Miércoles, 05 Febrero 2020 05:13

Familiares reconocieron cadáver: FGE

Fiscalía omisa, revira abogado de víctimas; CDHEM inicia queja de oficio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) responsabilizó  a la familia Martínez Tijera del error de identificación y recepción de un cuerpo que no era el de Jonathan, joven desaparecido desde octubre de 2019 pero que en realidad estaba internado en un centro de rehabilitación. El abogado de la familia lamentó la revictimización y que la institución que dirige el fiscal Uriel Carmona Gándara haya omitido realizar una investigación sobre la actuación de su personal. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) ya inició una queja de oficio.

En un intento por sacudirse el escándalo, que rememoró las arbitrariedades en que incurrió la otrora Procuraduría de Justicia en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, la FGE emitió un comunicado para señalar como responsables del “error” a los hermanos de Jonathan, quienes supuestamente ingresaron al anfiteatro de la Fiscalía de la Región Oriente y ahí “reconocieron sin temor de equivocarse” el cuerpo de joven.

“Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar.

“Los hombres que mediante reconocimiento físico, afirmaron que el cuerpo sin vida correspondía a su consanguíneo, presentaron ante el Ministerio Público el acta de nacimiento del occiso y el acta de uno de los declarantes para acreditar el parentesco, formalizando la solicitud de entrega del cuerpo que se mantenía bajo resguardo del representante social en la región oriente, entrega que se realizó al cumplir con los requisitos de ley”.

De acuerdo con la FGE, las condiciones del cuerpo (cuya causa de muerte fue un infarto al miocardio) eran óptimas para el reconocimiento físico y no era necesaria una prueba genética, ya  que “dichas pruebas científicas se aplican en restos mortales que no es posible identificar, que en el caso particular no aplicaba pues pocas horas después del deceso, se realiza la identificación sin que exista duda alguna sobre la identificación plena por parte de quienes acudieron”.

Expresó que la fiscalía hará las gestiones jurídicas para la recuperación del cuerpo que fue sepultado bajo el nombre de Jonathan Martínez Tijera en el panteón municipal “Ixtontlal”, en la colonia 13 de septiembre de Yautepec, para su posterior identificación y entrega a sus familiares.

 

 

 

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La CDHEM, cuyas recomendaciones no son obligatorias, le conmina a disculparse con siete diputadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió la primera recomendación por violencia política, dentro de la cual pidió al diputado José Casas González ofrecer una disculpa a sus homólogas que fueron ofendidas con expresiones sexistas y discriminatorias, durante el debate legislativo de la sesión del 10 de octubre de 2019.

Las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz, Naida Josefina Díaz Roca,  Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, y Blanca Nieves Sánchez Arano promovieron tres quejas ante el organismo por considerar que Casas González, en alusión despectiva al género femenino, en la acalorada sesión afirmó que “es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul” y que fueron usadas “por el tema de género porque sus maridos no pudieron ser diputados y la pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder”.

Además de otras expresiones como “a chillidos de marrano oídos de carnicero”, “¡al chile pelón!” y “les duele y les lastima ¡Lo siento compañeras! ¿pa’ que se meten en esto?”.

En su resolución, el organismo consideró que el diputado José Casas usó un lenguaje discriminatorio, misógino, sexista y no incluyente, y determinó emitir una recomendación dirigida al legislador y a la Mesa Directivo del Congreso local.

En su recomendación, la CDHEM pidió al diputado ofrecer en la próxima sesión una disculpa pública a sus homólogas en la tribuna parlamentaria, “en la que deberá manifestar que es en cumplimiento de la presente recomendación, reflejando su compromiso en lo futuro de utilizar un leguaje incluyente y no sexista que genere equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

También se le pidió inscribirse y cursar de manera aprobatoria el curso en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista”.

