El Congreso local no destinó recursos para el pago de nuevas jubilaciones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) retomó la estrategia legal para impugnar las pensiones de los trabajadores judiciales, porque el Congreso local no destinó una partida presupuestal para el pago de nuevas jubilaciones.

Recientemente, el Poder Judicial del Estado promovió la controversia constitucional 144/2020, la primera bajo la gestión del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, por la cual fue impugnado el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González, quien prestó sus servicios en el TSJ durante 23 años y cuyo último cargo fue como Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en Yautepec.

En el recurso constitucional promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del artículo 3º del decreto número setenta y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5793 de fecha once de marzo de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio”.

Esta estrategia fue aplicada por primera vez por la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas López, quién durante su gestión promovió más de 150 controversias constitucionales contra los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales aprobados por el Congreso entre 2016 y 2019.

A la llegada de Carmen Cuevas López como titular del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Morelos en mayo de 2016, inició la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial pero sin asignar presupuesto para su pago.

En 2018, las salas de la SCJN ya habían resuelto más de una centena de controversia en las que, básicamente, se ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo etiquetar y suministrar al TSJ de los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Ante la reiterada omisión de dar cumplimiento a las sentencias, el 3 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puso literalmente contra la pared a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Morelos por su contumaz desacato judicial, y no sólo les dio lineamientos y tiempos para cumplir las sentencias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados del TSJ, sino hasta amenazó con aplicar la destitución y consignación ante un juez federal por abuso de autoridad.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido ningún acuerdo por el que dé por cumplidas el total de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales.

Sin embargo, todo indica que Jasso Díaz, quien relevó a Cuevas López el pasado 18 de mayo, retomará la estrategia de su antecesora para presionar al Congreso para que etiquete una partida presupuestal exprofeso para cada uno de los decretos jubilatorios aprobados de trabajadores judiciales.

Incluso, también, en los últimos meses de gestión de Cuevas López fue promovida la controversia constitucional para que el Poder Judicial reciba un presupuesto superior a los 800 millones de pesos y se cumpla con lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantiza la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado, y le concede el 4.7% del gasto programable estatal.

 

 

 

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para cubrir todos los compromisos de ese segmento se requieren 150 millones, asegura el director general.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) enfrenta un millonario déficit presupuestal por el pago de pensiones; para el 2021 requiere un presupuesto de 256 millones de pesos de fondos estatales, para cubrir compromisos, aunque la cascada de jubilaciones no para, ya que este año se retirarán 39 trabajadores con sueldo de nivel directivo.  

El director del subsistema, Víctor Nájera Medina, expuso que para este 2020 se tuvo una asignación de 103 millones de las arcas locales y el mismo monto por parte de la Federación y se logró gestionar con el gobierno estatal apoyo para pagar algunos compromisos que estaban pendientes por un total de 17 millones, por lo que es factible cerrar este año, incluso considerando el pago de aguinaldos. 

Sin embargo, el funcionario admitió que, para el próximo año, el Cobaem necesitará de mayores recursos y apeló a la buena disposición de los legisladores en la aprobación del paquete financiero. Dijo estar seguro de que la administración estatal seguirá apoyando a la institución.  

Pero el panorama es muy complejo, ya que hasta el año pasado sumaban 315 jubilados y pensionados y este año se jubilan 39 más, la mayoría con cargos directivos, lo que significa un mayor sueldo, lo que incrementa el monto por este rubro.  

Para pagar la nómina se necesitan 103 millones de pesos, pero para pagar adeudos, serían 47 millones de pesos más, por lo que en total solamente para pensionados y jubilados se requerirá de 150 millones de pesos adicionales, considerando las prestaciones que están pendientes.  

En total se necesita de presupuesto estatal alrededor de 258 millones de pesos, independientemente de lo que aporte la Federación, que esperan sea igual que al año que transcurre, es decir 103 millones de pesos.  

 

 

 

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Su aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente: diputado.

El Congreso del estado acumula cerca de mil solicitudes de jubilación, cuya aprobación costaría al estado 250 millones de pesos anualmente, aseguró el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.


