"La confianza en las calles de una ciudad se construye a lo largo del tiempo a través de muchos, muchos pequeños contactos públicos en las aceras... la mayor parte de ellos son ostensiblemente triviales, pero su suma no es en absoluto trivial".

Jane Jacobs

Si algún poder tiene la arquitectura es cambiar vidas. La arquitectura me ha enseñado que con la debida intención de querer ayudar se pueden hacer “tremendos” cambios en la sociedad.

Jane Jacos, activista social por los derechos de la ciudad, nos enseñó que el verdadero urbanismo y, por supuesto, la arquitectura, se debe abordar desde el territorio y no desde un escritorio, como se solían desarrollar los proyectos de ciudad. Jane Jacobs de una forma u otra nos hizo ver lo tan equivocados que estábamos nosotros los arquitectos, tomando en cuenta que ella no era arquitecta de profesión, sino periodista, que el paso del tiempo la orilló a ser una teórica ferviente del urbanismo y del activismo sociopolítico. Jacobs es reconocida por su libro Muerte y vida de las grandes ciudades ("The Death and Life of Great American Cities"), donde expone una crítica al urbanismo moderno y los proyectos de regeneración urbana, argumentando que son una amenaza para la diversidad y vitalidad de las ciudades.

Me es importante introducir a Jane Jacos en este artículo ya que, por el tema que hoy describo, es una pionera en el urbanismo de territorio.

Desde el territorio, nombre de este artículo, hace referencias a la intención u obligación de que, para abordar un proyecto, llámese arquitectura social o de intervención urbana, sí o sí se tiene que entender el territorio. El territorio entendido como la investigación y análisis del contexto inmediato, social, económico y geográfico, entre otros. El territorio nos da la oportunidad de conocer a la gente, pero primordialmente a la ciudad. Como menciona Jane Jacobs, la confianza comienza en las calles de la ciudad y, por supuesto, para llegar a esa confianza se lleva tiempo y no poco, sino mucho. Para llegar al territorio uno debe empezar con pequeños acercamientos hacia las comunidades, a través, en su mayoría, de líderes vecinales que a su vez llevan la voz hacia la comunidad.

Pequeños pasos son los indicados para profundizar en el territorio estudiado; uno de esos pequeños pasos que a mí más me gusta y que en lo personal considero eficiente son los “talleres de microhistorias”. El taller consiste en juntar personas de determinada comunidad que se reúnen en un lugar a contar historias cortas de su barrio, de su casa, de su familia, de su escuela o de lo que ellos quieran contar acerca del lugar de donde viven. Este proceso de escuchar, pero de analizar, abre un sinfín de oportunidades para entender y resolver lo que está sucediendo en esa comunidad.

Desde el territorio se soluciona y se ejecuta y no desde una oficina. Al final, ese es el trabajo del arquitecto-urbanista y el que crea lo contrario está muy equivocado; poco a poco debemos de dejar el ego atrás y seguir trabajando con la gente y no solo para la gente.

Hay nerviosismo entre los alcaldes y alcaldesas de Morelos por las repercusiones que pudiera generar el llamado “Operativo Enjambre” que la Secretaría de Seguridad Pública Federal llevó a cabo en el vecino estado de México, y que tuvo como consecuencia la detención -hasta ahora- de 14 servidores públicos de esa entidad. De hecho, algunos ya no están acudiendo a sus oficinas porque saben que los detenidos en Edomex pueden dar la lista completa de sus homólogos de la región que están coludidos con grupos de la Delincuencia Organizada.

Como ya es del dominio público, entre los detenidos los hay de todos los partidos e incluyen a un secretario de seguridad de Ixtapaluca y otro jefe policial del ese municipio gobernado por Morena, así como su homólogo de Amanalco, que también es de Morena, incluyendo a la propia presidenta municipal de Amanalco, del mismo partido,

Se detuvo al subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, del PAN y al director del DIF de Tonatico, esposo de la presidenta de ese municipio, también panistas.