A la Mesa Directiva del Congreso, la CDHEM pidió que en este periodo ordinario de sesiones  elabore y apruebe el Código de Ética Parlamentaria, que deberá incluir sanciones a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género, medidas de amonestación suficientes para garantizar que se privilegie el diálogo inclusivo y no discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º Constitucional.

Finalmente, recomendó al presidente del Congreso, José de Jesús Sotelo, que exhorte a las y los diputados de la LIV Legislatura para que en lo futuro se abstengan de utilizar cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que promueva la  violencia y los discursos de odio marcando diferencias entre hombres y mujeres.

 

 

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Miércoles, 29 Enero 2020 05:12

Sistema penitenciario sigue en crisis

Documenta CDHEM autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas, entre otros problemas.

Autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas son algunos de los problemas y deficiencias documentadas en las cárceles estatales por el Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDEM), quien advirtió que el sistema penitenciario sigue en crisis.

Al presentar el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario (DESP), realizado con base en una metodología técnico-jurídica y con los estándares nacionales e internacionales, el ombudsman local, Israel Hernández Cruz, advirtió que los resultados de la evaluación generan preocupación y alarma de lo que ocurre en los centros de reclusión, porque no hay condiciones que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y que prevengan nuevas riñas, amotinamientos o enfrentamientos, como los ocurridos en octubre y noviembre de 2019, que dejaron un saldo total de nueve muertos y 14 lesionados.

Afirmó que el diagnóstico es preciso y revelador sobre las condiciones en que se encuentran los tres mil 342 internos e internas del Centro Femenil y Varonil de Atlacholoaya; las cárceles distritales de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec; y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Aclaró que los resultados, que evidencian serias deficiencias especialmente en el área varonil del penal de Atlacholoaya, el más grande del estado, no tienen la intención de exhibir o atacar a funcionarios o autoridades, pues el objetivo es que a partir de una evaluación técnica y objetiva se tomen decisiones.

“No es denostar a las autoridades, no es para golpear de manera irresponsable a quienes están llamados a garantizar el mejor sistema de reinserción social en el estado. Este es un instrumento que debe beneficiar a las personas privadas de la libertad, es un instrumento que debe servirle a las familias, a las víctimas, a la sociedad en general, y también a las propias autoridades.

“A los diputados, al Poder Ejecutivo y todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este importante tema que es central, que debe ser nuestra principal, agenda, que es todo nuestro sistema de justicia, porque si no lo mejoramos, la inseguridad prevalecerá y con ello inevitablemente seguiremos viviendo en condiciones que no garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades”, expresó.

De acuerdo con el DESP, en la escala del 1 al 10, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil Morelos en Atlacholoaya, donde se encuentra recluido el 68 por ciento de los internos, obtuvo una calificación reprobatoria de 4. 77 puntos.

Incluso, la CDHEM exhibió, como parte de la documentación, varias fotografías donde se nota el hacimiento y la insalubridad en las celdas, la exposición de residuos sólidos al aire libre, la escasez de agua, instalaciones desgastadas, así como consultorios médicos deprimentes y sin insumos deficientes.

El Centro Distrital de Reinserción Social de Cuautla obtuvo una calificación de 6.24 puntos; seguido por el Centro Distrital de Reinserción Social de Jojutla con 6.49 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 puntos; y  Centro Distrital de Reinserción Social de Jonacatepec 7.74.

De manera general, la CDHEM observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos, lo cual es una situación que de manera directa afecta las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.

En el 75 por ciento de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad, así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como la carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.

Además, en la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Los resultados del DESP 2019 deben ser valorados y analizados por la autoridad competente de forma integral, con el propósito de que sea utilizada la información cuantitativa y cualitativa que lo conforman, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión, mismas que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la óptima reinserción social”, acotó.

 

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Varios municipios se han sumado a la promoción de los derechos humanos; se busca cubrir la totalidad de esa zona del estado.

