El próximo año se proyecta destinar 10 mil millones de pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción, anuncia.

El próximo año se proyecta destinar 10 mil millones de pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción, aseguró Román Meyer Falcón, quien será el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Román Meyer se reunió este martes en Cuernavaca con autoridades estatales y municipales de Morelos.

El funcionario federal dijo en entrevista que en dicho encuentro -celebrado a puerta cerrada- se dialogó con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y los alcaldes para exponer los lineamientos de operación de dicho programa y se solicitó la colaboración de los ayuntamientos.

Comentó que se ha considerado en el presupuesto del 2019 una partida de 10 mil millones de pesos para este rubro, más lo que se tiene en el Fondo Nacional de Desastres Naturales y los recursos que sean rescatables de las aseguradoras.

Dijo que ésta es la primera reunión formal en Morelos, como las que se han realizado en otras entidades que sufrieron daños por los temblores del 2017, ya que el programa se pondrá en marcha en esos estados y municipios.

Refirió que se trabajará con los ayuntamientos y el gobierno estatal en los mecanismos que se aplicarán para recabar datos sobre cuáles son las viviendas afectadas, en qué magnitud, así como infraestructura en escuelas, en salud y demás sectores.

Dijo que en las próximas semanas se va a determinar el monto aproximado que se va a entregar a cada uno de los estados, lo cual va a variar conforme a la información obtenida. Comentó que hasta ahora se han tenido datos sobre las tarjetas entregadas, pero admitió que han recibido comentarios en el sentido de que no se depositó en todas las tarjetas, o en su caso no hubo un acompañamiento técnico, que en el próximo gobierno sí se dará, para que las acciones sean dirigidas de manera específica y resulten efectivas.

Román Meyer admitió que a la fecha no han recibido como parte del proceso de entrega recepción, información relativa a los presuntos desvíos de recursos de Sedatu, lo cual esperan obtener a partir de que tome posesión el nuevo gobierno desde el primero de diciembre.

El gobierno del estado informó que como resultado de dicho encuentro, se acordó que el gobierno federal apoyará a Morelos en la reconstrucción. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que está confiado en que la entidad será considerada prioridad en este proceso: “Confiamos en que el presidente electo nos va a dar esa oportunidad, nos va a abrir esa puerta para que todos los municipios afectados sean reconstruidos, vamos a trabajar muy fuerte con toda la reconstrucción. Yo he visitado todos los municipios cuando estuve en campaña y realmente es una injusticia como están las casas todavía, que no las han levantado”.

Por su parte, quien será el próximo subsecretario de la Sedatu y comisionado nacional de reconstrucción, David Cervantes Peredo, realizó una exposición de los Lineamientos del Programa Nacional de Reconstrucción y asimismo indicó que dentro de las prioridades en el tema de la reconstrucción destacan los sectores de vivienda, salud, educación y patrimonio –cultura-.

Comentó que otro tipo de problemas que pudieran surgir, como caminos y carreteras dañadas, infraestructura hidráulica afectada y demás, serán atendidos con la intervención de las respectivas secretarías de gobierno federal y estatal.

A su vez, Sanz Rivera manifestó que de acuerdo a información con la que cuenta el gobierno del estado, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) atiende a 15 mil 800 afectados en la entidad, de los cuales cinco mil registraron daño total y los demás un daño parcial, “pero los avances han sido de un 50%, lo cual quiere decir que aproximadamente siete mil 750 personas no han recibido este beneficio”.  

 

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El ex delegado de la dependencia rechaza las acusaciones en su contra y culpa también a la dirigente de Antorcha Campesina.

El ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en Morelos, Ángel Rodrigo Peña Zepeda, rechazó los señalamientos de presunto desvío de recursos de la dependencia federal pero aseguró que su sucesora, Itzel Ancheita Damián, y la lideresa de Antorcha Campesina, Soledad Solís Córdova desviaron ese dinero. Afirma que él ya había dejado el cargo y de manera formal había dado de baja su firma electrónica en las fechas en las que se habría registrado la sustracción de fondos de las cuentas bancarias de la institución.