Entre los detenidos está un priista, el director de seguridad de Tejupilco, y faltan por detener funcionarios de Santo Tomás, que gobierna el PRD, de Chicoloapan, de Morena, Coacalco y Jilotzingo, ambos del PRI. Isidro Cortes Jiménez, jefe de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, municipio perredista, prefirió dispararse a la cabeza cuando le notificaron que tenía una orden de aprehensión.

No es la primera vez que ocurre un operativo de esta magnitud. Durante el sexenio de Felipe Calderón se dio algo parecido, lo que pasó a la historia como “El michoacanazo”.  Cuando ocurrió el michoacanazo las pruebas existentes contra la mayoría de los involucrados eran abrumadoras: grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos, cuentas bancarias. Inexplicablemente, el caso se fue desvaneciendo: primero, los acusados fueron trasladados desde las cárceles de máxima seguridad a la de Morelia donde tenían un régimen prácticamente de spa, y de allí fueron enviados uno por uno a sus casas.

En paralelo con ello, el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, que hasta entonces estaba prófugo, se presentó, con un año de retraso, a tomar posesión de su curul en la cámara de diputados y obviamente de su fuero constitucional.

Julio César Godoy consiguió un amparo, de los mismos tribunales que habían dejado en libertad a los otros implicados en el michoacanazo, y fue ingresado a San Lázaro en la cajuela del carro de un diputado perredista, fue escondido en las oficinas del líder del PRD en la cámara Baja, Alejandro Encinas y dos días después, rindió protesta, en uno de los hechos más bochornosos de la historia legislativa del país, como diputado federal. Godoy Toscano se incorporó inmediatamente a la comisión de seguridad de la cámara para analizar, dijo, “los excesos de las fuerzas de seguridad”.

Se solicitó su desafuero y en ese proceso fueron filtradas grabaciones que el juez había desestimado, otorgándole un amparo y el fuero. Eran conversaciones con Servando Gómez, la Tuta, jefe de la Familia Michoacana, donde con lujo de detalles se le explicaba al entonces candidato los apoyos que tendría y también los compromisos que debería asumir.

Julio César Godoy fue desaforado, pero tuvo todo el tiempo del mundo para darse a la fuga y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Nadie, ninguno de los involucrados por haberlo convertido en candidato y en diputado, de haber permitido esa burla al congreso y a la ciudadanía, sufrió alguna consecuencia. El juez que ordenó todas las liberaciones del michoacanazo, Efraín Cazarez López, terminó siendo destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura.

Recordemos que en Morelos también tuvimos nuestro propio “Morelazo”, cuando personal de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), vinieron a Morelos a llevarse al entonces secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, y al jefe de la Policía Municipal de Cuernavaca, Francisco Sánchez, acusados de proteger al cartel de Arturo Beltrán Leyva. Ambos están libres pues sus acusadores cambiaron sus testimonios y argumentaron haber sido torturados. Lo de siempre pues.

Hoy, es del dominio público de que varios de los presidentes municipales tienen tratos con grupos de la delincuencia organizada, que han recibido fuertes cantidades de dinero para permitirles operar a sus anchas en la extorsión y el robo de vehículos, así como en “ajustes de cuentas” a grupos contrarios. Y no sólo alcaldes o alcaldesas, también síndicos y regidores, jefes de policía municipales y de tránsito.

Todos ellos viven en la zozobra de que algún día de estos llegue un operativo similar al que ocurrió en el estado de México, y les notifique que están detenidos y se los lleve, sin darles tiempo siquiera de despedirse de su familia. Obviamente toda esta información se está manejando con toda la secrecía en los más altos niveles de seguridad nacional.

Como quien dice, están aplicando el sabio refrán mexicano: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Literal.

Ayer, en la conferencia de prensa que encabezó el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, en representación de la gobernadora, el secretario de Seguridad Pública dijo una frase muy reveladora: “La operación Enjambre en el estado de México no nos es nada extraña”. Al buen entendedor, pocas palabras.