Cuautla.- A fin de sensibilizar a servidores públicos en el tema de procuración de justicia y derechos humanos, Alma Rosa Saldaña Bernal, capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en la región oriente, destacó que se continúa trabajando en la capacitación de policías y funcionarios para que en sus labores diarias entiendan la importancia del trabajo en la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de la población.

“El policía, el servidor público, tiene que conocer principalmente qué es la dignidad humana, qué son los derechos humanos y entender esta parte de la importancia de trabajar mediante una cultura de legalidad”, señaló.

Dijo que en la zona oriente, en el trato de los temas en mención, ya se ha trabajado con funcionarios de los municipios de Cuautla, Tetela del Volcán, Ocuituco, Yautepec y Jantetelco.

Por lo anterior, se prevé que en breve pueda aplicarse la capacitación en los demás municipios que comprenden esa región del estado, y de esta manera cubrir la totalidad de funcionarios capacitados en los temas en mención.

Añadió que de igual manera se busca la manera de trabajar de forma cercana con ayudantes municipales, con quienes se pretende abordar el tema de la no discriminación y el respeto a la diversidad. Por ello, de manera conjunta con los ayuntamientos, se estarán tratando los temas en mención.

Por último, Saldaña Bernal destacó que para este año se espera contar con una mayor colaboración y apertura por parte de las autoridades municipales para que los temas de derechos humanos, respeto y no discriminación sean una constante en la sociedad morelense y específicamente de la región oriente.

 

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Se busca que los menores cuenten con información para garantizar sus derechos y seguridad.

Puente de Ixtla.- A través del área de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), en el municipio se imparten conferencias en esa materia en planteles educativos.

Saúl Corona Flores, titular de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos del municipio, informó que estas conferencias de información y concienciación se imparten a diferentes grupos de la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” a fin de que los menores cuenten con información necesaria para detectar en caso de que se estén violentando sus derechos.

La capacitación está a cargo de la psicóloga Vianey Armenta Bueno, capacitadora de la CDHEM, quien, a través de actividades didácticas, logra captar la atención y participación de los infantes en temas como la trata de personas, uso adecuado de las redes sociales, derechos de los niños, entre otros temas de relevancia para este sector de la población. 

El director de las áreas mencionadas comentó que el objetivo de impulsar este tipo de programas es el de concienciar a los pequeños sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales, y con ello, evitar delitos como la trata de personas. 

Armenta Bueno resaltó que estarán impartiendo estos temas en todas las primarias de la cabecera municipal a fin de que la población infantil cuente con la información necesaria para garantizar el respeto a sus derechos humanos y seguridad.

Además, se les brinda orientación e información de las instancias a las que pueden acudir para recibir ayuda en caso de presentar alguna situación que ponga en riesgo su seguridad.

Asimismo, el funcionario exhortó a los padres de familia a mantener una comunicación adecuada con sus hijos y supervisar el uso que dan a las redes sociales, a fin de reducir el riesgo de alguna situación que pueda atentar contra su seguridad.

 

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La CDHEM reclama por el nombramiento por nueve años del titular de la Fiscalía General del Estado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el que resuelva la acción de inconstitucionalidad 65/2018 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), luego de que la Segunda Sala turnara el asunto al máximo órgano de justicia.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN consideraron relevante el caso, relativo a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y por ello el proyecto amerita ser debatido y resuelto en el Pleno del Tribunal Constitucional.

“Agréguese al expediente para que surta efectos legales, el oficio del actuario judicial de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a través del cual envía el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, tomando en consideración que mediante proveído de 16 de enero del año en curso, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó enviar dicho asunto al Tribunal Pleno para su radicación y resolución”, estableció el acuerdo expedido por los ministros integrantes de dicha sala.

En la acción de inconstitucionalidad, el ex ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, a petición de más de 20 organizaciones civiles y de abogados, impugnó las reformas a los artículos 32, párrafo primero, 100 y 101 de la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5611 de fecha 11 de julio 2018, que facultaban al fiscal general -y no al Congreso- designar y ratificar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias al titular de la FGE y a los fiscales especializados.

