La iniciativa modificará esquema a futuro: especialista.

La creación de un instituto de pensiones implicará una reconfiguración del marco legal en materia de jubilaciones y pensiones, aunque no vulnerará los derechos de las personas que ya se encuentran pensionadas o jubiladas, aseguró Margarita Santana Ceja, directora de M. Santana Asesorías y especialista en el tema.

La experta explicó que si bien la gobernadora Margarita González Saravia ha señalado que no se violentarán los derechos adquiridos, será necesario legislar de manera distinta, debido a que actualmente existen vacíos legales, especialmente en los casos de jubilados y pensionados con recursos mixtos, es decir, aquellos que reciben fondos tanto federales como estatales.

Detalló que esta falta de regulación ha permitido que algunas personas accedan a pensiones elevadas, ya que muchos trabajadores del gobierno cuentan con una jubilación por años de servicio en el estado y, de manera paralela, con una pensión otorgada por el IMSS.

Al sumar ambos ingresos, se generan las llamadas “pensiones doradas”, las cuales el Congreso busca regular para que ningún beneficiario perciba más que el salario de la presidenta de la república.

Santana Ceja subrayó que estas modificaciones no tendrán efectos retroactivos, por lo que las personas que ya están pensionadas o jubiladas no se verán afectadas, ya que existe jurisprudencia que impide la aplicación retroactiva de la ley.

Sin embargo, señaló que quienes se encuentren en proceso de pensionarse deberán mantenerse atentos. 

En este sentido, explicó que las personas que planean pensionarse en un plazo de uno a cinco años se encontrarían en un “semáforo amarillo”, por lo que deberán informarse sobre la ley que les aplica, conocer sus derechos y mantener en regla su documentación.

En contraste, quienes se pensionen dentro de diez años o más, sí resentirán los cambios, ya que la reforma está pensada para aplicarse a futuro.

La especialista advirtió que uno de los aspectos que no se ha comunicado con claridad es la limitación de recursos de los gobiernos. Señaló que si no se realizan ajustes legislativos desde ahora, en el futuro no habrá capacidad financiera para cubrir las pensiones, por lo que el objetivo de la nueva legislación es fiscalizar y analizar mecanismos que permitan garantizar el pago de pensiones de manera sostenible.

Respecto a la viabilidad financiera del nuevo Instituto de Pensiones, indicó que se ha planteado un monto aproximado de 9 mil millones de pesos para Morelos, aunque aclaró que será necesario analizar si esta cifra es suficiente, dependiendo de los topes, parámetros y leyes que finalmente se aprueben.

Santana Ceja explicó que será indispensable definir si los trabajadores se regirán por la ley federal o la ley estatal, y a partir de ello establecer topes en los años de servicio y en los montos de pensión, como ocurre con los trabajadores del ISSSTE.