El imputado, de 18 años de edad, está sujeto a la medida de prisión preventiva.

"El feminicidio debe atenderse como un fenómeno social desde políticas públicas de salud y no sólo como un problema de seguridad", declaró la psicóloga Josefina Solís Alcántara, docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Señaló que es necesario generar más programas preventivos desde niveles básicos de la educación para que los niños varones y sus familias adquieran conocimientos y herramientas para identificar conductas violentas contra las mujeres desde la niñez. 

La psicóloga refirió, que, en la mayoría de los casos, los feminicidas fueron niños violentados en su núcleo familiar, escuela y medio donde conviven, lo que provoca conductas violentas reactivas que se reproducen de generación en generación contra las mujeres.

Aunado a esas condiciones, Josefina Solís indicó que la mente de un feminicida es el resultado de diversos factores como el contexto social y el económico, generadores de rasgos psicopatológicos en los varones que desde niños naturalizan la agresión hacia las mujeres.

“Mientras no haya una intervención integral y familiar desde temprana edad, el riesgo de crear personas violentas y feminicidas es mucho, se seguirán criminalizando y revictimizando a las conductas de las mujeres violentadas por hombres que, aunado a la impunidad de los casos de feminicidio, estos seguirán en aumento en Morelos y en todo México”, dijo.

La CDHEM inició una queja de oficio por el asesinato de la maestra Nallely Vergara Ocampo.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos condenó el feminicidio de la profesora Nallely Vergara Ocampo y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer este crimen y todos los asesinatos de mujeres. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por este caso.

El presidente de los barristas, Iván Velasco Alcocer, lamentó la demora en la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares y pidió a la fiscalía esclarecer a la brevedad este caso, dada la intervención de la División Científica de la Policía Federal en el procesamiento de evidencias.

Afirmó que la FGE no tiene pretextos para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, pues no sólo la institución fue dotada de autonomía, sino de los medios necesarios para disponer de los recursos materiales y humanos para el combate y persecución del delito.

También exigió a la fiscalía transparentar el uso de recursos, pues a pesar de que se incrementó su presupuesto, la ciudadanía no tiene certeza de que sea aplicado adecuadamente ni que se hayan eliminado los privilegios a los altos funcionarios ni aplicado verdaderas medidas de austeridad para dar prioridad a la operatividad de la institución.

Dijo que espera que el fiscal Uriel Gándara Carmona rinda cuentas de los resultados a lo largo de un año de gestión y transparente el uso de los recursos.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) emitió un comunicado en el que lamentó el feminicidio de la docente y decenas de homicidios ocurridos en los primeros meses del año.

“La CDHMorelos lamenta el momento de violencia por el que atraviesa la entidad y que ha cobrado la vida de más de 350 personas en los primeros 4 meses del 2019. En ese sentido, se informa la apertura de la queja de oficio 079/2019-5 por el asesinato de la maestra Nallely "N", reportada como desaparecida el viernes 3 de mayo y encontrada sin vida el sábado 4 de mayo en el municipio de Temixco.

“Urgimos a las autoridades a reforzar su capacidad de respuesta ante la violencia que azota la entidad, especialmente la violencia en contra de las mujeres y la niñez”.

La reforma constitucional se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde este sábado entró en vigor la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incrementa el número de delitos que desde ahora ameritarán prisión oficiosa.

De acuerdo con la modificación constitucional realizada por los legisladores federales, el Ministerio Público podrá solicitar y el juez ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

También procederá la prisión preventiva en los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, a partir de la vigencia de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene un lapso de 90 días para realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, el aumento de los delitos con prisión preventiva oficiosa.

Los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

El legislador dispuso también que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto.

En el lapso señalado, dice el decreto, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

La evaluación deberá de tomar los siguientes puntos: 1) Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; 2)  Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 3) Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 4) Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 5) Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; y 6) Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

Una activista encaró al funcionario y le reprochó su proceder.

En lo que va del año se han registrado en Morelos 19 feminicidios, informó la representante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la entidad, Digna Ochoa, quien este viernes demandó al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara, que no se revictimice a mujeres desaparecidas y a jóvenes que son localizadas.