A la postre, la actual legislatura realizó una contrarreforma para establecer que el presupuesto de la FGE no será menor al del año pasado y eliminar la pensión vitalicia a los fiscales.  

 

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Miércoles, 22 Enero 2020 08:28

Impulsan programa “Escuela Segura”

Para el 10 y 11 de febrero anuncian foros en materia de seguridad escolar, tendientes a implementar protocolos para evitar hechos de violencia en escuelas.

En febrero se llevarán a cabo los foros para impulsar el programa "Escuela Segura", según lo acordaron autoridades federales y estatales de seguridad, educación y salud con la Comisión de Educación del Congreso del estado, que buscan implementar acciones como el operativo "Mochila Segura" y otros protocolos para evitar hechos de violencia en las instituciones educativas.
Este martes se llevó a cabo la primera reunión entre representantes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), la Secretaría de Salud, la Asociación de los Padres de Familia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) con la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso.
La Asociación de Padres de Familia planteó la necesidad de establecer medidas de seguridad en las escuelas, ante el incremento de la violencia en el estado y en todo el país, situación que fue avalada por el resto de las autoridades.
Por ello, acordaron llevar a cabo foros en materia de seguridad escolar para los días 10 y 11 de febrero, encaminados a implementar el programa "Escuela Segura" e, incluso, reformas a la ley en la materia.
La diputada Flores Espinoza dijo que además de acciones como "Mochila Segura", lo que se busca es implementar programas sobre salud emocional y atender a los menores que así lo requieran.

    

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El Congreso de Morelos está obligado a legislar en materia civil a fin de garantizar el derecho a las personas transgénero a un cambio de identidad.

El Congreso local está obligado a legislar en materia civil a fin de garantizar el derecho a las personas transgénero a un cambio de identidad, luego de una resolución judicial que ordena la reparación integral por el daño causado a Aina Thaily, como víctima del Estado al negarle durante muchos años el  registro de un nuevo nombre.
El viernes pasado, la justicia federal ordenó a la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas del Estado iniciar un proceso a favor de  Aina Thaily para que se le repare el daño moral y económico, ya que el Estado no le garantizó su derecho a un cambio de identidad, lo que le afectó en su desarrollo educativo y laboral.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) como tercero involucrado deberá vigilar que en un plazo de 90 días la Comisión Ejecutiva cumpla con la ejecutoria a favor de la mujer.
En tanto, al Congreso del estado se le obliga a que reforme el Código Civil y se establezca el derecho a las personas transgénero a un cambio de nombre, de acuerdo con el sexo que hayan elegido.
Isidro Añorve Sánchez, representante de la asociación Equidad y Participación Ciudadana, adelantó que cinco juicios de amparo están en proceso a favor de personas transgénero que exigen su derecho al cambio de identidad y que también piden se les repare el daño como víctimas.

Sostuvo que el caso de Aina Thaily es único en el país y fija un precedente para que las autoridades ya no nieguen más el derecho de las personas a decidir sobre su identidad.

 

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Se realizaría en coordinación con la SEP y la CDHEM.

Cuautla.- Para prevenir una tragedia como la ocurrida el pasado viernes en el estado de Coahuila (donde un niño de 11 años de edad llegó armado a su escuela y asesinó a su maestra, hirió a cinco alumnos y a un profesor y después se quitó la vida), la Dirección de Prevención del Delito y el Departamento de Educación Vial buscan implementar el “Operativo Mochila” en los planteles educativos, a petición de varios padres de familia.

Así lo confirmó Gonzalo Salazar Domínguez, titular del Departamento de Educación Vial, quien dijo que grupos de padres de familia se han acercado a esa oficina para solicitar apoyo para la implementación de la revisión de mochilas, por lo que se procedió a entablar comunicación con las autoridades educativas para buscar su viabilidad.

