La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que no es viable suspender las acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en relación con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.

Esta decisión fue respaldada por la mayoría de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, mientras que los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra.

El magistrado Felipe de la Mata, quien estuvo a cargo de la resolución, afirmó que la suspensión del proceso electoral va en contra de lo que establece la Constitución.

Explicó que ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad para suspender un proceso de este tipo, ya que también está obligada a respetar la Constitución.

Añadió que los plazos del proceso son urgentes y que detenerlo podría retrasarlo por uno o dos años, como ha ocurrido en otros casos electorales.

La magistrada Mónica Soto informó que el INE presentó una solicitud el 4 de octubre para que la Sala Superior garantizara el cumplimiento de sus funciones a través de una acción declarativa.

La mayoría de los magistrados decidió que la validez y legalidad de las suspensiones emitidas por jueces de amparo no formaban parte del objeto de la discusión, por lo que estas resoluciones no fueron modificadas.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón manifestó su desacuerdo, argumentando que la Sala Superior no tiene competencia para resolver este asunto. Señaló que el INE no buscaba claridad sobre una situación incierta, sino cuestionar la validez de resoluciones judiciales.

Además, sugirió que, si el INE estaba en desacuerdo con las suspensiones, debió haber interpuesto un recurso de queja ante los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a la Ley de Amparo.

La cantante australiana Kylie Minogue, quien alcanzó gran popularidad a principios de los 2000, regresará a México en 2025 para ofrecer tres conciertos como parte de su Tension Tour. Los fans mexicanos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo los éxitos de la artista, quien visitará Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Fechas y lugares confirmados:

• 22 de agosto de 2025: Palacio de los Deportes, Ciudad de México
• 24 de agosto de 2025: Auditorio Telmex, Guadalajara
• 26 de agosto de 2025: Auditorio Citibanamex, Monterrey

Venta de boletos: Los boletos estarán disponibles primero en una preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex el 30 de octubre a las 11:00 AM, a través de Ticketmaster. Para quienes no cuenten con esta tarjeta, la venta general se abrirá el 31 de octubre a la misma hora, y podrán adquirir los boletos con cualquier método de pago.

Además, habrá una preventa especial para fans, la cual requerirá registrarse previamente en la página oficial del tour (aquí). Quienes se registren recibirán un código de acceso para comprar boletos el 25 de octubre a las 10:00 AM.

Hasta el momento, los precios de los boletos no han sido anunciados oficialmente y se espera que se den a conocer cuando inicie la preventa. Fans de todo el país esperan con ansias este evento, ya que será una de las pocas oportunidades para ver a la icónica cantante en vivo.

La policía de Buenos Aires investiga la muerte del cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien cayó desde el tercer piso del hotel Casa Sur. Hasta el momento, no se ha dado una versión oficial de lo sucedido.

Agentes de las divisiones de investigaciones especiales allanaron el lugar, mientras la Fiscalía realiza peritajes en teléfonos, computadoras y videos de seguridad. Según fuentes extraoficiales, Payne habría consumido diversas sustancias, pero los resultados toxicológicos aún no han sido revelados.

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La autopsia preliminar indica que la causa de muerte fue por múltiples traumas y hemorragias. Las investigaciones continúan.

El transporte que se presta mediante plataformas digitales afecta al servicio concesionado; se busca reforma legal para regularlo: Rodríguez Zagal.

Concesionarios del transporte público con itinerario fijo (taxi) insistirán a los diputados locales en la aprobación de una reforma para regular a los vehículos particulares que prestan servicio público mediante plataformas digitales.

Dicha iniciativa se quedó estancada durante la pasada administración estatal, por lo que Enrique Rodríguez Zagal, representante del Grupo de Transporte "Independencia", dijo que debe retomarse ante el problema que implican plataformas como Didi y Uber.

Expuso que en los últimos años este servicio irregular ha afectado de manera grave al transporte concesionado, que se ha visto disminuido por la falta de afluencia de turistas.
En este contexto, señaló también que la regulación de los vehículos particulares que prestan servicio público también ayudaría al gobierno estatal a recaudar más recursos.
"La Ley del Transporte Público de Morelos señala que se debe prestar servicio mediante concesión, pero no se está cumpliendo, y es lo que debe retomarse", indicó. 

Junta Política y de Gobierno del Congreso habría desechado la solicitud de juicio de desafuero.

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado habría desechado la solicitud de juicio de procedencia en contra de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), al determinar que no existían causales para iniciar un proceso.

El órgano político que integran los coordinadores parlamentarios sesionó la tarde de ayer, y aunque el caso habría sido votado a favor por parte de algunos legisladores de Morena y aliados, el PAN y sus aliados se pronunciaron en contra.

