantes exigieron una reunión con el presidente municipal para llegar a acuerdos.

Al final, tanto la Canaco como los comerciantes del mercado dijeron que esperarán para tener la reunión con el alcalde y tomar decisiones.

 

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Vecinos denuncian que tienen 15 días sin el vital líquido.

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Bloquearon la avenida Plan de Ayala con la exigencia de pago puntual de sus quincenas y otros adeudos en prestaciones.

Trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) desquiciaron el tránsito vehicular de Cuernavaca por más de dos horas en demanda del pago puntual de sus quincenas y otros adeudos en prestaciones laborales. El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, se comprometió a atender en este mes todas las demandas. 
Desde las siete de la mañana de ayer miércoles, los jubilados tomaron la Dirección General del Cobaem, pues también solicitaron la renuncia de su titular, Víctor Nájera Medina, a quien acusaron de ser insensible ante los problemas de los trabajadores. 
Minutos después de las ocho de la mañana, los trabajadores bloquearon la avenida Plan de Ayala y la calle Juan Dubernard, a la altura de la plaza Arcos de Cristal, donde se encuentra la Dirección General del Cobaem. 
El vocero de los jubilados del Cobaem, Joaquín Ortiz Sandoval, explicó que desde el 2018 han registrado un retraso en el pago de las quincenas de los 300 trabajadores, y actualmente se les debe entre 17 y 19 días de finiquito, además de otras prestaciones. 
"Muchos estamos enfermos y necesitamos la atención médica, además decidimos salir a las calles”, señaló. 
Después de unos minutos, el secretario de Educación accedió a trasladarse a un restaurante cercano a la protesta para escuchar las peticiones de los inconformes. Finalmente se comprometió con los jubilados a que en este mes se saldarán todos los compromisos pendientes y aseguró que analizaría la petición de remoción del director Víctor Nájera Medina. 
Posteriormente, los maestros y administrativos en retiro quitaron el bloqueo y liberaron el acceso a la Dirección General del Cobaem. 
Mediante un comunicado de prensa, el gobierno del estado informó que el pago de las prestaciones está garantizado.

 

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Cerraron una calle de la colonia Teopanzolco para protestar contra la invasión de la vía pública.

Habitantes de la colonia Teopanzolco de Cuernavaca protestaron, ayer lunes, en contra del comercio ambulante que se instaló afuera de la Plaza Cristal, donde se ubican diversas dependencias públicas, y que está protegido por la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 
Cerca de las 10 de la mañana, un grupo de vecinos bloqueó las calles Antigua Vía del Ferrocarril y Juan Dubernard, para pedir a las autoridades municipales el retiro de los negocios ilegales. 
Denunciaron que la Confederación de Trabajadores de México se apropió de las calles antes referidas y colocó a sus comerciantes protegidos, que -hasta ayer- estaban instalados en al menos cinco puestos con venta de comida, bebida y otros productos, causando problemas de tránsito vehicular y a los peatones. 
"Están invadiendo la calle, es una avenida donde dan vuelta, puede haber peligro y se pueden llevar a un comensal, y también lo que queremos evitar es ese tipo de accidentes", manifestó una de las vecinas inconformes. 
Tras varios minutos de protesta, los vecinos lograron quitar a los comerciantes de las banquetas que se encuentran afuera de la plaza, ya que elementos policíacos también arribaron al lugar. Sin embargo, los vendedores se trasladaron a un terreno vacío, ubicado sobre la avenida Plan de Ayala, frente a la citada plaza. 
Los colonos advirtieron que si el comercio ambulante continuaba en la zona, llevarían a cabo más movilizaciones en los próximos días. 

 

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No descartan medidas legales contra el proyecto.

Vecinos del poblado de Tlaltenango buscarán impedir por la vía jurídica la construcción de cuatro torres departamentales en el área conocida como el Salto Chico, y se mantienen a la espera de que sea emitido el dictamen de factibilidad del agua.

En conferencia de prensa ofrecida en la glorieta de San Jerónimo, un grupo de vecinos -con pancartas en mano solicitando la cancelación del desarrollo habitacional-, reiteró su rechazo a la construcción de cuatro torres departamentales, de once pisos cada una.

Señalaron que el proyecto no sólo rompe con el entorno pintoresco de la zona de San Jerónimo, sino que –además- afectaría la vialidad e, incluso, se agudizarían los problemas de distribución de agua potable.

El ayudante municipal electo de poblado de Tlaltenango, Alfredo Rodríguez San Ciprián, explicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicos tiene pendiente dictaminar el uso de suelo, el cual depende -a su vez- del dictamen de factibilidad del agua, lo cual ha permitido parar la obra.

Rodríguez San Ciprián argumentó que confían en que el dictamen de factibilidad del agua sea negativo, y con ello impidan la construcción de los edificios. “Ya de por sí tenemos agua en la zona sólo tres veces a la semana por dos o tres horas al día, imagínense con los nuevos departamentos”, cuestionó.

Explicaron que seguirán a la espera de la resolución del gobierno municipal, mientras tanto, no descartan también combatir por la vía jurídica la edificación.