A través de una carta enviada a La Unión de Morelos, Peña Zepeda sostiene que su gestión al frente de la delegación de la Sedatu en Morelos concluyó el 7 de marzo del 2018 y cumplió con el proceso de entrega recepción formal del puesto el 15 de marzo, de conformidad con la ley.

Sostiene que no ha sido llamado a comparecer por autoridad alguna sobre el supuesto ilícito ya referido:  “sin que existiera el desvío que falsamente se me imputa por parte de la lideresa de Antorcha Campesina y que supuestamente señala la actual titular de la delegación de dicha dependencia en el estado de Morelos, situación por la que a la fecha, no he sido citado ni como imputado, ni con cualquier otro carácter a declarar ante autoridad ministerial alguna, por lo que la divulgación falsa e inexacta de la noticia aparecida en este medio me ocasiona un agravio en lo político, económico, en mi honor, imagen, reputación y vida privada”.  

Cabe recordar que tanto la delegada actual de la Sedatu Itzel Ancheita Damián como la lideresa de Antorcha Campesina han declarado en días recientes, ante diversos medios de comunicación que se detectó un desvío de recursos en la referida institución por un monto de alrededor de 17 millones de pesos correspondientes a programas de mejoramiento de viviendas; en sus declaraciones (de las cuales existen grabaciones de audio y video), también expresaron que se iniciaron denuncias ante la PGR.

La inconformidad de la referida organización social por el incumplimiento en la entrega de los mencionados apoyos, incluso se ha hecho evidente con varias manifestaciones y bloqueos frente a las instalaciones de la delegación en la entidad.

Peña Zepeda asegura en la misiva, que unos días después de que dejó el cargo de delegado, solicitó que se diera de baja su firma en torno a las cuentas bancarias de la institución: “apenas un par de días después se solicitó a las instancias correspondientes, así como a las instituciones financieras se diera de baja mi firma electrónica de las cuentas que en la delegación se manejaban”.

Admite que se realizó una investigación sobre el manejo de recursos de la dependencia federal, pero argumenta que el período en el que habría ocurrido el manejo irregular él ya no era delegado: “Derivado de una investigación institucional realizada por el órgano interno de control de la Sedatu, adscrito a la Secretaría de la Función Pública, se me citó a comparecer el 3 de agosto del 2018, debido a que se había detectado un menoscabo patrimonial en las cuentas bancarias de la delegación en la entidad, recurso que debió ser destinado a apoyos de vivienda para organizaciones campesinas”.

“Debido a que un servidor fungió como delegado de la institución entre octubre de 2016 y el 7 de marzo del 2018, el 10 de agosto presenté una denuncia de hechos contra quien resulte responsable ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de deslindar mi responsabilidad en dichos actos que ocurrieron fuera de mi temporalidad como delegado y toda vez que durante las fechas en que presumiblemente se constituyó el ilícito (abril 2018), yo ya no me encontraba al frente de dicha institución”.

El firmante, expone en la multicitada carta que, como parte del proceso, la PGR citó a comparecer a otra persona, quien fuera funcionario de la delegación encargado del manejo de cuentas, quien apunta, se encuentra en calidad de desaparecido: “la nueva delegada era ya la titular y responsable de la delegación Sedatu Morelos. Y quien era responsable del manejo de las cuentas, así como de los recursos era el enlace administrativo que por servicio profesional de carrera accedió a dicho puesto en la institución en 2016, a quien han citado a comparecer ante la PGR, sin presentarse y que se encuentra en calidad de ‘desaparecido’”.

Peña Zepeda afirmó que al enterarse de las anomalías, él personalmente inició las denuncias ante las instancias competentes y manifiesta que ha sido objeto de amenazas: “es debido precisar que cualquier anomalía detectada en la delegación de la Sedatu se realizó cuando yo ya no desempeñaba el cargo de delegado federal. Es más, al enterarme de la situación, fui el primero en denunciar ante las instancias correspondientes la posible constitución de un delito”.