“En unos momentos más estaré socializando con la parte de la Secretaría de Educación Pública, con sus representantes, para ver cuál es la postura de parte de ellos y poder, antes de ejecutarlo, socializarlo”, indicó.

Dijo que de llevarse a cabo, ni elementos de la Policía, ni integrantes de la Dirección de Prevención del Delito, ni de Educación Vial realizarían las revisiones, sino que actuarían sólo como observadores, junto con los padres de familia y observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

“Pero, insisto, es importante la coordinación con el secretario de Educación Pública, con la Comisión de Derechos Humanos, porque son una parte elemental para que nos puedan observar. Al fin de cuentas, nosotros no hacemos ninguna revisión; ellos son los que hacen todo el ejercicio, pero tiene que haber una observación por parte de los papás, insisto, no esperar a que nos pase algo, como ocurrió en días pasados en el estado de Coahuila”, destacó.

Salazar Domínguez reconoció que los hechos trágicos de Coahuila impactaron fuertemente entre los padres de familia, quienes se muestran preocupados por incrementar las condiciones de seguridad de sus hijos en los planteles educativos, “Es importante que los papás sepan cómo se llevaría a cabo, que los niños sepan la misma temática y entonces sí, ya una vez teniendo la capacitación, poderlo implementar en algún momento”, precisó.

 

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Martes, 14 Enero 2020 05:00

CDHEM se opone a revisión de mochilas

El titular del organismo propone que las escuelas compren detectores de metal para los accesos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) sugirió el uso de detectores de metal en los centros educativos para prevenir el ingreso de objetos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

Tras el ataque armado en contra de sus compañeros y el suicidio de un menor en el Colegio Cervantes de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, ocurridos el viernes 10 de enero, el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, rechazó la reactivación del “Operativo Mochila”, que consiste en revisar el contenido de los maletines de los alumnos, por considerar que es una medida invasiva que atenta contra la intimidad y dignidad de los menores.

Recordó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también rechazó la implementación de este programa en los centros educativos, porque criminaliza a los estudiantes, no cumple con exigencias constitucionales ni tratados internacionales y por eso no es la medida idónea para inhibir casos de como el de Torreón.

Dijo que existen instrumentos tecnológicos como los detectores de metal, que pueden ayudar a reforzar la seguridad y prevenir incidentes violentos en los centros educativos y que si bien puede representar un gasto adicional para la autoridad educativa, pueden ser una alternativa viable.

“Me estoy refiriendo a los filtros de seguridad, en donde sabemos que pueden con un grado de efectividad altamente probado detectar metales, detectar armas u objetos que puedan utilizarse como herramientas, como instrumentos para cometer un delitos y hacer daños a las personas”, señaló.

Subrayó que “la autoridad tiene un deber de agotar medidas para que eso no suceda, porque en el caso de los niños su custodia es su responsabilidad en el tiempo que se encuentran en los centros educativos. Entonces, la  medida que se debe de adoptar debe ser la menos gravosa dentro de las distintas opciones posibles que hay en el mundo fáctico (sic).

“En ese sentido sí existen, gracias a los avances de la ciencia, digamos (que) hay herramientas que pueden detectar metales sin necesidad de invadir las posesiones de la personas, sin lesionar su privacidad, sin lesionar sus datos personales, su intimidad. Debe optarse por eso porque es menos gravoso.

“Si ello, también somos conscientes, redunda en un gasto, eso es algo que debe asumir la autoridad educativa y que no se puede oponer como una justificación para no hacerlo, porque es una obligación del Estado respetar los derechos humanos”.

El ombudsman hizo un llamado a las familias para involucrarse en el cuidado de la comunidad escolar y actuar para prevenir  cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Por lo pronto, en algunas escuelas públicas y privadas los directivos pidieron el apoyo de los padres de familia para la revisión de mochilas, y desde casa vigilar que los alumnos no lleven a los planteles objetos no permitidos o que pongan en riesgo a los estudiantes y docentes.

 

 

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