El legislador refirió que se trata de un derecho que no se le puede negar a los trabajadores al servicio del gobierno del estado, sobre todo porque algunos casos han permanecido congelados por más de siete años.


Señaló que se pretende que en este mismo año se desahogue el rezago de mil expedientes y, finalmente, los trabajadores del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo puedan retirarse con la pensión que señale la ley.


"Son personas enfermas y en algunos casos los trabajadores ya murieron y (la pensión) se tendrá que entregar a sus familiares", explicó el diputado, quien admitió que desde el Congreso no se ha actuado de manera equitativa, pues han sido autorizadas "pensiones doradas" por la vía rápida y fuera de la ley, mientras que otros expedientes no avanzan.


No obstante, afirmó que el problema que más preocupa es el costo que implican las jubilaciones, pues tan sólo los mil expedientes que serán autorizados costarán al gobierno del estado 250 millones de pesos anuales.


"Es necesario una reforma. En algunos casos lo toman como una carga, pero la plaza (del trabajador que se va a jubilar) está cubierta y está pagada. En el momento es que se ocupa es donde se duplica el gasto, entonces tienen que prever en que se puedan congelar y no vuelvan a ocuparlas a través del sindicato para ayudar a un familiar o a un amigo", manifestó.

 

  

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Jueves, 30 Abril 2020 04:26

IMSS adelanta pago de pensiones de mayo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que adelantará el pago de las pensiones correspondientes al mes de mayo y los 3.8 millones de pensionados podrán disponer de sus recursos a partir de mañana jueves 30 de abril.

En atención a las recomendaciones de la Secretaría de Salud en la Jornada de Sana Distancia, el Seguro Social está comprometido con el cuidado de las personas adultas mayores – consideradas grupo vulnerable en esta emergencia sanitaria –, por lo cual pide a la población pensionada mayor de 60 años no acudir a las ventanillas bancarias y cajeros automáticos el mismo día de pago, para evitar aglomeraciones y reducir riesgos de contagio de COVID-19.

En tal sentido, el Instituto propone a la población pensionada opciones para disponer o utilizar sus recursos, tales como: cobrar los días siguientes a la fecha de pago, de acuerdo con los  protocolos sanitarios que llevan a cabo las instituciones bancarias, así como realizar compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados.

También pueden retirar los recursos en establecimientos autorizados por sucursales  bancarias, tiendas de autoservicio, plataformas digitales y servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios.

Por otra parte, el Seguro Social informa que serán suspendidos temporalmente los descuentos de los préstamos a cuenta de pensión otorgados por el IMSS o una Entidad Financiera, con el objetivo de apoyar a la economía familiar y hacer frente a la emergencia por COVID-19.

Este beneficio se aplicará directamente en el caso de préstamos otorgados por el IMSS y el pensionado identificará un mayor ingreso disponible en su depósito.

Respecto a los préstamos otorgados por una entidad financiera se aplicará el descuento de manera normal y en aproximadamente 24 horas se reembolsará la cantidad descontada en la misma cuenta donde se recibe el pago de la pensión.

El Seguro Social pone a disposición de la población pensionada o sus familiares el número gratuito 800 623 2323 (opción 3) correspondiente a “Pensionados” para ser atendido por un representante del Seguro Social, quien resolverá sus dudas y orientará sobre estas nuevas medidas de apoyo para la economía familiar y hacer frente a la situación de salud que se vive en el país.

 

 

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Diputado admite que se cometieron irregularidades en la revocación de más de 40 pensiones de exfuncionarios aprobadas por la anterior legislatura.