“He sido objeto de diversas amenazas a mi persona y mi familia, pretendiendo extorsionarme derivado de las falsas notas informativas que han circulado en días recientes en diversos medios, lo que puse en conocimiento de la autoridad oportunamente”.

“Dichas notas periodísticas dañan sensiblemente mi imagen y persona al tratarse de noticias falsas y no sustentadas que deforman la realidad a la opinión pública”, añade en su texto.

Finalmente, el ex delegado de Sedatu expone su interés en dar su versión sobre los hechos, ya que ha desarrollado su vida personal, académica y laboral en la entidad, en la que radica desde hace 23 años.

 

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Suma 17 millones y la actual delegada lo atribuye a quienes la antecedieron en el cargo; el faltante  impide entregar apoyos a familias.

Confirman desvío de recursos en la delegación Morelos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), por cuando menos 17 millones de pesos de programas para vivienda.

La delegada de la dependencia federal en la entidad Itzel Ancheita Damián informó, ayer lunes, que se solicitará a nivel central, una ampliación presupuestal para cumplir con lo que se tenía programado.

Comentó que dicho faltante fue detectado a través de auditorías que se han aplicado por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, por lo que ya se presentaron dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Los recursos que correspondían al Fondo Nacional de Población y Vivienda ascienden a alrededor de 17 millones de pesos para cuartos adicionales y se calcula que son alrededor de 500 familias afectadas.

Ese recurso ya estaba etiquetado para algunas familias, entre ellas varias que pertenecen a organizaciones sociales como Antorcha Campesina. Mencionó que por lo tanto se busca recurso adicional ante la Federación, con el objetivo de que esos recursos sean liberados este mismo año para poder subsanar ese déficit presupuestal.

Subrayó que las presuntas irregularidades se habrían cometido en la gestión anterior a su llegada a la delegación federal, pues desde su designación iniciaron las referidas auditorías.

Ayer lunes integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron nuevamente ante las instalaciones de la Sedatu, para exigir la entrega de los recursos que les corresponden de dicho programa para la construcción de un cuarto o habitación.

Bloquearon la avenida Domingo Diez en sentido de sur a norte y posteriormente ambos. Reclamaron que se les cumpla con dicha entrega de apoyos, antes de que concluya la actual administración del gobierno federal.

Reiteraron que no son culpables del probable desvío que originó el déficit, por lo que insistieron en exigir que se garantice la asignación de los recursos que ya habían sido etiquetados.   

 

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En tanto que la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llamó a las personas afectadas por el sismo que tengan problemas con la tarjeta que les dio el gobierno federal a solicitar orientación, la Asociación de Damnificados por el temblor de septiembre del 2017 aseveró que la reconstrucción en Jojutla tiene un avance real de sólo el 20 por ciento.

Ana Jiménez Bustos, presidenta de la Asociación de Damnificados del Estado de Morelos, aseguró que cuando mucho el 20 por ciento de las viviendas dañadas por el temblor están reconstruidas en Jojutla, y en lo que se refiere a espacios públicos el avance es nulo.

Aseveró que sin interés de las autoridades por apoyar la recuperación de la actividad comercial -que es de las primordiales del municipio- difícilmente la comunidad saldrá adelante en una reconstrucción integral, con empleos para retomar el nivel de vida que tenían las familias afectadas.

Apuntó que se trabajó en la rehabilitación del drenaje y el sistema de aguas pluviales, pero criticó que se diera prioridad a reconstruir la presidencia municipal, así como parte de la alameda, que era un espacio útil, y las necesidades más sentidas están en otros puntos.

Destacó que ni siquiera se ha reconstruido el puente “De los suspiros”, por lo que está limitada la comunicación de la cabecera municipal con otros poblados, de tal manera que demandan a la autoridad actual que se dé prioridad a estos aspectos.