Sin embargo, aquí hay que dejar en claro que no solamente son los que ya se van, sino también los que están por asumir el cargo a partir del primero de enero. En algunos casos se trata de candidatos que recibieron dinero de grupos del crimen organizado con la condición de que les dejen operar sistemas de agua potable, obras públicas y hasta tesorerías.

Hay de todos los partidos políticos, hasta de Morena y sus aliados. Por si las dudas, que se vayan preparando los que quedaron en las planillas como presidente municipal suplente, si es que lo hay.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR. – Teniendo como sede la Universidad Interamericana que encabeza José Alberto Pérez Apaez y Jorge Mario García Ávila, ayer dio inicio el Congreso Internacional de Derecho Familiar en su XXI edición bajo el lema: “La familia es para siempre”, con la participación de destacados juristas de diversos países.

Encabezó la ceremonia el Dr. Julián Güitrón Fuentevilla, presidente del Centro Internacional de Estudios en Derecho Familiar y Civil, autor del primer Código Familiar que se promulgó en Hidalgo en 1983 y que hasta la fecha sigue vigente, y presidente del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar; así como el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado. 

HASTA MAÑANA.

Un elemento vital en cualquier estrategia de seguridad es el uso de la tecnología, y mantenerla a la vanguardia es el otro punto medular. 

Conforme avanzan los años, la instalación de cámaras de videovigilancia pasó de ser un debate centrado en la vulnerabilidad de la privacidad, a una necesidad sentida e, incluso, una obligación en materia de seguridad y estrategia de prevención del delito. 

Sin embargo, para alcanzar esos objetivos lo mínimo que se requiere es voluntad para invertir y hacer crecer cualquier infraestructura ya instalada. 

La importancia del anuncio de ayer del titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia, en el sentido de actualizar y mejorar el C5 muestra sensibilidad sobre el beneficio de tener ojos en prácticamente cada uno de los rincones de nuestra entidad. 

En estados donde han logrado mantener funcional el C5, a pesar del proyecto político que llegue, se han dado resultados importantes en materia de combate a la delincuencia, y esperemos que Morelos muy pronto esté en ese tenor. 

*Coinciden diputadas en la necesidad de fortalecer el marco jurídico para castigar a violentadores, en brindar mayor y mejor acceso a los servicios de salud, en frenar la violencia institucional en contra de las mujeres y en visibilizar a las indígenas*

A través de una sesión ordinaria, el Congreso del estado conmemoró el “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, a 64 años del asesinato de las hermanas Mirabal, durante la cual, la diputada Jazmín Solano López, presidenta de la Mesa Directiva, aseguró que la LVI Legislatura abonará para acabar con la impunidad, crear lazos de sororidad y comunidad, y fortalecer las instituciones dotándolas de honorabilidad, transparencia y un trabajo incansable e impecable contra cualquier tipo de violencia contra ellas.

En tribuna, la legisladora señaló que las condiciones de opresión genérica se expresan mediante indicadores de exclusión “en la que vivimos las mujeres a escala global”, y que se deben adoptar planes de acción e invertir en soluciones que proponen los movimientos pacíficos por los derechos de las mujeres.

Enfatizó que “las mujeres hemos sido excluidas de la vida pública de manera sistemática; se ha tratado de dejarnos sin oportunidad de tener participación en la toma de decisiones y reconocimiento político”; añadió que, en las últimas elecciones, la violencia política en razón de género en México se agravó.

Por su parte, la diputada Martha Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, subrayó que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, es un reflejo de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestra sociedad y es el resultado de un sistema que, históricamente, ha relegado a las mujeres a una posición de vulnerabilidad y desamparo, pero también “es un problema que tiene solución, si asumimos nuestra responsabilidad con valentía y determinación”.

En sus intervenciones para fijar la postura de sus respectivos grupos y fracciones parlamentarias, con relación a la conmemoración de este 25 de noviembre, las diputadas Ruth Rodríguez López, Eleonor Martínez Gómez, Guillermina Maya Rendón y Tania Rodríguez Ruiz, coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco jurídico para castigar a violentadores, en brindar mayor y mejor acceso a los servicios de salud, así como en frenar la violencia institucional en contra de las mujeres y en visibilizar a las indígenas, uno de los sectores más vulnerables.

