Pero también hay limitantes, asegura visitadora de la dependencia en la región surponiente.

Jojutla.- Los ciudadanos sí pueden grabar las acciones de las autoridades, sin que cometan un delito, mientras que las autoridades se deben sujetar a los que les permita la ley, aseguró la visitadora regional surponiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Aurelia Castañeda Castillo.

Ante los casos de denuncia, especialmente de policías, que se molestan porque los graban (incluso han llegado a quitar cámaras o teléfonos a los ciudadanos o periodistas que lo hacen), la visitadora señaló que grabar la acción de un funcionario público o policía es un acto de documentación.

“Estamos hablando del derecho a documentar. La persona que está en vía pública puede usar cualquier herramienta tecnológica para grabar el actuar (de los funcionarios) o lo que esté en vía pública. No es un delito documentar”, detalló.

Señaló que por su parte, la autoridad sólo está facultada a realizar aquello que le permite la ley, mientras que el ciudadano puede realizar lo que la ley no le prohíba.

“No hay una restricción en cuanto al uso de herramientas tecnológicas para reproducir imágenes. Evidentemente se debe hacer un ejercicio responsable de ese derecho, no se trata de que me la pase por la vida grabando lo que yo quiera y publicando cualquier cosa que pudiera generar un perjuicio para otra persona”, explicó.

No obstante lo anterior, Castañeda Castillo destacó que hay limitantes, ya que no se puede uno meter con la vida privada de los demás, ni se puede incitar a cometer un delito. “Los derechos no son absolutos”, concluyó.

Indagatorias revelarán si hay responsabilidad en los hechos del excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, dice Raúl Israel Hernández.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que las nuevas investigaciones que se realicen a partir de la recomendación de la CNDH deberán determinar si la responsabilidad por la ejecución arbitraria de una familia alcanza a altos funcionarios como Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y no descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial para la investigación del caso Temixco, dado que la recomendación implica por acción u omisión a muchos servidores públicos todavía en activo. 

Informó que este lunes la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue parte de los temas tratados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en Morelos, en la que las autoridades del gobierno de Morelos y la Fiscalía General del Estado acordaron analizar los alcances para fijar una posición ante el organismo nacional.

Ante la confirmación de la CNDH de que las seis personas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13) fueron ejecutadas arbitrariamente y que no fueron víctimas de “fuego cruzado”, como sostuvo en su momento la CES y la FGE, el ombudsman señaló que serán las nuevas investigaciones que se realicen las que determinen el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervinieron directamente en el operativo de la madrugada del 30 noviembre de 2017 en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, que cobró la vida de una familia, y los que por acción u omisión toleraron los hechos.

Cuestionado sobre si las nueva indagatorias podrían alcanzar al ex titular de la CES y actual secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella, señaló que “por cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron y hasta donde llegue, eso va a ser el resultado de las investigaciones a las que, en términos de la recomendación, están obligadas las autoridades del gobierno del estado, en concreto de la fiscalía general, porque en efecto, de las cuestiones que se destacaban en la recomendación es que desde que se apersonaron inclusive, hubo irregularidades en la manipulación de la escena del crimen y de la investigación”.

Y acotó: “Todos los titulares de las instituciones tienen un grado de responsabilidad por lo que ocurra en su responsabilidad, y entonces las investigaciones si concluyen o llevan a que por un acto u omisión del titular de una institución se dieron estos hechos, pues desde luego que tiene que ser sancionado, pero para eso existen estos procedimientos, para que respetando el debido proceso se concluya con certeza de que una persona es o no responsable de un acto u omisión que la ley sanciona”.

Debido a que la recomendación de la CNDH planteó que existió una cadena de violaciones graves a los derechos humanos e irregularidades en los procedimientos desde el inicio de la implementación del operativo, la perpetración de la ejecución, la alteración de evidencias, anomalías en certificación de detenidos, errores en las necropsias de la víctimas, inconsistencias en las declaraciones de los policías, entre muchos otras anormalidades detectadas por el organismo nacional y que implican decenas de servidores públicos del sistema de justicia, se le cuestionó sobre si es necesario la integración de una comisión de la verdad o una fiscalía especial para el caso Temixco.