Jiménez Bustos también expuso que para los damnificados es importante que se sigan las investigaciones sobre el manejo de recursos destinados a la reconstrucción tanto a nivel federal como local, porque hubo mucho dinero que se destinó a este rubro, pero que no llegó a las zonas de impacto del temblor.

Recordó que desde el levantamiento del censo de damnificados por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hubo “pésimos” errores, y la entonces titular Rosario Robles Berlanga aseguraba que se habían aplicado todos los fondos, incluso los de ayuda internacional, cuando en la realidad ni siquiera había comenzado la demolición.

La dirigente -que acudió a la instalación de la comisión legislativa de reconstrucción- llamó a las autoridades federales y estatales y a los legisladores a que llamen a cuentas a los servidores públicos implicados y que regresen el dinero que pertenece a la comunidad. “de nada nos sirve que estén en la cárcel tras las rejas, que regresen el dinero que es del pueblo y creemos que es justo que se rinda cuentas claras”.

Opinó que el censo que se realiza por parte del equipo de transición del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador también tiene fallas porque las personas que realizan esa labor se están “saltando” aquellos casos donde no están las familias en su predio o no las encuentran. Lo anterior les preocupa porque si con base en esos datos se pondrán en marcha más de 20 programas federales de asistencia, se dejará afuera a muchas familias que necesitan esos apoyos.

Dijo que como asociación agrupan a alrededor de 250 familias damnificadas, pero hay otros grupos y esperan que quienes realizan dichos censos tomen en cuenta a todos.

Por separado y en entrevista, Carlos Flores Hernández, encargado de despacho de la Condusef en Morelos, informó que de enero a agosto del 2018 se detectaron cerca de 30 quejas de damnificados de diferentes municipios que recibieron tarjetas por parte del Banco Bansefi y del Fondo Nacional de Desastres, pero cuando trataron de hacer los retiros, no había recursos.

Comentó que en el mismo periodo del año anterior sólo hubo cinco quejas, por lo que es importante que la gente sepa que, si cuenta con tarjeta de Bansefi y no tenía fondos, deben recurrir a esa instancia toda vez que “sí se trata de un problema financiero, no de Fonden, que ya liberó los recursos”.

 El funcionario federal consideró que el aumento de las quejas obedece a que la gente desconocía la posibilidad de acudir a dicha instancia, para resolver el problema.

Mencionó que hubo otro tipo de problemas reportados, entre ellos el que no había suficientes sucursales y cajeros de Bansefi para retirar el dinero, y añadió que en algunos casos la institución financiera desactivó la tarjeta, “en algunos asuntos por alguna complicación de información o porque hubo algunos temas de clonación y en otros casos porque había personas con el mismo nombre y para efecto de banco de datos parecía como si se estuviera duplicando la entrega de recursos”.

Carlos Flores manifestó que los damnificados están a tiempo de reclamar y lograr la liberación de los recursos del Fonden.

Añadió que, ante la posibilidad del cambio de nombre de la institución bancaria, no habrá problemas porque ya existe un respaldo y los datos de los beneficiarios siguen en las mismas bases de información.

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Miércoles, 24 Octubre 2018 05:41

Se manifiesta Antorcha Campesina en la Sedatu

Exigen apoyos para el mejoramiento de viviendas.

Integrantes de Antorcha Campesina bloquearon la avenida Domingo Diez, frente a la delegación en Morelos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir apoyos para mejoramiento de viviendas. La lideresa de la organización Soledad Solís Córdova dio a conocer que las autoridades federales reconocieron que hubo fraude en la dependencia.

Los inconformes se manifestaron frente a las oficinas ya referidas al norte de la ciudad, posteriormente cerraron con piedras, lazos y mantas la citada vialidad en ambos sentidos, la cual fue liberada cerca de las 13 horas de ayer.

Argumentaron que tomaron dicha decisión porque está a punto de terminar el sexenio y en varias ocasiones han solicitado la entrega de recursos y no se ha cumplido, con lo que afectan a alrededor de 500 familias.

Soledad Solís Córdova sostuvo que la gente no tiene por qué pagar las consecuencias de desvíos e irregularidades.