La activista abordó al funcionario estatal cuando éste salía del Palacio de Gobierno. Le expresó su preocupación por la forma en la que se ha dado a conocer la información acerca de menores de edad que estaban reportadas como desaparecidas y que fueron localizadas.

Explicó que van al menos tres casos, en los que se divulga la imagen de las mujeres de entre 14 y 15 años, se da a conocer que “se fueron por su propia voluntad” y que “estaban con el novio”. Se dice que “no estaban desaparecidas”.

Encaró al fiscal, a quien le reclamó que se exhiba a las niñas y jóvenes de esa manera porque las revictimiza, las coloca en una situación de escarnio.

Uriel Carmona Gándara respondió que en lo personal está de acuerdo, agradeció el comentario de Díaz Pineda, se comprometió a corregir esta situación, pero le pidió que presentara su solicitud por escrito, para darle el curso formal y remitirlo a la Visitaduría. Díaz Pineda se comprometió a entregar el oficio requerido el lunes.

En entrevista, informó que la organización tiene registrados 19 casos de feminicidio en Morelos y externó que la preocupación mayor es que la tendencia parece ir en aumento, ya que en enero de este año, el mes cerró con diez casos y hoy estamos a mitad del mes y ya hay nueve.

En cuanto a desapariciones, indicó que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa tiene un recuento de 24 mujeres desaparecidas, de las cuales 20 fichas de búsqueda y localización de la Fiscalía fueron emitidas en enero y cuatro en lo que va de este mes.

Susana Díaz expresó que no ven políticas eficaces y un indicador es que la autoridad, incluso, se niega a dar una estadística oficial de dicho delito. “Lo que nos mueve a levantar la voz es que no hay una estrategia; no hay más que declaraciones totalmente fuera de contexto, cuando no se dice que a las mujeres se les quita la vida porque forman parte de la delincuencia organizada, se les dice que son prostitutas. Estamos ante una autoridad que se niega a reconocer que el tema de la inseguridad de las mujeres está rebasado”, añadió.  

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) condenó el secuestro y la privación de la vida de la estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) María Fernanda Estefanía y demandó que se apliquen protocolos en caso de feminicidio y que se resuelva éste y todos los casos de mujeres víctimas de violencia.

José Martínez Cruz, representante de dicha organización promotora de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, señaló que tal y como lo establece la norma, se deben aplicar los referidos protocolos en todos los asuntos, en los que es encontrado el cuerpo de una mujer a la que le es arrebatada la vida.

“Ante el feminicidio de la joven estudiante de medicina de la UAEM, que se suma a más de mil 46 casos ocurridos del 2000 al 2018 en Morelos, sumamos nuestra voz de protesta e indignación, exigiendo investigación y justicia para ella y todos los casos de feminicidio”, expresó Martínez Cruz en entrevista telefónica.
Cabe recordar que de acuerdo con datos oficiales, la joven -hija del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM- fue reportada como desaparecida desde el 13 de diciembre pasado y su familia informó que recibió la exigencia de pago de rescate. El cuerpo fue encontrado el 24 de este mes y hasta el pasado jueves se estableció plenamente su identidad.

Ante los hechos, la CIDH expresó: “resulta doloroso que un día sí y al otro también sean privadas de la vida mujeres, en su mayoría jóvenes, con tanto por vivir. Víctimas de la violencia machista, misógina, patriarcal, que se alimenta de la impunidad y la falta de justicia, de un sistema que tiene instituciones que no atienden ni investigan, mucho menos previenen, ni sancionan a los feminicidas. Indigna que en lugar de garantizar una vida libre de violencia, se criminalice a las mujeres y se les condene al ostracismo y la reclusión, cuando las calles y lugares públicos deben ser para todas las personas”.

La CIDH exigió que se apliquen todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género, no sólo en los ocho municipios en los que ya fue declarada oficialmente sino en todo Morelos.

Pugna la CIDH por el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) llamó a las autoridades estatales a evitar que sus servidores públicos emitan declaraciones que revictimicen a las mujeres asesinadas, y establecer en breve mesas de trabajo para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG), mientras que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, confirmó que se establecerán mesas de trabajo a partir de enero para abordar el tema junto con los nuevos alcaldes.