El ombudsman respondió: “No descarto esa posibilidad, insisto que se tendrá que definir analizando con mucha responsabilidad y prudencia sobre la pertinencia de hacerlo, porque aquí de lo que se trata es de acceder a la verdad y que se responsabilice y sanciones a quienes hayan actuado en contra de la ley y cometido franca violación y desprecio a los derechos de las personas”.

Indicó que el caso Temixco no está cerrado en tanto que la CNDH mantenga vigentes la recomendación por la ejecución arbitraria, y por lo cual las autoridades deberán fijar postura al respecto.

Según la versión oficial de los hechos de la madrugada 30 de noviembre de 2017 sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia),  los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño) presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes.

Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.

La policía es señalada de presunto abuso de autoridad, por el incidente que ocurrió este lunes.

Jojutla.- La Visitaduría Regional Sur de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) confirmó que inició la queja de oficio 33/2019-VRSP, derivado de un video circulado en redes sociales donde se presume un abuso policiaco en contra de una adolescente, en el municipio de Zacatepec, ocurrido este lunes 1 de julio.

La titular de la visitaduría, Aurelia Castañeda Castillo, confirmó que se trata de una queja de oficio, iniciada a raíz de la amplia difusión de un video por redes sociales en el que se aprecia un presunto abuso de autoridad en contra de una adolescente (que habría sido tomada de los cabellos por una oficial de tránsito), lo que agravaría la situación.

Señaló que por el momento, se ha abierto el expediente e incluso la o las víctimas del hecho aún no tienen conocimiento.

Detalló que se solicitarán los informes a las autoridades señaladas como responsables, que deberán responder y una vez que cuenten con ello y los elementos que la institución recabe, ubicarán a los quejosos para ponerlos en conocimiento.

Precisó que primero se deberá contar con la información y las versiones de todas las partes que intervinieron, pues aunque por el momento, lo que se aprecia en el video es que una servidora pública, con uniforme y en horario de trabajo, agrede a una menor de edad, no es posible dar una determinación.

“Se toman muchos elementos para poder tomar una determinación jurídica en cuanto a la violación de los derechos humanos; hay que conocer todo el contexto, porque en el video hay cosas que no se aprecian y hay que saber qué pasó después”, señaló Castañeda Castillo.

En cuanto a los señalamientos de que el incidente con la jovencita ocurrió porque estaba grabando precisamente cuando la policía arrestaba a una persona, la visitadora aclaró que esto no es delito y que sí está permitido.

Destacó que el abuso de autoridad es grave, pero más en contra de un menor, pues los servidores públicos están obligados a ajustarse a los principios de la normatividad que los rige.

Refirió que en el caso de que la víctima no quiera proceder a la investigación, el presidente del organismo tiene la facultad de archivarla o continuarla, dependiendo de su gravedad.

En los hechos es acusada una policía de tránsito de Zacatepec.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por la agresión que sufrió una menor por parte de una policía municipal de Zacatepec.

Derivado de la difusión en redes sociales de un video donde se aprecia una pelea entre la agente y una estudiante de secundaria, el organismo abrió la queja 33/2019-VRSP por el presunto abuso policiaco.

En el video se aprecia como fondo la Iglesia de Santiago Apóstol, en el centro de Zacatepec, mientras la agente y la menor liadas son separadas, pero según las voces de los testigos, habría sido la mujer policía quien inició la agresión contra la estudiante de secundaria.

Incluso, un motociclista que fue esposado y arrestado explica en el video que su detención fue porque observó cómo la policía arremetía contra la niña y él intentó frenar la agresión.

La madre de la menor también se vuelca contra la policía para reclamarle a golpes la agresión a su hija.

La CDHEM detalló que ante la queja radicada en la Visitaduría Regional surponiente con sede en Jojutla, y a cargo de la Visitadora Aurelia Castañeda, solicitó informes a la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Zacatepec.

Así lo consigna el informe preliminar de la CDHEM; un reo murió y cuatro recibieron heridas leves.