Y es que aseguró que la delegada de la Sedatu en Morelos, Itzel Ancheita Damián, les informó que se ha retrasado la entrega de recursos "porque hubo un fraude" en esa dependencia e incluso les mostró la denuncia formulada ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Al parecer el desvío de fondos ocurrió durante la gestión del delegado anterior, pero comentó que desconoce el monto global. Tan sólo a los afiliados a Antorcha Campesina les corresponderían aproximadamente seis millones de pesos, de los programas de asistencia que ya estaban etiquetados.

Los inconformes bloquearon los carriles en ambos sentidos de la avenida Domingo Diez, a la altura de las oficinas de la Sedatu; posteriormente el cierre fue retirado por los antorchistas, cerca de las 13:30 horas, y la circulación se reanudó en la referida avenida.

 

 

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Dragarán el río para continuar con la construcción.

Jojutla.- Luego de un bloqueo de dos horas a la entrada principal, discusión y desacuerdos, finalmente las autoridades municipales convinieron con los vecinos en que será dragado el río que pasa bajo el puente de “Los Suspiros”, trabajo que había puesto como requisito Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que pueda continuar la construcción.

La mañana de ayer, una treintena de vecinos de la colonia Juárez bloquearon por alrededor de dos horas la entrada principal a Jojutla, a la altura del puente “Apatlaco”, en demanda de que se revoque la clausura de la reconstrucción del puente de “Los Suspiros” y antes de que termine el año quede en operación.

Alrededor de las 8:30 horas, con mantas y pancartas, los manifestantes se instalaron en el lugar impidiendo el tráfico vehicular.

Al lugar llegó el secretario municipal Rafael Chavarría quien dialogó con ellos y explicó que la construcción -que se inició por el mes de mayo- está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero no presentó el proyecto a la Conagua, por lo que, en agosto, la Conagua detectó un riesgo por el nivel del puente y lo clausuró.

Desde entonces permanece así y una visita de funcionarios de Conagua esta semana llamó nuevamente la atención sobre el tema y tras algunas reuniones esta misma semana, un grupo de vecinos, encabezado por Domingo Islas, decidió bloquear la calle ayer para exigir el retiro de sellos y terminar la obra, que estaba programada para concluir el 15 de septiembre.

En la manifestación de ayer, Chavarría aseguró que la normatividad de Conagua no permite que se reconstruya un puente por debajo del nivel que tenía el anterior -y este está por lo menos un metro abajo-, porque eso puede ocasionar riesgos para la propia estructura con una avenida de agua extrema.

También dijo que se reunirían este viernes con las diversas autoridades para tratar de llegar a una solución. También mencionó que si se queda así el puente, tendrían que excavar para ampliar su cauce y no afectar la estructura.

Incluso se le dijo que si se le tiene que invertir en obra complementaria, el municipio buscaría los recursos.

Por su parte, los vecinos no estuvieron de acuerdo. Domingo Islas insistía en que “año nuevo, puente nuevo” y pedía que retiraran los sellos de clausura para terminarlo ya.

Los inconformes anticiparon que podrían tomar acciones más fuertes, como la toma de las obras que tiene a cargo la Fundación Hogares en Jojutla o bloquear la autopista.

Ambas partes mantuvieron sus posturas, hasta que acordaron que se reunirían por la tarde para volver a analizar el tema y alrededor de las 11:00 horas se retiraron.

Ya por la tarde, con la asistencia representantes del Ayuntamiento, Sedatu, y colonos, se acordó que no se va a modificar el puente, sino que se va a dragar un metro abajo y el Ayuntamiento se encargará de presentar el proyecto a la Conagua.

Se espera que con esta acción, se retiren los sellos de clausura y la próxima semana puedan reiniciar los trabajos para terminarlos antes de que acabe el año.

 

 

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Fue clausurada hace semanas por Conagua.

Jojutla.- Los vecinos de la Alameda y la colonia Juárez exigieron la terminación del puente “Los Suspiros”, dañado por sismo del 19 de septiembre de 2017, cuya rehabilitación fue clausurada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en agosto de este año.

