Tal como lo habíamos anticipado, ayer el Pleno del Congreso del estado de Morelos aprobó por votación unánime de todos los integrantes de las diversas fuerzas políticas, la Reforma al Poder Judicial del Estado, que incluye la elección popular de juzgadores, pero sobre todo, una disposición especial para terminar con el conflicto entre los 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, mediante la elección de una presidenta o presidente “temporal”, con lo que estaría terminando “El Principado” de Jorge Gamboa Olea.
El decreto derivado del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación contiene en un 80 por ciento como base la Reforma Judicial Federal, mientras que el resto deriva de propuestas hechas por las diferentes bancadas y por el Ejecutivo estatal, y fue remitido a los 36 municipios de la entidad para su consideración y eventual aprobación del Constituyente Permanente.
Ayer, el coordinador de la bancada panista, Daniel Martínez Terrazas, quiso llevarse la primicia y -aún antes de que se votara el dictamen en el Pleno- soltó los nombres de quienes conformarán la terna que enviará el Poder Legislativo al Judicial para que ellos escojan a quien quieren que encabece la sesión de Pleno de donde saldrá el presidente o presidenta que durará en el cargo hasta que lleguen los magistrados electos por el voto popular: Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Manuel Díaz Carvajal.
¿Cuál fue el parámetro para designarlos a ellos? De acuerdo con el diputado Terrazas, “la longevidad” de los tres. Tanto Bertha como Juan Emilio y Manuel, iniciaron sus actividades como magistrados el dos de enero de 2013 (aunque fueron designados seis meses antes) y culminaron su primer periodo en 2019, siendo ratificados los tres por otros siete años.
En un principio se pensó que uno de los tres sería titular del Poder Judicial hasta en tanto lleguen los magistrados electos por voto popular. Sin embargo, más tarde se aclaró que no, que Juan Emilio, Manuel o Bertha, sólo se encargarían de convocar al Pleno de donde saldrá el nuevo presidente o presidenta.
Es decir, que podría darse el caso de que el TSJ de Morelos tenga ¡cuatro presidentes en menos de 30 días!
Cuando entre en vigor este Decreto, terminará automáticamente el cargo de quien esté en ese momento como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y ese mismo día el Pleno del Tribunal se reunirá para elegir una terna de personas magistradas, excluyendo a quienes hayan ocupado previamente la presidencia, la cual será enviada al Congreso del Estado para su validación; si es aprobada, el Pleno designará de inmediato a quien ocupará la nueva Presidencia del Tribunal hasta el 31 de agosto de 2027 y será responsable de la transición; si el Congreso no valida la terna, el Pleno deberá enviar otra con diferentes personas, y todo el proceso será coordinado por una magistrada o magistrado de los más antiguos, designado para tal fin; la sesión del Pleno permanecerá abierta hasta que concluya el proceso y, en lo que no prevea este Decreto, se aplicarán de manera supletoria las normas vigentes que no se opongan a su contenido.
Así las cosas, los 20 magistrados (en el entendido que no pueden ser candidatos ni Gamboa ni Juan Gabriel) tendrán que buscar una tercera opción.
¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir la persona que ocupe tan importante cargo? De preferencia que sea honesta, bien preparada académicamente, con algo de trayectoria en la administración pública, ni tan longeva ni tan joven, que no esté ligada a ningún partido político y -lo más importante-: que no esté radicalizado con ninguno de los dos grupos, es decir, que sea factor de unidad.
Ahora bien, por cuanto a la reforma judicial, cuyo texto final no ha sido dado a conocer (ni siquiera a los interesados que son los magistrados), sólo se informó que “los nuevos mecanismos de selección buscan garantizar mayor transparencia y participación ciudadana en el Poder Judicial del Estado, en la reforma se establece que será a partir de 2027, que los jueces y magistrados del Poder Judicial serán elegidos mediante voto popular, como parte de una reforma integral que busca fortalecer la democracia y la confianza en la administración de justicia”.
Esta medida, que no incluye al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, se implementará luego de un proceso de convocatoria pública y evaluación, que será supervisado por un comité de expertos designados por los tres poderes del Estado. Los aspirantes deberán cumplir con estrictos requisitos de idoneidad y honorabilidad, garantizando una selección transparente y basada en méritos.
La reforma también incluye la creación de dos nuevos órganos independientes: el Órgano de Administración Judicial, que gestionará los recursos y la carrera judicial, y el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de resolver faltas graves y disciplinarias dentro del Poder Judicial.
Lo único definitivo y contundente es que, en sus artículos transitorios la reforma establece que el día de la entrada en vigor del presente decreto se dará por concluida la gestión de la persona que se encuentre ejerciendo la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Mientras que queda establecido que la persona titular de la magistratura que asumirá la presidencia del TSJ durará en su cargo desde su elección y hasta el 31 de agosto del 2027, y será responsable de la transición y entrega del archivo en términos de lo establecido en el presente decreto.
En el uso de la palabra, el diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador de la bancada del Partido Morena, afirmó que esta reforma tiene como consecuencia inmediata un cambio de rumbo en la vida del Poder Judicial, un parteaguas que da inicio a la transformación de la forma de impartir justicia en el Estado, “no se trata únicamente de un cambio estructural en la conformación del Poder Judicial, tanto de magistrados como de jueces, se trata de algo más profundo y trascendental: se trata de la democratización de la administración de justicia”, aseguró.
Desde la máxima tribuna del estado dijo también que “el avance que hoy celebramos también contempla un aspecto esencial: la forma de elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este procedimiento, al ser garantizado mediante el voto, asegura que la representación del poder sea a través de la legitimidad que le otorga el pueblo. No hay mayor validación que aquella que surge del consenso democrático y de la voluntad popular”.
Falta ver qué dice el todavía presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea, que estaba seguro de ocupar el cargo hasta que llegara su relevo electo por el voto popular, con lo que se daría por bien servido ya que su periodo normal terminó el 17 de mayo del año pasado, fecha en que debió haber dejado la silla presidencial.
HASTA EL LUNES.