El Juzgado Tercero de Distrito federal rechazó el amparo promovido por Jorge Arturo Olivares Brito en contra de la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz. 
La autoridad judicial determinó que es improcedente el juicio de amparo "toda vez que no es posible intervenir en determinaciones derivadas de una potestad soberana consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Morelos".
El pasado 20 de junio, el Congreso del estado nombró a Hernández Cruz como titular del organismo defensor de los derechos humanos, quien de inmediato fue cuestionado por su falta de experiencia en la materia y por haber sido colaborador del gobierno de Graco Ramírez. 
Mediante el amparo 838/2019, Olivares Brito, ex presidente de la CDHEM y uno de los participantes en el proceso de designación, buscó el amparo de la justicia federal para echar abajo la determinación del Congreso del estado. 
En la determinación de la autoridad se aclara que el amparo no es la vía para poder echar abajo el nombramiento del actual titular del organismo defensor de los derechos humanos. 
El amparo de Olivares Brito es uno de los al menos seis amparos en contra del citado nombramiento.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz defiende designación de ombudsman.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno , Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pidió a los ciudadanos un voto de confianza para el Congreso del estado, ante los nombramientos concretados en instituciones públicas y los que están por definirse en los próximos días. 
Al ser cuestionada por las críticas realizadas  y las acciones legales concretadas en contra de la designación de Raúl Israel Hernández Cruz como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), la diputada afirmó que se tomó una decisión apegada a derecho y en base a la experiencia del abogado. 
"Este tipo de nombramientos hay gente que siempre queda desconforme (sic), nada les parece, porque hay gente muy capaz y todos tendrán un consentido. Nosotros estamos apegados a la realidad y a la experiencia. El nombramiento que se hizo de Israel en derechos humanos lo relacionan con un gobernador y él trabajó con muchos gobernadores y él fue creciendo y se fue formando", manifestó la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT). 
Por lo anterior, Rodríguez Ruiz pidió a la ciudadanía tener confianza en la decisión que tomarán en los próximos días para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y a un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). "Ojalá los ciudadanos nos tengan confianza y entiendan que queremos a las mejores personas", agregó. 
Ante la información que de manera extraoficial se dio a conocer sobre posibles "moches"  (sobornos) distribuidos a los diputados para votar a favor de uno de los aspirantes a ser auditor estatal, la diputada petista manifestó: "Eso solamente son chismes". 

Israel Hernández Cruz se deslinda del exgobernador Graco Ramírez.

El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, pidió ser juzgado por sus actos y omisiones como ombudsman, y expresó su respeto a quienes cuestionan su nombramiento.

Al realizar el acto protocolario de entrega-recepción del organismo, rechazó haber sido impulsado por el exgobernador Graco Ramírez, y aseguró que cumplió con todos los requisitos legales para ocupar al cargo, a pesar de que no acreditó experiencia en el tema.

Cuestionado sobre los amparos que presentarán al menos cinco de los 22 aspirantes que compitieron por la presidencia de la comisión, afirmó que respetará las acciones legales que emprendan quienes disientan de la decisión del Congreso del estado sobre su designación, y acatará las resoluciones judiciales que se pronuncien al respecto en el momento oportuno,

Se desmarcó del exmandatario perredista y aseguró que no sólo ejerció como notario, sino que durante su trayectoria profesional laboró en los tres Poderes del Estado, incluso, durante la gestión del gobernador panista Marco Adame, y conoció la actividad administrativa de la entidad, incluyendo –dijo- la defensa de los derechos humanos.

Insistió en que respeta las opiniones que descalifican o desestiman su trayectoria, pero pidió ser juzgado por sus actos y omisiones al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“Respeto todas las posiciones, lo único que pido es que se me juzgue con lo que haga o deje de hacer durante mi trayectoria y en mi paso en esta comisión, y no por apreciaciones subjetivas que se tendrán que demostrar”, recalcó.

Aclaró que es falsa la ficha y orden de aprehensión con el formato de Plataforma México que circula en redes sociales, pues aseguró que fue “fabricada” y difundida hace tres años por una persona que pretendió afectarlo.

