Es lamentable que dos instituciones que cumplen con una función social tan importante como son los Institutos de la Mujer y el de Información Pública y Estadística, estén prácticamente condenados a muerte por una sola y absurda razón: “para ir equiparando lo que va sucediendo también en la Federación”.
Hasta la fecha, los órganos autónomos a nivel federal en México no han desaparecido formalmente, pero han estado bajo constante presión y propuestas de reforma o eliminación por parte del actual gobierno federal, especialmente desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y con continuidad en la de Claudia Sheinbaum.
Recordemos que, en febrero de 2024, AMLO envió un paquete de reformas constitucionales que incluía la desaparición del INAI y la integración de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, así como modificaciones al Poder Judicial y a organismos electorales, reduciendo su autonomía. Aunque algunas reformas no han sido aprobadas aún, se han erosionado presupuestos y operatividad de varios órganos autónomos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha expresado apoyo a esas reformas, aunque con un tono menos confrontativo. Su equipo ha dicho que revisarán “caso por caso”, pero se espera que en 2025, con mayoría legislativa, se retomen estos intentos de desaparecer o absorber órganos autónomos.
Diversos sectores han advertido que la desaparición de estos órganos pone en riesgo la democracia, la rendición de cuentas y los derechos ciudadanos. También se señala que estas acciones son regresivas y favorecen el autoritarismo presidencial.
Lo peor del caso es que estas acciones se están repitiendo en las entidades federativas pero no porque hayan hecho mal las cosas, sino simplemente porque hay que seguir la línea dictada desde la presidencia. ¿Y entonces la autonomía de los estados y los municipios?
El pasado lunes, en su conferencia de prensa semanal, esta vez celebrada en Tepalcingo, la gobernadora Margarita González Saravia recordó que a través de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del estado se han planteado para este periodo que apenas inicia “una serie de temas” que siguen pendientes.
Reconoció que la propuesta de reforma “implica la desaparición de algunos institutos como el Instituto de la mujer, que definitivamente no tiene ya ninguna razón de ser en el sentido de que todas las acciones las está tomando la Secretaría de la Mujer” que también concentra todos los recursos para políticas públicas en este rubro.
También “para ir equiparando lo que va sucediendo también en la Federación” se extinguirá el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), que actualmente preside Hertino Avilés.
En el caso del IMIPE ya se veía venir. En la reforma federal publicada el 20 de marzo pasado se instruye a las legislaturas de los estados a armonizar su marco jurídico conforme al decreto que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuya personalidad como autoridad garante fue sustituido por el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La nueva ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece también que las autoridades garantes locales en la materia serán los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el poder ejecutivo de las entidades federativas, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o demarcaciones territoriales de Ciudad de México, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes.
Por lo tanto, sólo era cuestión de tiempo para que se extinguiera este órgano colegiado como tal, para pasar a ser una dirección dependiente de la Secretaría de la Contraloría, que encabeza la exdiputada morenista, Alejandra Pani Barragán.
La declaración de la gobernadora fue el equivalente a la sentencia de un juez en Estados Unidos que condena a una persona a la silla eléctrica o la inyección letal.
En el caso del Instituto de la Mujer había una leve esperanza de que “el condenado a muerte fuera indultado”, sobre todo porque quien esto escribe cuestionó a la entonces gobernadora electa en la conferencia de prensa cuando presentó a Clarisa Gómez Manrique como secretaria de las Mujeres. Se le preguntó específicamente sobre si esta dependencia de nueva creación no incurriría en duplicidad de funciones con el órgano autónomo denominado Instituto de la Mujer que ya existía desde 2002 en Morelos. “No, para nada. Cada una tiene sus funciones específicas”, me contestó en aquella ocasión la ex directora de la Lotería Nacional.
Cabe recordar que uno de los principios generales de los Derechos Humanos es el de la Progresividad, que básicamente significa que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la “no regresividad” en la protección y garantía de derechos humanos.
Diversas legisladoras y legisladores de diferentes partidos han coincidido en que no hay razón para desaparecer al IMM después de tanto trabajo que ha costado llegar hasta donde está. En todo caso, que se nombre a Clarisa Gómez Manrique como nueva titular del IMM a partir del mes de octubre, mes en que concluye su periodo la actual presidenta Isela Chávez Cardoso.
Desde nuestro punto de vista es un error desaparecer de un plumazo y sin razones de peso, una institución que a lo largo de los últimos 20 años ha ido ganando terreno en un mundo dominado por los varones. En lugar de desaparecerlo, los diputados deberían presupuestar un recurso extraordinario para la adquisición de un inmueble permanente para el IMM, pues desde su nacimiento ha andado “como judío errante” por diferentes puntos de la ciudad, a falta de un domicilio propio.
HASTA MAÑANA.