El Congreso del estado combatirá los fallos de la justicia federal que favorecieron a los exfuncionarios que se beneficiaron con las "pensiones doradas" que aprobó la LIII Legislatura.
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, admitió que se cometieron graves irregularidades en la integración de los dictámenes -aprobados desde el año pasado- con el fin de anular más de 40 pensiones a favor de allegados al ex gobernador Graco Ramírez y de ex legisladores.
Por ello, el diputado pesedista dijo que se investigará a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en la que presuntamente se cometieron las anomalías,  para deslindar responsabilidades.
De manera inmediata, refirió, el Poder Legislativo procederá  legalmente en contra de las resoluciones judiciales que permitieron que se restablecieran dichas "pensiones doradas", a fin de impedir que los abusos cometidos por la pasada legislatura y desde la administración estatal se concreten.
"Yo lo que percibo aquí es un dolo por parte de quien preside la Comisión del Trabajo. Qué lamentable que tengamos que pagar lo que de entrada, lo que de suyo, sabíamos que era injusto, no hace falta ser perito y especialista para saber que mucha gente abusó. No podemos ser cómplices de quienes estuvieron haciendo cosas indebidas", manifestó Sotelo Martínez.
Hasta el momento, más de una veintena de ejecutorias de amparo se han emitido en contra del Congreso del estado, por vicios en el proceso legislativo.
En la lista de ejecutorias de amparo que ha tenido que acatar el Congreso, resaltan los nombres de Marguis Zoraida del Rayo Salcedo,; Bertha Rodríguez Báez, ex directora de Afiliación del Régimen Estatal de Protección Social de Salud; Miguel Francisco Landa Rivera y Alejandro García Aquino, ambos ex colaboradores del ex secretario de Gobierno Ángel Colín López; Arely Rocío Lagunas López, ex secretaria de Servicios Legislativos en la LIII Legislatura, además del ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna, que fue de las primeras ejecutorias.
De manera extraoficial se ha informado que las cerca de 40 pensiones anuladas por la actual legislatura fueron validadas por una resolución judicial.

 

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También les preocupa el aumento de edad para jubilarse; este mes celebrarán su Consejo Nacional en Oaxtepec.

Cuautla.- Modificaciones al régimen de pensiones y mejores prestaciones sociales serán los principales temas a tratar durante el XXIV Consejo Nacional Ordinario, que se llevará a cabo en el Centro Vacacional Oaxtepec, del 5 al 8 de noviembre, informó Martiniano León Pech, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Jubilados y Pensionados por el Estado.

En conferencia de prensa para dar a conocer dicho evento, el dirigente nacional de los jubilados y pensionados de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) señaló que a partir del arribo del nuevo gobierno federal han enfrentado problemas económicos por la suspensión de los préstamos del ISSSTE y por la reducción de presupuesto para Salud.

“Nuestras necesidades por las que trabajamos son las económicas y las de salud. Las económicas porque somos un sector al que no se le ha puesto mucha atención para mejorar sus ingresos, y las de salud porque, por la propia naturaleza en la tercera edad, se presentan enfermedades llamadas crónico-degenerativas en las que este sector de la población requieren de mayor atención médica”, indicó León Pech.

Aunque fueron restituidos seis meses después como consecuencia de sus protestas, la incertidumbre invade a más de un millón 200 mil jubilados y pensionados, quienes enfrentan un panorama difícil luego de que las pensiones se dejaron de pagar en salarios mínimos para pagarse en unidad de medida y actualización (UMA), lo que les redujo considerablemente sus ingresos hasta en cinco mil pesos.

“Insistir en que las pensiones ya no se les aplique el UMA, que es otro medio que el gobierno tuvo a su alcance para frenar un poco el egreso que tiene para pagar las pensiones; a nosotros se nos pagaban las pensiones con el salario mínimo. El gobierno aplicó, en vez del salario mínimo, el UMA, que redujo la cantidad de las pensiones y eso perjudica mucho a los jubilados; nosotros presentamos ante la Cámara de Diputados nuestra inconformidad presentando proyectos de ley, pero hasta el mes pasado estuvo esto con mucho ruido de que no queremos que se pague las pensiones en UMA, sino con salarios mínimos, que es lo que beneficia más a los jubilados”, enfatizó.

Otro de los temas que se analizarán es el incremento de la edad para jubilarse. “La otra es que incrementan la edad a los trabajadores para tener el derecho a jubilarse. Cuando nosotros nos jubilamos, hubo muchos trabajadores que nos jubilamos antes de cumplir 50 años de edad; ahora ningún trabajador se puede jubilar con menos de 65 años. Entonces esto también no beneficia a los trabajadores y son medios que el gobierno utiliza para evitar el crecimiento del dinero que se requiere para el pago de pensiones”, agregó.

 

Publicado en Cuautla
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