La CIDH Morelos informó que el martes sostuvo una reunión con el responsable de la política interna, que concluyó con el compromiso de realizar un seguimiento puntual de las acciones y medidas de la AVG para enfrentar la ola de violencia feminicida que este año cobró la vida de más de 70 mujeres. Incluso, ayer fueron localizados los cuerpos de dos mujeres asesinadas violentamente.

Detalló que presentó al funcionario un amplio informe de la investigación que a lo largo de 18 años realizó la comisión sobre el tema del feminicidio, y el cual fue fundamental para que en agosto de 2015 el gobierno federal decretara la AVG en ocho de los 33 municipios de Morelos.

Pero también la comisión exigió que funcionarios estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que estigmaticen o dañen la dignidad de las víctimas de feminicidio.  

“Externamos nuestra opinión crítica en contra declaraciones de funcionarios que revictimizan y, sobre todo, alertamos sobre los casos recientes de feminicidio, que deben ser investigados como tales de acuerdo al protocolo vigente en la fiscalía, para que no haya más impunidad ni violencia institucional”, recalcó la organización civil, luego de que hace unos días el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Guarneros, reveló que las jóvenes asesinadas en una boutique de Jiutepec contaban presuntamente con antecedentes penales por delitos contra la salud.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que todas las muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidios y señaló que en la reunión con la CIDH Morelos se acordó iniciar en el mes de enero, cuando los nuevos presidentes municipales ya estén en funciones, las mesas de trabajo para dar seguimiento e informar públicamente el avance de las 15 recomendaciones que se realizaron por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Piden al gobierno estatal evaluar la Alerta de Violencia de Género en  Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) solicitó al gobierno estatal establecer urgentemente la mesa de trabajo solicitada por la organización y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para evaluar cómo heredó la actual administración la Alerta de Violencia de Género (AVG), ante la emergencia nacional por el aumento de los feminicidios.

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la coordinadora de comisión e impulsora de la AVG, Juliana García Quintanilla, dijo que desde el mes de octubre se pidió instaurar la mesa de trabajo, pero hasta el momento no hay respuesta del gobierno estatal a la petición de la CIDH Morelos y la Conavim.

Consideró que las nuevas autoridades no deben desestimar el tema del feminicidio, porque lamentablemente se ha convertido en una emergencia nacional por el aumento de desapariciones y muertes violentas de mujeres.

“El contexto de violencia e inseguridad ha favorecido el incremento de violencia contra las mujeres y el incremento de violencia feminicida a nivel nacional. Así, varios municipios del Estado de México se han convertido en un infierno para las mujeres; pero también otros estados como Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Baja California y Baja California Sur.

La consigna “Feminicidio, emergencia nacional” que inunda las redes sociales refleja el impacto y la magnitud por los múltiples casos de asesinatos de mujeres que diariamente se conocen en diversos municipios y estados; y en particular, en algunas universidades las mujeres se han estado organizando en colectivas feministas y en asambleas -en algunas facultades- para dirimir con relación a los casos de acoso sexual en el ámbito universitario.

Señaló que frente al incremento de la violencia contra mujeres, es necesario fortalecer la organización y la movilización para confluir en sectores y movimientos sociales, sindicales y populares para avanzar en acciones unitarias que impidan tantas muertes cotidianas y se ponga un alto al feminicidio desde la sociedad, exigiendo al Estado mexicano la aplicación de todas las medidas de la AVG para garantizar a todas las mujeres y niñas el acceso a una vida libre de violencia.

Hizo un llamado a las nuevas autoridades estatales para atender de inmediato el tema, evaluando en qué estado la anterior administración heredó el cumplimiento de la AVG y dar cumplimiento a las recomendaciones para frenar las diferentes formas de violencia de género.

Recordó que en los ocho municipios de Morelos donde se decretó la AVG, y, en los últimos 18 años, en Cuautla ocurrieron 53 asesinatos violentos de mujeres; en Cuernavaca, 176; en Emiliano Zapata, 33; en Jiutepec, 86; en Puente de Ixtla, 34; en Temixco, 65; en Xochitepec, 39; en Yautepec, 48, y dos casos ocurridos en las inmediaciones de dos municipios.