Señaló que cubrió los requisitos legales para ser ombudsman y que entre la documentación presentada al Congreso local están las constancias de antecedentes no penales y de no inhabilitación tanto a nivel local como federal.   

Agregó que al tomar las riendas del organismo dará continuidad a lo que ha funcionado, trabajará con las organizaciones civiles e impulsará iniciativas de ley para que haya un buen andamiaje legal para la defensa de los derechos humanos.

No se cumplieron requisitos legales en el proceso de designación, afirman.

La reciente designación como ombudsman estatal del notario Israel Hernández Cruz será impugnada por al menos cinco de los aspirantes a ocupar el cargo, por considerar que el Congreso local no respetó la ley ni Hernández Cruz cumplió con los requisitos para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Clara Soto Castor, una de las aspirante inconformes, lamentó que el Congreso haya designado como ombudsman “a una persona que no reunió los requisitos constitucionales, los requisitos legales, y los requisitos de la convocatoria, y desde luego se vulneró los procedimientos que debieron observarse”.

Recordó que Hernández Cruz no cumplió con el requisito de contar con experiencia en la defensa de los derechos humanos, ya que en los últimos años se desempeñó como burócrata en la administración de Graco Ramírez y, aparentemente hasta su designación y toma de protesta, seguía en funciones de notario.

Recalcó que  tampoco cubrió el requisito de gozar de buena fama pública, porque trascendió que cuenta con una orden de aprehensión con registro en Plataforma México, es señalado de haber sido presuntamente participe en fraudes en verificentros y cuenta con una inhabilitación para ocupar cargos públicos, “así que buena fama entre los morelense no tiene”.

Afirmó que el procedimiento de designación estuvo viciado y “es una afrenta y una burla para quienes sí tenemos trabajo en derechos humanos y para quienes participamos de buena fe, creyendo que habría seriedad de los legisladores, aspecto que no se cumplió”.

María Ampudia González, otra de las aspirantes inconformes y que expresó su intención de recurrir la designación a través del juicio de amparo, señaló que era público que Hernández Cruz era candidato del fiscal general Uriel Carmona Gándara, quien también fungía como notario antes de ocupar el cargo, y eso resulta preocupante porque los garantes de la ley pasan sobre ella.

“Me pone en alerta y sobre todo me preocupa, porque se supone que los notarios, al igual que los jueces, son gente que debe tener una auténtica vocación de servicio, pero sobre todo una auténtica vocación de legalidad. Si llegamos al grado de que los notarios están dentro de la corrupción, pues como pueblo ya acabamos”, afirmó.

Sostuvo que no se trata de defender un puesto, sino que cinco personas decidieron levantar la voz y expresar que no están de acuerdo con la decisión legislativa, “y lo único que quiero decir a los diputados es que ellos son responsables y garantes de los derechos humanos y hoy nos fallaron”.

Lucio Alfonso Rubio Anteliz, miembro de la Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Morelos y aspirante a ombudsman, afirmó que no hubo un proceso transparente de evaluación para conocer tanto el cumplimiento de los requisitos legales como los méritos de cada uno de los candidatos, y así determinar quién era merecedor de cargo.

Afirmó que se violó sistemáticamente la ley con el nombramiento del notario número 13  y por ello el caso no sólo quedará en los tribunales federales sino se buscará que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es necesario, al haber preceptos que requieren de interpretación constitucional.

Dijo que recurrir ante los tribunales la designación de Hernández Cruz también es “para llamar a los legisladores al orden, a la legalidad y que generemos un ambiente de paz de tranquilidad, de seguridad y que las personas que nos están representando si están trabajando correctamente”.

Con la integración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, se llevó a cabo la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

El objetivo es que las acciones implementadas desde esta mesa de trabajo sean con estricto apego a derecho y siempre con respeto a los derechos humanos de las personas.

En la reunión estuvieron José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la Oficina de la Gubernatura; Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos; General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24/a Zona Militar.

Asimismo, Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública; Adriana Pineda Fernández, titular de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión; y Uriel Carmona Gándara, fiscal estatal, entre otras autoridades.