Diputado admite que se cometieron irregularidades en la revocación de más de 40 pensiones de exfuncionarios aprobadas por la anterior legislatura.

El Congreso del estado combatirá los fallos de la justicia federal que favorecieron a los exfuncionarios que se beneficiaron con las "pensiones doradas" que aprobó la LIII Legislatura.
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, admitió que se cometieron graves irregularidades en la integración de los dictámenes -aprobados desde el año pasado- con el fin de anular más de 40 pensiones a favor de allegados al ex gobernador Graco Ramírez y de ex legisladores.
Por ello, el diputado pesedista dijo que se investigará a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en la que presuntamente se cometieron las anomalías,  para deslindar responsabilidades.
De manera inmediata, refirió, el Poder Legislativo procederá  legalmente en contra de las resoluciones judiciales que permitieron que se restablecieran dichas "pensiones doradas", a fin de impedir que los abusos cometidos por la pasada legislatura y desde la administración estatal se concreten.
"Yo lo que percibo aquí es un dolo por parte de quien preside la Comisión del Trabajo. Qué lamentable que tengamos que pagar lo que de entrada, lo que de suyo, sabíamos que era injusto, no hace falta ser perito y especialista para saber que mucha gente abusó. No podemos ser cómplices de quienes estuvieron haciendo cosas indebidas", manifestó Sotelo Martínez.
Hasta el momento, más de una veintena de ejecutorias de amparo se han emitido en contra del Congreso del estado, por vicios en el proceso legislativo.
En la lista de ejecutorias de amparo que ha tenido que acatar el Congreso, resaltan los nombres de Marguis Zoraida del Rayo Salcedo,; Bertha Rodríguez Báez, ex directora de Afiliación del Régimen Estatal de Protección Social de Salud; Miguel Francisco Landa Rivera y Alejandro García Aquino, ambos ex colaboradores del ex secretario de Gobierno Ángel Colín López; Arely Rocío Lagunas López, ex secretaria de Servicios Legislativos en la LIII Legislatura, además del ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna, que fue de las primeras ejecutorias.
De manera extraoficial se ha informado que las cerca de 40 pensiones anuladas por la actual legislatura fueron validadas por una resolución judicial.

 

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También les preocupa el aumento de edad para jubilarse; este mes celebrarán su Consejo Nacional en Oaxtepec.

Cuautla.- Modificaciones al régimen de pensiones y mejores prestaciones sociales serán los principales temas a tratar durante el XXIV Consejo Nacional Ordinario, que se llevará a cabo en el Centro Vacacional Oaxtepec, del 5 al 8 de noviembre, informó Martiniano León Pech, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Jubilados y Pensionados por el Estado.

En conferencia de prensa para dar a conocer dicho evento, el dirigente nacional de los jubilados y pensionados de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) señaló que a partir del arribo del nuevo gobierno federal han enfrentado problemas económicos por la suspensión de los préstamos del ISSSTE y por la reducción de presupuesto para Salud.

“Nuestras necesidades por las que trabajamos son las económicas y las de salud. Las económicas porque somos un sector al que no se le ha puesto mucha atención para mejorar sus ingresos, y las de salud porque, por la propia naturaleza en la tercera edad, se presentan enfermedades llamadas crónico-degenerativas en las que este sector de la población requieren de mayor atención médica”, indicó León Pech.

Aunque fueron restituidos seis meses después como consecuencia de sus protestas, la incertidumbre invade a más de un millón 200 mil jubilados y pensionados, quienes enfrentan un panorama difícil luego de que las pensiones se dejaron de pagar en salarios mínimos para pagarse en unidad de medida y actualización (UMA), lo que les redujo considerablemente sus ingresos hasta en cinco mil pesos.