La solicitud de juicio de procedencia fue sustentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en una investigación iniciada en el 2023.

Sin embargo, los legisladores encontraron que el caso no estuvo bien sustentado y determinaron no turnarlo a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, órgano donde se iniciaría el juicio de desafuero.

Ausencia de acuerdos entre Poderes genera consecuencias graves para el país, plantea la CEM.

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su preocupación ante la polarización que, sin precedentes, existe en México por las reformas al marco legal mexicano en materia del Poder Judicial.
Mediante un comunicado de prensa, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que preside el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, señala la gravedad del tema que ha dividido al país.

Por ello, convocó a los legisladores a seguir discutiendo ampliamente la reforma constitucional al Poder Judicial, tomando en cuenta a las distintas fuerzas políticas, a especialistas en la materia y a la sociedad civil organizada.

También convocó al Congreso de la Unión a atender a este llamado respetando el principio de participación democrática.

"La falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar consecuencias graves para la convivencia social, el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho", advierte el Episcopado en su comunicado. 

La Cámara de Diputados aprobó que el Infonavit pueda construir vivienda y los trabajadores acceder a ella mediante la figura de arrendamiento social.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, por 469 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, reformas al artículo 123 Constitucional en materia de vivienda, que entre otras cosas facultan al Infonavit para construir vivienda; incorporan la figura de arrendamiento social; establecen que las mensualidades para el pago de moradas no rebasen el 30% de los ingresos del trabajador, y obligan a las empresas a garantizar el derecho a la vivienda adecuada para sus empleados. 

Los legisladores reformaron los párrafos primero y segundo; y agregaron tres nuevos a la fracción XII del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con el cambio, la Carta Magna establece la obligatoriedad de toda empresa de proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas.

Para ello contempla que se realice mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras.

Este fondo, señala el dictamen, establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permita obtener crédito barato y suficiente para la adquisición o mejora de vivienda, además, podrá construir vivienda para que las personas trabajadoras puedan adquirirla o arrendarla.

“Después de un año de cotización ante el fondo, se podrá acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; la mensualidad no podrá  exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras. Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley”, afirma el texto. 

La reforma será enviada al Senado de la República para su análisis y discusión.

Convocan a la instalación de una ofrenda alusiva al flagelo.

La colectiva “Existimos porque resistimos” señaló que mientras la procuración e impartición de la justicia sea inexistente o lenta, no será factible abatir el feminicidio en Morelos. La organización civil convocó a familiares de víctimas indirectas de dicho delito a formar parte de la ofrenda en memoria de las mujeres que han sido asesinadas por el hecho de serlo. En lo que va del año ya suman más de cien casos. 

En conferencia de prensa llamaron a colaborar a lo largo de los próximos días llevando a la Casona Spencer (ubicada en el centro de la ciudad) una foto de su familiar mujer víctima de feminicidio, con el nombre, la fecha del feminicidio y el municipio, así como flores o veladoras para montar la ofrenda el 28 de octubre.

En dicha conferencia, voceras de la colectiva expresaron que “para que el feminicidio se materialice, se mezclan de manera criminal el silencio, la omisión, la opacidad, la negligencia, la impunidad y la colusión de la sociedad machista y las autoridades encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

“Hay feminicidio cuando el Estado no garantiza los derechos de las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo, ni en el transporte público o de esparcimiento. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado.

“Al ser un crimen de Estado, el acceso a la justicia y la reparación integral del daño se vuelven, la mayor parte de los casos, imposible”.

Ante este panorama, anotaron que es importante visibilizar con acciones concretas: se trata de “promover las reparaciones, reconociendo a las víctimas, recordar la verdad de los hechos victimizantes, en un acto de reparación simbólica, derecho a la memoria y la dignificación de las mujeres víctimas de feminicidio en el estado”.

Mencionaron que del 2010 a la fecha se ha documentado que cuando menos 470 mujeres fueron privadas de la vida, y en lo que va del año ya suman más de cien feminicidios.

En entrevista, la vocera de la  organización civil “Divulvadoras”, Andrea Acevedo Martínez, celebró la puesta en marcha del programa “Código Violeta” en el estado, al considerar que es una acción afirmativa importante que se tiene que intentar. Pero llamó a revisar factores que impidieron que esta estrategia no funcionara en algunos municipios donde se había implementado anteriormente.

Refirió que algunas mujeres de la zona oriente, como Cuautla, plantearon que en muchos casos no funcionó porque hay varones que laboran en esos negocios que ya tienen o tenían antecedentes como violentadores, “además de que les preocupa a algunos locatarios que se convierta en una puerta para extorsionadores”. Sería necesario garantizar una coordinación muy estrecha  específica con corporaciones policiacas para una reacción inmediata y una evaluación constante.