Al hablar a nombre del Poder Judicial estatal, la magistrada Elda Flores León externó el rechazo de éste a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, porque ante ello no se debe ser indiferentes ni neutrales, sino asumir una posición a favor de la eliminación de esta lacra social; enumeró acciones realizadas por el Tribunal Superior de Justicia para contribuir a la protección de los derechos de las mujeres y reafirmar su compromiso por promoverlos, respetarlos y garantizarlos.

Este lunes, el legislador local Daniel Martínez Terrazas acudió a realizar su registro para contender por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos.

"Cero tolerancia a cualquier forma de violencia hacia las mujeres", sostuvo la gobernadora Margarita González Saravia.

En la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la mandataria estatal llamó a las y los legisladores a aumentar las penas por feminicidio y otras formas de violencia; también señaló que urge hacer cambios en la Fiscalía General del Estado (FGE).

González Saravia dijo que a partir de este mes se comenzaron a ver resultados en seguridad y seguirá siendo una prioridad la seguridad y la paz de niñas y mujeres; destacó que se trabajará en el sector educativo en la formación de una cultura de equidad.

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que, este lunes 25 de noviembre, madres y padres de familia de tres escuelas primarias ubicadas en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Zacatepec, realizaron diversas manifestaciones en demanda de atención sobre situaciones que ocurren en las instalaciones escolares de sus comunidades.

En respuesta institucional y con el objetivo de generar soluciones de manera conciliatoria, el IEBEM, a través de su estructura directiva, instaló de inmediato mesas de trabajo con los padres de familia, el personal docente y directivo, con el objetivo de establecer acuerdos que aseguren la continuidad del servicio educativo en las escuelas afectadas.

Tras escuchar las inquietudes planteadas por las madres, padres y tutores, se acordó que la Dirección Jurídica del IEBEM dará seguimiento puntual a las preocupaciones manifestadas.

Además, durante los encuentros se invitó a los padres de familia a participar activamente en la integración de los Comités Escolares, con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia y transparencia en los centros educativos, así como en la supervisión del desempeño de los servidores públicos y supervisores escolares.

Con estas acciones el IEBEM reiteró su firme compromiso con la labor pedagógica y con el cuidado y atención integral de las niñas, niños y adolescentes en esta y en todas las instituciones educativas de nivel básico en el estado de Morelos.

En cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos ha iniciado una campaña de difusión en los 36 municipios de la entidad, con el propósito de localizar a personas reportadas como desaparecidas, a fin de que tengan acceso a una justicia pronta y expedita; además de actuar con apego a derecho, legalidad y transparencia.

La campaña que se realiza en colaboración con familias y colectivos, consta de entrevistas ciudadanas y colocación de fichas de búsqueda, las cuales serán permanentes y bajo el principio del derecho a la verdad, y buscando con presunción de vida.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos continuará articulando esfuerzos y trabajando de manera interinstitucional, a efecto de generar las condiciones óptimas para brindar mayores resultados en beneficio de las víctimas y sus familias, con apego irrestricto a los derechos humanos.

Colectivos y familiares de víctimas realizaron una marcha este lunes en Cuernavaca por el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer; la entidad está a la cabeza a nivel nacional en asesinatos de mujeres, rememoran.

Colectivas de feministas, así como víctimas indirectas marcharon este lunes en Cuernavaca para conmemorar el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Señalaron que este año Morelos se ha mantenido en los primeros lugares a nivel nacional con 108 feminicidios documentados a la fecha.

Integrantes de diversas agrupaciones, como “Divulvadoras”, “Existimos porque resistimos”, “Camaleonas resilientes”, “Feministas revolucionarias”, “Las de violeta”, así como familiares de víctimas indirectas de feminicidio y de mujeres desaparecidas, marcharon por la tarde desde El Calvario hasta la explanada del Palacio de Cortés, ubicado en el zócalo de la ciudad.

