El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

 

   

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Habrá una por el desvío de más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador.

El asesor anticorrupción de la gubernatura, Gerardo Becerra Chávez de Ita, dio a conocer que en breve presentará una denuncia más por presunto desvío de recursos por más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Este miércoles, el funcionario estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en representación del gobierno del estado, a presentar dos denuncias por la posible comisión de delitos.  

La primera se refiere a la contratación del cantante Marco Antonio Solís "El Buki", por cuya presentación en el estadio Coruco Díaz, de Zacatepec, se reportó un pago por más de 22 millones de pesos. No obstante, que habitualmente el artista cobra ente cuatro y seis millones de pesos por una presentación de este tipo.

En lo que se refiere al área de Salud, Becerra Chávez expuso que desde el pasado 8 de mayo se presentó una denuncia por presunto desvío de recursos en dicha área, relacionada con un fondo de ahorro de trabajadores, y este miércoles se entregó otra relativa a documentación presuntamente falsa entregada por un ex servidor público de los Servicios de Salud que fungía como comisario en ese organismo.

También adelantó que iniciarán más denuncias derivadas de las auditorías a los créditos por dos mil 806 millones de pesos autorizados al gobierno de Graco Ramírez, que indican un posible quebranto de más de mil 806 millones de pesos.

 

 

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Miércoles, 29 Mayo 2019 05:16

Combate Vera Jiménez fallo judicial adverso

Defensa del exrector promueve amparo contra resolución de Tercera Sala del TSJ que permite a la Fiscalía Anticorrupción reformularle imputación.

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El jueves, agentes de la policía detuvieron en la unidad académica a un estudiante acusado de asesinar a una muchacha.

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El juez consideró que la Fiscalía Anticorrupción no comprobó el delito de peculado en contra del exalcalde de Cuautla y que sólo se basó en el resultado de una auditoría.

Cuautla.- Luego de verificar y atender puntualmente el proceso que se llevaba a cabo en contra del ex presidente municipal de este lugar Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, por el delito de peculado por poco más de siete millones de pesos, la mañana del martes, el juez que llevaba dicho proceso determinó durante audiencia la no vinculación a proceso del exedil al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no pudo comprobar el delito antes mencionado, toda vez que no realizó una investigación del caso y sólo se basó en el resultado de una auditoría.

En la audiencia de anteayer, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción presentaron sus argumentos bajo la causa penal JC/845/2017 por el delito de peculado por el ejercicio fiscal 2011, solicitando al juez la vinculación a proceso del exalcalde por el delito de peculado por poco más de siete millones de pesos.

Tras lo anterior, el juez David Ricardo Ponce argumentó que no había delito que perseguir, toda vez que los argumentos presentados por la fiscalía no cumplía con los elementos necesarios para realizar dicha solicitud.

Asimismo, el juez precisó que la decisión fue tomada luego de señalar que la fiscalía no cumplió con la realización de una investigación y solamente presentó como evidencia la auditoría que realizó la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de Morelos, siendo la única prueba en contra de Güemes Ríos.

Ante la falta de más argumentos, el juez señaló al exedil que no había delito que perseguir en su contra, por lo que de manera inmediata se determinó el auto de no vinculación a proceso y se levantaron las medidas cautelares que se habían impuesto al exfuncionario municipal.

 

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Otra vez, fracasa la Fiscalía Anticorrupción al no demostrar el delito por el que fue acusado el exalcalde de Cuautla.

Cuautla.- En audiencia celebrada la mañana del martes en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez no encontró elementos para vincular a proceso al ex presidente municipal de este municipio Luis Felipe Güemes Ríos, por el delito de peculado por la cantidad de siete millones 900 mil pesos.

El juzgador señaló que la Fiscalía Anticorrupción –que encabeza Juan Salazar Núñez– no aportó pruebas para demostrar cómo se cometió el delito; sin embargo, el proceso continuará por los exfuncionarios señalados en el proceso, quienes tendrán que comparecer.

En la causa penal 845/2017, en la que se relaciona a Luis Felipe Güemes Ríos, sólo se aportaron los resultados de la investigación realizada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos, que presidía José Vicente Loredo Méndez, del periodo fiscal de 2011, en el que señala un presunto desvío de recursos federales del Ramo 33, fondos 3 y 4, que corresponden al Fortamun y de aportaciones a la infraestructura.

A dichos elementos, la Fiscalía Anticorrupción no incorporó las evidencias de cómo se llevó a cabo el presunto delito de peculado por el que acudió al notario público; sin embargo, dicha fiscalía, a través de Édgar Rodolfo Núñez, manifestó que apelará el resolutivo del juez Ricardo David Ponce González, quien exigió mayor rigurosidad en la investigación.

Ante la inexistencia de elementos de prueba para configurar algún tipo penal, concluyó que no se configura ninguna conducta ilícita o antijurídica. Por lo que resolvió no vincularlo a proceso ni aplicarle la fianza de 500 mil pesos que se exigía.

 

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Vecinos de Amilcingo exigen que se esclarezca el crimen.