“Insistir en que las pensiones ya no se les aplique el UMA, que es otro medio que el gobierno tuvo a su alcance para frenar un poco el egreso que tiene para pagar las pensiones; a nosotros se nos pagaban las pensiones con el salario mínimo. El gobierno aplicó, en vez del salario mínimo, el UMA, que redujo la cantidad de las pensiones y eso perjudica mucho a los jubilados; nosotros presentamos ante la Cámara de Diputados nuestra inconformidad presentando proyectos de ley, pero hasta el mes pasado estuvo esto con mucho ruido de que no queremos que se pague las pensiones en UMA, sino con salarios mínimos, que es lo que beneficia más a los jubilados”, enfatizó.

Otro de los temas que se analizarán es el incremento de la edad para jubilarse. “La otra es que incrementan la edad a los trabajadores para tener el derecho a jubilarse. Cuando nosotros nos jubilamos, hubo muchos trabajadores que nos jubilamos antes de cumplir 50 años de edad; ahora ningún trabajador se puede jubilar con menos de 65 años. Entonces esto también no beneficia a los trabajadores y son medios que el gobierno utiliza para evitar el crecimiento del dinero que se requiere para el pago de pensiones”, agregó.

 

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La Comisión Dictaminadora atiende asuntos pendientes desde el 2016 como un acto de "justicia social" en Cabildo.

En representación del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, la Síndico Municipal, Marisol Becerra de la Fuente, a través de la Comisión Dictaminadora de Pensiones, a cargo de la Regidora, Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez, autorizaron dar pensiones por edad avanzada, jubilación, viudez, y orfandad a varios elementos policiacos que desde noviembre de 2016 debieron ser beneficiados.

En cumplimiento a lo requerido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Cabildo reconoció el trabajo de los Guardianes del Orden, en un claro ejercicio de respeto por los derechos humanos y laborales de los uniformados que cumplieron a cabalidad con preservar la seguridad de la ciudadanía a costa de su vida.

En sesión entregaron 14 conceptos para el retiro de un total de 50 pensiones que ha avalado la Comisión Dictaminadora del Ayuntamiento de Cuernavaca, como parte del compromiso del Alcalde, Antonio Villalobos, de aplicar la justicia social a favor de la policía municipal y mano dura contra la corrupción, la regidora Anayeli Rodríguez, precisó que el desahogo de estos asuntos no han puesto en jaque las finanzas del Ayuntamiento, debido a que han revisado con lupa los expedientes de los prospectos.

"Quisiéramos atener y sacar de un golpe todo, pero el presupuesto no lo permite, está Comisión con el respaldo del área de Recursos Humanos dará prioridad a las de mayor antigüedad, o los trabajadores enfermos y de edad avanzada de Parques y Jardines", expresó la regidora.

Durante el dictamen la Síndico Becerra de la Fuente y Erick Santiago Romero entregaron reconocimientos a varios efectivos policiacos por su trayectoria en la corporación.

Rodríguez Gutiérrez confirmó la existencia de un listado de 220 solicitudes de pensión mismas que serán revisadas por el Cabildo para evitar inconsistencias administrativas o actos de corrupción por pseduo elementos.

 

 

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“La Unidad de Medida y Actualización (UMA) no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo”, resuelve justicia federal.

Tras un largo proceso judicial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) logro ganar el juicio para que los jubilados reciban el pago de pensiones establecido conforme a salarios mínimos y no calculado con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como se realizaba desde el 2017

En conferencia de prensa realizada ayer domingo,  la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada -junto con representantes del Comité Ejecutivo Nacional- anunció que abogados del sindicato ganaron la lucha judicial con la resolución favorable del Décimo Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

La decisión de la justicia federal se sustentó en tres jurisprudencias y establece que “la Unidad de Medida y Actualización (UMA) no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo”. 

Bañón Estrada indicó que dicha jurisprudencia se hace obligatoria a partir del lunes 23 de septiembre de 2019, por lo que los jubilados agremiados al SNTE mejorarán sus percepciones, que habían sido minadas.

