A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los policías asignados a los municipios, tanto de prevención del delito como de vialidad, se han convertido en los principales ahuyentadores del turismo y la inversión privada. Tepoztlán, Xochitepec, Xoxocotla y Temixco son las principales localidades morelenses donde la gente ya no sabe si cuidarse de la delincuencia o de los guardianes del orden.

“Ya no se trata solo de mordidas. Disfrazan la extorsión de procedimiento legal, pero no hay documentos, ni transparencia”, explica Manuel Díaz, socio de la empresa Supplychain de México, y quien documentó recientemente un auténtico robo en el municipio de Xochitepec. “En otros estados te piden dinero, pero no se llevan la unidad. Aquí van más allá”, agrega.

Supplychain de México S.A. de C.V. denunció que uno de sus camiones fue detenido con el pretexto de que el conductor no portaba cinturón de seguridad. El oficial no aceptó documentos en garantía y ordenó remitir la unidad al corralón. Ahí exigieron 45 mil pesos para liberarla, sin factura ni tabulador oficial.

“En menos de cinco minutos ya estaba la grúa”, relató Manuel Díaz. Al pedir explicaciones, solo recibieron amenazas y un ultimátum: “háganle como quieran, paguen o ahí se queda el camión”.

Tras enviar a su equipo jurídico con la legislación en mano, la empresa logró que el cobro bajara a 23 mil 648 pesos. Aun así, absorbieron pérdidas por inactividad y honorarios legales. “Esto no se puede normalizar. Afecta la economía, desalienta el comercio y genera incertidumbre”, advirtió Díaz.

A esta denuncia se suma la agresión contra un ciudadano que se dirigía a una jornada de reforestación respaldada por la UNAM y el Tecnológico de Chapingo. El 21 de julio pasado, Gustavo Carrillo fue interceptado por un oficial de tránsito sin identificación ni placas. Al pedirle que se identificara, el ciudadano decidió retirarse hacia una zona pública.

En el trayecto, una patrulla le cerró el paso y fue detenido por al menos cinco oficiales. Según su testimonio, fue golpeado, esposado dos veces y despojado de su celular para evitar que siguiera grabando. “Me golpearon en el estómago cuando ya no había testigos”, afirmó.

Asegura que fue privado de agua y medicamentos, y que un médico omitió registrar las lesiones que presentaba. Una jueza cívica le dijo que no estaba detenido, pero aun así le impusieron una multa. La camioneta en la que viajaba sigue retenida; exigen 9 mil pesos por el arrastre. También lo acusan de dañar una motocicleta, una patrulla y una cámara que, asegura, “convenientemente ya no existe”.

“El día de los hechos iba a sembrar árboles. Esto no fue tránsito, fue una operación del cártel uniformado, sección Xochitepec”, sentenció. El presidente municipal de Xochitepec es Gonzalo Flores, quien llegó al cargo bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero se justifica en que la seguridad es responsabilidad del estado, al existir un convenio de Mando Coordinado.

Pero los abusos policiacos no es asunto de partidos políticos. Hace dos semanas una pareja de turistas denunció haber sido víctima de agresiones físicas y retención arbitraria por parte de elementos de la Policía Municipal de Tepoztlán, donde gobierna Perseo Quiroz, quien obtuvo el triunfo electoral como candidato independiente.

El incidente fue documentado en un video que circula en redes sociales, donde se escuchan gritos de auxilio, golpes y, posteriormente, se muestran lesiones visibles en las víctimas. 

Los hechos ocurrieron en la Casa del Pueblo, sede del gobierno municipal. De acuerdo con el testimonio de Ana Laura, una de las personas afectadas, ella y su pareja se desviaron hacia Tepoztlán tras encontrar un accidente en la zona de La Pera, y se estacionaron frente a Tepoznieves por unos minutos. Al salir, notaron que una de las placas de su vehículo había sido retirada, por lo que acudieron al edificio municipal para pagar la sanción correspondiente.

“El trato fue hostil desde el inicio. Una oficial y una persona encargada del área de cámaras nos informaron que no podían atendernos hasta el lunes. En menos de un minuto ya había cuatro oficiales gritándonos sin motivo alguno”, relató Ana Laura. Agregó que cuando intentaron retirarse, su pareja fue agredida físicamente por un agente, a lo que se sumaron otros elementos. “A mí me sujetaron del cuello, impidiéndome respirar”, dijo. También aseguró que fueron retenidos por más de cuatro horas sin explicación legal y que durante ese tiempo recibió amenazas e intimidaciones.

El Ayuntamiento emitió un comunicado en el que confirmó el incidente y señaló que los oficiales actuaron tras detectar una falta administrativa por obstrucción a la circulación en una de las avenidas principales del centro. Indicó que, según su versión, los turistas agredieron verbal y físicamente al personal de tránsito. Sin embargo, se comprometió a revisar el material de videovigilancia para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza.

La administración expresó su disposición para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos realice una investigación independiente sobre los hechos.

Además de los abusos como los antes mencionados, la queja frecuente de la ciudadanía es contra los operativos en los que se usan los llamados “alcoholímetros”. La realidad es que los índices de accidentes no se han reducido, pero los ingresos de los Ayuntamientos y de las grúas y corralones concesionados a particulares sí se han multiplicado.

Uno de los municipios que está utilizando el alcoholímetro para allegarse de recursos propios y difíciles de auditar, es Xoxocotla, quien alcanzó su denominación de municipio indígena hace apenas siete años.

A pesar de que la administración de Margarita González Saravia pidió el apoyo a los municipios del sur de la entidad para que el equipo de futbol Atlante jugara como local en el estadio “Agustín Coruco Díaz” de Zacatepec, los primeros partidos los aficionados —en su mayoría provenientes de la ciudad de México— tuvieron que soportar el retén implementado por la Policía Municipal de Xoxocotla en busca de conductores que dieran positivo al alcoholímetro y llevarse sus vehículos al corralón particular, donde los pudieron recuperar hasta el siguiente lunes, previo pago de cantidades que van desde los seis mil y hasta los diez mil pesos.

HASTA MAÑANA.