Insistió en la necesidad de superar la indiferencia, el miedo y el silencio, ante la preocupante estadística que suma diariamente 12 feminicidios en América Latina, de los cuales siete son perpetrados en México. 

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezó este viernes una caminata pacífica, en el centro de Cuernavaca, para iniciar las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno está comprometido a abatir este problema y llamó a la población a sumarse al esfuerzo, con la formación en familia de valores como el respeto y la equidad.

Junto con Natalia Rezende Moreira, su esposa y presidenta del DIF Morelos, así como con integrantes del gabinete, Blanco Bravo caminó desde la Catedral hasta el zócalo de esta ciudad, donde se desarrolló la ceremonia y conversatorio titulado "Pinta el mundo de naranja".

El mandatario manifestó que se dispondrá de los recursos posibles del Estado para terminar con este mal social. Señaló que las mujeres requieren el apoyo y respeto de la sociedad, por lo que eliminar la violencia en contra de ellas es un asunto que compete a todos.

Apuntó que negar la violencia que existe contra las mujeres impide avanzar en la búsqueda de soluciones reales, para proteger su integridad y desarrollo.

Recordó que atender este fenómeno es tarea de toda la población, con la participación desde el hogar, donde se deben formar valores de respeto y equidad.

En el acto se dio a conocer que el gobierno estatal, a través del Instituto de la Mujer, mantendrá acciones conmemorativas durante todo el mes, con mayor énfasis en los ocho municipios en los que se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG): Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, comentó que de acuerdo a la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género del 2017, recopilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos ocupa el séptimo lugar de las primeras 100 posiciones del país.
Apuntó que en cuanto al número de población, Morelos ocupa el tercer lugar en cuanto a la tasa de feminicidios en el país.
En entrevista, Ojeda Cárdenas indicó que revisarán la forma en la que opera la comisión de seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG), en los ocho municipios ya citados.

Mencionó que se analizará la forma de encausar la labor gubernamental, ya que en la administración pasada los resultados no fueron los esperados, en virtud de que continúan los feminicidios.

Activista demanda acciones urgentes para abatir los feminicidios y la desaparición de mujeres.

La representante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en Morelos, Susana Díaz Pineda, demandó ayer jueves que se tomen acciones urgentes para abatir los feminicidios y lamentó la ratificación de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), Flor Dessiré León Hernández.

La activista dijo que en su momento se reunieron con los legisladores actuales, a quienes les expusieron la situación que guarda el estado en el tema de la violencia feminicida y de desaparición de personas, y mostraron la inactividad del IMEM sobre el tema, en especial porque la directora actual es también la responsable de dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

En conferencia de prensa, Díaz Pineda expuso que para la organización es ilógico que sea la misma funcionaria quien ocupa ambas responsabilidades. “Lo que nosotros cuestionamos es que da la casualidad, ella es la titular de la secretaría técnica de la AVG, entonces ¿cómo va a ser juez y parte…? y encima ¿a quién le va a rendir cuentas esta mujer?”

Díaz Pineda sostuvo que la referida funcionaria, designada en ese cargo en el sexenio del exgobernador Graco Ramírez, nunca levantó la voz por los asesinatos de mujeres.

Expuso que de acuerdo con el recuento que ha hecho la organización social, en lo que va de este año suman ya 62 feminicidios, y desde el primero de octubre seis casos y 21 mujeres desaparecidas.

De tal manera que son temas que deben ser atendidos de manera urgente, tal y como lo prometió el titular del Ejecutivo. “Pero con ella ahí, no creemos que lo vaya a hacer… Nos quieren engañar las diputadas diciendo que el juez federal lo ordenó, pero sabemos que eso no es cierto… Cuando le llevamos a las diputadas el documento en el que expusimos la situación, había 53 feminicidios, y entre que ella hace berrinche, se enoja y dice que no hay titular del instituto y saca a las mujeres del instituto a hacer manifestaciones, se registraron nueve feminicidios más”.

Apuntó que uno de los compromisos era que no se permitirían las designaciones unilaterales de funcionarios hechas en la pasada legislatura, pero en este caso no sólo se sostiene a la funcionaria, sino que habrá de permanecer por tres años más.