Vestidas de negro, con flores, pancartas, lonas con dibujos y datos de las víctimas, siluetas de féminas y mantas, las manifestantes exigieron que en esta fecha se tome conciencia sobre la gravedad del problema de la violencia “más allá de vestirse de naranja o colocar moños”.

La vocera de Divulvadoras, Andrea Acevedo Martínez, aseveró que lamentablemente en este 2024 las cifras no han descendido y la violencia feminicida prevaleció.

Destacó que en esta marcha participaron familiares de víctimas de desaparición así como de feminicidio, quienes denunciaron múltiples irregularidades en la procuración de justicia, como la dilación, que nos les permitan conocer las carpetas de investigación, que no se siguen los protocolos nacionales, y, en general, la impunidad.

Expresó que si prevalece la condición de violencia feminicida y va en aumento, es “porque la sociedad es cómplice y guarda la violencia y justifica la violencia, y porque las autoridades no hacen su trabajo y no aplican políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia”.

Refirió que el secretariado ejecutivo nacional de seguridad contabiliza menos casos al señalar que ha habido en este 2024 sólo 43 feminicidios, por lo que no se reconocen las cifras que realmente hay. Señaló que muchos de los asuntos no son clasificados en este tipo de delito.

Finalmente, dijo que el gobierno entrante firmó con diversas colectivas una agenda y esperan  que se cumpla.

Dijo que como organizaciones civiles han documentado 108 casos, ya que todos deben ser investigados conforme al multicitado protocolo. Esta cifra es mayor a la del 2023, que cerró con 93 feminicidios, y el 2024 no ha concluido. Los meses más violentos fueron de abril a julio. 

Las manifestantes consideraron que Morelos se encuentra en un estado de emergencia y urge que las instancias oficiales escuchen las voces de la sociedad civil.  

*Por el derecho humano de acceso al agua y soberanía alimentaria*

*La gobernadora Margarita González Saravia trabajará en conjunto con la federación para garantizar que el recurso natural llegue al pueblo con calidad y en cantidad suficiente*

Como parte de las acciones de justicia social y políticas públicas con el Gobierno de México, la titular del Poder Ejecutivo de Morelos, Margarita González Saravia, asistió a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que tiene el objetivo de garantizar en calidad y cantidad el recurso natural, así como fomentar el manejo adecuado y responsable en todos sus usos.

Este acto protocolario, que es histórico para la nación, se llevó a cabo en el Parque Ecológico de Xochimilco, en la Ciudad de México, al cual acudieron integrantes del gabinete federal, gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades del país, empresarias y empresarios, además de representantes de los distritos de riego en la República Mexicana.

La presidenta de México puntualizó que en este proyecto donde unen esfuerzos municipios, estados y federación se ejercerán recursos para que la población tenga acceso al agua, sanear las cuencas y ríos, además de aplicar obras estratégicas en zonas donde hay estrés hídrico.

Para llevar a cabo dicho acuerdo trabajaron en coordinación autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura y Desarrollo Rural; Economía; así como la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con los principales consumidores del agua y del sector industrial, donde se establecieron 10 compromisos generales, entre ellos: eficientar el recurso natural en los procesos productivos de las actividades industriales, agrícolas y pecuarias.

Además, se realizará una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones de agua; se integrará la innovación tecnológica para el tratamiento, reúso y potabilización del agua; asimismo, iniciará una campaña permanente de concientización, ahorro, uso y cuidado del vital líquido.

Con lo anterior, el sector agropecuario tendrá la capacidad de producir hasta un 50 por ciento más de lo que actualmente cosechan, mediante la tecnificación de riego.

Finalmente, a estas labores se sumaron instituciones educativas de nivel superior y centros públicos de investigación, mediante la construcción de indicadores que permitirán tener un amplio panorama sobre las problemáticas y ejercer acciones más efectivas, por el agua, por la vida y el bienestar de las y los mexicanos.