Un grupo de magistrados acusa simulación, en medio de nueva crisis.

Magistrados opositores acusaron simulación y reclamaron la cancelación de la sesión de Pleno convocada este miércoles por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, quien justificó su ausencia y la suspensión de la sesión por problemas de salud, tras ser atendido de urgencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En medio de una nueva crisis interna en el TSJ provocada por la designación de nuevos jueces, magistrados opositores lamentaron el “plantón” y la excusa de Gamboa Olea, ya que cuando comenzaron a arribar a la sede central del TSJ, tanto el salón de Plenos como las oficinas de la presidencia estaban abiertas.

Pero al presentarse al Salón de Plenos para asistir a la sesión ordinaria convocada a las 10: 00 horas, ambas puertas estaban cerradas y, para verificar a través de las cámaras de seguridad la razón del cierre, acudieron al área de monitoreo y también estaba cerrada, lo cual les pareció sumamente extraño porque en teoría ahí el personal debe estar permanentemente.

El magistrado adscrito a la Primera Sala del TSJ, Francisco Hurtado Delgado, consideró incongruente que el presidente del TSJ acuse a un grupo de magistrados de no cumplir con sus responsabilidades por no asistir a las sesiones de Pleno y que, cuando acuden, se cancele la sesión.

“Hizo un pronunciamiento de que magistrados se niegan a asistir a los plenos, pues es un tema totalmente absurdo, es una simulación de que está enfermo, nos acaban de notificar que envió un justificante médico del Seguro Social, del IMSS, se van a reír tal vez de lo que les digo, pero es absurdo, simplemente no quiso iniciar pleno, no sabemos y desconocemos las causas”, asumió.

A través de un breve comunicado, la presidencia del TSJ informó que “debido a un impedimento de salud del Magistrado Presidente, Dr. en Derecho Luis Jorge Gamboa Olea, respaldado por justificación médica, no fue posible su asistencia al Pleno”, y “dado que el Magistrado Presidente es el único facultado para llevar a cabo las sesiones del Pleno, la convocatoria quedó sin efecto.

“Es importante destacar que tanto las magistradas como los magistrados fueron debidamente notificados de que la sesión, programada a las 10:00 y 10:30 horas, no se llevaría a cabo por cuestiones de salud”.
También señaló que por indicaciones médicas y con el fin de proteger la salud del personal que labora en la oficina de la Presidencia, el área fue sometida a un proceso de fumigación. Por esta razón, permanecerá cerrada por un periodo aproximado de cuatro horas”.

De acuerdo con el justificante médico exhibido por el TSJ, Gamboa Olea fue atendido de urgencia en el IMSS por un fuerte dolor abdominal y fiebre, siendo diagnosticado con enteritis por salmonela. En la receta médica le fueron indicados dos días de incapacidad para su recuperación.

No obstante, algunos magistrados expresaron escepticismo sobre el estado de salud y el justificante presentado por el presidente, sin embargo, consideraron que la convocatoria no debió suspenderse porque por ley, el magistrado decano, en este caso Manuel Díaz Carvajal, podría haber iniciado y conducido la sesión para desahogar los asuntos previstos en la orden del día.

El lunes pasado fue suspendida la sesión debido a la falta de quórum para sesionar, ya que un grupo de magistrados decidió no acudir en protesta por las presuntas irregularidades en el proceso de designación de nueve jueces. Ayer, nuevamente se suspendió por razones de salud del titular del TSJ. 

Sala Superior determina que es constitucionalmente inviable suspender el proceso electoral extraordinario del PJF 2024-2025.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que es constitucionalmente inviable suspender el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por lo que el proceso de organización de los comicios para la elección de jueces y magistrados federales debe continuar.

Por mayoría de votos, declaró procedente la acción declarativa solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y determinó que es constitucionalmente inviable suspender el desarrollo del proceso electoral extraordinario relativo a la elección por voto popular de 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito en junio de 2024.  

La determinación derivó de la solicitud hecha por el INE a la Sala Superior para emitir un pronunciamiento orientado a garantizar el cumplimiento de sus funciones ante las resoluciones de diversos juzgados de distrito en las que se admitió, otorgó o negó la suspensión de los actos relacionados con el proceso electoral extraordinario.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, determinó que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto, y por ello declaró procedente la acción declarativa solicitada.

Incluso, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, recalcó que, si bien constitucionalmente es inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral, “no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces y juezas de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en esta sentencia”.