Un grupo de habitantes de la comunidad de Amilcingo, del municipio de Temoac, e integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) bloqueó el acceso principal de la Fiscalía General del Estado y el paso de vehículos sobre la avenida Emiliano Zapata para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes.

Los manifestantes realizaron pintas, pegaron carteles en la barda perimetral de la fiscalía e impidieron la salida de vehículos oficiales. “¡Queremos al fiscal, queremos al fiscal!”, fue una de las consignas de los inconformes, quienes exigían ver a titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, ante la falta de avances en el caso Samir, a tres meses de su asesinato.

En la lectura de un comunicado, los habitantes de la comunidad reprocharon a la fiscalía su desdén hacia el caso Samir, pues mientras los responsables del crimen del luchador social permanecen impunes, en otros casos, como en el ataque ocurrido el 23 de abril en el restaurante Los Estanques, en el municipio de Cuautla, el asesinato de dos líderes sindicales en el zócalo de Cuernavaca y el secuestro y homicidio de Humberto Adame, hermano del exgobernador y diputado federal panista, toda la institución se movilizó para reunir evidencias, avanzar en las investigaciones y detener a implicados.

“Nosotros no cuestionamos ¿cómo es que en estos casos avanzan tan rápidamente las investigaciones, mientras que con las investigaciones de nuestro hermano Samir Flores no hay avance alguno? ¿Qué es lo que obstaculiza la investigación? ¿Hacia dónde se quiere desviar la atención, cuando el señor Hugo Erick se jacta de decir que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores tiene que ver con el crimen organizado? ¿A quiénes protege? ¿Por qué la fiscalía general se niega atraer el caso?”, cuestionaron.

De acuerdo con la versión oficial, a las 5:45 de la mañana del 20 de febrero, alguien tocó a la puerta de la casa de Samir Flores, donde vivía con su pareja y sus padres, en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

Atendió su madre, quien detrás de la puerta escuchó la voz de un hombre, quien pedía ver a Samir para pedirle un anuncio en la radio comunitaria donde laboraba.

Sin mayor sospecha, Samir salió a atender, saludó al hombre y caminó por el exterior de la casa. La pareja de Samir y su padre permanecieron en el interior, pero su tranquilidad fue allanada cuando escucharon disparos y salieron para encontrar a Samir en el suelo, con dos disparos en el rostro. Con la intención de salvarlo, el activista fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec pero pereció.

La FGE abrió seis líneas de investigación. La primera, relacionada con una posible represalia del grupo criminal denominado Comando Tlahuica. La segunda, vinculada con alguien del gobierno por la oposición de Samir al proyecto de la termoeléctrica. La tercera, vinculada a un grupo ciudadano a favor de la termoeléctrica. La cuarta, relacionada con la labor que Samir desempeñaba como comunicador de la radio comunitaria Amiltzinko. La quinta, un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Temoac. Y, la sexta, la existencia de un conflicto por el cierre de un centro escolar en el municipio.

Sin embargo, a tres meses del crimen no hay ningún detenido como presunto responsable material o intelectual del asesinato de Samir, quien era apreciado en la zona y conocido por su aposición al Proyecto Integral Morelos (PIM).

 

 

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Marco Antonio Solís cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentación, documentan; iniciarán denuncia.

Este miércoles será presentada la denuncia formal contra la administración pasada por el presunto desvío de alrededor de 20 millones de pesos que se reportaron como parte del pago al cantante Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, pues el monto erogado supera lo que regularmente cobra el artista por una presentación.

El director de análisis estratégico y asesor de la gubernatura en materia anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez de Ita, detalló que ya suman más de 30 carpetas abiertas por denuncias relacionadas con actos irregulares identificados en el manejo de recursos durante la gestión del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y advirtió que continuarán iniciando procesos, pues paulatinamente se integran los expedientes con elementos que robustecen las demandas.

Refirió que este miércoles será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción un caso más, relacionado con el sobrepago que se hizo con dinero del erario, o que se reportó como tal por la actuación del cantante, ya que aquí se pagaron cerca de 26 millones de pesos.

Marco Antonio Solís -refirió Becerra Chávez- cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentarse en un concierto masivo, como el que se realizó en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec el 6 de diciembre de 2014.

Recordó que de acuerdo con información documental, la empresa “Magnus” era presuntamente contratada como intermediaria en las contrataciones de éste y otros artistas, como Emmanuel, Mijares y el cantante Sting. “Los representantes de esa empresa tendrán que rendir cuentas de porqué cobraba estos sobreprecios… pareciera que el gobierno del estado era tonto en pagar esas cantidades exorbitantes, cuando en el mercado de los cantantes, de los artistas, tienen precios, es un valor que ellos mismos se dan”.

Insistió en que están en la etapa de recopilación de más pruebas sobre los conciertos de los artistas también referidos y en breve entregarán a la Fiscalía Anticorrupción las denuncias correspondientes.   

 

    

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Miércoles, 08 Mayo 2019 05:19

Hortencia Figueroa renuncia al PRD

El dirigente estatal dice que el Partido del Sol Azteca superará su crisis.

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Es señalada por presuntamente adjudicar de manera irregular y pagar 75 millones de pesos por la demolición y construcción de un edificio en Jojutla.

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