 

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Ciudadanos cuestionan el desempeño de Juan Salazar Núñez y la falta de resultados al frente de la FECC; “ataque a la libertad de expresión”, proceso contra reportera, señalan.

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" se manifestaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en apoyo a la periodista Maciel Calvo y en protesta por lo que calificaron como "ataque a la libertad de expresión". Exigieron la salida del fiscal Juan Salazar Núñez por no cumplir con su función.

Los inconformes lanzaron huevos al portón de acceso de la Fiscalía, en protesta porque no fueron recibidos, y “como un signo para que el titular tenga el valor de atacar la corrupción”.

El grupo de miembros de dicha asociación se congregó en el cruce de las avenidas Poder Legislativo y Vicente Guerrero, desde donde marcharon hasta la sede de la Fiscalía.

Gabriel Rivas Ríos, líder de la organización, expuso que “mientras permanezca el fiscal anticorrupción, no se van a hacer bien las cosas. Hay carpetas de investigación que les han echado abajo… han demostrado una total incapacidad, o bien, hay interés de que las cosas no caminen”. Consideró que el exgobernador “Graco Ramírez sigue metiendo las manos para que le cubran las espaldas”.

Rivas Ríos externó que decidieron manifestarse en protesta porque consideran que “hay un ataque a la libertad de expresión”; lo anterior, en relación con el anuncio hecho por el propio titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, respecto a la apertura de una denuncia (para exigir su derecho de réplica) en contra de la reportera de esta casa editorial, Maciel Calvo.

Rivas Ríos sostuvo que el actuar del fiscal “también es un ataque a la libertad de prensa, a los derechos humanos… Hoy un fiscal anticorrupción se atreve a demandar a una periodista por decir lo que otros ya saben, que fabricó pruebas para meter a la cárcel al exrector de la UAEM, Alejandro Vera”.

Aseveró que el denunciar a un medio de comunicación, en este caso a una periodista, es una clara muestra del intento por acallar cualquier crítica, ya sea de periodistas, o por parte de activistas o defensores de derechos humanos, por lo que hoy exigen un alto a las agresiones de este tipo.

Según Rivas Ríos, Juan Salazar es un funcionario impuesto y heredado por el exgobernador Graco Ramírez, a quien aparentemente pretende proteger junto a ex servidores públicos por irregularidades detectadas; de igual modo, señaló que es de dominio público que este personaje no ha rendido resultado alguno hasta la fecha.

“Ahora resulta que los corruptos nos van a demandar por denunciar la corrupción, por decirles lo que son. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó Rivas Ríos.

El dirigente de la organización se refirió así al proceso iniciado por el citado fiscal contra La Unión de Morelos y la reportera Maciel Calvo, por una nota sobre la resolución de un juez local en torno al caso de Alejandro Vera Ramírez y su esposa.

Salazar Núñez recurrió a la justicia federal para exigir lo que consideró su derecho de réplica y su escrito fue publicado en La Unión de Morelos, pese a lo cual, continuó el procedimiento judicial por algunos días, por estar inconforme por la manera en que había sido atendida su exigencia.

Finalmente se desistió y, ayer, después de la protesta, su área de prensa emitió un comunicado en el que señala que “La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) respeta la libertad de expresión, así como la de manifestación; jamás ha actuado por consigna ni por presiones de ninguna índole”.

Aunque en ese contexto dice que el martes se reunió con la reportera Maciel Calvo, el comunicado evita decir que fue para realizar una entrevista periodística (que aún no se ha publicado) a petición de la reportera.

El boletín de prensa asegura al final que “Esta Fiscalía se rige por los valores y principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, ética, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, transparencia, respeto a los derechos humanos, honorabilidad, responsabilidad, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio”.

 

 

 

 

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Martes, 26 Febrero 2019 05:19

Amenazan con protestas por falta de agua

Denuncian que les fue retirada la bomba que daba servicio desde hace 15 días a esa colonia.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) retiró la bomba que permitía el suministro de agua potable a la colonia Los Pilares (ubicada al sur de Cuernavaca), a pesar de que hace menos de 15 días ese equipo les había sido entregado para garantizar la distribución del vital líquido.

Fue el pasado fin de semana cuando personal del organismo operador acudió al pozo Pilares I para retirar la bomba, con el argumento de que se requería para poner en funcionamiento otro equipo.

Los vecinos señalaron que estuvieron sin equipo desde noviembre del año pasado, por lo que tuvieron que recibir la distribución a través de pipas, y hace 15 días, tras sostener un dialogo con el presidente municipal, lograron que les entregaran una bomba de mayor capacidad que permita que la distribución del agua sea con más fuerza.

Sin embargo, a escasos 15 días de que por orden del alcalde les dieron el equipo de bombeo, éste les fue retirado y los vecinos tuvieron que ceder ante la insistencia del personal del SAPAC.

No obstante, advirtieron que darán de plazo hasta este martes para que el equipo de bombeo les sea devuelto, de lo contrario, amenazaron con realizar movilizaciones a partir del miércoles.

 

 

 

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