Explicó que del 2017 a la fecha se han jubilado 300 maestros, de los cuales más de 200 recurrieron a la dirigencia sindical, que a través del área jurídica elaboró el amparo, por lo que en esos casos la resolución surtirá efecto de inmediato.

Posteriormente revisarán los casos de quienes no iniciaron la demanda, “porque no vamos a dejar a nadie solo y vamos a revisar cómo podrán entrar en ese beneficio”.

En la conferencia, la dirigente detalló que con la decisión del gobierno federal del 2017 se aplicaban las Umas, que a la fecha de hoy equivalen a 84.49 pesos, en tanto que el salario mínimo vigente asciende a 102 pesos con 68 centavos, por lo que hay una diferencia que ha afectado a algunos jubilados.

“La defensa de la seguridad social y prestaciones de sus afiliados es una prioridad” aseveró.

En entrevista, Bañón Estrada informó que esta semana se reunirán con las maestras jubiladas estatales que en días pasados protestaron porque no se ha aplicado el incremento salarial retroactivo a sus pensiones, y posteriormente buscarán la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades para darle solución a este asunto.

 

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El Congreso del estado debe reponer el proceso para dar pensión al exfuncionario.

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Un juzgado federal ordena que se le pague; recibirá 37 mil pesos al mes de por vida.

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La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso entregó una constancia que permitió a Denya Flores obtener una “pensión dorada”.

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Litigios y revisión de expedientes, la causa, asegura regidor.

Jojutla.- Policías de este municipio aseguraron que el Ayuntamiento evade conceder la pensión a la que tienen derecho, pero el regidor e integrante del comité de pensiones y jubilaciones del municipio, Carlos Brito, aseguró que el retraso se debe a litigios y a la revisión de expedientes.

Dijo que actualmente hay alrededor de diez peticiones de pensión de parte de policías municipales y otras tantas vienen de la administración anterior.

Ante los señalamientos de los policías, el concejal negó que el Ayuntamiento rechace otorgar ese derecho, sino que hay algunas consideraciones que se están presentando.

“En el caso de los policías, hay dos situaciones; hay quien está litigando la Ley del Servicio Social del estado, pues no están de acuerdo con uno de los artículos de esa ley, y eso lo complica todo, porque nosotros no podemos decidir no aplicar una fracción”, refirió.

El concejal detalló que este asunto se refiere a que el legislador otorga una jubilación un año antes a las mujeres que a los hombres, porque considera que realizan doble trabajo (en casa y oficina); por ello, ellas se pueden jubilar con 19 años de labor, mientras que los hombres hasta los 20.

“Hay algunos hombres policías que dicen que eso es injusto, que ellos también deberían jubilarse a los 19. Y que si se jubilan a los 20 años, entonces que les den el año completo en retroactivo. Nosotros, como autoridad, no podemos saltarnos una fracción completa de una ley estatal, que se deriva de una ley general de aplicación en todo el país”, detalló.

Consideró que con asesoría de sus abogados, los hombres policías han recurrido a la demanda y eso es lo que está retrasando todo, pues ahora deberán esperar hasta que se resuelva el juicio.

“Quienes decidieron litigarlo, se llevará lo que el proceso de litigio se lleve, no significa que se congelen las pensiones”, señaló Carlos Brito.

Por otra parte, dijo que existe un comité que revisa las solicitudes de pensiones y se debe realizar una revisión exhaustiva para que no ocurra como en otros lugares, que se dieron pensiones con documentos falsos.

“Hay policías que trabajaron en cuatro, cinco municipios; la suma debe dar 19, si son mujeres, y 20, si son hombres, para alcanzar el porcentaje mínimo. Tenemos que revisar que la documentación sea cierta y nos vamos a tardar un poco de tiempo, el que sea necesario, para la revisión exhaustiva de los documentos; no podemos dar una pensión falsa”, concluyó.

 

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La secretaria de Administración señala que los pagos por ese concepto pueden ser insostenibles; agrega que cualquier cambio solo se aplicaría a trabajadores.

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Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

 

 

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