En el juego de la justicia nadie es totalmente inocente ni totalmente culpable. No hay blanco y negro, generalmente son tonos grises. En el debate que se ha puesto —otra vez— de moda sobre la llamada “puerta giratoria”, nadie miente, sólo que cada uno da la versión desde su particular punto de vista y conveniencia.
En el juego de la justicia participan los siguientes protagonistas: el detenido, el policía aprehensor, el fiscal, el abogado defensor, el juez, los magistrados (tanto locales como federales) y la víctima.
Quien esto escribe ha trabajado en la Policía, en la Procuraduría (hoy Fiscalía) y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, y si bien no ejercemos el litigio penal, sí conocemos a los mejores penalistas, así que tenemos un panorama muy amplio sobre el tema de la justicia en Morelos.
Nos tocó conocer a Agustín Montiel, el poderosísimo jefe de la Policía Ministerial en tiempos del gobernador Sergio Estrada. Recibía órdenes directamente del gobernador o de su secretario de Gobierno, Eduardo Becerra (hoy convertido en “líder obrero”), y tenía una costumbre: primero actuaba y después llamaba a los MPs para que “cuadraran” el asunto jurídicamente.
Ser amigo de Agustín Montiel era una bendición; no serlo una pesadilla. Fuimos testigos de una decena de casos en los que hubo violaciones a derechos humanos de detenidos, pero también vivimos muy de cerca algunos en los que Agustín Montiel ayudó a dos víctimas (una de extorsión y otra de sustracción de menores) y en cuestión de horas resolvió los asuntos que normalmente hubiera requerido semanas de estar esperando en el Ministerio Público.
En ese sexenio el jefe de la Policía Ministerial tenía autoridad por encima del jefe de seguridad pública, pero con Graco Ramírez fue al revés: el supersecretario de Seguridad Alberto Capella asumió el control de la Fiscalía (después de hacer renunciar al procurador Rodrigo Dorantes) y prácticamente durante todo el sexenio hizo lo que quiso.
Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco (todos fuimos testigos), el fiscal Uriel Carmona se la pasó peleándose con el comisionado Antonio Ortiz Guarneros (aunque quien mandaba era su segundo, el capitán Santomé) hasta que ambos se fueron.
Hoy tenemos a un secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (licenciado en Administración) que trae toda la fuerza de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y del secretario de Seguridad Harfuch, así como la confianza de la gobernadora Margarita González Saravia. En el tiempo que lo hemos tratado, advertimos que Miguel Ángel Urrutia Lozano es un hombre honesto, con la preparación y experiencia necesarias, que viene decidido a dar una lucha frontal contra la delincuencia.
Sin embargo, no tiene la noción jurídica como la que sí tenía Alberto Capella, que antes de ser funcionario fue litigante. Entonces, cuando tiene indicios (casi siempre denuncias anónimas) de que en tal lugar venden drogas, llama a sus comandantes y da la orden: “tráiganmelo a como dé lugar”.
Eso pasó en la colonia Lienzo del Charro con el expolicía apodado “El Belicón”, que para unos es un tipo a todo dar y para otros es un distribuidor de drogas. Llegan con toda la fuerza del estado (soldados, Guardia Nacional, hasta el helicóptero usaron) y se lo llevan a punta de trancazos. De paso se suben a la patrulla a un pobre vecino que andaba paseando a sus perros y quiso impedir la acción policiaca.
Cuando el asunto llega al Poder Judicial, uno esperaba que la Fiscalía presentara llamadas telefónicas interceptadas, informes de inteligencia, fotografías, testimonios de compradores que le imputaran directamente a “El Belicón” que combina la venta de elotes con distribución de estupefacientes.
Pero no fue así. La Fiscalía presenta un Informe Policial Homologado (IPH) en el que un par de comandantes nos quieren vender la historia de que acudieron a la colonia Lienzo del Charro después de recibir un reporte del 911 denunciando “personas armadas a bordo de una camioneta tipo Journey”. Al llegar, circulando a 20 kilómetros por hora en una calle que mide tres metros de ancho, logran ver a 15 metros a un sujeto manipulando algo dentro de una camioneta.
Obviamente, bastó con que la defensa (particular, por cierto), presentara los videos que grabaron familiares y vecinos, para demostrar que nada de lo que decía en el IPH era cierto, y que lo más seguro es que las pastillas y la pistola toda vieja que le incautaron, hayan sido “sembradas”. El colmo: la llamada al 911 reportando gente armada, quedó registrada en el C5 una hora después de que dio inicio el vistoso operativo. Que no manchen.
Ahora vamos al otro extremo: Seis jóvenes llegan a una casa, someten a los ocupantes, roban cosas y huyen en una camioneta. Llega la policía, persigue el vehículo y logra detenerlos. Los pone a disposición de la Fiscalía que a su vez los remite a un juzgado penal. Por “tecnicismos jurídicos” los sujetos quedan en libertad.
En otro caso, una decena de personas que habían sido capturadas en una casa con armas, drogas y vehículos, fueron dejados en libertad por un juez por la sencilla razón de que no cumplieron con el requisito indispensable de los dos testigos que establece el artículo 286 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ahora bien, no hay que descartar que estos “errores” tanto de los policías como de los fiscales, sean cometidos a propósito (obviamente a cambio de una cantidad de dinero) para que el juez pueda tener argumentos para dejarlos en libertad.
Es entendible que la SSPC pretenda dar resultados con muchas detenciones en las cuales los elementos se llevan lo que encuentran a su paso (lo que se conoce como botín de guerra), y maltratan a los detenidos. Lo mismo ocurre en la Fiscalía General, donde el joven Edgar Maldonado viene con más disposición que experiencia.
También es entendible la situación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el experiodista Juan Emilio Elizalde Figueroa, que hábilmente justifica a sus jueces diciendo que resuelven apegados a derecho, pero que no mete las manos al fuego por ninguno de ellos. También recuerda que la Ley contempla una serie de recursos jurídicos cuando el Ministerio Público no está de acuerdo con la resolución de un juez, y que también existe la posibilidad de la queja ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina contra aquellos juzgadores que hayan incurrido en irregularidades.
Lo que no puede decir es que hay jueces que se emborrachan con los litigantes y ahí acuerdan cómo darle una salida jurídica al asunto para repartirse las ganancias. También magistrados, pero ahí las cantidades son más altas.
Tampoco puede decir abiertamente que la mayoría de los jueces fueron designados por su antecesor, por lo que tienen la obligación moral de reportarle todo lo que hacen; incluyendo a la “jueza especializada en actos de Ejecución” (la que libra las órdenes de cateo), Paola Tapia, cuya cercanía con el expresidente es del dominio público.
HASTA MAÑANA.