De acuerdo con los vecinos, tras el terremoto, hubo una disputa por la reconstrucción del puente, que el municipio había asignado a la Fundación Hogares, pero la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también había determinado presupuesto.  Finalmente, fue la Sedatu la que lanzó la convocatoria, que fue ganada por la empresa Grupo Juracán, que comenzó la obra en mayo de este año, pero fue clausurada por el municipio primero y por la Conagua en la fecha mencionada.

Desde entonces, la obra está detenida. De acuerdo con fuentes consultadas, la Conagua determinó que el puente no tiene la altura suficiente y debe modificar su diseño.

La mañana de ayer, el personal técnico de la dependencia federal llegó al lugar a realizar estudios, cuando fue abordado por vecinos del lugar. Exigieron que la Conagua retirara los sellos de clausura para que la obra se terminara, pues es una urgencia no solo para los lugareños, sino para toda la ciudad.

De acuerdo con testimonios recabados, incluso la gente advirtió a los técnicos que si no daban una respuesta en ese momento, no los dejarían ir.

A alguien se le ocurrió ir por el edil electo, que se encontraba en una escuela cercana, para que apoyara en la terminación de la obra, ya que consideran que las actuales autoridades ya van de salida y no hacen nada.

Finalmente, el virtual alcalde Juan Ángel Flores llegó y platicó con los enviados de Conagua, con quienes acordó una reunión para este martes, en la que participarían los vecinos, la autoridad electa y la Conagua.

Versiones recabadas señalan que la empresa estaba ya a punto de colocar las trabes prefabricadas e iba a entregar la obra el 15 de septiembre, pero fue justo cuando la clausuró la Conagua. También se mencionó que si no hay arreglo, se hará un inventario de obra y ya no se terminará la obra.

Ahora debatirán si la estructura debe elevarse o no.

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La familia Hernández Vargas se resiste a que sea demolida su casa dañada por el 19-S, ya que “es un sacrificio de más de 30 años” de trabajo.

Miacatlán.- En la comunidad de Coatetelco, a un año del sismo, don Jorge Hernández aún busca salvar su casa, el patrimonio de 30 años de trabajo, donde vivían cuatro familias, pues quedó fracturada por el moviendo de la tierra. A pesar de que no recibió ayuda del Fonden y el programa estatal “Unidos por Morelos”, una de sus hijas fue apoyada por una fundación para la construcción de una nueva vivienda, al igual que su esposa. Sin embargo, no ha sido fácil para él seguir adelante.

Tras los daños en su casa que dejó el sismo el año pasado, la familia Hernández Vargas, que tiene su domicilio en la calle 16 de Septiembre de la colonia Pedro Saavedra en Coatetelco, se resistió a refugiarse en un albergue; en cambio, se instaló en el patio de su casa, en el área donde tenían gallinas y animales domésticos de traspatio, para no dejar sola su propiedad y evitar el saqueo de sus pertenecías, y aunque fue censado, nunca aceptó que su casa, de dos plantas, fuera demolida, pero tampoco ha recibido el apoyo de ambos programas.

En su casa, vivían cuatro familias. Tras el paso de los meses, los hijos de Jorge Hernández salir de su vivienda para rentar. Hoy, la Fundación Échale a Tu Casa le construye dos casas, una para él y su esposa y otra para una de sus hijas. Mientras tanto la casa dañada se encuentra sujetada por polines y la esperanza de que sea rescatada mediante resanado de las fracturas y colocación de castillos mucho más fuertes.

“Es un sacrificio de más de 30 años. Sacrifiqué a mis hijos cuando eran pequeños para que tuviéramos nuestra casa y queremos rescatarla a pesar de que se fracturó en diferentes puntos”, relató don Jorge. 
"Ahorita aquí vivíamos cuatro familias y ahorita estamos nada más mi nuera con sus hijos y mi esposa y yo, porque es complicado y además las lluvias nos han afectado más. En el mes de noviembre una fundación que se contactó a través del arquitecto Reinaldo, originario de la comunidad, nos apoyó con lonas, cobijas, despensas; un mes y medio regresó y me dijo que se limpiaría el patio y que a través de la Fundación Échale a Tu Casa se realizarían los trabajos de reconstrucción, casas básicas, pequeñas, pero bien construidas. Desde hace cuatro meses comenzaron a trabajar y en unos meses más podrían terminarlas", relató.

Hasta hace un mes, fueron citados por personal de la Sedatu. Los funcionarios les dijeron que siempre sí recibirán apoyos del Fonden, porque a pesar de que contaban con el folio desde hace un año, no les entregaron nada.

Don Jorge comentó recibió una tarjeta sin fondos y nunca pudo adquirir ni material ni disponer del dinero.

"Aquí estamos aunque nos dicen que es riesgo porque la casa se puede caer en caso de otro sismo. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Estamos alejados y con la inseguridad podríamos perder lo poco que nos queda y sobre todo queremos rescatarla y regresar ahí, al patrimonio de toda una vida", añadió.

 

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Esa parte de la calle Degollado sigue cerrada al paso peatonal y vehicular.

El director de Protección Civil Enrique Clement Gallardo dio a conocer que la remoción de escombros en el edificio Latinoamericana, que es uno de los edificios del Centro capitalino que más se dañaron durante el temblor del 19 de septiembre del año pasado, se encuentra estancada.

Lo anterior, debido a que el gobierno federal -a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)- no ha emitido los dictámenes y, al no responder, han paralizado los trabajos, a pesar de que en la torre hay personas habitando.

Clement Gallardo explicó que han mantenido pláticas con los inquilinos del edificio que se encuentra en la esquina que hacen la avenida Morelos y la calle Santos Degollado. Dijo que en la parte superior del edificio hay escombros que no pueden ser retirados por cualquier persona y requieren de equipo especializado para garantizar la seguridad del inmueble y de las personas que efectúen los trabajos.

El funcionario informó -en entrevista- que dicho edificio fue de los más dañados en el primer cuadro de la ciudad, y en el cual no han terminado de realizarse ni siquiera los trabajos para retirar el escombro, y menos se ha comenzado con la rehabilitación, lo que mantiene cerrada al paso peatonal y vehicular la calle Santos Degollado.

 

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Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dejaron plantados a ejidatarios de Chipitlán este jueves en el Palacio de Gobierno.

Este jueves se tenía planeada una reunión con autoridades federales -tanto de la Sedatu, como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)- autoridades estatales y representantes del Comisariado Ejidal del poblado de Chipitlán. Sin embargo, la tesorera de dicho órgano agrario, Irene Ocampo Ocampo, informó que sí sostuvieron la reunión con diferentes miembros de gobierno, pero nunca llegaron los representantes de Sedatu, quienes tienen una responsabilidad importante en lo concerniente al pago de los ejidatarios.

Refirió que el encuentro se inició, sin embargo, los representantes de la SCT se tuvieron que retirar, argumentando que tenían otra reunión, lo que originó que la mesa de negociación se tuviera que levantar sin avanzar en las negociaciones.

Con lo anterior, dijo Ocampo Ocampo, quedó en evidencia el desinterés del gobierno federal en pagar las 7.5 hectáreas que están pendientes y que fueron cedidas para la construcción del puente Apatlaco, cuya ejecución lleva más de 12 años.

Cabe señalar que los ejidatarios informaron que siguen bloqueados los trabajos en el puente Apatlaco y así seguirán hasta que les den una solución.

Este viernes sostendrán otra reunión con los integrantes de gobierno, pero los inconformes consideraron que es importante que se presente Sedatu, toda vez que es de esa dependencia de donde saldrán los recursos para su pago.

Advirtieron que en caso de no llegar a un acuerdo, podrían radicalizar sus movilizaciones, incluso, bloqueando la autopista México-Acapulco en plena temporada vacacional.

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